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La Procuraduría Regional del Guaviare solicitó a la Gobernación de ese departamento, a la Alcaldía de San José del Guaviare, al ICBF, a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y a la Comisaría de Familia departamental un informe detallado que rinda cuentas sobre las acciones adelantadas para garantizar los derechos fundamentales de las etnias JIW y Nukak que habitan en el departamento, especialmente menores de edad, dentro del marco de vigilancia que tiene la Corte Constitucional desde el año 2021 sobre estas dos comunidades indígenas.
Entre las solicitudes están las estrategias que han adelantado con el fin de mitigar la explotación sexual de menores y evitar el consumo de sustancias psicoactivas, la entrega de un informe que de cuenta sobre en qué consistió el ‘plan de choque’ para prevenir estas dos problemáticas, el cual fue presentado en el Consejo Departamental de Política Social y Comité Departamental de Justicia Transicional por parte del ICBG y las Secretarías de Salud Departamental y municipal.
Además, solicitó información sobre las herramientas que han utilizado para identificar las situaciones que vulneran los derechos de las comunidades indígenas, cuántos procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores ha adelantado el ICBF en el marco de sus funciones y qué acciones han implementado para restablecer los derechos de víctimas de abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas.
En materia penal, solicitaron a la Fiscalía, ICBF y Defensoría del Pueblo, la relación de denuncias de hechos de explotación sexual y violencia sexual de menores entre los años 2019 y 2022, los números de radicados, descripción de los hechos, estado actual y si, en el marco del desarrollo de la investigación, se ha podido determinar como posibles responsables a miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o funcionarios públicos.
Para remitir toda esta información, las instituciones tienen un plazo máximo de cinco días debido al carácter de urgencia con el que fue solicitado por parte de la Procuraduría.
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