En la tarde de este jueves, 17 de noviembre, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue radicado el informe de ponencia mayoritaria del proyecto de acto legislativo de la reforma política para su tercer debate.
Entre los principales cambios que trae el texto propuesto está la inclusión de nuevo de un artículo polémico que el Gobierno nacional había presentado en el texto original, pero había sido eliminado en la Comisión Primera del Senado: la prohibición para que la Procuraduría aplique sanciones disciplinarias que limiten los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente, a excepción de la pérdida de investidura. En ese caso será un juez el que tenga el deber de actuar en este tipo de medidas como la suspensión preventiva del cargo o la muerte política.
El proyecto también contempla para este debate la implementación del voto obligatorio, la reducción de la edad mínima necesaria para ser congresista (25 años para ser senador y 18 para ser representante a la Cámara) y se establece la obligatoriedad permanente a los partidos de confeccionar listas cerradas con alternancia y paritarias a partir de 2026.
Frente a la financiación de las campañas políticas, la ponencia propone establecer un porcentaje de proporción para el financiamiento estatal (80 %) y privado (20 %), se reitera la obligación de los partidos de rendir cuentas sobre el origen, volumen y destino de sus ingresos y se prohíbe el financiamiento de personas naturales y jurídicas del extranjero.
La reforma política también establecería que en los departamentos o municipios que tengan una población mayor al 5 % del censo poblacional, certificado por el Dane, los gobernadores y alcaldes serán elegidos con el 40 % de los votos emitidos, siempre y cuando el candidato ganador sobrepase al segundo más votado con una diferencia superior al 10 %, o se llevará a cabo una segunda vuelta electoral tres semanas después del día de la elección.
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