Este jueves, 13 de abril, se cumplió la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, en donde el último en intervenir fue el canciller Álvaro Leyva, quien propuso la idea de una Comisión de Investigación Internacional para investigar el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y otros exmiembros de esa guerrilla.Leyendo una parte del informe de la Comisión de Verificación, el canciller destacó aquella en la que señala que la JEP presentó denuncias contra exfuncionarios de la Fiscalía General por tres supuesto delitos en el 2018 “durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc – EP, Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich quien volvió a las armas”.Por eso, el canciller señaló que “algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención al Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, de allí que después de reflexionarlo veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Unidas Unidas”.Dijo además que ese tipo de comisiones se han conformado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del Derecho Internacional y advirtió sobre la “creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz, mediante el entrampamiento realizado por extraños que ha generado la conformación de disidencias y el debilitamiento del acuerdo se hace necesaria la conformación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas”.La intervención de Rodrigo LondoñoDurante la sesión del Consejo de Seguridad también participó el presidente del Partido Comunes y otro líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien acusó al gobierno de Iván Duque de torpedear la implementación del acuerdo de paz al señalar que hubo “falta de voluntad política” para sacar adelante la reforma rural y advirtió que solo se avanzó en el 8 % del total de la compra de 3 millones de hectáreas.Adicionalmente, Londoño aseguró que apoya el objetivo de la paz total del Gobierno pero hizo un llamado a los grupos armados: "el Gobierno actual es democrático y progresista, su lucha contra él no tiene sentidos".Londoño también advirtió que el número de disidentes del acuerdo representa un número minúsculo y que esos grupos se han reproducido con gente nueva que se ha reclutado en los campos.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La Sala Plena del Consejo de Estado decretó la muerte política a Seuxis Paucias Hernández Solarte, 'Jesús Santrich', por no asistir a al menos seis plenarias de la Cámara, desde su posesión en 2018, como representante por el departamento del Cesar.La posesión no se pudo dar porque para la época, Santrich estaba detenido, pero luego tampoco asistió, aún cuando recobró su libertad. Por esa razón, el Consejo de Estado argumentó que tenía pleno conocimiento de que esta conducta era contraria a la constitución y transgredió el ordenamiento jurídico.Además, manifestó el alto tribunal que defraudó la confianza ciudadana: “pese a la ilicitud de la conducta, de manera libre y consciente dirigió su voluntad al incumplimiento de los deberes que su dignidad le imponían, con lo cual, no solo transgredió el ordenamiento jurídico, sino que defraudó la confianza ciudadana en el marco de la institucionalidad del Acuerdo de Paz”.El alto tribunal dijo que la decisión de 'Santrich' de abandonar el congreso fue unilateral e injustificada: “Sin importar las graves consecuencias que ese ausentismo le traería para el ejercicio de sus derechos políticos dentro del proceso de apertura democrática para la construcción y consolidación de la paz”.Luego de evidenciarse las ausencias de 'Santrich' por parte del Consejo de Estado, decidió quitarle la investidura. “Está demostrado que el representante a la Cámara Seuxis Paucias Hernández Solarte, incurrió a título de dolo, en la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 183 numeral 2º de la Constitución Política”, decretó el tribunal.
Un llamado a la justicia hizo el presidente Iván Duque en el encuentro de dirigentes del suroeste en Ciudad Bolívar, donde cuestionó cómo era posible que se defendieran a los responsables de crímenes.Se refirió especialmente al comandante de las disidencias de las Farc Jesús Santrich, y al reciente video donde aparece agradeciendo a Roy Barreras, Iván Cepeda y Piedad Córdoba por defenderlo en el caso de narcotráfico que se adelanta en su contra.El Jefe de Estado señaló que a pesar de que la Fiscalía y el anterior Gobierno manifestaran públicamente motivos contundentes para la captura con fines de extradición a Santrich, la justicia fue burlada y se le otorgaron ciertos beneficios.“Ahora no lo sigan presentando de mansa paloma, que lo que es un narcoterrorista, y que le quede claro a él y a todos los de la narcotalia, que los vamos a enfrentar con total determinación, que no van a tener guarida, que no van a tener escondedero”, añadió.Finalmente en su discurso en el suroeste antioqueño, manifestó que no debe haber más impunidad y la justicia debe ser más contundente.Derrotar las estructuras criminales, reparar a las víctimas del conflicto y sanciones más fuertes, fue el llamado del presidente con el fin de hacer valer los derechos de la población.
Este jueves se llevó a cabo un debate de control político de varios congresistas de la oposición, que buscaba conocer más detalles del supuesto “entrampamiento al acuerdo de paz de La Habana”, con el caso de la operación de narcotráfico contra ‘Jesús Santrich’Según los congresistas Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras, se trató de un montaje de la DEA y de la misma Fiscalía que entonces estaba bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez.El senador de la Colombia Humana reveló durante el debate audios con los cuales, según él, demuestran que los narcotraficantes eran realmente agentes de la DEA, mientras que Iván Cepeda dijo que interpondrá una denuncia contra el exfiscal Martínez Neira ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que sea investigado por prevaricato por acción y por omisión, fraude a resolución judicial, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y traición a la patria.
El disidente de las Farc alias ‘Jesús Santrich’ concedió una entrevista al noticiero CM& en la que reafirmó que las Farc son responsables del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.‘Santrich’ manifestó que la responsabilidad de las Farc en el hecho es en conjunto, no de una persona particular, pero fue más allá: dijo que se trató de un ajusticiamiento y no de un asesinato.“La muerte de Álvaro Gómez no es un asesinato es un ajusticiamiento, fue una decisión que la tomó la dirección de las Farc-EP, en la séptima conferencia y que se ejecutó muchos años después por una orden que dio esa dirección”, agregó.
Momentos después de conocer la determinación de la corte, la Procuraduría le solicitó al alto tribunal que ordene la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El presidente Iván Duque respaldó esta solicitud. “‘Jesús Santrich’ es un mafioso. La reincidencia también es una humillación al pueblo colombiano que no podemos aceptar. Es en ese sentido que hace unos días respaldé la apelación que hizo el procurador ante la justicia transicional y es en ese sentido que también respaldo las solicitudes que ha hecho la Procuraduría el día de hoy para que se proceda nuevamente con su detención”, dijo.El primer mandatario aseguró que las pruebas que demuestran la reincidencia de ‘Santrich’ en operaciones de narcotráfico son contundentes y no pueden ser ignoradas. “Yo quiero ser claro y enfático: los mafiosos tienen que estar en la cárcel y tienen que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana”, afirmó el primer mandatario.
El juez octavo de conocimiento de Bogotá rechazó la recusación que presentaron los abogados de ‘Jesús Santrich’ contra la juez 16 de garantías que legalizó su captura “Sostener que por haber desarrollado parte de la argumentación de la legalidad a la captura en términos de la necesidad de restricción de la libertad es un anuncio anticipado de la imposición de medida de aseguramiento, es una afirmación carente de fundamento”, dijo el funcionario judicial. Lea también: “Es un fallo apegado a la justicia”: Farc sobre investidura de ‘Santrich’ El día que le iban a imputar cargos a ‘Santrich’ por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, los abogados del exguerrillero recusaron a la juez. Es decir, le pidieron que se apartara del proceso porque consideraban que en la audiencia en la que legalizó la captura lo prejuzgó, en otras palabras, que no fue imparcial al decidir enviarlo a la cárcel pues, según ellos, la juez habló de que todo estaba dado para darle “medida de aseguramiento”, cuando no era la etapa procesal para hacerlo. Ahora está pendiente de que la Corte Suprema de Justicia defina un impedimento también presentado por los abogados de ‘Jesús Santrich’ en contra de la juez y después de esa decisión se conocerá si le imputan o no cargos por los hechos.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Heriberto Sanabria, dijo en BLU Radio que alias ‘Jesús Santrich’ no es congresista, pese a tener una credencial de ese tribunal electoral. “Santrich tiene una credencial otorgada por el CNE anterior, que certifica que fue elegido, eso no significa que sea congresista”, dijo. El magistrado explicó que para ser congresista se necesitan tres presupuestos: que haya sido elegido, que haya sido declarado elegido por la autoridad competente y que haya tomado posesión del cargo. “Con la falta de uno de esos tres presupuestos no se tiene la condición de congresista. Por lo tanto, el señor ‘Santrich’ no tienen la condición de congresista porque no se posesionó, tal como lo establece la ley quinta y la Constitución”, añadió. Por su parte, Gustavo Gallardo, uno de ellos abogados del exjefe de las Farc, insistió en que el exguerrillero sí tiene fuero y, por lo tanto, debe ser la Corte Suprema de Justicia la que debe investigarlo. “El Consejo de Estado dijo que en el caso del señor ‘Santrich’ no se le quita la investidura y, por lo tanto, tiene fuero. Entonces la competencia para cualquier delito, posterior de diciembre de 2016 hacia acá, está en manos de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó. “‘Santrich’ sí tiene fuero y se lo da la investidura de parlamentaria dada por la autoridad electoral”, señaló.
El ahora partido Farc explica que para combatir el narcotráfico, el principal problema en este momento en el país, según el Gobierno, es necesario que además de los 8 partidos que ya fueron a dialogar en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc también lo hagan. En un comunicado, que titularon “Un pacto por la paz y sin exclusiones”, aseguran que "el presidente debe convocar a los partidos de oposición y la bancada alternativa, está obligado a escuchar a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común", e insisten que como firmantes del acuerdo de paz necesitan de nuevo un diálogo directo con el Gobierno Nacional. Aseguran que, además, en el consenso nacional se deben tratar temas como el asesinato y amenazas de líderes sociales y excombatientes, la reforma rural y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. Así mismo, aclaran que los pactos excluyentes "ahondan y agravan cualquier crisis que pretendan solucionar. Cualquier acuerdo debe partir del respeto pleno a lo que se pactó en La Habana". Finalmente, expresan que están abiertos al diálogo, pues "tras más de cinco décadas de guerra, la nación merece y se ha ganado otra suerte".
“Estamos a la expectativa de lo que nos vayan diciendo, hemos cumplido con el proceso, queremos salir adelante y que se cumpla de la mejor manera, pero la tensión está, lo cierto es que para atrás no vamos a echar”, esas son las palabras de Omar Sastre, excombatiente de las Farc y uno de los líderes del Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Pondores, La Guajira. Para Sastre, la incertidumbre de lo que sucede con ‘Jesús Santrich’ en Bogotá, ha hecho que se generen tensiones entre los exguerrilleros, pero es claro en decir que no hay forma de recular en su propósito de seguir implementando los acuerdos. Sin embargo, hizo énfasis en que la preocupación no solo radica en el futuro inmediato de Seuxis Paucias Hernández, sino en la implementación de otros temas y la muerte violenta de otros excombatientes, como se ha denunciado públicamente desde el secretariado y los organismos de verificación. “Han venido matando a una cantidad de excombatientes y eso lo pone nervioso a uno, sin embargo, ahí estamos a esperas de ver qué nos dicen los encargados. Uno de los grandes retos y compromisos es mirar las condiciones para que no sigan matando a los exguerrilleros; nosotros tenemos la mejor voluntad y forma de poder salir adelante, pero las cosas atemorizan y dan nervios”, agregó. Otra de las preocupaciones ha sido la salida de excombatientes de las antes denominadas zonas veredales. Lo que se ha puesto en la mesa desde Pondores es confiar en que la implementación y la iniciativa de seguir trabajando tras el Acuerdo, es reflejo de cómo se han comportado en estos espacios quienes en su momento hicieron parte de las filas de la antigua Farc. “La gente está calmada, está trabajando, están en calma, eso sí con expectativa, pero todo está normal y aquí trabajando”, dijo. “Es una preocupación que tenemos todos, estamos a la espera de lo que pase, pero no deja de ponerlo nervioso a uno. Ya no hay confianza, en cualquier momento puede ocurrir cualquier montaje, puede suceder algo, entonces hay un nerviosismo que quizás no lo demostramos mucho, pero hay una tensión. Nosotros seguimos trabajando, haciendo las cosas, a la expectativa de lo que pueda pasar”, agregó que, aunque hay temor y hay un sinsabor frente a lo que sucede en Bogotá como epicentro de la implementación, hay una necesidad de poner en evidencia lo que vienen desarrollando las comunidades de menor rango en los espacios territoriales. “El problema es que la concentración es lo que pasa en Bogotá, pero se olvidan de lo que pasa afuera, ya todos saben que atrás de lo que sucede en Bogotá hay algo a lo que quieren pararle bolas porque el pánico va rondando, pero el reto es guardar la calma y como hacemos: seguir trabajando”, concluyó.
Una fuerte conflagración alarmó a los habitantes en el municipio de Galapa, concretamente en la Zona Franca Zofía.Sobre el hecho, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla informó que logró controlar un incendio que se presentó dentro de una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos en ese municipio del Atlántico. El hecho solo dejó pérdidas económicas, expresaron los funcionarios.Precisamente Oben Group es la empresa ubicada en la Zona Franca Zofia, donde se presentó la conflagración al final de la tarde de este sábado, confirmó el teniente Edwin Pacheco, del cuerpo de Bomberos de Barranquilla.Dijo Pacheco que el incendió se logró controlar hacia las 9:15 de la noche gracias al trabajo mancomunado de los bomberos de Galapa, en conjunto con los de Barranquilla.“Fuimos alertados de la situación por los bomberos de Galapa, por lo que dispusimos tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Nos concentramos en salvaguardar la vida de las personas que estaban allí. A las 9:15 de la noche ya la situación estaba totalmente controlada”.Autoridades de Galapa informaron que algunos empleados de la empresa fueron trasladados a centros asistenciales por la inhalación de humo, pero por fortuna no hubo víctimas fatales que lamentar. Igualmente, las causas exactas que originaron el incendio están siendo investigadas por Bomberos Barranquilla.La empresa Oben Group se dedica a la producción de películas de polipropileno, poliéster y nylon utilizados como materia prima para diferentes sectores industriales.
Las autoridades de la capital de Antioquia refuerzan el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención durante la actual temporada de verano por la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, luego de que en las últimas semanas se registraron varios incendios que pusieron en riesgo la cobertura vegetal, los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad de la ciudad. "Estamos experimentando una condición climática caracterizada por la reducción prolongada de las lluvias y el aumento de la temperatura en la ciudad. Es fundamental que entre todos prevengamos la ocurrencia de incendios dentro de nuestras áreas naturales y, en general, en la ciudad", señaló Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.Para reducir el riesgo de conflagraciones, el Distrito recomienda evitar la quema de basura, hojas, escombros o residuos vegetales; no hacer fogatas en zonas verdes, bosques o áreas rurales; no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos inflamables; evitar la liberación de globos y no abandonar botellas, plásticos o vidrios en espacios naturales."No generar fogatas ni dejar colillas o elementos que puedan iniciar un incendio. Por las temperaturas y por la resequedad que tenemos, por la falta de lluvia, se pueden propagar fácilmente", indicó la funcionaria.El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín tienen previsto un plan de contingencia para abordar el fenómeno de los incendios forestales. También, las nueve estaciones de bomberos con que cuenta la ciudad monitorean e inspeccionan zonas boscosas y de ladera.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una organización narcotraficante señalada de instrumentalizar a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia varios destinos internacionales.De acuerdo con la investigación, la estructura criminal tenía injerencia en Medellín y en el departamento de San Andrés, desde donde coordinaba el envío de estupefacientes ocultos en el cuerpo de jóvenes reclutadas para viajar a países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.Además, las pesquisas permitieron establecer que parte de la droga también era ingresada a centros penitenciarios del país y que, incluso, causando la muerte de una de las víctimas.Entre los judicializados se encuentran Carlos Gary Ruiz Taborda, conocido con el alias de 'El Mago', señalado como el presunto cabecilla de la organización; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias 'El Negro'; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias 'Margara'; María Salomé González, alias 'Salo'; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias 'Mochita'.Las autoridades establecieron que alias 'Margara' sería la encargada de ubicar y convencer a las mujeres para participar en la actividad ilícita, mientras que alias 'Salo' y alias 'Mochita' presuntamente transportaban pequeñas cantidades de droga a establecimientos carcelarios. Por su parte, alias 'El Negro' habría coordinado la adquisición de los estupefacientes y los envíos desde San Andrés hacia el exterior.Según las autoridades, permitió documentar hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2026, y por ello un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados, quienes fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A 24 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo afirmó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado y las excusas públicas representan un paso importante para las víctimas, pero advirtió que aún persisten deudas en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.Durante el acto realizado en el antiguo Bellavista, en Bojayá (Chocó), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que el Estado no respondió de manera oportuna para proteger a la población civil en mayo de 2002, cuando era previsible el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.Señaló también que las advertencias sobre el riesgo habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y otras entidades, pero las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.La masacre, ocurrida en medio de los combates entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó más de cien víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.La Defensoría reconoció que en los últimos años se han desarrollado procesos de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria histórica y acciones para fortalecer las instituciones y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que todavía existen rezagos importantes para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente en el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la implementación de medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.La entidad también alertó que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. Según explicó, las nuevas dinámicas de violencia no solo afectan a las personas de manera individual, sino que también ponen en riesgo la vida comunitaria, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado especial tanto al Gobierno saliente como al entrante para fortalecer las oportunidades dirigidas a la niñez y la juventud. También solicitó a las alcaldías, las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar de manera conjunta en planes estratégicos que contribuyan a ofrecer alternativas y prevenir riesgos como el reclutamiento de menores por grupos armados.El acto de reconocimiento contó con la participación de representantes de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integrantes de las Fuerzas Militares, autoridades locales, organismos internacionales y representantes diplomáticos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón Ospina, por presuntamente incumplir con la obligación legal de publicar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta durante el periodo en que ejerció como mandatario.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, que señaló que el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, habría omitido cargar esta información en el aplicativo de Integridad Pública durante su administración entre 2020 y 2023, como lo establece la Ley 2013 de 2019.De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta omisión representa un posible incumplimiento de los deberes de transparencia que deben observar los servidores públicos, al no divulgar la información patrimonial y de posibles conflictos de interés exigida por la normativa vigente.Por estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jorge Humberto Tascón Ospina y, de manera provisional, calificó la conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.El proceso disciplinario continuará con las etapas previstas por la ley para determinar la responsabilidad del exmandatario y adoptar la decisión correspondiente.
