Múltiples han sido las quejas que se han dado a conocer en redes sociales, en las ultimas horas, por parte de viajeros y transeúntes entre la vía que conecta Barranquilla - Ciénaga, debido a los presuntos retenes ilegales que estarían apostados a la altura del corregimiento de Tasajera, en el municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), para exigir sumas de dinero a viajeros y/o conductores a cambio de dejarlos transitar entre los departamentos del Atlántico y Magdalena.La situación, que pareciera no tener control, se tornó crítica en las últimas horas cuando encapuchados habrían sacado hasta piedras para amedrentar a los viajeros y obligarlos a pagar una cuota de dinero, entendiendo que muchos transeúntes se desplazan por la zona en medio de la temporada de vacaciones de mitad de año.Uno de los testimonios dados a conocer fue el de la abogada y analista política barranquillera, Ana María Abello, quien señaló a través de su cuenta de Twitter que "de un momento a otro la carretera la bloquearon, se detuvo todo el tráfico y nos vimos obligados a tomar vías alternas en el municipio de Ciénaga, pues los pobladores de la zona estaban exigiendo dinero para dejar pasar a los conductores". Sin embargo, el mayor Walter Ortiz, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Santa Marta, aseguró que en medio de las verificaciones que se han hecho en la vía, no se tienen indicios —hasta el momento— de retenes ilegales ni mucho menos de encapuchados cobrando de manera extorsiva a viajeros y/o conductores.Argumentó, además, que los bloqueos se han dado por habitantes del corregimiento de Tasajera, quienes exigen a la alcaldía de Pueblo Viejo el suministro de servicios públicos. "Podemos decir que la comunidad se ha manifestado estos últimos días porque han durado varios días sin el servicio de agua potable, o dos o tres días sin el suministro de energía eléctrica, entonces se toman las vías de hecho y salen a bloquear esta importante vía nacional".En su momento, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, explicó que los bloqueos estaban siendo desarrollados por líderes rurales con ocasión a los incumplimientos de la Alcaldía Municipal respecto al suministro de agua potable y a las afectaciones en la producción cafetera por cuenta de las intensas lluvias de las últimas semanas.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de los exalcaldes de Santa Marta y hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el exalcalde y hoy aspirante a la gobernación, Rafael Alejandro Martínez, por irregularidades en la contratación del controvertido Parque del Agua, un proyecto particular en una ciudad donde históricamente ha habido desabastecimiento del preciado líquido.El ente de control determinó que existen varias irregularidades alrededor de la contratación de dicha obra, un proyecto que se contrató durante la administración del entonces alcalde y hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y se terminó luego de varias adiciones durante la alcaldía de Rafael Martínez.Según el Ministerio Público, además del atraso presentado en las distintas etapas del proyecto, esta obra terminó costando el doble inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales se terminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos.Entre otras irregularidades, se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de 3.200 millones de pesos para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación y estudios previos que sirvieran de base para demarcar el marco jurídico de lo que se estaba acordando.Igualmente, se habrían realizado modificaciones para aumentar en más de 50 % las cantidades de obra que se debían ejecutar, situación que vulneraba la normatividad legal que establece que los contratos no pueden adicionarse más allá de la mitad de su valor inicial.Para el Ministerio Público, el objeto del contrato debió “ser precisado de manera completa, puntual y clara, pues es la forma como los interesados podrían no solo conocer con cierto grado de certeza qué es lo que la administración pretende con el contrato, sino que llevar el objeto a la indefinición permite que la selección carezca de objetividad en la evaluación de la oferta”.Por esos hechos, el órgano de control profirió dos cargos disciplinarios en contra de Caicedo Omar, calificados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, el primero, y falta grave con culpa grave, el segundo.Le puede interesar:
La Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Gobernación de Antioquia instalaron, en el municipio de Rionegro, la Convención de Rionegro 2023 ‘Colombia Federal, Colombia Unida’, para conmemorar los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, contó “hoy no estamos pensando en reformas ni en otra constitución, pero que se desarrolle la esencia de esa Constitución”.Y agregó que desde los territorios buscan tomar decisiones “aquí hemos invitado a los gremios, porque hay que pensar en ese desarrollo económico y cómo sería”.La Convención ‘Colombia Federal, Colombia Unida’ estará marcada por tres grandes momentos: en la Casa de la Convención de Rionegro -lugar donde se celebró la Constitución de 1863- los gobernadores firmarán y entregarán al país un documento que contiene las bases para avanzar hacia la autonomía territorial consagrada en la Constitución de 1991.Por su parte, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por su parte, lanzó su apoyo al proyecto de federalización, “es una propuesta democrática progresista y lo venimos defendiendo no de ahora, sino de hace mucho tiempo”.Y agregó que “nosotros defendemos la idea de un sistema federal vía una Constituyente, y no lo estamos acudiendo porque lo hayamos o no acordado con el Gobierno Nacional, ni para agotar su capacidad decisoria”.Sobre si este tema ha sido hablado con el presidente Gustavo Petro, dijo: “yo en el 2018 estuve en la consulta de los sectores progresistas, finalmente estuvo el presidente y quien les habla y en ese tiempo estuve defendiendo las misma ideas de hoy, la de una Colombia federal”.En el marco de dicha asamblea, se llevarán a cabo paneles académicos para abordar cuál es el modelo político, económico y de Estado que Colombia necesita para, a partir de la autonomía territorial, acabar los rezagos de la Constitución de 1991 en materia de descentralización y de esta manera, dar una respuesta efectiva a los ciudadanos y garantizar sus derechos.
Continúa la polémica judicial en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en su administración como alcalde de Santa Marta. El funcionario tiene 114 procesos, de los cuales 84 están inactivos y los otros 32 en etapa de indagación, según un documento de la Fiscalía delegado entre la Corte Suprema.Dentro de estos procesos judiciales, dice el abogado de Caicedo, Miguel Ángel del Río, aparecen solicitudes de imputación y tres medidas de aseguramiento, que, según él, todos estos procesos se podrían haber unificado en una sola investigación por lo que tildó este movimiento como una "persecución judicial". "Esto es una persecución inaceptable y no puede ser posible que a un gobernador en ejercicio le saquen tres investigaciones y tres imputaciones con medida de aseguramiento. Lo que tratan es frenar los ejercicios políticos en las regionales que vienen", señaló Miguel Ángel del Río, abogado del gobernador de Magdalena.El próximo miércoles, 19 de abril, se dará la audiencia de medida de aseguramiento para continuar el proceso por presuntas irregularidades en la construcción de una megabiblioteca para el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta, donde se podría exponer a una condena de 18 años.Carlos Caicedo envuelto en casos de corrupciónDesde hace algunos meses la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en contra del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en obras bajo su administración como alcalde de Santa Marta. Asimismo, son tres contratos en los que Fiscalía involucra al hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y por los que le imputará el delito de peculado en por lo menos 1.680 millones de pesos y exigirá detención domiciliaria. Estas obras se contrataron, entre los años 2012 y 2015, cuando Caicedo era alcalde de Santa Marta.La Fiscalía General de la Nación aseguró tener las pruebas suficientes para judicializar a Carlos Caicedo y espera que en esta audiencia se den las garantías para el proceso en contra de este funcionario.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Mientras el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, enfrentaba una audiencia por presunta corrupción cuando era alcalde de Santa Marta, una multitud cerró una de las vías principales de la ciudad para manifestarse en favor de la inocencia del funcionario.Durante la audiencia, Caicedo no aceptó los cargos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravados que le imputó un fiscal por las supuestas irregularidades que se habrían presentado durante la construcción del polideportivo de Gaira cuando era alcalde de Santa Marta, en el periodo 2012-2015.“Por supuesto no acepto ni me allano a los cargos que atropelladamente la Fiscalía ha estructurado en mi contra por los hechos que han descrito aquí en relación con este coliseo que está en pleno funcionamiento al servicio de la sociedad; y me declaro inocente”, dijo el gobernador de Magdalena durante la audiencia de imputación de cargos.La Fiscalía argumentó que Caicedo habría incurrido en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la construcción del Polideportivo de Gaira, en Santa Marta, porque al contrato inicial que se había adjudicado para esta obra se le adicionaron más de 1.300 millones de pesos y el tiempo de ejecución de dos obras terminó prolongándose por cuatro años.En el caso del peculado por apropiación, el ente investigador determinó que tiene suficientes pruebas para demostrar que el entonces alcalde de Santa Marta favoreció al contratista con el sobrecosto que habría tenido esa obra.La medida de aseguramiento contra el actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, se aplazó para los próximos días debido a que el magistrado del caso le pidió al fiscal “organizar” mejor la argumentación para decidir la situación contra el funcionario.Le puede interesar:
El fiscal Gabriel Jaimes habló en Mañanas Blu este martes sobre la investigación al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en contratación en el departamento en una investigación que también cobija a dos exgobernadores más.Jaimes explicó la razón por la que la Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento de casa por cárcel al mandatario. "En el caso del gobernador Carlos Caicedo, él está en estos momentos al frente de la administración, está gobernando, es el director de la contratación y el ordenador principal del gasto público y, por tanto, con estos antecedentes, además de las tres imputaciones que tiene y dos juicios pendientes en la corte, se puede prever que el señor gobernador pueda reincidir en este tipo de conductas", explicó Gabriel Jaimes.Asimismo, el fiscal Jaimes recalcó que, "para conjurar el riesgo de reincidencia en las conductas, resulta necesario aplicar una medida de aseguramiento y con esa argumentación es que los fiscales acudirán al tribunal para solicitar esta medida de aseguramiento".Gabriel Jaimes también explicó en Blu radio que la situación antes mencionada diferencia el caso del gobernador Caicedo con los otros exgobernadores. "Ellos ya no están gobernando, en cambio Caicedo sí está al frente de la administración", afirmó Jaimes en Blu radio.Sobre las presuntas irregularidades en contratosDe acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, hay suficientes pruebas y evidencias físicas de malversaciones en contratos, entre 2013 y 2019, que superaron en valor los 457.000 millones de pesos. Según el ente acusador, la Fiscalía encontró que, en cinco contratos, se habrían perdido cerca de 74.789 millones de pesos.En el caso del gobernador Carlos Caicedo, el ente acusador reveló que será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu con el fiscal Gabriel Jaimes:
La Fiscalía pedirá imputación de cargos contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en contratación en el departamento, en una investigación que también cobija a dos exgobernadores.De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, hay suficientes pruebas y evidencias físicas de malversaciones en contratos, entre 2013 y 2019, que superaron en valor los 457.000 millones de pesos. Según el ente acusador, la Fiscalía encontró que, en cinco contratos, se habrían perdido cerca de 74.789 millones de pesos.En el caso del gobernador Carlos Caicedo, contra quien la Fiscalía pide medida de aseguramiento con detención domiciliaria, el ente acusador reveló que será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.Esto por presuntas irregularidades que la Fiscalía describe así en un comunicado:Obras con retrasos, inconclusas o inutilizadas en Santa MartaFiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.680 millones de pesos.En ese sentido, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público. Los casos son:1. Posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.La Fiscalía imputará al señor Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.2. El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos. Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.3. La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 700 millones de pesos, materializado en sobrecostos.Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.La investigación, que la Fiscalía denominó ‘Robo de Magdalena’, implica también al exgobernador Luis Miguel Cotes, la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, por los siguientes hechos, según el comunicado de la Fiscalía.Millonario detrimento en la Vía de la ProsperidadEl 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro(Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que representaron más recursos para el constructor.Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.Contratos de contabilidad ‘amañados’ Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Se conoció que la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que se archive el proceso sobre supuestos sobrecostos en mercados entregados a las familias en medio de la pandemia, luego de que se radicaran 97 denuncias contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, por falta de evidencias y/o materiales probatorios aportados durante el transcurso de las indagaciones.La denuncia fue interpuesta por el abogado Julián Quintana Torres, quien alegó que el mandatario habría participado en la comisión de unas supuestas irregularidades en la contratación de los mercados solidarios que fueron entregados por la administración departamental durante la pandemia.“A interponer denuncias contra los que estamos trabajando de forma honesta por una comunidad. Todos los procesos que hemos ejecutado, en los tres años, nos los han judicializado unos congresistas y unos personajes, por ejemplo, abogados pagos por la mafia y gente que está metida en el saboteo constante y permanente. Lo que hacen es desgastar el sistema judicial. ¿Quién paga por eso?, los contribuyentes y a esas personas luego debería investigárseles”, dijo el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.En ese sentido, el órgano fiscal concluyó que, analizado el material probatorio aportado, se demostró que “no es posible predicar en cabeza del Gobernador del Magdalena la apropiación de recursos del erario en favor propio o de un tercero, lo que determina la atipicidad de su conducta de cara al delito de peculado por apropiación”.Según el gobernador Carlos Caicedo, la entrega de los mercados cumplió con lo que establece la ley y que son decenas de fallos que lo favorecen a él.
Cientos de trabajadores pertenecientes al personal médico y administrativo del Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Magdalena, protestan en la puerta de la gobernación departamental para exigir el pago de, por lo menos, 10 meses de salarios que les adeuda el centro asistencial."Son por lo menos 600 familias las que nos encontramos afectadas por toda esta situación y que hoy exigimos que se nos brinde una solución", aseguró Lisbeth Sarmiento, presidenta del sindicato de esta entidad.Sarmiento también resaltó que la deuda con los empleados del Hospital San Cristóbal de Ciénaga se debe a que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, "ha retenido los recursos que por ley debe girar a la entidad de salud"."Hoy exigimos al gobernador Caicedo que gire los $7.300 millones que le adeuda al hospital para que el señor gerente pueda cumplir con las obligaciones salariales que hoy se nos adeudan", afirmó Lisbeth Sarmiento.Hasta el momento, ningún representante de la Gobernación del Magdalena ni de la Secretaría de Salud departamental se ha pronunciado sobre esta protesta y la situación financiera que se vive al interior del Hospital San Cristóbal de Ciénaga.Entre tanto, los empleados esperan no pasar una Navidad triste y sin el pago de su salario trabajado, por lo que exigen presencia de funcionarios del Ministerio de Salud para que antes de que termine 2022 les brinden una solución.Le puede interesar este contenido:
Luego de la protesta que realizaron los ganaderos del Magdalena, por las presuntas invasiones de fincas en el corregimiento de Apure en Plato. El gobernador Carlos Caicedo, se pronunció sobre esta situación y criticó fuertemente las acciones emprendidas por los propietarios de las fincas y la alcaldía municipal.Según el mandatario departamental, no existen invasiones en el Magdalena. Al respecto, la protesta, según él, se trataría de una “forma de instrumentalizar al ejército y la policía”.“Pareciera que quisieran legitimar, a nuestro juicio, una reedición de las Convivir, por lo que hemos solicitado que haya una censura por parte de las distintas entidades a la posible legitimación al surgimiento de grupos de autodefensas”, aseguró el gobernador.Frente a esta situación BLU Radio contactó a Jaime Peña Peñaranda, alcalde de Plato, Magdalena, quien rechazó las afirmaciones realizadas por el Gobernador del Magdalena y las tildó de tendenciosas y falsas.“Él (Carlos Caicedo) continúa sumergido en una campaña de nunca acabar, mientras nosotros en Plato estamos sumergido en una alerta que atenta contra la propiedad privada. Los ganaderos han acudido a la institucionalidad para defender lo que les pertenece, ahora no pueden protestar porque son tildados de paramilitares, es una acción legitima y acorde a la constitución”, aseguró el alcalde Peña.En medio de esta controversia entre los mandatarios magdalenenses los ganaderos del departamento del Magdalena aseguran que continuarán con sus brigadas de solidaridad para defender la propiedad privada y evitar perder lo que con esfuerzo ha conseguido.Le puede interesar: Noticias del día en Colombia
Bogotá está en medio de una situación de crisis por la escasez de agua y, en diálogo con Guillermo Herrera, presidente de Camacol, se discutió el papel que juega la industria de la construcción en esta problemática.Según el presidente Gustavo Petro, uno de los factores que han llevado a esta situación es la exagerada urbanización de la sabana de Bogotá. Ante esto, Herrera señaló que el crecimiento de la población en Bogotá y la sabana es una realidad que demanda vivienda. Además, destacó que estudios demuestran que en los próximos años se requerirán cerca de un millón de unidades de vivienda adicionales.Entonces, la discusión se centró en cómo planificar el crecimiento de las ciudades de manera sostenible y cómo financiar estas viviendas para que sean accesibles para todos. Asimismo, en qué se está haciendo para que las construcciones no consuman tanta agua y energía.En ese sentido, destacó el trabajo del gremio de los constructores en la implementación de prácticas de diseño sostenible y la reducción del consumo de agua y energía en las viviendas. Además, se menciona el impulso de certificaciones sostenibles y la participación de Colombia en la reducción de gases de efecto invernadero.
Una semana después del asesinato del vicepresidente del Concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, y la líder social Clarivet Ocampo. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que en las últimas horas fue detenido un menor conocido con el alias de 'Chingüita', miembro de la banda "La Inmaculada", quien sería uno de los responsables de este ataque armado."Se hicieron todas las averiguaciones y este menor estaba en un hospital de Buga, un muchacho de 17 años quien presuntamente perpetro el asesinato del concejal. En este momento ya fue trasladado para Cali, y su captura ya fue legalizada, y se están adelantando las investigaciones contra otras personas que también actuaron en el mismo hecho", dijo Toro.La mandataría también confirmó que, hasta el momento, ningún concejal de Tuluá ha sido contactado por la Unidad Nacional de Protección - UNP, pese al evidente riesgo contra sus vidas."Mientras que no se actúen contra estas personas que son quienes dan las órdenes desde la cárcel, es muy difícil. En este momento, la Policía les está brindando la seguridad a los concejales. Recordemos que hay más concejales amenazados, desde febrero se conoció un comunicado, estamos esperando que la UNP resuelva la problemática de ellos", añadió la gobernadora.El presidente del concejo municipal, Javier Jaramillo, confirma que tanto él como el resto de sus compañeros se sienten expuestos y a merced de esta banda criminal."Muchos de los funcionarios de la administración y nosotros de los concejales preferimos no salir, otros ya no están en Tuluá, y a eso quería llegar porque definitivamente se trunca el ejercicio de la democracia. De 17 concejales, solamente 4 contamos con apenas un solo hombre de protección", señaló el presidente.Por esta situación, la gobernadora del departamento, lidera un nuevo consejo de seguridad junto a la fuerza pública, para reiterar su llamado a la UNP, y así poder desplegar los esquemas de protección necesarios en el municipio de Tuluá.
Una presunta negligencia de la anterior administración de Medellín habría generado el reciente fallo que ordenó al alcalde Federico Gutiérrez y al secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, un arresto por cinco días más una multa, asunto que ya está en revisión por parte de la Personería.A través del del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria esa entidad del Ministerio Público investigará si hay alguna responsabilidad por parte de funcionarios de la Secretaría en la demora de reconocimiento y pago de esa licencia de maternidad a la docente que fue despedida en noviembre de 2023 y a quien fue favorable la tutela y el incidente de desacato que interpuso.Sobre esta situación el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que tan pronto fueron notificados de la incidente de desacato en su contra procedieron con el pago de los recursos adeudados a la docente y acudiendo a estas mismas acciones solicitaron que la decisión que ordenaba su arresto por incumplir como representante legal del Distrito, fuera reconsiderada.
Además de las denuncias que ya están en Procuraduría y las investigaciones que recientemente anunció la Personería Distrital, la Fiscalía General también ha decidido poner la lupa sobre presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Participación Ciudadana durante la administración de Daniel Quintero, y específicamente en la ejecución del Presupuesto Participativo.Y es que a través de dos recientes cartas dirigidas a esta dependencia de la administración distrital, el ente acusador pidió mayores detalles sobre dos contratos suscritos en 2020 y 2021 con Plaza Mayor en el marco de la “Operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento” de dicha Secretaría.Según una denuncia radicada a finales de marzo ante la Procuraduría, desde el liderazgo y supervisión de ese contrato, a cargo de Gloria Echeverri Lopera, se habría direccionado la subcontratación de Plaza Mayor detallando en un documento comuna a comuna y entidad por entidad con quién se debía ejecutar estos recursos por más de 25 mil millones de pesos repartidos en 16 corporaciones.En su solicitud la Fiscalía pidió especificar si esos contratos tuvieron adiciones, además de la relación y constancias de pago durante su ejecución. También pidieron los números de cédula y datos de ubicación de los integrantes de los comités de Planeación, Direccionamiento Contractual y Estructuración y Valoración Contractual.Para el momento de estos hechos el secretario de Participación Ciudadana era Juan Pablo Ramírez, quien en marzo de 2022 renunció para unirse a la campaña de Gustavo Petro en Medellín, luego retornó al gabinete como Secretario de Gobierno y más recientemente aterrizó en el Gobierno nacional como subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales en el Ministerio de Hacienda.
Después de cuatro meses de búsqueda en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, fue capturado en el centro de Bucaramanga Luis Alberto Pájaro Herrera, de 29 años, señalado de ser el autor de una balacera que dejó tres personas muertas y tres más heridas en la ciudad de Santiago de Chile.Contra Pájaro Herrera había una orden de captura roja internacional de la Interpol por los homicidios que cometió en Chile. Tras una exhaustiva investigación entre las autoridades colombianas y del país austral se pudo realizar el operativo donde fue capturado el ciudadano de origen venezolano.“Este hombre, de nacionalidad extranjera está relacionado con un violento incidente ocurrido el 29 de diciembre de 2023, en la ciudad de Santiago de Chile. Los hechos que llevaron a la captura de este individuo tuvieron lugar durante un enfrentamiento armado entre dos grupos o bandas que dejó la muerte de tres personas, incluida una menor de edad, y dejó a tres personas más heridas”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.En próximas horas sería extraditado Luis Alberto Pájaro Herrera a Chile para que responda judicialmente por los hechos que ocurrieron el 29 de diciembre de 2023.Ese día en el barrio Pedro Aguirre Cerda, en la ciudad de Santiago de Chile, se presentó una balacera entre bandas criminales donde participó Pájaro Herrera. Las balas impactaron hasta causarle la muerte a dos ciudadanos colombianos de 25 y 30 años. Una menor de 13 años quien se encontraba realizado un video para subir a sus redes sociales también murió.Otras tres personas adultas resultaron heridas y fueron levadas a un centro médico de Santiago de Chile. Después las autoridades de ese país identificaron a Luis Alberto Pájaro como responsable de los homicidios e iniciaron su persecución internacional porque se conoció que había abandonado Chile en enero de 2024.