El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, en la jurisdicción del Resguardo de Pitayo, vereda San Antonio, municipio de Silvia, Cauca, fue asesinado Gerardo Perdomo, hermano del presidente la junta de acción comunal.Igualmente, manifestaron fuertes combates entre grupos armados ilegales que se presentaron el 1 y 2 de junio del presente año, por lo que 20 familias, entre ellos niños, niñas y adultos mayores, se encuentran confinadas en la casa de la junta de acción comunal de esa zona del Cauca.La senadora Aida Quilcué, denunció esta situación a través de sus redes sociales.“En territorio Nasa de Pitayó, Silvia-Cauca la situación se vuelve cada vez más alarmante. Durante 2 días seguidos, hemos denunciado constantes hostigamientos y un preocupante silencio que nos rodea. Lamentablemente, hace apenas unos minutos, hemos recibido información del asesinato de un comunero en la vereda San Antonio. Es urgente que tomemos conciencia de esta realidad y brindemos mayor apoyo a esta comunidad, que enfrenta peligros constantes en su lucha por la justicia y la paz”, aseguró.Además, la CRIC reportó que en lo corrido de este año son 47 homicidios de comuneros indígenas pertenecientes al CRIC, por lo que aseguran “no podemos compartir el mismo optimismo del alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, en cuanto que las cifras de homicidios se han reducido este año”.Finalmente, exigen al Estado colombiano “no seguir ignorando la crisis de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas del Cauca y del resto de Colombia”, igualmente solicitan a los organismos internacionales a retomar una carpa humanitaria en territorio para el acompañamiento permanente a sus comunidades.Le puede interesar:
Crece la preocupación en zonas rurales al sur del país, en especial luego de conocer una fuerte confrontación este martes, 16 de mayo, en horas de la noche en el resguardo de Tumburao, zona rural de Silvia, Cauca.Según el informe preliminar, los hechos se dieron sobre un área montañosa cercana a esta zona rural. Grupos armados ilegales abrieron fuego entre ellos y llevaron a la población a estar en máxima alerta.Edwin Guetio, defensor de derechos humanos del Consejo Regional del Cauca, CRIC, confirmó la situación y afirmó que la población quedó en medio de las balas."Hubo enfrentamientos al parecer entre grupos armados que obligó a las familias encerrarse en sus viviendas. Fueron confrontaciones muy fuertes. Hubo angustia en los menores de edad. La situación en esa área es muy compleja", afirmó Guetio, defensor de derechos humanos del CRIC.Asimismo, la autoridad regional confirmó que, este martes, 16 de mayo, la población tuvo que guardarse en sus casas debido a los fuertes enfrentamientos ilegales.La comunidad espera presencia de las autoridades para custodiar ese sector del municipio de Silvia. Por el momento se desconoce si los niños y jóvenes de la población asistirán a sus respectivas clases escolares.Cabe recordar que en ese municipio hace presencia la disidencia de las Farc, 'Dagoberto Ramos'; asimismo, según las autoridades, hay otro grupo armado ilegal que quiere tener el control de forma ilegal.El pasado 23 de enero de 2023 ambos grupos armados protagonizaron confrontaciones muy similares, que dejaron cinco veredas en medio de las balas.Le puede interesar: 'Las noticias más importantes del FPC'
En algunos departamentos como el Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó se están registrando acciones armadas que afectan gravemente los derechos de los niños y jóvenes en los territorios. Algunos menores de edad están en riesgo de reclutamiento, abuso sexual, y desplazamiento forzado, pero, además, en algunas zonas del país hay presencia de artefactos explosivos en los caminos a las escuelas.Ante esto las organizaciones Save the Children, Unicef, World Vision, el Consejo Noruego para Refugiados y Fundación Plan han hecho un llamado a los actores involucrados en el conflicto para no afectar los derechos de los niños y permitir el acceso a la educación.“Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA), el 60 % de los eventos armados registrados el año pasado afectaron directamente a 268.524 niños, niñas y adolescentes, un 11,5 % más que en el 2021. entre enero y septiembre de 2022, al menos 12.000 estudiantes, profesores y personas de la comunidad educativa, como cuidadores y personal administrativo, tuvieron que suspender temporal o indefinidamente las clases y dejar sin el servicio”, señalan en un comunicado las 5 organizaciones.Las escuelas sufren ataques y daños a su infraestructura poniendo en riesgo a los niños y adolescentes, esta situación afecta principalmente los departamentos del Pacífico y la zona de frontera con Venezuela.“Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que a veces se usan las escuelas para el conflicto, es decir que el conflicto pasa por encima de las escuelas que es lo que tenemos algunas veces y los actores armados de cualquier grupo entran a las escuelas, los actores armados avisan que no se puede ir a las escuelas y todo eso son afectaciones sobre la educación de los niños y niñas”, señaló Catalina Duarte, coordinadora del Programa La Educación No Puede Esperar.Le puede interesar: '¿Volverán las vallas a los estadios?'
En Argelia, Cauca, fue asesinada una lideresa que hacía parte de la junta de acción comunal del corregimiento el Plateado. Según las autoridades, disidentes de las Farc estarían detrás de este crimen; se desconoce el paradero de su esposo, quien también fue retenido por el grupo armado.Hasta la vivienda de Deisy Sotelo Anacona, ubicada en zona rural de Argelia, Cauca, llegaron hombres armados para llevársela junto a su esposo. Horas después, habitantes de la zona encontraron su cuerpo con múltiples heridas en la vía que comunica al corregimiento del Plateado, así lo confirmó Daniel Imbachí, personero municipal de esa localidad.“La acusan de ser informante o trabajar con el ELN, pero era una señora, pertenecía a la junta del Plateado, era una líder muy activa y todo el tiempo viviendo allá, pero usted sabe cómo son esos jueces sumarios, donde ellos mismos investigan, deciden y matan, pero si es una líder social”, expresó el personero.Según Leonardo Gonzales de Indepaz, cuatro líderes sociales han sido asesinados en el departamento del Cauca en lo que va corrido del 2022, de los 13 crímenes de líderes que se han registrado este año en el país.“Ya se había presentado una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo la AT 0-10 del 2020, En este municipio en esta zona hacen presencia el frente Carlos Patiño, el ELN y la segunda Marquetalia, el esposo de ella también fue desaparecido y hasta el momento no se sabe nada”.Desde la firma del acuerdo de paz, 1299 líderes sociales han sido asesinados en el país. Las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de identificar a los responsables de asesinar a esta líder social y para dar con el paradero de su esposo que continúa desaparecido.Por Fredy CalvacheEscuche el podcast La caja de los comics
Las autoridades confirmaron que se registró un triple homicidio en límites entre los municipios de Argelia y Balboa, en el departamento del Cauca. En la zona fueron hallados los cuerpos sin vida de las víctimas, dos de ellas identificadas como Yeison Benavides y Camilo Galíndez, quienes residían en el corregimiento de El Mango. Los hombres, según defensores de derechos humanos de la región, participaron de las manifestaciones en el marco del paro nacional. "Ellos participaron activamente en el paro nacional, durante las jornadas que los campesinos del sur adelantaron cerca a la ciudad de Popayán", dijo Deivin Hurtado, coordinador de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano. Por el momento las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si el crimen tiene relación con su participación en las protesta y la identificación de los autores materiales e intelectuales.
La Defensoría del Pueblo envió este domingo una comisión humanitaria hasta el municipio de Argelia, Cauca, para verificar las graves violaciones de derechos humanos que se presentan en esta zona del país por la presencia de grupos armados ilegales.Durante este fin de semana se han presentado enfrentamientos entre las disidencias de las Farc conocidas como ‘Carlos Patiño’ y el ‘Ejército Nacional’.La institución además confirma que estos hechos han cobrado la vida de militares en operaciones y ha dejado población civil herida, confinada y cerca de 250 personas en desplazamiento masivo desde las veredas hacia la cabecera de El Plateado, en Argelia, Cauca.De igual manera, la Defensoría confirma que los hechos ocurridos dejan también a ocho personas de la población civil heridas, cinco de ellas afectadas al explotar una mina antipersonal en el cementerio local, tres de ellos heridos de gravedad con compromiso de sus extremidades inferiores.El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades para mitigar el riesgo al cual se encuentran expuestas más de 3.000 personas que están concentradas en este momento en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.
Tras el atentado de un vehículo bomba en las instalaciones de la Alcaldía de Corinto, en el departamento del Cauca, la cúpula militar y de Policía, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro de Interior, Daniel Palacios, convocaron a un consejo extraordinario de seguridad en el municipio.El ministro de Defensa aseguró a través de su cuenta de Twitter que “al terrorismo no se le da tregua" y que se le combatirá con contundencia.Mientras tanto, el ministro de Interior también en la misma red fijó que el gobierno "no se dejará intimidar por terroristas".La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia también condenó el ataque y manifestó que rechaza “este y todos los hechos violentos recientes en el departamento del Cauca y otras regiones del país”.Hicieron de la misma forma un llamado al Estado colombiano para que implemente medidas concretas de protección integral a las comunidades afectadas por la violencia, pero reafirmaron una vez más su compromiso con la paz.
El asesinato de tres personas en zona rural de Argelia, en el Cauca, pone en alerta nuevamente a ese departamento del suroccidente del país.Se trata de tres hombres quienes fueron encontrados con impactos de armas de fuego y quienes tenían en su pecho panfletos intimidatorios donde, supuestamente, explicaban el por qué los habían matado.De acuerdo con las autoridades, en la zona operan disidencias de grupos armados que atentan contra la paz y la armonía del sector.“Tienen unos letreros que dicen que son miembros del ELN y los culpan de la operación del día de ayer (3 de febrero). Nosotros no usamos informantes, nosotros usamos una inteligencia técnica”, dijo el general Marco Vinicio Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército.El oficial indicó además que en ese mismo sector, la comunidad adelantó una asonada en el momento en el que las tropas combatían con las disidencias.“No obstante, la comunidad se alza, se mete dentro de la del combate arriesgando su vida, se mete dentro el combate de forma temeraria”, indicó el general.El alcalde de Argelia, Jhonatan Patiño, desestimó los señalamientos en contra de la comunidad y dijo que, por el contrario, la ciudanía está temerosa de quedar en el fuego cruzado.“El grupo armado, cuando se ven en presión del Ejército, entra a las casas y obliga a la gente a salir”, dijo.“Si el Ejército sigue señalando a la comunidad, lo que va a hacer es perder más la credibilidad”, insistió el mandatario.Vea el informe realizado por Noticias Caracol aquí:
Desde Popayán, el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que se activará una ruta segura para que los concejales de Argelia, Cauca, que fueron amenazados por grupos armados puedan regresar a su municipio.El funcionario aseguró que esa estrategia contará con el apoyo de diferentes entidades para que los concejales retornen a su territorio y ejerzan su trabajo.El temor en Argelia aumentó después de que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del concejal Fermiliano Meneses, quien había sido reportado como desaparecido desde el 15 de enero en la zona rural de ese municipio.Hasta este 28 de enero, los 11 concejales de Argelia que habían denunciados amenazas en su contra permanecían en Popayán por miedo a ser atacados por parte de los grupos armados en su municipio.
Fuentes le confirmaron a BLU Radio que este miércoles, 27 de enero, se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la zona rural del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca.De acuerdo con lo que se pudo establecer, ese cuerpo fue trasladado hasta el casco urbano de esta localidad para avanzar en el proceso de identificación y determinar si se trata o no del concejal Fermiliano Meneses, quien había sido reportado como desaparecido desde el 15 de enero.Aunque muchas personas ya lo habían declarado como asesinado, esto no se ha podido confirmar porque aún no ha sido encontrado su cuerpo.Cabe recordar que al caso de este concejal del Partido Liberal se suma la tensión en Argelia por las amenazas a once concejales, quienes tuvieron que huir a Popayán.Este jueves 28 de enero se espera que las autoridades regionales se reúnan junto a la Unidad Nacional de Protección para tomar medidas y garantizar la seguridad de los concejales.
El Ministerio de Transporte publicó el borrador de una resolución con la que busca reglamentar el uso de bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia. Entre las principales medidas planteadas se exige que estos vehículos cuenten con sistema de frenos delantero y trasero, luces y una señal acústica, como el pito de los carros, para advertir su presencia en la vía.Además, los conductores deberán portar casco certificado y elementos reflectivos, una medida que sería obligatoria especialmente durante la noche, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y mejorar la visibilidad.Otro de los cambios que propone el proyecto es la creación de un sistema de identificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Es decir, si se aprueba el proyecto bicicletas y patinetas eléctricas tendrían que quedar registradas y portar una lámina visible con información técnica y un código único de identificación, similar a una placa.La iniciativa también contempla límites de velocidad según la zona de circulación. Por ejemplo, cerca de parques y espacios de alta afluencia peatonal no se podría superar los 25 kilómetros por hora. En el caso de algunas bicicletas eléctricas autorizadas para circular fuera de zonas urbanas, el límite máximo sería de 40 kilómetros por hora.Según explicó la ministra de Transporte, esta propuesta es resultado de un proceso de diálogo con usuarios y ciudadanos, y busca responder al crecimiento de estos medios de transporte con reglas claras que permitan mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.Por ahora, se presentó el borrador del documento, por lo que el proyecto aún podrá recibir comentarios y ajustes antes de convertirse en una regulación oficial a nivel nacional.
La comunidad del consejo comunitario de Bocas del Palo, de Jamundí, ubicado en inmediaciones de la cárcel de este municipio, denunció que en la noche de este jueves, se registró una incursión armada en esta población, donde varios sujetos dispararon a las viviendas.Según el relato de los habitantes, estos hombres se movilizaban a bordo de motocicletas y portaban armas largas, durante varios minutos atacaron las fachadas de las casas, especialmente la vivienda del representante legal del consejo comunitario, Carlos Alberto Carabalí, quien en varias ocasiones ha denunciado ser víctima de amenazadas e intimidaciones.La comunidad denuncia que una vez inició el ataque se les dio aviso a las autoridades, sin embargo, la fuerza pública no llegó al sitio ni en el momento de los hechos, ni horas después, situación que hoy les genera mayor incertidumbre y zozobra."Bocas del Palo es una comunidad 100% pacífica. Pero siempre la dejan sola cuando han sucedido situaciones de seguridad. Es zona urbana", señaló uno de los habitantes del sector. Lo ocurrido en este consejo comunitario se suma a una escalada de violencia que viene afectando a las comunidades de Jamundí desde hace una semana. Desde el jueves anterior, se han venido registrando ataques, principalmente con explosivos lanzados desde drones, afectando a los corregimientos de Robles, Potrerito y San Antonio.
Quejas por ruido, problemas de convivencia y uso inadecuado de apartamentos por parte de extranjeros motivaron a las autoridades en Medellín a poner la lupa a las viviendas de renta corta en El Poblado. A la fecha han sido atendido más de 79 solicitudes por perturbaciónLas constantes quejas de residentes por problemas de convivencia y presuntas irregularidades en apartamentos utilizados para renta corta llevaron a la Alcaldía de Medellín y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá endurecieran los controles en edificios residenciales de El Poblado.Las autoridades en la capital de Antioquia aseguran que el auge del turismo y la llegada de extranjeros a la ciudad han incrementado el uso de inmuebles como hospedajes temporales, incluso en copropiedades donde esta actividad no estaría autorizada.Según informó la Administración Distrital, ya han sido atendidas 71 solicitudes relacionadas con perturbaciones a la convivencia y situaciones asociadas a renta corta en edificios residenciales de este exclusivo sector de la ciudad. Además, se han recibido 18 peticiones de verificación por posibles irregularidades en el uso del suelo.El secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez, advirtió que incluso han detectado posibles maniobras para evadir los controles, como contratos de arrendamiento superiores a 30 días que serían utilizados para ocultar actividades de hospedaje turístico ilegal.“Hemos identificado posibles prácticas para evitar controles como contratos simulados de arrendamiento superiores a 30 días que estarían siendo utilizados para ocultar actividades de renta corta o a los alojamientos turísticos sin las autorizaciones correspondientes”, dijo.Entre las principales denuncias aparecen el ruido excesivo, el constante ingreso de turistas, fiestas en apartamentos y el uso de inmuebles residenciales como alojamientos turísticos sin cumplir con los permisos exigidos.Además, la Alcaldía avanza en un intercambio de información con Migración Colombia para identificar inmuebles donde se hospedan extranjeros y verificar si los propietarios están realizando los reportes obligatorios ante las autoridades migratorias.
Denuncian presunto incumplimiento de pagos a 14 exasesores de la campaña presidencial del general (r) Gustavo Matamoros. Según detalló una de las víctimas, los pagos en contratos pendientes ascienden a los 600 millones de pesos.Alejo Lopera, exdirector y presentador de Telemedellín, denunció públicamente presuntos incumplimientos salariales dentro de la campaña presidencial del general retirado Gustavo Matamoros Camacho, a la que se vinculó laboralmente en enero de este año.Según relató, renunció a su cargo en el canal local tras aceptar una oferta laboral para integrar el equipo político del candidato. Allí, aseguró, fue contratado junto a otras 13 personas mediante contratos firmados por Gustavo Matamoros Galvis, el hijo del candidato, a través de la empresa Intergroup Marketing.De acuerdo con la denuncia, desde el primer mes se les informó que no habían llegado los recursos para realizar los pagos y se les pidió paciencia. La situación se habría repetido durante febrero. Según Lopera, actualmente se adeudan salarios correspondientes a enero y febrero a las 14 personas, e incluso algunos integrantes del equipo tendrían pagos pendientes desde diciembre.“Los bancos no dan espera ni las tarjetas de crédito ni los arriendos. Esto ha sido un debacle económico para mí, para mi familia que arruinó mi vida crediticia, que por culpa de esto perdió muy buen trabajo en Telemedellín y que ha sido obviamente algo que me ha afectado también pasando por el tema de salud. Ya hay una denuncia entre el CNE porque hay muchas irregularidades en la campaña”, dijo.El comunicador aseguró que la deuda total entre contratos laborales y pagos a proveedores subcontratados ascendería a cerca de 600 millones de pesos. Muchos de ellos, incluso, firmaron un acuerdo de pago que prometía el giro de recursos el 6 de mayo y que de no ser así, se reconocerían los intereses.“Muchos alzamos la voz y dijimos que no pensábamos seguir trabajando así, entonces Gustavo Matamoros Junior decidió modificar los contratos y ponerlos a que terminarán el 28 de febrero. Hasta ese punto trabajé, todo el mes de febrero, marzo, abril e incluso mayo no me han pagado ninguno de los meses que trabajé”; contó.Además del testimonio de Lopera, Blu Radio tuvo acceso a una denuncia formal presentada por los quejosos ante el Consejo Nacional Electoral, en la que solicitan investigar presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la campaña.También conoció una carta enviada por los afectados al Partido Ecologista Colombiano, colectividad que otorgó el aval al general Matamoros, para poner en conocimiento la situación relacionada con la falta de pagos. A su vez, este medio revisó una comunicación emitida por el mismo partido dirigida a la campaña del candidato, en la que se advierten varias presuntas irregularidades, entre ellas las denuncias por incumplimientos salariales.
Por dos días consecutivos, integrantes de la barra Barón Rojo del América de Cali han llegado a la sede del equipo en el sector de Cascajal, al sur de la ciudad, para protestar por los malos resultados del equipo durante este primer semestre y la eliminación del conjunto escarlata de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.Varios hinchas se tornaron agresivos e increparon a los jugadores exigiendo la mejora del rendimiento del equipo en el campo. En el incidente de la tarde del jueves, los hinchas lograron agredir físicamente a los jugadores Dylan Borrero y John Murillo, mientras que los reclamos del viernes en la mañana, se los manifestaron al capitán Adrián Ramos, quien se encontró con el grupo en la reja de la sede, para conciliar.Tras lo ocurrido, el mayor accionista del América de Cali, Tulio Gómez, dio un parte de tranquilidad, descartando que la situación pasara a mayores."Le dijeron a Dylan que metiera huevos, que andaba en cuentos y que andaba desordenado. Entonces, le dijeron que metiera más huevos, pero nada más. No se va a repetir lo que pasó en Medellín y todas esas cosas, sí, va a haber seguridad, pero los barras vieron que aquellos no van a perjudicar al equipo de esa manera", señaló Gómez.Ante estos incidentes, desde la Comisión Local de Fútbol de Cali, están evaluando todas las medidas necesarias para los próximos encuentros en el estadio Pascual Guerrero, aún no se descarta si el próximo encuentro en este escenario se realice a puerta cerrada."El llamado para para estos sectores de las barras es a que respeten la vida, que se comporten de la forma como tienen que comportarse afuera y también sobre todo, dentro de nuestro estadio Pascual Guerrero. Es una tarea que se viene haciendo e instamos obviamente, a que se viva y se disfrute en paz el fútbol, no solamente para hoy sino para el martes y para todos los partidos que se vienen", dijo el secretario del deporte de Cali, Alexander Camacho.