En Mañanas Blu, con Néstor Morales, se debatió sobre las últimas declaraciones de la vicepresidente Francia Márquez, las cuales causaron polémica en diferentes sectores. ¿Enseñar español en África y suajili en Colombia?
Luego de conocerse que el Gobierno nacional suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de 'Iván Mordisco' por el asesinato de cuatro indígenas menores de edad, este agrupación ilegal advirtió que aumentará la violencia en el país y, asimismo, el número de muertos. Poniendo en crisis la paz total que propuso el presidente Gustavo Petro. Ante este hecho, varios sectores políticos expresaron su punto de vista sobre el futuro de esta paz total en el Gobierno nacional. Uno de los que habló fue el senador David Luna, de Cambio Radical, quien aseguró que esta política "no tiene ninguna estrategia" y recordó que desde un comienzo se advirtió que los ceses el fuego establecidos no solo con las disidencias, con el ELN y el Clan del Golfo se realizaron sin ningún tipo de verificación.“Dijimos que esos ceses no tenían protocolos, que no se estaban atendiendo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y lo que vemos hoy es el resultado de un desorden total. Hay un comisionado de Paz que no conversa con el ministro de Defensa y donde no hay avances desde ningún punto de vista”, señaló Luna.El senador insistió que la fuerza pública está "amarrada de manos y pies”, razón por la cual la población civil va a seguir desprotegida. De la misma forma, Luna agregó que es ilógico que avance en el Congreso una ley de sometimiento, sin siquiera saber cómo van las conversaciones “que parecen reventar”.Por otro lado, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, afirmó que pese al levantamiento del cese el fuego bilateral, el Gobierno nacional avanza por la ruta correcta con el fin de buscar canales de negociación con los grupos armados al margen de la ley para acabar el conflicto armado que afronta el país.“La paz requiere avanzar en la verificación de los distintos ceses al fuego para ver si se mantienen, no solamente la voluntad de paz, me parece que el presidente está actuando en consecuencia y con responsabilidad llamando la atención de hechos que son repudiables como la masacre de los menores indígenas”, señaló la congresista.Sobre el levantamiento de los ceses al fuego con las disidencias de Iván Mordisco, el ELN y el Clan del Golfo, la senadora Pizarro aseguró que: "La paz es una construcción que a veces tiene momentos en los cuales se avanza con facilidad y en otros momentos van a ser difíciles que van a requerir concertación y demostración real de la voluntad de paz”.Pizarro señaló que la paz ha estado en crisis siempre y manifestó que por el contrario es la primera vez que se plantea un reto que permite superar las dinámicas de la guerra y las dinámicas del conflicto armado.“Hay sectores guerreristas que son precisamente los sectores de oposición que han vivido de la guerra y que han construido su poder muchas veces por el conflicto armado colombiano y para ellos es más conveniente que Colombia siga desangrándose”, puntualizó Pizarro.Finalmente, el senador Alfredo de Luque, del Partido de La U, consideró que debido al rompimiento de los diálogos con las disidencias y con otros grupos criminales pone de presente evaluar si es necesario presentar un proyecto de ley de sometimiento a estos grupos.“La paz total está en crisis, no solo por el Gobierno sino por los mismos delincuentes que quieren hacer parte de ella, salieron manifestaciones de ambos lados diciendo que el proceso está roto, entonces me pregunto si es necesario un proyecto de sometimiento en estos momentos”, añadió.Le puede interesar: Los cuadrangulares de la Liga BetPlay
En dialogo con Mañanas Blu, Álvaro Rojas Charry, abogado especialista en derecho de familia, habló sobre el proyecto de ley que busca que en Colombia las personas se puedan divorciar libremente: “Es una libertad muy grande que si no se maneja bien puede llegar al abuso y libertinaje (...) No solo la norma es importante, es la proyección y que se mantenga la competencia de los notarios” afirmo.Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, se conectó con Mañanas Blu 10:30 para hablar sobre el programa de renta ciudadana: “Con esta apuesta estamos garantizando que, como mínimo, en los hogares se reciba un ingreso de 160.000 pesos" asimismo dijo que, “Es un esfuerzo histórico, hay un aumento sustancial”.Yuri Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y coordinadora ponente del proyecto que busca prohibir el fracking en Colombia, afirmo que: “La ministra va en contravía de una puesta planetaria, de un propósito en el que debemos juntarnos y de una apuesta que ha hecho el presidente Petro en este Gobierno (...) Cuando se habla de los pilotos se dice que parten de una licencia. Esos pilotos están hoy suspendidos, pero antes se desarrollaban en contra de la comunidad”Camila Zuluaga habló con José Armando Zamora, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y miembro de la Comisión Interdisciplinaria Independiente sobre fracking quien afirmo: “Las consecuencias ambientales que se le endilgan al fracking son muy exageradas (...) No hay tal que se contaminen los acuíferos. El agua que se dispone va a yacimientos profundos que no tienen que ver con el consumo humano”.Escuche el programa completo aquí:
La senadora Piedad Córdoba, a través de una serie de trinos, resaltó la inclusión de la medicina ancestral en a la reforma a la salud, que impulsa el Gobierno nacional a través de la ministra de Salud, Carolina Corcho.Los trinos de Córdoba originaron un debate en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre lo que significa incluir este tipo de conocimientos ancestrales en un proyecto de salud pública, hoy en día.Por un lado, algunos integrantes de la mesa de trabajo defendieron la inclusión de la medicina ancestral en el sistema de salud. Según María Consuelo Araújo, esta práctica es importante para las comunidades indígenas y aborígenes, y su inclusión en el sistema de salud actual podría mejorar la calidad de la atención médica." Yo en eso sí discrepo de ustedes. Yo sí creo que en esto la ministra Corcho está desarrollando un principio constitucional, que es que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y dice en el artículo 71, el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación de una manera equitativa”, argumentó.Además, el panelista Aurelio Suárez argumentó que la medicina natural puede ser efectiva en la prevención de enfermedades y en algunos casos, puede complementar la medicina tradicional.Por otro lado, hay quienes se mostraron escépticos ante la inclusión de la medicina ancestral en la reforma a la salud. Algunos argumentan que la medicina tradicional tiene limitaciones y que la medicina natural no ha sido suficientemente estudiada para determinar su efectividad. Otros señalan que la medicina ancestral puede ser peligrosa si no se practica de manera adecuada y que es necesario establecer requisitos académicos y de experiencia para quienes la practican."¿Cómo tiene usted un título académico de todos, de yerbatero, de sobandero, de tegua, de lo que usted quiera?", se preguntó Felipe Zuleta.Sin embargo, en el debate también se mencionó que la Ministra de Salud, Carolina Corcho, ha señalado que las personas que practican la medicina ancestral deberán cumplir con requisitos académicos y de experiencia para ser incluidos en el sistema de salud. Esta medida ha sido vista como una forma de garantizar la seguridad y la calidad de la atención médica.
Vea el debate en Mañanas Blu sobre los polémicos hechos ocurridos a inicios de marzo en San Vicente del Caguán, luego de las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, en las que dijo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, estuvo secuestrado.
El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, reconoció que hay incertidumbre sobre si puede prosperar alguna de las dos mociones de censura que se van a debatir esta tarde y que podrían tumbar al Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, y su polémica reforma de las pensiones."Hay que ser humilde frente a una votación", ha señalado esta mañana Le Maire en una entrevista al canal BFMTV, en la que ha admitido "incertidumbre" sobre el resultado del voto en esas mociones de censura, que se van a tramitar a partir de las 16.00 locales (15.00 GMT) en la Asamblea Nacional.La clave de ese voto será qué harán los diputados del partido de la derecha clásica, Los Republicanos (LR), que se encuentran divididos entre la dirección, que se opone a la censura, y un grupo indeterminado de rebeldes, que está en favor del derribo del Ejecutivo de Macron y de la reforma de las pensiones.Varios de ellos, como Aurélien Pradié y Maxime Minot, han señalado esta mañana que apoyarán al menos la moción de censura formalizada por un pequeño grupo centrista, LIOT (Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios), que se sabe sobre todo que contará con el respaldo de los diputados de la coalición de izquierda NUPES y de la extrema derecha de Marine Le Pen.Minot ha afirmado, en una entrevista al canal France 2, que tiene constancia de que "une buena decena, e incluso una quincena" de diputados de LR apoyarán la moción de censura de LIOT.En principio, harían falta una treintena para tumbar el Gobierno, con lo que el resultado más probable es que el gabinete de la primera ministra, Élisabeth Borne, sobreviva, y en consecuencia también sobreviva la reforma de pensiones, que fue adoptada por decreto el pasado jueves.El Gobierno recurrió entonces a un dispositivo constitucional (el artículo 49.3) para saltarse el voto en la Asamblea, ya que temía que no conseguiría suficientes votos.Le Maire ha vuelto a justificar esta mañana esa reforma -que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años- para equilibrar el sistema de pensiones en el horizonte de 2030, y lo ha hecho insistiendo en que Francia tiene una deuda pública de tres billones de euros y es el momento de "restablecer las cuentas públicas"."Hemos entrado en una nueva era financiera en que los tipos de interés son más alto" y eso ya se ha traducido en un aumento de la carga de la deuda, que ha pasado de 20.000 millones de euros en 2021 a 30.000 en 2022, ha indicado.El debate de las mociones de censura se va a llevar a cabo bajo la presión de una serie de huelgas en los transportes, en las refinerías o en la educación, y de protestas como cortes de carreteras esta mañana en las proximidades de Rennes o de Lorient, en Bretaña.En los aires, a causa de los paros de controladores aéreos se han suprimido un 30 % de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y un 20 % en el de Marsella.Se han anulado un 20 % de los trenes de alta velocidad (TGV), un 40 % de los otros trenes de largo recorrido, un tercio de los regionales y en los cercanías de París, según las líneas, entre uno y dos tercios.También le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro propuso una medida que ha generado controversia en Colombia: traer plata de los fondos privados de pensiones. Según Petro, esta medida permitiría financiar proyectos de inversión en infraestructura y educación, y reducir la dependencia del país de los préstamos internacionales.“Les solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país”, escribió el presidente en Twitter.Al respecto los panelistas de Mañanas Blu, con Néstor Morales, debatieron sobre en qué se invertirían estos recursos y sobre la conveniencia de una medida de este tipo.“Mucha de esta plata que está en el exterior están invertidos también en títulos del Tesoro, de los Estados Unidos. Hay otro tipo de activos financieros que están allí comprados que no se pueden mover de un día a otro porque justamente tienen unos compromisos de permanencia o para que se haga efectiva la rentabilidad debe esperarse, como pasa cotidianamente con el CDT. Esto varía muchísimo y como lo hizo el presidente, es un porcentaje muy importante, el 55 % del ahorro pensional está fuera del país y no es una medida menor. Por supuesto, traer esa totalidad va a ser muy difícil, pero traer parcialmente esos recursos especialmente, yo creo, tendría también un efecto positivo en la tasa de cambio, dijo Luis Ernesto Gómez.Mientras tanto, Felipe Zuleta manifestó su preocupación por la devaluación de estos dineros, mientras que Aurelio Suárez manifestó que el tema de los fondos es complejo y asimismo, las inversiones.“Lo primero que hay que aclarar es que no todos los portafolios de inversión de las administradoras de pensiones son iguales. Hay tres tipos de fondos de inversión. Fondo moderado, fondo de riesgo medio y fondo de riesgo alto. De acuerdo, por ejemplo, con la edad en la que usted está, se prioriza uno de esos tipos de fondos. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, no hay una uniformidad de inversión porque eso desde hace cerca de seis o siete años se diversificó. Lo segundo es que, en renta variable en el exterior, o sea, en acciones, en ADR, especialmente en Wall Street, hay el 31,6 por ciento. O sea, la tercera parte de los 360 billones, 120 billones, y hay una renta fija externa de cerca del 3 por ciento. O sea, estamos hablando de que uno de cada tres pesos de esos 360 millones está en el exterior. ¿Qué significa traerlos? Cuando usted viene y monetiza todos esos dólares, no se produce una devaluación, Felipe, se produce una revaluación. Porque hay muchos dólares queriendo volverse pesos. Luego ese ingreso tendría que ser paulatino, tendría que ser moderado, tenía que ser a un ritmo tal que las condiciones monetarias sobre el país no se sientan”, dijo.En ese sentido, Suárez dijo que es probable que la incidencia, por ejemplo, en algunas inversiones que haya, se desvaloricen y que los fondos tengan que, digamos, redireccionar esos recursos.“En eso sí tienen que ser conscientes, porque si usted tiene una plata metida allí en su ahorro pensional y resulta que estamos ante una situación de un bajón en los valores de las acciones, pues usted tiene que redireccionar porque está afectando al pensionado o al futuro pensionado. Pero yo creo que incluso más allá de que sea una directriz presidencial, es casi que un deber moral del administrador”, aclaró.Mientras tanto, Héctor Riveros manifestó que es evidente el riesgo de tener el dinero invertido en Estados Unidos.“Si estaban esperando que el presidente Petro escribiera, pues que nos cojan confesados, porque evidentemente hay una situación de riesgo financiero generada por esta crisis bancaria en los Estados Unidos, o por esta semicrisis, yo no sé todavía cuál calificativo tendrá, pero por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, efectivamente hay un riesgo. Y los administradores de las pensiones de los colombianos que tienen invertida, como ya ustedes lo han señalado bien, una parte de esos recursos en los Estados Unidos tienen el deber, desde cuando tuvieron la noticia de ello, ver si es necesario tomar alguna decisión de cambio de lugar de inversión para proteger el ahorro de esas pensiones, de esos futuros pensionados. La obligación de proteger, lo que pasa es que esta crisis financiera está tocando a tres bancos en particular. Es importante tener en cuenta tres cosa”, dijo.Por su parte, María Consuelo Araujo agregó que en Colombia el mercado de capitales no ofrece garantías. Traen la plata y, ¿dónde la invierten?“El presidente no está diciendo que hay que cuidar y hay que proteger la plata de los colombianos que está afuera, está diciendo traerla a Colombia, y ahí es donde yo pregunto si traerla de pronto es la decisión adecuada, no sé. Sobre todo, que los portafolios de inversión hay que tener en cuenta los beneficios de la diversificación, porque es que poner todos los huevos en la misma canasta en este momento en Colombia implicaría, primero, el tema de la devaluación, pero adicionalmente el tema de la incertidumbre. O sea, todo el costo de la incertidumbre, o sea, que no sabemos qué va a pasar con muchas cosas porque las reformas no han pasado y no sabemos hasta dónde van a llegar, también estaría afectando esos portafolios. Pero adicionalmente hay otro tema, y es que en Colombia el mercado de capitales no ofrece muchas opciones. ¿Qué hacemos con toda esa plata?”, puntualizó.Reviva el debate en Mañanas Blu
El miércoles 7 de septiembre, se llevó a cabo el debate de control político sobre los recursos del OCAD-PAZ, donde los congresistas Catherine Juvinao y Alfredo Ape Cuello terminaron en pelea, donde el militante del partido conservador realizó señalamientos machistas contra la integrante de Alianza Verde.La representante a la Cámara Catherine Juvinao, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló sobre el debate de control político que se realizó sobre los recursos del OCAD-PAZ y el altercado que tuvo con el funcionario Ape Cuello.“En el debate de control político hablamos y profundizamos las denuncias que hicieron los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra de Blu Radio. Utilizaron empresas que se rigen bajo el derecho privado para asignar recursos del Estado a dedo y sin mayor vigilancia. Nos encontramos que sale al ruedo el fortín político de un congresista, el cual es el señor Alfredo Ape Cuello, quien a través de una caja de compensación se apropió 87.000 millones de pesos en seis megas contratos que terminaron en manos de la misma familia, los Cayón Medina, los cuales tienen varias empresas y forman parte de la nómina contratista de Ape Cuello”, explicó.Según Juvinao, los recursos de la paz terminaron en varios contratos que regador por el país, los cuales los aprovecharon los políticos que lograron evadir la contratación."Son centenares de contratos de obras (PEDET) por todo el país. Por más que estemos día y noche revisando el caso nos va a tomar alrededor de un año. Lo que revelamos ayer fue el proceso de cómo la empresa Comfacesar, que era el mecanismo por los cuales los políticos lograron evadir la contratación”, aseguró.Además, la representante de Alianza Verde mencionó a el exdirector del DNP Alberto Rodríguez y al excontralor Felipe Córdoba, quienes no asistieron al debate político a pesar de estar citados para esclarecer su participación en los recursos del OCAD-PAZ.“El tema contra Luis Alberto Rodríguez (exdirector DNP y Felipe Córdoba (excontralor) es que para que se diera todo ese presunto saqueo a los recursos de la Paz tuvieron que suceder antes dos ajustes al reglamento jurídico colombiano. Por ser exfuncionarios no tienen la obligación de asistir al debate político, pero al ser un tema de irregularidades su presencia era crucial, sin embargo, ninguno de los dos apareció. Aunque no tengo pruebas contra ellos, si tienen responsabilidades por las denuncias, por lo cual, ambos deben ser implicados en el proceso y ante la opinión pública”, dijo.Juvinao también mencionó el altercado que tuvo con el representante Ape Cuello, el cual tuvo un gran rechazo por los funcionarios que se encontraban participando en el debate de control político.“La denuncia del representante Ape Cuello es simplemente para desviar el debate, yo no le he dicho en ningún momento que se ha robado los recursos de la paz. En el debate político, en vez de hablar de las actuaciones en su contra, realizó un ataque sexista ante mí, el cual la plenaria rechazó por completo. Acá el verdadero asunto es investigar las acusaciones que hay en contra del funcionario por las relaciones políticas que hubo en los recursos del Ocad-Paz", ratificó.
Este miércoles se instaló el nuevo Congreso de la República y muchos fueron los proyectos que quedaron engavetados, uno de ellos, la regulación de los vapeadores en el país. Un tema que generó polémica y que hoy en día sigue sin resolverse en el legislativo.Y es que, justamente, Colombia lleva varios años tratando de regular la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, el segundo grupo de edad que más consume este tipo de elementos son niños entre 12 y 17 años, por lo que el debate también se centra en si son o no adictivos.Al respecto, el médico Manuel Pacheco, director del comité de tabaquismo de la Asociación Latinoamericana del Tórax, dijo que "existe el libre desarrollo de la personalidad, pero también el Estado es responsable de cuidar la salud" de las personas.“No es cierto que el vapeo no haga daño. Hace daño, la exposición a nuestros niños y adolescente es casi un pecado", añadió el experto en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Por su parte, Mauricio Toro, exrepresentante y autor del proyecto, señaló que se planteó la importancia de “hablar de lo que implicaba un dispositivo abierto o cerrado, así como la vigilancia del Invima” para regular, evaluar la procedencia y elaboración de estos productos en el mercado.Asimismo, Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, una plataforma para la reducción del riesgo y daño en nicotina, comentó que precisamente ese “tecnicismo del daño ha fracasado como estrategia de educación para las personas" y no ha servido de advertencia; indicó que el mensaje sobre los riesgos debe ser otro, pues esto “va más allá”.
La tragedia ocurrida el pasado domingo, 26 de junio, en la corraleja de El Espinal, Tolima, puso nuevamente en la agenda nacional el debate sobre regular o eliminar estos eventos. Animalistas dicen que se debe acabar con estas actividades; expertos, que se deben reglamentar; y toreros, que se deben respetar las libertades de las minorías.Andrea Padilla, senadora y activista por los derechos de los animales, señaló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que estos eventos no deben continuar porque allí se presenta una “crueldad innegable” con los toros.“Son actividades de una crueldad innegable, no solo es el tema de utilizar animales para prácticas que siempre dejan víctimas y dolores, sino que también son innecesarias, crueles, en donde los animales mueren de forma dramática. Como sociedad ya es justa una reflexión alrededor de estas prácticas. Estamos en mora de dar un debate a fondo sobre estos temas”, dijo Padilla.Por su parte, Inis Amador, historiador y conocedor de las corralejas, destacó que estas actividades se deben reglamentar y disminuir el maltrato animal, ya que eliminarlas por completo es muy difícil, teniendo en cuenta que son costumbres arraigadas en ciertas regiones.“Yo siempre he dicho que la corraleja debe reglamentarse y disminuir el maltrato animal. Eso debe hacerse en la medida que se prohíba todo lo que hiera el toro, que derrame sangre. (…) Es difícil eliminar la práctica. Hay más de 500 corralejas en la costa y la costumbre está muy arraigada; el maltrato debe eliminarse”, afirmó.En cambio, el torero conocido como el Curro Marín destacó que se debe respetar la libertad de las minorías y negó que el objetivo de estos eventos sea maltratar a los animales.“Tenemos algo en común y nos interesa el animal y su bienestar. A partir de eso tenemos que analizar qué nos corresponde. (…) Prohibir lesiona un derecho que es el de la libertad. A nosotros no nos interesa que el animal se vea perjudicado. Los toreros no nos preparamos para hacer sufrir al toro”, indicó Marin.Además, aseguró que el sacrificio de los toros se “hace en función del consumo”: “Yo estoy de acuerdo con una corrida de toros donde no se sacrifique el toro, pero también dejemos de sacrificar los demás animales para el consumo. Si las carnes del toro no se van a consumir, para qué sacrificar el toro”, agregó.En cuanto al tema de las cabalgatas, que también son criticadas por el sufrimiento que pueden sentir los caballos, Héctor Vergara, director de Fedequinas, afirmó que se deben reglamentar para proteger el bienestar el animal.“Aquí el tema es prohibir por principio o prohibir por sistema. Eso acaba una expresión cultural. (…) Cabalgatas sí, pero reglamentadas, que protejan el bienestar animal. Nadie quiere más un caballo que un mismo caballista”, reiteró Vergara.Escuche el debate completo:
La Procuraduría General de la Nación se pronunció respecto al nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia que fue presentado por el Gobierno nacional y que empieza este miércoles 1 de mayo. En este caso el ministerio público indica que este modelo es improvisado, ya que habría graves inconsistencias en términos de contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro.Por otro lado, se habla de un aumento de costos, si se compara con el modelo anterior, ya que aumentaría a 1 billón 100.000 millones de pesos por cada año.La procuradora, Margarita Cabello, dice que la fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros en 10 contratos y que, a partir de la implementación de este nuevo modelo para la salud de los docentes, serían más de 8.000 contratos que elevarían los costos.¿Qué está pasando con la reforma a la salud?Cabe recordar que, con la implementación de este nuevo modelo se eliminaría la intermediación de los operadores, así como los copagos y, según el Ministerio de Salud, para esto se debe cambiar la estructura interna del sistema.Para el ente de control hay muchas dudas sobre este nuevo sistema, ya que no hay personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada servicio de salud prestados.Otra de las preocupaciones de la Procuraduría es que al quedar como operador de la gestión del servicio, podría arriesgar las reclamaciones de los usuarios, ya que esta es una entidad financiera y la Superintendencia de Salud no podría vigilar y controlarla.Por esta razón, se cuestiona que el nuevo modelo no establece un responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio ni la gestión del riesgo.Ante las dudas que hay en el ambiente por este nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia, el procurador delegado Marcio Melgosa le pide a varias directivas ajustar el proyecto, o de lo contrario, la atención en salud de los profesores quedaría en el limbo.Supersalud a las EPS: "Luego vienen a decir que el recurso no es suficiente"
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Santiago Chamorro, presidente de General Motors, habló del futuro del extenso lote en Bogotá dejará de operar una de las fábricas más emblemáticas de la compañía.Chamorro explicó que, tras la decisión de la empresa de salir de Colombia, actualmente están en un proceso de transición, evaluando los materiales y equipos que pueden ser reusados o reciclados."Lo que viene ahora es un proceso de transición en donde vamos a ver de esos materiales y de esas herramientas, de esos equipos que están allí presentes. ¿Qué se puede rehusar? ¿Qué se puede reciclar en última instancia?", comentó el presidente de GM durante la entrevista.Venta del terreno de General MotorsEl siguiente paso para General Motors es preparar el terreno, ubicado en la avenida Boyacá, con calle 56 sur, para su venta, una decisión que, según Chamorro, "es bastante interesante para la ciudad". El lote abarca un área impresionante de 280,000 metros cuadrados, aproximadamente 28 hectáreas.Esta extensión lo convierte en un candidato ideal para proyectos de gran escala que podrían beneficiar al desarrollo urbano de Bogotá.“Seguramente lo vamos a poner a la venta. Primero, pasaremos el proceso de transición y más adelante estableceremos un proceso para la venta de ese espacio”, enfatizó Chamorro.General Motors se va de ColombiaLa compañía estadounidense General Motors (GM) anunció este viernes "cambios clave" en sus operaciones en Colombia y Ecuador que supondrán el cese de la fabricación de vehículos desde hoy en Colombia y a partir de agosto en Ecuador, lo que supondrá despidos masivos."Las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores de Colombia y el proceso de desmontaje comienza hoy con un equipo reducido. En la planta de OBB en Ecuador la fabricación cesará a finales de agosto de 2024", anunció la compañía en un comunicado.Según la compañía, hasta ahora esta planta colombiana estaba operando al 9 % de su capacidad, mientras que en Ecuador se opera al 13 %, por lo que había una "subutilización" de ambas.General Motors fabrica vehículos de la marca Chevrolet en estos dos países, pero ahora "realizarán la transición a un modelo de compañías nacionales de comercialización, para así respaldar el lanzamiento de vehículos de próxima generación, incluido un portafolio de clase mundial, soportado por una experiencia excepcional para el cliente y servicios posventa", informó el gigante estadounidense."Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados, e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones", aseguró el presidente de GM Internacional, Shilpan Amin.Despidos masivos e inspección laboralEsto supondrá despidos que podrían llegar a 800 personas en la planta de Colmotores, situada en Bogotá, la única donde se fabrican vehículos en Colombia, según sindicatos."La empresa comprende el impacto que esta decisión tendrá en los empleados afectados y los apoyaremos durante su transición", añadió la compañía al respecto.Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de Colombia informó que va a garantizar "la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores de la ensambladora de vehículos", y anunció que realizará una inspección de trabajo."He dado la instrucción a la dirección de Inspección Vigilancia y Control, de adelantar una serie de visitas a la planta para inspeccionar las condiciones laborales y verificar que se cumplan con los estándares exigidos por la ley", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Un juez penal especializado de Florencia, Caquetá, emitió sentido de fallo condenatorio a cuatro cabecillas de las disidencias de las Farc, declarándolos responsables de los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. La decisión se tomó luego de valorar las pruebas que tenía la Fiscalía General de la Nación desde que inició la investigación en 2019.Los disidentes que fueron condenados son Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central; Géner García Molina, ‘alias John 40’; Fabián Guillermo Espinosa Arboleda, alias ‘Cancharino’; y Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que estas personas ordenaron, facilitaron y ejecutaron el reclutamiento de 10 menores de edad, quienes, cabe recordar, murieron el 29 de agosto de 2019, en la vereda Candilejas de San Vicente del Caguán, Caquetá.Esto ocurrió durante una operación militar ejecutada en el Gobierno del expresidente Iván Duque, lo cual costó, incluso, el cargo a quien era en ese entonces su ministro de Defensa, Guillermo Botero.“La investigación estableció que los niños, niñas y adolescentes conformaron los anillos de seguridad de ‘Cancharino’, hasta el día en el que se reportó su muerte”, detalló la Fiscalía.Le puede interesar:
El desbordamiento de la quebrada Santa Clara ha dejado incomunicados a los municipios de Onzaga y San Joaquín, en el departamento de Santander. Aunque afortunadamente no se reportan personas lesionadas, la situación ha provocado un aislamiento temporal de las dos poblaciones.El incidente, que se produce con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias, ha generado preocupación entre los habitantes locales y las autoridades regionales. Esta no es la primera vez que la vía entre Onzaga y San Joaquín se ve afectada por el desbordamiento de la quebrada Santa Clara, ya que eventos similares se han registrado en el pasado."Siempre que llueve pasa lo mismo, ya estamos cansados que nadie nos dé solución. Ni la Gobernación ni las alcaldías, nadie", dijo un poblador.Video: El Regional. Las recientes lluvias también han generado afectaciones en la vía que comunica a los municipios de Vélez y Landázuri, donde un deslizamiento de tierra bloqueó por completo el paso vehicular.“Anoche en la vía que comunica al municipio de Landázuri con el municipio de Vélez se produjo un deslizamiento producto de las lluvias que se han presentado, ante eso, el Invías informó que está adelantando con maquinaria las acciones correspondientes para habilitar este corredor vial”, dijo Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de la región.
El pasado viernes, General Motors anunció el cierre de Colmotores, una de las plantas de ensamblaje de carros más emblemáticas del país, que funcionaba desde hace más de 60 años en Colombia.Para referirse a las razones detrás de la decisión de cerrar la fábrica, explicar cuál será el futuro de la marca Chevrolet en el país, y qué pasará con los propietarios de estos carros, se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de General Motors en Sudamérica, Santiago Chamorro.Chamorro explicó que la decisión de cerrar la planta se debe a una historia que se viene desarrollando desde hace años. La industria automotriz colombiana se enfrenta a grandes competidores internacionales debido a los tratados de libre comercio que han reducido los aranceles a 0 %. Según el presidente, esto ha permitido la entrada de vehículos de grandes potencias productoras como EE.UU., Europa, México y Corea, donde se producen millones de unidades al año.En comparación, la producción de vehículos en Colombia es significativamente menor, lo que coloca a la industria local en una posición de desventaja. Chamorro mencionó que en los últimos meses, la producción en Colmotores se redujo de 100.000 a 11.000 unidades, haciendo insostenible mantener la operación.Cambios en la producción y futuro de Chevrolet en ColombiaColmotores se centraba durante el último año en la producción del Chevrolet Joy, pero con volúmenes de producción tan bajos, la empresa decidió cerrar la planta. A partir de ahora, todos los vehículos Chevrolet que se vendan en Colombia serán importados, incluyendo camiones y autobuses, que provendrán de Japón."Ya veníamos importando de todas esas fuentes y a partir de ahora serán 100 % importados. Incluso tenemos una presencia muy fuerte en el mercado de camiones y buses y me gustaría dar ese parte de tranquilidad", detalló Chamorro.El directivo aseguró que la marca Chevrolet continuará teniendo presencia en Colombia a través de concesionarios, servicios y repuestos. Los dueños de vehículos pueden estar tranquilos, ya que la garantía y el suministro de piezas de repuesto están asegurados.Impacto en los empleados y programas de transiciónEl cierre de Colmotores afecta a 550 empleados, según calculó Chamorro, quienes recibirán compensaciones por encima de las legales. Además, se les ofrecerá un programa de transición laboral que incluye apoyo para mejorar su perfil de empleabilidad, reubicación en otras empresas y capacitación para quienes deseen emprender.Qué hay detrás de la decisiónChamorro indicó que la decisión de cerrar la planta se debió a factores estructurales y a un cambio en el mercado automotriz a nivel mundial. La pandemia generó cambios en el comportamiento de los consumidores, y la economía global experimentó un proceso inflacionario, lo que llevó a un aumento de las tasas de interés y a la depresión de la industria automotriz en varios países.El presidente de General Motors descartó que el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro tuviese algo que ver con la decisión y destacó que el cierre de Colmotores también se dio en paralelo con el cierre de operaciones industriales en Ecuador, reflejando una situación similar en la región."La verdad que hemos trabajado con el presente gobierno, estuvieron allí presentes el ministro y el equipo de Gobierno en la inauguración de la fábrica con la producción de los de los primeros vehículos Chevrolet Joy que salieron de allí", sentenció.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: