La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia, buscando determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y el transporte. Al respecto hablaron en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el director de ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, y la líder de ConduApp (grupo que agremia a los conductores de aplicaciones de vehículos particulares), Samai Camacho.José Daniel López comentó que respeta las decisiones de las autoridades administrativas, pero esta, en específico, le genera “alerta” y lo “preocupa tremendamente” porque ya hay un precedente de la Corte Suprema de Justica del 2023 que ya había resuelto una polémica que había entre una de las plataformas y una empresa de taxis que demandó por supuesta competencia desleal.“Las autoridades públicas no le pueden poner barreras irrazonables a los ciudadanos para disfrutar de estos desarrollos científicos y tecnológicos y que cuando haya que decidir sobre este tipo de casos, la autoridad no se puede ir a lo taxativo de normas, la mayoría son del año 90 del siglo XX, cuando todavía a duras penas estaba abriendo correo electrónico (…) Para traer eso a la realidad presente, la autoridad tiene que ser consciente que hay una diferencia grande entre la época en la que se produce la norma y la época en que se aplica la norma y la Superintendencia de Industria y Comercio, en nuestra respetuosa opinión, no está considerando eso”, detalló.“Regular y no prohibir”: Alianza Inn tras investigación de la SIC a apps de transporteConsideró que puede poner en riesgo el trabajo e ingresos de más de 100.000 familias que dependen de esta actividad. Además, señaló que esta decisión podría afectar la libertad de los usuarios, quienes tienen el derecho de elegir cómo moverse por las ciudades del país.Por su parte, Samai Camacho destacó la importancia de regular esta industria para garantizar la seguridad de los usuarios. Afirmó que el Estado debe tomar medidas concretas para proteger tanto a conductores como usuarios de posibles abusos y delitos. También resaltó la necesidad de reconocer y proteger la economía popular, en la cual se encuentran incluidos conductores de aplicaciones y también taxistas.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia para determinar si infringieron el régimen de competencia desleal al promover la prestación de servicios de transporte incumpliendo la regulación del sector bajo condiciones que generan ventajas a las plataformas.La investigación no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que promueven dicha prestación ilegal al ser una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.Las aplicaciones son las encargadas de determinar el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma y la determinación de los ingresos de los conductores, entre otros, por lo que allí se determinaría su influencia que no se limita a un simple rol de intermediación.”El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En adición, la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicios”, indicó la SIC.En caso de que se compruebe la infracción por parte de las apps a la libre competencia, la SIC impondría a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 SMLMV ($130.000 millones). Además, la entidad también podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las actividades económicas de las investigadas se adecúe a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.
A través de un comunicado, la Procuraduría confirmó la creación de una agencia especial que intervendrá en la investigación que se abrió sobre el presunto caso de abuso sexual que habría sufrido una menor de 15 años en un vehículo afiliado a una aplicación de transporte particular en Bogotá.La oficina delegada para asuntos penales del Ministerio Público informó que “en desarrollo de su función de intervención, designó como agente especial al procurador 219 Judicial I Penal de la capital de la República, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso”.El caso se conoció el pasado 6 de febrero, cuando la menor habría sido atacada por el conductor del vehículo que pidió por una aplicación de transporte para movilizarse hacia su colegio, ubicado en el sur de la capital del país. El hecho ha generado todo tipo de rechazo en el país.El caso habría sucedido cuando la menor se subió a la parte delantera del vehículo, y el conductor al parecer le realizó tocamientos en sus partes íntimas, situación que la dejó paralizada, pero minutos después la víctima se habría escapado aprovechando un semáforo en rojo y de inmediato dio aviso a las autoridades.Frente a este caso, la empresa DiDi, la aplicación a la que estaría vinculado el carro, rechazó por medio de un comunicado el presunto abuso a la menor y activaron los protocolos para brindarle apoyo médico y psicológico a la víctima, así como orientación para poner la denuncia. De momento, la cuenta del usuario señalado fue bloqueada mientras avanza la investigación.
Ante la polémica que ha suscitado la regulación de las plataformas de movilidad en el país y, después de la reunión entre el Gobierno y los actores que viven y representan las aplicaciones, el martes 1 de febrero, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, aseguró que se debe garantizar la neutralidad tecnológica, que consiste en la libertad de los proveedores y los usuarios al usar las tecnologías para prestar servicios o acceder a ellos sin restricción.“Colombia debe garantizar la neutralidad tecnológica. No podemos desconocer el papel de la tecnología en la vida de los ciudadanos a través de servicios de calidad que le brindan confianza a los usuarios; sin embargo, sí hace falta un marco regulatorio”, dijo la ministra.Además, enfatizó en la importancia de generar concertación y diálogo con el fin de llegar a la construcción de un marco jurídico que incluya a todos los actores."Necesitamos unos parámetros que ya en otros países lo han venido haciendo con mucho éxito, por ejemplo, en México. No podemos desconocer la tecnología. Hoy tenemos conductores y usuarios que están utilizando estos servicios y, de esa manera, los estamos abordando de una manera muy responsable", agregó Urrutia.Para la ministra las aplicaciones de movilidad están presente en la vida de los colombianos y en su cotidianidad, lo que genera productividad de nuevas fuentes de riqueza y calidad de vida.Urrutia recordó que Colombia hace parte de la UIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre los Estados miembros y las empresas operadoras.Le puede interesar "¿Prohibir Didi, Uber, Cabify?":
El Gobierno nacional se reunió en la tarde de este miércoles, 1 de febrero, en la sede del Ministerio de Transporte con conductores, usuarios y gremios de las aplicaciones de transporte para escuchar sus preocupaciones.A la reunión asistieron presencialmente los ministros de Transporte, Guillermo Reyes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina. Virtualmente estuvieron la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna.Allí cada ministro expuso su visión. Por ejemplo, el ministro de Transporte aseguró que en el Gobierno no hay agendas ocultas y que, mientras no haya acuerdo entre las partes, no se presentará el texto al Congreso.“No regulamos en favor de unos ni de otros, sino para todos. En nuestro proyecto que ha liderado la superintendente nunca, jamás se prohíbe las plataformas del servicio de transporte. Nunca. (…) No hay proyecto definitivo este es un borrador de construcción como se construye todo”, dijo el ministro Reyes.Por su parte, la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, reafirmó que su entidad no busca prohibir las plataformas en el país, sino reconocerlas, e invitó a que presenten un texto propio con sus propuestas.“Nunca hemos pretendido prohibir las plataformas; lo que pretendimos, por el contrario, fue reconocer que hacen parte de un ecosistema en el tema de transporte de pasajeros y de carga, además de reconocer que son una herramienta que facilita la labor y que ayuda y contribuye en el mejoramiento para cumplir los principios fundamentales de garantizar un servicio seguro, eficiente y eficaz”, aseguró Ospina.Con la visión del Gobierno puesta sobre la mesa, los representantes de las plataformas tomaron la palabra.José Daniel López, representante de las aplicaciones con Alianza In, celebró que el Gobierno no llevara el proyecto de ley ante el Congreso sin la concertación. “Estamos listos para las audiencias regionales entorno a esta discusión; iremos las veces que sean necesarias. También celebramos que se conforme una mesa regulatoria para definir la no prohibición, sino regulación de las plataformas digitales de movilidad”, señaló-Asimismo, los representantes de los usuarios presentaron su visión del asunto, asegurando que se debe regular un servicio para crear una competencia y que no genere un monopolio del servicio de transporte.Entretanto, los representantes de los conductores de estas aplicaciones manifestaron que hay una persecución por parte de la Policía de Tránsito contra quienes trabajan con estas aplicaciones. “Yo parto del hecho de que el Gobierno nacional fue capaz de hacer un cese al fuego con los grupos armados, nosotros queremos un cese al fuego también, eso es muy importante para nosotros. Queremos que se comprometan con nosotros con eso”, dijo Yefersson Patiño.Conclusiones de reunión entre Gobierno y representante de aplicacionesComo conclusiones de este encuentro el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se comprometió a revisar las quejas y preocupaciones de los conductores de plataforma. Además, la Superintendencia de Transporte comenzará a partir del martes 10 de febrero a socializar el proyecto y comenzar a construir propuestas.“Yo sí quisiera, ojalá para el 16 de marzo, que llevemos el proyecto listo consensuado. Vamos a trabajar, no sé si 24x7 porque entiendan que este sector es lo más complejo que hay, pero con el apoyo de nuestra ministra de Trabajo, de las TIC, de Ciencia y Tecnología, de quienes saben y los líderes en el Congreso, tenemos que llevar un proyecto en sesiones ordinarias para que esto se solucione”, dijo Reyes al cierre del encuentro.Tres puntos se acordaron1. Se continuará con el proceso de socialización, construcción y concertación del anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte, el cual solo será presentado, a consideración del Congreso de la República, una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores; para este efecto, se realizarán audiencias públicas en diversas regiones del país sin exclusiones.2. El Ministerio de Transporte mantendrá e impulsará la mesa nacional con el gremio de servicio de transporte individual tipo taxi, para que en un término de máximo a 16 de marzo se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca sus condiciones actuales.3. El Ministerio de Transporte, acompañado de los Ministerios de Trabajo y de las TIC, iniciará una mesa con el fin de construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte, en sus diferentes modalidades, en los que participarán los representantes de todos los actores (directos e indirectos), para la construcción de soluciones que aporten al mejoramiento del servicio hacia los usuarios, garantizando en todo caso, los derechos fundamentales de todos. Conformaremos una mesa regulatoria con los actores. Invitar a las representantes y voceros de las plataformas como los usuarios y conductores a construir una propuesta para resolver y solucionar el tema.
En medio del lanzamiento del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Bogotá, la alcaldesa Claudia López volvió a aprovechar su intervención para lanzar mensajes al Gobierno nacional por dos temas coyunturales. Por una lado la apuesta del presidente Gustavo Petro de modificar la línea del metro de la ciudad; y por el otro el proyecto de ley que alista la súper intendencia de transporte para desconectar las aplicaciones de transporte en el país.Sobre lo primero, la alcaldesa aseguró que los proyectos que tiene la ciudad no pueden esperar: “El metro de Bogotá había estado esperando por más de 60 años, esperando hoy, no está esperando hoy, se está construyendo la primera línea del metro y este año contratamos la segunda línea hasta Suba y Engativá. El Plan de Ordenamiento Territorial no podía seguir 17 años esperando, hoy es una realidad, se está ejecutando”.Ante los asistentes, la alcaldesa habló de tecnología, innovación y cambió; sobre esto último dijo que: “Que el cambio nunca signifique parar, obstruir y mucho menos destruir, que el cambio siempre signifique valor público y privado, confusión de intereses, mejoras”.Además la alcaldesa habló del tema de regulación de plataformas que ha sido controversia por cuenta del proyecto de ley del Gobierno a través de la Superintendencia de Transporte para desconectar las aplicaciones de movilidad como Uber, Didi, Cabify, entre otras.López mencionó al ahora director del Icetex, Mauricio Toro, quien se encontraba en la audiencia y quien en su paso por el Congreso lideró debates para regular las plataformas digitales.“Podemos promover la ciencia e innovación en unas aéreas y prohibirlas en otras. Mencionaba a Mauricio porque lo vi batallar cuatro años en el Congreso para aprobar una ley que regule las aplicaciones. La ciencia y la tecnología en ningún momento de la humanidad se va parar y prohibir, se tienen que regular, adaptar”, enfatizó al alcaldesa.Le puede interesar:
Ante la polémica que ha suscitado el proyecto en el que trabaja la Superintendencia de Transporte con el que se endurecerían las multas contra las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, aseguró que su entidad viene desde hace dos meses sosteniendo reuniones con los actores del transporte del país en la construcción de este proyecto de ley. Además, que lo van a seguir discutiendo como también lo pidió el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.“No hemos cerrado la discusión, los señores de las plataformas han estado sentados en el ministerio, han estado sentados aquí (sede de la superintendencia), no es que los estamos invitando ahora a última hora, han estado sentados en el debate. Venimos discutiéndolo con todos los interesados, ellos sabían que iba a salir una tercera versión que recogía muchas de las observaciones que incluso ellos hicieron. No, no es que, si vamos a discutirlo ahora que hubiese pasado, siempre los hemos advertido, que estamos en una etapa de construcción, recogiendo las observaciones de todo el sector”, dijo a Blu Radio la superintendente, Ayda Lucy Ospina.Ospina fue contundente y afirmó que no es que se comenzará a discutir con los representantes de las plataformas hasta ahora y que han estado presentes en todo momento, agregando que: “No, no acepto que digan que no se ha sido discutido con los sectores, que no hay acuerdo en algunos aspectos es otra cosa, ha habido discusión con todos los sectores, hasta con los señores que representan a las plataformas”.La superintendente también aseguró que no son ciertas las afirmaciones que han circulado sobre el hecho de que aprobado este proyecto de ley se acabaría completamente el funcionamiento de las plataformas de transporte en Colombia.“Nunca hemos pretendido ni desconectarlos indefinidamente ni hacer que desaparezcan, ni mucho menos de, como han tratado de dar los mensajes, que es una medida extrema que solamente se adaptaría una vez se haga un análisis de todo el impacto de la afectación del servicio”, puntualizó.Le puede interesar:
La Superintendencia de Transporte prepara un proyecto de ley que endurece las sanciones contra las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, Didi o Picap. Los usuarios que se movilicen en estas aplicaciones podrían ser multados, mientras que a los conductores las autoridades podrían inmovilizarles el vehículo entre uno y tres meses.Además, se podría imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de bodegas y otros inmuebles que le arrienden a las plataformas de transporte. Desde Alianza In, el primer gremio de aplicaciones e innovación en Colombia, advierten que esta medida dejaría sin ingresos a cerca de 100.000 personas.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el debate se centro en qué pasaría en Colombia si se llegan a prohibir todas las aplicaciones de transporte que actualmente funcionan. Para Samai Camacho, líder de conductores de plataformas desde hace ocho años, “hay un término incoherente” que se ha venido manejando.“Nos llaman ilegales, nosotros estamos regulados, no hacemos nada bajo la ilegalidad, trabajamos honestamente”, subrayó Camacho en Blu Radio.Asimismo, hizo un llamado al Gobierno nacional para que, al momento de adelantar todo lo relacionado a la regulación de las aplicaciones, tengan en cuenta “la voz y experiencia”, al igual que la de los usuarios.Rafael Gaviria, presidente de la Asociación de Usuarios y Conductores Distrito Privado, opina lo mismo, pues asegura que el mensaje del Gobierno “es confuso” y ha sido “una tarea titánica establecer comunicación con el Ministerio de Transporte”.Al debate también se unió Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, quien aseguró que en Colombia hay 24 aplicaciones habilitadas con permisos para operar, pero que las “empresas extranjeras no se acogieron” a los decretos y resoluciones.“(…) Pero tenemos unas (empresas) extranjeras que vienen a robarse el dinero de los taxistas del país y no lo vamos a permitir”, puntualizó Ospina.En ese sentido, dijo que algunas de las plataformas de transporte están incumpliendo las normas que se establecieron anteriormente. Argumento al que respondió Samai Camacho, quien señaló que cientos de familias dependen de este modelo de trabajo y lo que necesitan ahora es sentarse a dialogar.“Las leyes que se han hecho en Colombia son de corte reactivo, leyes diseñadas para solucionar momentáneamente un problema”, agregó Gaviria.Escuche el debate completo en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Es viral un video en el que en la noche del lunes, 30 de enero, se ve a un policía sacando de su carro, y de manera muy violenta, a uno de los conductores de Uber que estaba protestando en Bogotá.¿Qué pasó?Este conductor estaba bloqueando la calle 26 con carrera 82, pero luego de ser solicitado por la Policía, trató de huir y en medio de las maniobras de escape se llevó por delante a cinco uniformados, entre ellos al coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.El coronel Barrios habló en Mañanas Blu y explicó que un grupo de conductores estaba obstaculizando la avenida que conecta con el aeropuerto de Bogotá, por lo que iban a hacer un proceso de inmovilización por bloqueo de la vía.En ese momento que el coronel Barrios se encontraba en la parte delantera del carro, desde donde solicitó los documentos del vehículo. El conductor, de repente, aceleró y se llevó por delante al policía, provocando que este terminara sobre el techo y posteriormente cayera en un costado.Empezó una persecución y allí fue que el policía terminó rompiendo el vidrio del carro para poder capturar a este conductor, al que le inmovilizaron el carro y a esta hora es procesado por las autoridades judiciales.El coronel Barrios, durante la mañana de este martes, 31 de enero, está siendo valorado en el hospital central de la Policía por "posibles fracturas en la mano, en la cadera y en una pierna".El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema en Twitter, señalando que el integrante de la policía, a pesar de la presión que pueda surgir, como ver a un compañero atropellado, debió autocontrolarse."Su actuación siempre debe estar bajo la ley y la constitución; en eso consiste su profesionalismo".Habló también sobre este hecho el coronel Eiver Alonso de la Policía de Bogotá, quien informó que en total la Policía inmovilizó 17 carros particulares e impuso 36 comparendos a las personas que estaban protestando.Por otra parte, la alcaldesa Claudia López también se pronunció esta mañana sobre las protestas, diciendo que Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del Gobierno nacional termine en zozobra y bloqueos.
Un proyecto de ley que se cocina en la Superintendencia de Transporte, que ya fue publicado para comentarios, dejaría sin operación las plataformas que hoy prestan servicios de transporte en Colombia, como Uber, DiDi e InDriver.El documento de la Superintendencia, que lidera Ayda Lucy Ospina, señala que estas plataformas “atentan de manera directa contra la legalidad del servicios público y son competencia ilegal para otros, como los taxistas”.El objetivo es bloquear la operación de las aplicaciones, pero también multas de hasta 21 millones de pesos para cada operador, administrador o agente de la plataforma. Además, los dueños serían responsables de un valor mayor, el cual sería calculado según los ingresos mensuales brutos del comercio. Lo que despertó más molestia: se incluye la inmovilización de los carros por entre 1 y 3 meses.Pero hay más: el proyecto también prevé sanciones para los millones de usuarios de las aplicaciones que podrían pagar multas de hasta 10 millones de pesos.Conocido el borrador de ese proyecto, José Daniel López, presidente del gremio Alianza In, encendió las alertas y dijo que el Gobierno está pensando en dejar 100.000 personas sin ingresos porque, según estudios de Fedesarrollo, esa es la cifra de quienes trabajan en las aplicaciones.Aquí se mezclan muchos problemas: el uso de plataformas que por años el Estado no ha podido regular, la cantidad de personas que ya viven o ya usan esas apps y cuidado porque no es sano que en una democracia los gobiernos piensen en bloquear contenidos en internet.Ante tanta polémica, por un tema tan sensible, respondió el ministerio de Guillermo Reyes diciendo que la discusión apenas comienza y tirándole la pelota al Congreso, que al final tendrá la última palabra en este proyecto que llegará al Capitolio.
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