El encuentro anunciado entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega después de un año marcado por choques diplomáticos, señalamientos directos y decisiones que pusieron al límite la relación entre ambos países. Desde comienzos de 2025, los gobiernos han atravesado al menos siete crisis que explican la tensión con la que se espera el cara a cara en la Casa Blanca.La primera estalló en la madrugada de enero de 2025. A las 3:41 a. m., Petro trinó desautorizando la entrada a Colombia de aviones estadounidenses con migrantes deportados. Según explicó después, reaccionó tras ver un video en el que los colombianos aparecían esposados. La respuesta de Trump fue inmediata: desde Truth Social anunció el cierre de la oficina de visas en Colombia, un arancel del 25 % a las exportaciones colombianas, la revocatoria de visas a altos funcionarios y la revisión de ayudas al país.Tras contactos liderados por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, Daniel García Peña y Laura Sarabia, Colombia dio marcha atrás, aceptó recibir a los migrantes y anunció el envío de aeronaves de la Fuerza Aérea para recogerlos.Meses después, en julio de 2025, Petro volvió a sacudir la relación al acusar a funcionarios del Gobierno de EE. UU. de hacer parte de un plan para sacarlo del poder, supuestamente liderado por su excanciller Álvaro Leyva. El señalamiento incluyó reuniones con congresistas republicanos. En respuesta, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a consultas al encargado de negocios estadounidense en Colombia. Días después, ambos gobiernos retiraron a sus funcionarios.La tercera crisis se produjo el 27 de septiembre de 2025, cuando Petro, desde Nueva York y en el marco de su defensa de Gaza, llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump. El Departamento de Estado reaccionó con dureza y anunció la revocación de la visa del mandatario colombiano y de varios altos funcionarios de su Gobierno.El choque volvió a escalar el 20 de octubre, cuando Trump aseguró públicamente que Petro era un “líder del narcotráfico” y sugirió cortar pagos y ayudas a Colombia. Petro respondió cuestionando bombardeos de EE. UU. en el Caribe y denunciando violaciones a la soberanía nacional. La Cancillería calificó las declaraciones como ofensivas y el embajador Daniel García Peña fue llamado a consultas.Pocos días después, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, a su hijo Nicolás Petro, a su esposa Verónica Alcocer y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista OFAC. El argumento fue el aumento de la producción de cocaína durante su gobierno. Petro rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.La tensión no cedió. En noviembre de 2025 se conoció un fotomontaje tomado en el Despacho Oval que mostraba a Petro y a Nicolás Maduro con overoles naranjas de presos en EE. UU. Colombia presentó una nota de protesta y el presidente calificó el hecho como un irrespeto al país.La crisis más delicada llegó el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Petro reaccionó con trinos, comunicados y la convocatoria de consejos de seguridad; pidió reuniones urgentes de la OEA y la ONU y ordenó medidas preventivas en la frontera. Trump respondió sugiriendo una posible operación en Colombia y volvió a lanzar ataques personales contra el mandatario colombiano.Tras días de tensión, el 7 de enero se concretó una llamada entre Petro y Trump, facilitada por el senador republicano Rand Paul. Después del contacto, el tono del presidente colombiano cambió y Trump extendió una invitación formal a la Casa Blanca. La reunión quedó programada para el 3 de febrero.
La ex alta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini y otros dos detenidos en la víspera han sido imputados este miércoles por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga.La Policía Federal belga realizó este martes registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación.La investigación se centra en si el Colegio de Europa, centro del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.Además de Mogherini, fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado.La fiscalía se limitó a anunciar la imputación de "la rectora y un alto cargo" del Colegio de Europa, así como de un alto funcionario de la Comisión Europea, sin hacer públicas las identidades de los imputados.La EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, precisó que, de momento, no hará públicos más detalles de la investigación para no comprometer su resultado y señaló la presunción de inocencia de los tres imputados.
Función Pública tiene listo un borrador de decreto que eliminaría varios de los requisitos actualmente exigidos para ser embajador o cónsul, modificando un decreto vigente desde 2015.“En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencian profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años”, se lee en el documento.Sindicatos de Cancillería rechazan iniciativaLa iniciativa encendió las alertas entre los sindicatos de la Cancillería, que preparan un comunicado para rechazar la propuesta al considerar que crea una desventaja frente a los funcionarios de carrera diplomática.Camilo Vizcaya, presidente de Asodiplo, afirmó que la medida representa “una reducción absoluta de los requisitos para ser embajador o cónsul general”. Recordó que quienes alcanzan estos cargos dentro de la carrera diplomática “debe haber cursado al menos 25 años, realizado exámenes de ascenso y actualización”, por lo que ven una “inequidad” frente a los embajadores actuales."Y entonces al ver este tipo de proyectos normativos nos preocupa porque estamos entonces improvisando y dándole la batuta del más alto nivel de la diplomacia colombiana a personas que posiblemente no van a tener los requisitos, la preparación, la experiencia que se requiere y eso lo que hace entonces es desmejorar naturalmente la diplomacia colombiana y nos pone en desventaja frente a los demás cuerpos diplomáticos del mundo”, agregó.Según Vizcaya, mientras hoy los nombrados por el presidente deben acreditar una carrera profesional, maestría y una segunda lengua, el borrador solo exige ser mayor de 25 años. “Es preocupante, más cuando estamos en una campaña y existe el riesgo de que esto se utilice con fines políticos”, agregó.El presidente de Unidiplo señaló que esperarán el periodo de comentarios del decreto y advirtió que, si es firmado, emprenderán acciones judiciales.
La nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos por ahora pareciera controlada, a pesar de que en principio se habló de la posibilidad incluso de que se produjera la expulsión del país del encargado de negocios John McNamara.El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió que por ahora no llamará a consultas al embajador en Washington Daniel García-Peña, aunque sí envió una nota al Departamento de Estado pidiendo una aclaración sobre la publicación de la foto de la discordia en la página de la Casa Blanca, en la que aparece una imagen generada con Inteligencia Artificial del presidente Gustavo Petro con uniforme de detenido, al lado de Nicolás Maduro, en un dossier preparado por la oficina del senador de origen colombiano Bernie Moreno.La clave para que Colombia decida cuál es el siguiente paso, será la respuesta oficial del Departamento de Estado a la nota enviada por la Cancillería, más allá de las declaraciones del subsecretario Cristopher Landau. La tarea diplomática de los expertos colombianos en Washington será lograr una explicación formal frente a la incomodidad del presidente Gustavo Petro.A la espera de una respuesta oficial, hay que tener en cuenta como un elemento clave para bajarle el tono a la polémica que el documento que detonó esta nueva crisis fue preparado por la oficina del senador Moreno y no por la Casa Blanca.De manera simultánea, la diplomacia colombiana en Washington intenta mantener activos los canales de comunicación con el Departamento de Estado, a pesar de las dificultades ocasionadas por las crisis sucesivas y de manera paralela, hay una actividad intensa en las oficinas de los congresistas estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, intentando meter en el congelador, la creciente tensión entre los dos países.
Hay una serie de denuncias sobre unas presuntas irregularidades en los recientes traslados de funcionarios de carrera diplomática, señalando que se estarían vulnerando principios establecidos en el Decreto Ley 274, que regula esta materia.Esto tiene que ver con que en lugar de aplicar el principio de alternancia de cuatro años en las misiones en el exterior, las autoridades habrían implementado una práctica que permite traslados anuales.Según las denuncias, esto afecta el desempeño de los funcionarios, pues en ese tiempo apenas comienzan a establecer contactos y, en algunos casos, a aprender el idioma del país de destino.Actualmente existen cerca de 1.000 cargos diplomáticos, de los cuales apenas un poco más de 400 corresponden a la carrera. La fuente consultada señala que lo que antes era una excepción nombrar personal por necesidad del servicio se convirtió en una costumbre que ha deteriorado la gestión en el exterior.La preocupación aumenta porque, en los últimos meses, más de 40 diplomáticos de carrera habrían sido trasladados sin cumplir con los requisitos ni con los tiempos mínimos exigidos.Cada movimiento de este tipo, según cálculos internos, le cuesta al país entre 70 y 90 millones de pesos, lo que implica un alto impacto fiscal.En Blu Radio consultamos al abogado constitucionalista Germán Calderón España quien aseguró que: “Ese principio fue implementado para que desde la óptica en que crearon ese decreto ley se mantuviera una rosca de por vida en el poder y en el servicio diplomático y consular”.Calderón España señala además que el Consejo de Estado adoptó una decisión en favor del cumplimiento estricto de la alternancia, desde ahí el Tribunal, acatando la línea jurisprudencial, ha venido tumbando todos los nombramientos desde hace un tiempo.“Eso le hace un daño muy grande al erario público porque alternar es muy costoso, pues equivale a cambiar personal casi cada año con las consecuencias que acarrea, porque trasladar a un funcionario de carrera equivale a trasladar a su familia y demás aspectos que se surten alrededor. Es un tema muy costoso que la justicia no le ha puesto cuidado”, dijo el jurista.
El sindicato de la Cancillería Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, denunció que, desde hace cuatro semanas, las oficinas en el exterior de Colombia no han recibido las valijas diplomáticas afectando la prestación de los servicios consulares.“La valija diplomática es la paquetería que contiene la correspondencia oficial entre un Gobierno y sus embajadas y consulados en el exterior. Entre los documentos más importantes que se envían allí están los pasaportes y cédulas que los connacionales tramitan en los consulados”, explicaron desde el sindicato.Además, este grupo de trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el retraso ha generado una sobrecarga y presión indebida a los funcionarios consulares que no tienen cómo dar una respuesta de posibles soluciones perjudicando la confianza de los ciudadanos.“Lamentamos profundamente el completo silencio por parte de la Cancillería en Bogotá frente a este asunto. La ausencia de información oficial obstaculiza el trabajo de los funcionarios en el exterior y afecta directamente el buen nombre del servicio diplomático y consular”, alertó el sindicato.Este reclamo de Unidiplo se suma a los que han emitido en varias ocasiones contra la Cancillería y el gobierno del presidente Gustavo Petro como el planteado en junio pasado cuando el mandatario pidió flexibilizar los requisitos consulares y eliminar el idioma inglés para quienes aspiraban a ser embajadores.En ese momento, el sindicato pidió al Gobierno no estigmatizar la carrera diplomática.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el nombramiento de la exministra Irene Vélez al considerar que se hizo un uso indebido de la figura de la provisionalidad.Según el fallo, al momento de su designación por parte del Gobierno nacional, existían funcionarios de carrera diplomática y consular que ya habían cumplido más de 12 meses en el servicio exterior, lo que hacía improcedente recurrir a la provisionalidad.Esta figura, según lo establecido por el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, solo debe aplicarse como medida excepcional o como último recurso.El Tribunal concluyó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ofreció la vacante a los funcionarios que cumplían con los requisitos y, en cambio, nombró a una persona ajena a la carrera diplomática, contrariando las normas vigentes. En el proceso quedó claro que había al menos 26 funcionarios disponibles que podían ocupar el cargo.La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) y por la abogada Ximena Echavarría, quienes alegaron que la designación violaba los principios de la carrera diplomática.“Lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino la credibilidad de nuestro sistema de carrera pública”, afirmó Echavarría a través de un comunicado. Los demandantes también argumentaron que Vélez no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo, como el dominio de un segundo idioma y experiencia en política exterior.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el nombramiento, afirmando que los 35 funcionarios de carrera en la categoría de consejero ya estaban cumpliendo con sus respectivos turnos de alternancia. Agregó que movilizar a los que habían superado los 12 meses en el exterior habría generado un impacto fiscal considerable, por lo que se optó por acudir a la provisionalidad para asegurar la continuidad del servicio consular.A pesar de estos argumentos, el Tribunal consideró que no se justificó debidamente el uso de la figura provisional y falló a favor de los demandantes.
La actual crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha sido calificada por expertos como la más grave en las últimas tres décadas. Así lo expresó con claridad la excanciller María Emma Mejía en entrevista en Sala de Prensa: "Es la peor de las crisis, más grave que la crisis de hace 30 años".La magnitud de esta confrontación radica no solo en el retiro de visas a altos funcionarios y las tensiones políticas con el presidente Donald Trump, sino en la ausencia de embajadores en Bogotá y Washington. “Estamos sin canciller y sin Cancillería. La política exterior se dirige desde la Casa de Nariño, no desde el Palacio de San Carlos, y eso es un error garrafal”, afirmó Mejía.La excanciller también hizo un llamado urgente a recuperar la institucionalidad y a actuar con inteligencia diplomática. Según ella, el presidente Gustavo Petro no ha dimensionado la gravedad del momento: “No parece entender la importancia de esta crisis ni lo que significa para Colombia entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en seis meses”.Por su parte, Nicolás Lloreda, exembajador de Colombia en Canadá, trazó paralelos con la crisis de los años noventa en entrevista en Sala de Prensa. Sin embargo, subrayó una diferencia clave: “En esa época, el Gobierno colombiano y los empresarios hicieron todo lo posible por mantener viva la relación. Hoy, en cambio, hay un distanciamiento profundo y una falta de voluntad política para reconstruir puentes”.Lloreda advirtió sobre el riesgo de utilizar esta confrontación como bandera política interna, como ya ocurrió en el pasado: “No es descartable que el Gobierno actual trate de utilizar esta fisura como estrategia política y ganar simpatías bajo el discurso del antiamericanismo”.Ambos exdiplomáticos coincidieron en la necesidad de un manejo cuidadoso y silencioso. “Trump se maneja con discreción, no con confrontación pública. El que se le para de frente, pierde”, dijo Lloreda, citando ejemplos como México y Canadá, cuyos Gobiernos han optado por bajar el perfil y evitar el choque frontal.Las implicaciones para el ciudadano de a pie son graves: aranceles, pérdida de acceso a visas, y trabas comerciales. Como concluyó Mejía: “Es una crisis profunda que, si no se atiende ya, tomará años reconstruir. Colombia no puede permitirse ese lujo”.La relación con Estados Unidos —principal socio comercial y aliado estratégico— pende de un hilo. El reto ahora es rescatar el diálogo diplomático antes de que la fisura se convierta en una fractura irreversible.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de la prestigiosa Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, anunció la apertura de inscripciones para el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2027. Esta es una oportunidad única para profesionales colombianos que sueñan con representar al país en el ámbito internacional.Las inscripciones están oficialmente abiertas desde el martes 1 de julio a las 8:00 a.m. y cerrarán el martes 8 de julio a las 5:00 p.m. (hora de Colombia). ¡No pierdas tiempo, el plazo es corto!Esta convocatoria pública de méritos tiene como objetivo seleccionar hasta 25 profesionales que tendrán el privilegio de formar parte del Curso de Capacitación Diplomática y Consular durante el año 2026. Aquellos que aprueben este riguroso proceso académico serán nombrados en período de prueba como Tercer Secretario de Relaciones Exteriores en el año 2027. Una vez superado el período de prueba con calificación satisfactoria, serán inscritos en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular.¿Cómo puede inscribirse al concurso de carrera diplomática? El proceso es completamente digital. Puedes realizar tu inscripción a través del siguiente enlace: https://academia.cancilleria.gov.co/aspirante/registrarSolicitud.aspx. Una vez inscrito, también puedes verificar el estado de tu solicitud aquí: https://academia.cancilleria.gov.co/aspirante/actualizarSolicitud.aspx.Para ser parte de esta importante convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos fundamentales:Ser colombiano y no tener doble nacionalidad.Poseer un título profesional oficialmente reconocido, expedido por un establecimiento de Educación Superior. ¡Se aceptan todos los títulos profesionales!.Presentar un certificado de idioma de uso diplomático en nivel B1 o su equivalente, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y la Resolución 18035 del 21 de septiembre del 2021 del Ministerio de Educación.No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos ni haber sido suspendido del ejercicio de su profesión.
El Gobierno ha propuesto una nueva resolución para revisión pública, con el objetivo de hacer más accesible la carrera diplomática mediante la reducción de requisitos. Uno de los cambios más controversiales es la disminución del nivel de idioma requerido: de un mínimo B2 a un mínimo B1.Además, la resolución contempla beneficios específicos para grupos históricamente marginados, como personas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, pueblo rom o raizales, así como para quienes están clasificados en el Sisbén A y B, y víctimas del conflicto armado. Estos grupos recibirán un incremento del 5 % en el puntaje de la fase 1, acumulable para el puntaje final según la resolución.Estos ajustes han generado preocupación entre los principales sindicatos de la Cancillería, quienes están expresando inquietudes sobre los posibles impactos de estos cambios.Para hablar sobre el tema se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, María Angélica García, presidenta de Unidiplo (Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática).“El concurso para ingresar a la carrera diplomática es abierto para todos los colombianos. Es gratuito, es decir, cualquier colombiano de cualquier extracción socioeconómica de cualquier etnia, grupo poblacional puede acceder, siempre ha podido acceder y es gratuito”, señaló.La carrera diplomática es fundamental para cualquier país, ya que son los funcionarios de carrera quienes representan al Estado en las relaciones internacionales. Son ellos quienes llevan a cabo las negociaciones, defienden los intereses nacionales y atienden a los colombianos en el exterior.García destacó la importancia de que los funcionarios de carrera estén debidamente preparados y formados en temas diplomáticos y consulares. Señaló que tener personas no calificadas en puestos consulares puede afectar la atención y el servicio que se brinda a los connacionales.En cuanto al proceso de selección, hizo énfasis en la necesidad de promover la inclusión y dar oportunidades a los jóvenes de diferentes regiones del país. También resaltó la importancia de que el ingreso a la carrera diplomática se base en el mérito y la capacidad, y no en conexiones políticas.Además, hizo un llamado a que la mayoría de los altos puestos diplomáticos estén a cargo de personas formadas en la materia. Destacó que esto no solo beneficiaría la atención a los connacionales, sino que también haría que Colombia sea más competitiva a nivel internacional.La presidenta de la Unidiplo enfatizó que la carrera diplomática es una profesión que debe ser tomada en serio y que requiere una formación y preparación adecuada. Hizo un llamado a que se promueva un cambio estructural en el servicio exterior para mejorar la calidad del servicio que se brinda y garantizar la representación adecuada del país.Escuche la entrevista completa:
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
