El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado la decisión de decretar estado de excepción por un periodo de 60 días debido a lo que ha denominado una "grave conmoción interna y calamidad pública" derivada de la crisis energética que enfrenta el país.El embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador, se halla en el epicentro de la crisis energética que aqueja al país andino, generando controversia sobre las causas que llevaron a esta situación.Con una capacidad de almacenamiento de 410 millones de metros cúbicos de agua, este embalse está ubicado en la provincia sureña andina de Azuay y abastece a un conjunto de tres centrales hidroeléctricas con una potencia total de 1.757 megavatios, equivalente a más de un tercio de la demanda nacional.El decreto también establece que el Ministerio de Economía asignará los recursos necesarios para abordar el estado de excepción, pudiendo utilizar los fondos públicos requeridos para ello, con la excepción de aquellos destinados a salud y educación, según informa Ecuavisa. El Gobierno admitió el miércoles que el embalse de Mazar carece de reservas para la generación de electricidad y se encuentra fuera de operación desde el martes por la tarde.el Gobierno de Ecuador presentó una denuncia por presunto sabotaje contra veintidós personas por presuntamente ocultar información y no dar las alertas correspondientes frente a este escenario, y entre ellas está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, quien el viernes había declarado que se descartaban los apagones a corto plazo.A esta crisis energética de Ecuador se suma también la suspensión del suministro de electricidad de Colombia, que afronta también una situación de sequía grave y no cuenta con excedente de energía para exportar.Por ello, el Gobierno de Ecuador suspendió para este jueves y viernes la jornada laboral y escolar, pues se programaron para ambos días cortes del suministro eléctrico de hasta ocho horas, en franjas horarias que varían por zonas de acuerdo a cada empresa comercializadora.
Tras conocerse que los 13 presos repatriados desde el Ecuador estarán recluidos en la cárcel de Ipiales, Nariño, la cifra de presos colombianos que llegarían al país paulatinamente es de 1500.Ante esto, el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, confirma que la disponibilidad en temas carcelarios para recibir a estos internos es de 12 pabellones distribuidos en 126 cárceles a lo largo del país.En un inicio se pensaba que estos presos provenientes desde el Ecuador llegarían masivamente, pero, se confirmó que su ingreso al territorio será progresivo y que entre tanto se estudiarán los procesos basados en las cartillas geográficas para darle orden al cumplimiento del ‘Convenio Esmeralda’ que habla acerca de la repatriación.“Hay una comunicación que lidera el Ministerio de Justicia, a través de la comisión de repatriación, en donde se recibe la información de cada interno y que cumplan con los requisitos de estos colombianos que están allá en Ecuador”, expresó Gutiérrez.Ante el cuestionamiento sobre si existe la posibilidad de que aquellos presos que no estén condenados por delitos mayores puedan obtener el beneficio de casa por cárcel, el director del Inpec aclaró los internos vienen desde Ecuador con condiciones de prisión intramural, y que una posible detención domiciliara dependería de la decisión que tome el juez en cada caso.
Los líderes del cartel de Sinaloa (México) y de los comandos de frontera de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encuentran dentro de la lista de "objetivos militares de grupos terroristas" publicada por el Gobierno de Ecuador como parte del "conflicto armado interno" que tiene declarado contra las bandas del crimen organizado.La Presidencia de Ecuador difundió en la madrugada de este viernes un listado con nombres y fotos de los principales líderes de grupos del crimen organizado transnacional cuya actividad ilícita, principalmente ligada con el narcotráfico, tiene incidencia en territorio ecuatoriano.Como objetivos de máxima importancia figuran Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado el heredero de Joaquín 'El Chapo' Guzmán dentro del cartel de Sinaloa, y también Giovanny Andrés Rojas ('Araña'), del que se presume que está a cargo de los comandos fronterizos de la Segunda Marquetalia, la mayor disidencia de las FARC.Con la difusión de esta lista se constata el vínculo que ejerce Ecuador dentro de las rutas del narcotráfico como país de conexión entre la producción de cocaína en Colombia con los carteles de México que se encargan de hacerla llegar hasta Estados Unidos.Dentro de esa relación funcionan en Ecuador un conjunto de bandas criminales ecuatorianas, a las que las autoridades las consideran las principales causantes de la ola de violencia que vive el país y que ha hecho que sea de los primeros en homicidios en Latinoamérica, al rondar los 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.Entre los capos criminales de Ecuador que figuran en esta lista está José Adolfo Macías ('Fito'), considerado el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en el país, y que se encuentra prófugo desde inicios de año, cuando se fugó de la cárcel donde cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.También está en este listado Wilmer Chavarría ('Pipo'), que ejerce presuntamente de líder de Los Lobos, la principal competencia de Los Choneros, y de quien se especula que dirige esta organización criminal desde fuera de Ecuador.Asimismo, en el grupo de Los Lobos también se encuentra Carlos Angulo ('El Invisible'), al que la Policía ecuatoriana ha señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, cuyo crimen planificó supuestamente desde la cárcel.Entre ellos está igualmente Fabricio Colón Pico ('Capitán Pico'), presunto lugarteniente de Los Lobos que a inicios de año, durante la serie de motines simultáneos que se registraron, logró fugarse después de haber sido detenido con la denuncia de la fiscal general, Diana Salazar, de estar planificando un atentado contra ella.Con la declaración de "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa a princpios de enero, estas bandas criminales pasaron a ser consideradas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por la Policía y las Fuerzas Armadas.
En la cárcel judicial de Ipiales, frontera sur entre Colombia y Ecuador, fueron recluidos, de manera provisional, once hombres y dos mujeres entregados por la justicia de Ecuador, siendo este el primer grupo de colombianos repatriados, de acuerdo con lo ordenado por el presidente Daniel Noboa.Jairo Otero, director de migración Colombia seccional Nariño, dijo a Blu Radio que este grupo de personas estaban se encontraban en el Centro de Privación de Libertad de la provincia del Carchi en el norte del Ecuador, en donde fueron condenados por el delito de narcotráfico.Otero aseguró que las 13 personas fueron recibidas en el puente internacional de Rumichaca bajo un estricto operativo de Policía que fue coordinado por los dos países.“De acuerdo con las informaciones de la justicia del ecuador solo se han aceptado cerca de 103 carpetas de colombianos que ya cumplieron la mitad de sus condenas y podrían ser repatriados en grupos pequeños”, aseguró Otero, director de Migración Colombia seccional Ipiales."Este es un proceso que se ha manejado con mucha discreción por parte de las dos cancillerías para evitar que haya inconvenientes ya que el Ecuador decidió descongestionar las cárceles de su país", aseguró el funcionario.Manifestó que una vez se logre establecer si las personas repatriadas tienen o no cuentas pendientes con la justicia colombiana, se determinara el sitio donde terminaran de cumplir sus condenas.La identidad y sitios de origen de los repatriados por el momento se mantiene en absoluta reserva.
Una tragedia sacude a la comunidad de Guayaquil, Ecuador, tras el cruel asesinato de Milton Rivera, un hombre de 56 años con más de 15 años al volante de buses urbanos en en esa ciudad. La noche del lunes 15 de abril, su propia hija presenció impotente cómo su padre fue asesinado a tiros mientras conducía, en la misma zona del suroeste donde había vivido gran parte de su vida.El responsable de este acto atroz habría sido Bryan Daniel Ramírez Guerrero, un adolescente de apenas 14 años. Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), el joven enfrentará un internamiento preventivo por el delito de robo con resultado de muerte, decisión tomada por un juez este martes, informó Ecuavisa. A su vez, Erick Ismael Espinoza Farfán, de 24 años y con antecedentes penales, también fue capturado en relación con el caso y enfrentará un proceso judicial independiente debido a su condición de adulto.Así fue el crimen contra este chofer en EcuadorLos hechos ocurrieron a bordo del bus de la línea 45, donde Ramírez, Espinoza y otro individuo aún prófugo abordaron el vehículo. Tras robar a los pasajeros, perpetraron un brutal ataque contra el conductor, despojándolo de todo el dinero recaudado y su bolso personal. A pesar de no oponer resistencia al atraco, Rivera fue víctima de dos disparos en la cabeza por parte de los delincuentes, falleciendo instantáneamente.Video del crimen (imágenes muy sensibles)La escena del crimen se desarrolló a pocos metros de la estación, en presencia de la hija del conductor, quien suplicaba por la vida de su padre mientras este era atacado. Según el comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, Víctor Herrera, los detenidos ya habían perpetrado otros robos en la misma línea de buses, revelando un preocupante patrón delictivo en la zona.La noticia ha conmocionado profundamente a la población guayaquileña, generando un clamor por justicia y seguridad en las calles. Mientras tanto, la familia de Milton Rivera y la comunidad en general lamentan la pérdida de un hombre trabajador y querido, cuya vida fue truncada de manera injusta y violenta.
El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas lanzó un llamado de auxilio a los presidente de Colombia y México para que intercedan a su favor, luego de ser detenido en un asalto policial a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril."Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme", escribió Glas al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en un manuscrito fechado el 15 de abril y conocido por la AFP este jueves.El exfuncionario, sobre quien pesa una condena por corrupción, se encuentra en una cárcel de alta seguridad de Guayaquil, Ecuador.La incursión armada para capturarlo condujo a México a romper relaciones con Ecuador y a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).Quito considera ilícito el asilo político otorgado a Glas un día antes de la operación policial, alegando que esa figura excluye los delitos comunes.Pero el Gobierno mexicano considera que hay indicios de una persecución política contra el exnúmero dos del gobierno del presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que se refugió en la embajada en diciembre pasado cuando se hallaba en libertad condicional.Glas, de 54 años, también agradece a López Obrador por el asilo y le pide "perdón como ecuatoriano" por la irrupción en la sede diplomática."Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. Solo la ayuda internacional puede hacer algo", subrayó el exvicepresidente tanto a López Obrador como al mandatario colombiano Gustavo Petro.En su mensaje a Petro, también del 15 de abril, Glas afirma además que fue sacado de la embajada con "tortura".Un video del interior del edificio, anexado por México a su demanda, muestra a los agentes cargando a Glas aparentemente esposado, y también cuando arrastran por el cuello al diplomático mexicano Roberto Canseco.Petro había anunciado previamente que pediría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de Glas, quien debió ser hospitalizado entre el 8 y 9 de abril por negarse a recibir alimento en el reclusorio, según las autoridades ecuatorianas.El exvicepresidente se refugió en la embajada luego de que la justicia dictara una orden de arresto en su contra por otro supuesto caso de corrupción.
El Gobierno de Ecuador ha tomado medidas drásticas ante la crisis energética que ha sacudido al país desde el pasado domingo. Con apagones y una capacidad insuficiente para satisfacer la demanda interna de electricidad, se ha decretado la suspensión de la jornada laboral para este 18 y 19 de abril.En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el científico ecuatoriano Inty Grønneberg, embajador del Ambiente y Bioeconomía designado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador, proporcionó un análisis detallado de las causas de esta crisis.Grønneberg apunta directamente a una falta de cumplimiento del plan de generación eléctrica del país como la raíz del problema. Ecuador, que en el pasado tenía la capacidad de exportar energía, ha descuidado la inversión en nuevos proyectos, lo que ha llevado a una dependencia creciente de la importación de energía del exterior."La realidad que sucede acá en el Ecuador es que no se ha cumplido el plan de generación eléctrica para el país (...) El Ecuador tenía un plan para poder generar mayor capacidad para tener mayores hidroeléctricas, incluso diversificar la forma de cómo creamos energía acá en el país", dijo. El experto señaló que, en lugar de seguir invirtiendo en la generación hidroeléctrica, se optó por un cambio radical hacia la generación privada, lo que ha resultado en una capacidad de generación insuficiente para cubrir las necesidades del país.Una parte significativa de la energía consumida en Ecuador proviene de Colombia, pero según Grønneberg, esto no es suficiente para satisfacer la demanda interna. Además, atribuyó parte de la crisis actual a la falta de planificación y gestión por parte de gobiernos anteriores."Ecuador tiene una capacidad de más o menos producir ocho mil megavatios, redondeando números (...) De eso, el más o menos del ochenta al noventa por ciento depende de la condición de las hidroeléctricas", aseguró. El científico también destacó la importancia de separar los aspectos técnicos de los políticos en esta discusión, descartando las acusaciones de sabotaje o motivaciones maliciosas por parte de políticos. Además, resaltó la necesidad urgente de mejorar la capacidad instalada y prepararse para eventos climáticos extremos, como la sequía que actualmente afecta a la región.Por último, habló sobre el tema de los proyectos de transferencia tecnológica y enfatizó en la importancia de no demonizarlos, pero garantizando una implementación correcta y la minimización de riesgos.
El secretario de la Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta, aseguró este jueves que existen sospechas de que el embalse de Mazar, el de mayor capacidad del país, se vació presuntamente de manera deliberada para agudizar la crisis energética en los días previos al referéndum convocado por el Gobierno sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.Izurieta comentó en una entrevista con el canal Teleamazonas que "se abrieron las compuertas" de la presa del embalse de Mazar y "dejaron correr el agua", hasta dejarlo sin el nivel suficiente para que se pueda operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia en conjunto de más 1.700 megavatios, aproximadamente más de una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad.El embalse se encuentra en el río Paute, dentro de la sureña provincia andina de Azuay, y puede almacenar hasta 410 millones de metros cúbicos de agua.Sin esa infraestructura operativa y con el suministro de electricidad procedente de Colombia también suspendido, Ecuador afronta este jueves apagones programados de hasta ocho horas de duración, por lo que el Gobierno ha suspendido la jornada laboral y las clases escolares tanto para este jueves y viernes.La situación no es nueva, pues a finales del año pasado ya tuvieron que aplicarse apagones para racionar la electricidad con una duración diaria de hasta cuatro horas, la mitad que en este nuevo episodio.Izurieta indicó que estas sospechas sobre el embalse de Mazar, situado en la sureña provincia andina de Azuay, alimentan la denuncia presentada el martes por el Ejecutivo ecuatoriano contra veintidós personas por presunto sabotaje del sector eléctrico.Entre los denunciados está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, que el pasado viernes aseguraba que no habría apagones a corto plazo, algo que comenzó a darse sin previo aviso dos días después en varias zonas del país."Existen denuncias sumamente graves de lo que pasó en los últimos días. La alerta fue dada solamente un día antes, cuando debería haberse dado al menos una semana antes", señaló Izurieta."Si a eso le sumamos todo lo que afectó al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fueron parte de acciones coordinadas para producir que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de la votación (del referéndum)", agregó.El portavoz del Gobierno comentó que "en el área energética es donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción (en Ecuador)"."Hemos tenido una política energética en los últimos veinte años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido de una sola cuenca de agua que está afectada al menos una vez al año, y ahora vemos que hasta dos veces", señaló.Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum impulsado por el Ejecutivo con once preguntas, entre las que destaca el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción.Asimismo, otras cuestiones relevantes de este plebiscito se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, instituir juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y flexibilizar la contratación laboral con contratos por horas.
Un nuevo alcalde fue asesinado a tiros este miércoles en Ecuador, en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, principales causantes, según las autoridades, de la ola de violencia que vive el país.La víctima es José Sánchez, alcalde del cantón (municipio) Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay, según confirmó a través de redes sociales el prefecto provincial, Juan Cristóbal Lloret Valdivieso."Entre sollozos e impotencia funcionarios municipales me acaban de corroborar el asesinato a sangre fría del compañero alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez", anunció Lloret Valdivieso."Expresamos nuestro profundo pesar a sus familiares, amigos y su digno y noble pueblo que lo eligió, al tiempo que exigimos a las autoridades dar con los responsables de este nuevo crimen que enluta Azuay y al Ecuador", añadió.La Alcaldía de Camilo Ponce Enríquez también emitió un comunicado en el que señaló que "en un hecho de violencia, de los que atraviesa el país en estos días, el alcalde fue baleado y producto de ello perdió la vida".De acuerdo a medios locales, en el ataque sufrido por Sánchez, a cargo de presuntos sicarios, también murieron dos personas más, si bien las autoridades aún no han confirmado oficialmente este punto.Sánchez, conocido popularmente como 'Jushico', había denunciado ante la prensa y la Fiscalía un presunto atentado contra su domicilio ocurrido en la noche del 2 de octubre de 2023.El municipio de Camilo Ponce Enríquez, situado cerca de la costa de Ecuador, enfrentaba problemas de minería ilegal en su jurisdicción en torno al río Guanache que el alcalde, dedicado también a la minería, había prometido formalizar.El asesinato de Sánchez se dio apenas tres semanas después de que apareciese asesinada a tiros Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, que con 27 años estaba a cargo del cantón de San Vicente, en la costera provincia de Manabí.Desde inicios de año Ecuador se encuentra en un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Noboa contra veintidós bandas de crimen organizado a las que el Gobierno ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.Estos grupos de delincuencia organizada están dedicados principalmente al narcotráfico, pero también han expandido sus actividades ilícitas hacia otros campos como la minería ilegal o la extorsión.Con ello el presidente ecuatoriano buscaba abordar una ola de violencia sin precedentes que ha aupado a Ecuador hasta el grupo de los países más peligrosos de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.Este nuevo atentado contra una autoridad ocurrió además a escasos tres días de la celebración del referéndum convocado por Noboa para realizar reformas en materia de justicia, empleo y sobre todo seguridad, con diversas herramientas ilegales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
El Gobierno de Ecuador ha emitido un decreto este miércoles, suspendiendo la jornada laboral para los próximos dos días (jueves y viernes), en respuesta a la crisis energética que ha provocado apagones para administrar el suministro eléctrico desde el domingo pasado. Esta medida se toma justo antes de un referéndum propuesto por el Ejecutivo sobre reformas en seguridad, justicia y empleo.El presidente Daniel Noboa firmó el decreto, que establece que las horas laborales perdidas en el sector público serán compensadas con una hora adicional de trabajo en los días siguientes. En el sector privado, la compensación será acordada entre empleadores y empleados.Como resultado de esta crisis, con cortes de energía en diversas áreas del país durante varias horas, Noboa solicitó el martes la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. La acusó de presuntamente ocultar información que podría haber evitado esta crisis, junto con otros altos funcionarios.El decreto no menciona explícitamente la crisis energética que llevó al Gobierno a declarar el martes el estado de emergencia en el sector.Investigaciones en curso revelan indicios de un posible "sabotaje" en el sector eléctrico, según denunció Noboa el martes. La Presidencia informó el miércoles que estas investigaciones sugieren que "altos funcionarios" del Ministerio de Energía y Minas, incluida la exministra Arrobo, "ocultaron deliberadamente información crucial para el funcionamiento del sistema energético nacional".Se ha encontrado evidencia preliminar de que se ignoraron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética para evitar que se conociera la gravedad de la situación, según un comunicado de la Presidencia.Se concluyó que los cortes de energía no solo fueron el resultado de condiciones ambientales, sino también de actos de corrupción y negligencia.La Presidencia recordó la crítica situación de los embalses de las represas de Mazar y Paute, que tienen un almacenamiento operativo del 0 % y del 4 % respectivamente. Además, el caudal de la central Coca Codo Sinclair registró un déficit del 40 % en comparación con el promedio histórico.Según los análisis de la Corporación Centro Nacional de Energía (Cenace), esta situación supera los récords históricos y se advierte que el déficit energético diario del país podría estar entre 22 y 27 gigavatios/hora a partir de abril.
La búsqueda incesante de información para esclarecer este presunto entramado de corrupción que tiene en vilo al Gobierno nacional, tuvo como protagonista a la Procuraduría General de la Nación quien realizó una visita de inspección preventiva a las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), y no encontraron la información completa sobre los contratos vinculados al presunto entramado de corrupción de los carrotanques de La Guajira.UNGRD: Sneyder Pinilla acordó cómo entregará las pruebas a la Fiscalía“Salimos hoy con la preocupación de no tener la información completa, la entidad no tiene un consolidado sobre todo lo que tiene que ver con este escándalo, en este sentido solo se tiene información de la subcuenta “Colombia vital” se estima que hay más de 200 contratos y al menos 20 convenios”, expresó Melgosa.Además, el procurador fue enfático en asegurar que cualquier entidad en el marco de actuaciones como la contratación pública, debe tener desde la etapa precontractual la documento consolidado.Ministerio de Hacienda sí aprobó la adición presupuestal en la UNGRDLa Procuraduría le pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo los informes de supervisión e interventoría sobre todo lo que tiene que ver con la contratación que tampoco ha sido entregada y el procurador delegado calificó esto como “de extrema gravedad”.La inspección preventiva continuará el jueves 9 de mayo, donde se espera que los delegados ante la Procuraduría se reúnan con el actual director de la UNGRD Carlos Carrillo.
A un poco más de un mes de haber iniciado con la ‘vaca’ para las vías 4G en Antioquia, que busca recaudar un billón de pesos para culminar estas obras, se siguen conociendo recursos legales que buscan obtener respuestas sobre posibles irregularidades en el proceso.El más reciente se trata de una queja que el abogado Carlos Mario Patiño interpuso ante la Superfinanciera para que Bancolombia, entidad financiera encargada de recaudar los recursos de la iniciativa, explique las razones que la han llevado a devolver el dinero que han aportado varios congresistas y funcionarios públicos. Este es el caso por lo menos deEsto a raíz también de la demanda de pérdida de investidura que ya el Consejo de Estado admitió en la que Patiño argumenta que el aporte de los políticos se convierte en la suscripción de un contrato con una entidad pública, en este caso la Gobernación de Antioquia, algo que no está permitido por la ley."Están violando el estatuto financiero en el entendido en el que ese banco tiene que resguardar los recursos financieros que se le entregaron en fiducia y esa devolución como he dicho configura un error peor al que cometieron inicialmente", dijo Patiño.Niño deportista antioqueño quiere vender su bicicleta para aportar a la 'vaca' por las vías 4GFrente a la demanda del abogado en un primer momento ya varios de los congresistas implicados, entre ellos los uribistas Andrés Guerra, Esteban Quintero Cardona y John Jairo Berrío López, contestaron que videos en los que muestran pantallazos de consignaciones no se constituyen en un prueba clara de su vinculación a esa iniciativa y que no han realizado ningún aporte.Por su parte, la defensa de la senadora María Fernanda Cabal dijo que fueron notificados por parte de la Secretaría de Hacienda del departamento acerca del inicio del trámite ante la entidad financiera para la devolución de este dinero.
Luego de que el ministro de cultura, las arte y saberes, Juan David Correa, anunciara su intención de cambiar el nombre de la Casa del Inquisidor, ubicada en el centro histórico de Cartagena y donde funcionará una nueva sede de esta dependencia; el presidente Gustavo Petro le pidió que este nuevo nombre sea en homenaje a Benkos Biohó, el cimarrón que lideró la independencia en el palenque de San Basilio.“Ministro, le voy a proponer, no porque no quiera a Juana Julia (…) que ese sitio de la inquisición, que no fue santa, quíntenle ese nombre, ese era obra del diablo no de los santos (…) Pónganle un nombre Benkos Biohó”, dijo el presidente durante su intervención en el ‘Gobierno en los barrios populares’ que se llevó a cabo en el barrio El Pozón.El presidente Petro señaló que esta es una buena forma de hacer más pedagógico todo estos hechos que vivió la ciudad durante el periodo colonial.“Contra la inquisición, Benkos Biohó (…) contra la esclavitud, la emancipación, la libertad; creo que sería para la ciudad mucho más pedagógico, le enseñaría a niños y niñas como un centro de la inquisición española se convertía en un centro de la libertad colombiana", sostuvo.No podemos cometer ese error de dejarlos volver a través de un golpe de Estado: presidente PetroDurante su intervención el mandatario colombiano también dijo que Cartagena es una de las ciudades más desiguales del mundo: “Los negros y las negras van hacia los bordes de la ciudad, y el centro histórico queda a propiedad del jet set mundial (…) los hombres sobretodo, pocas mujeres en el mundo”, señaló.Por su parte, el Mincultura explicó que este espacio se resignificará con el nombre del líder de los cimarrones y estará al servicio de las artes, al aprendizaje de hotelería y la cocina tradicional: “Será un espacio para el encuentro ciudadano”, acotó.
A través de un comunicado, este miércoles, 8 de mayo, Entradas Amarillas, la popular plataforma de venta de boletas para diversos eventos, anunció el cierre total de operaciones en Colombia alertando que, actualmente, no hay ninguna empresa vendiendo a su nombre ningún tipo de espectáculo.“Informamos que Innovation Tickets SAS (Entradas Amarillas) ha cesado su operación en Colombia. Por lo tanto, no hay ninguna empresa autorizada para la venta de boletería a nuestro nombre. Eviten ser estafados y recuerden asegurar sus entradas únicamente en los canales autorizados designados por el promotor”, indicaron.Asimismo, al ingreso a la página web de Entradas Amarilla sale un mensaje haciendo paso a Eticket, que ahora será la encargada de la distribución de eventos de IT SAS. Cabe recordar que esta distribuidora albergaba una gran variedad de eventos musicales, culturales y de entretenimiento.Por ejemplo, en Bogotá, Millonarios trasladó su plan de abonados a esta plataforma que, ahora, será Eticket la encargada de la boletería de la hinchada albiazul para los compromisos de cuadrangulares y el segundo semestre de la Liga BetPlay.Lo mismo sucede con los demás eventos, pues al ingresar al nuevo portal ya aparecen trasladados por esta distribuidora tras el anuncio del cese de operaciones en Colombia.Promotores y agencias confirmaron la noticia del cese de operaciones en Colombia.
Este miércoles 8 de mayo se dio el primer encuentro entre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y la Fiscalía General de la Nación en búsqueda de un principio de oportunidad en medio del escándalo que rodea.En este encuentro se acordó un cronograma para definir cómo se va a entregar la matriz de colaboración y las pruebas del caso.La reunión contó con la participación de la fiscal 79 anticorrupción Andrea Muñoz, la fiscal 9 delegada ante la corte, Cristina Patiño, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, y Gabriel Sandoval, coordinador para Crimen Organizado.Pinilla acudió a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá con su esquema de seguridad que le fue entregado el pasado 7 de mayo en un hotel en la localidad de Fontibón.Esto luego de que su defensa a cargo del abogado Luis Gustavo Moreno afirmara que su cliente estaba siendo víctima de amenazas por las declaraciones que ya realizó a medios de comunicación, salpicando a miembros del Congreso y del Gobierno nacional.