La situación jurídica del contratista Emilio Tapia se agravó luego de que la Fiscalía General le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación, dentro del escándalo de Centros Poblados, los cuales no aceptó y, por el contrario, desde la cárcel de Ibagué se declaró inocente. Emilio Tapia ya enfrenta un juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, pero en esta ocasión la Fiscalía busca que se le condene, además, por el delito de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, por hechos que están ligados a los que llevaron a la privación de su libertad.La fiscal anticorrupción explicó que Tapia es responsable por falsificar el documento de la constitución de la Unión Temporal y de apropiarse de dineros públicos.“La falsedad en documento privado es porque el 24 de octubre en Barranquilla, usted señor Emilio José Tapia, en compañía de Otomar Lascarro Torres y Juan José Laverde, falsificaron el documento para la conformación Unión Temporal Centros Poblados 2020, integrado por las empresas Funtic, ICM Ingenieros, Omega Building e Intel de la Costa, teniendo por objeto la presentación conjunta de una propuesta al Funtci, presentando propuesta por un mismo proponente para ambas regiones”, detalló la fiscal.Agregó que el peculado por apropiación se dio por los pagos que se hicieron entre las empresas Nuovo Security e Incelsa, controladas por Tapia, para gastos personales que no formaban parte del objeto del contrato.“A través de estas empresas se hicieron pagos que no corresponden con el objeto del anticipo. Emilio José Tapia realizó pagos por concepto de compra de vehículo, obra de arte, horas de vuelo, pago a terceros y préstamos personales por valor de 4.553 millones. Adicionalmente, Emilio José Tapia dispuso el giro de 300.000 dólares equivalentes a 1.118 millones para el primer giro de compra, que fue recibido por Otomar Lascarro y Juan José Laverde”, añadió la fiscal del caso. De esta manera, Tapia enfrentará un nuevo juicio por estos delitos que se desprenden de los hechos de corrupción del escándalo de Centros Poblados. Escuche aquí el podcast de Cómo como:
En la noche de este martes, 11 de mayo, fue capturado en Bogotá Jorge Enrique López Benavides, señalado de haber conseguido las pólizas falsas con las que Centros Poblados logró el millonario contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para llevar internet a colegios apartados del país.Sobre las 10:00 de la noche, en la calle 73 con carrera 12, el cuadrante seis del CAI Lourdes, de Chapinero, logró la captura del hombre de 46 años quien es señalado como el cerebro de la documentación falsa.Al parecer, López Benavides fue quien consiguió las certificaciones bancarias entregadas a MinTIC. Los mismos agentes que lo capturaron se encuentran con él en la URI de Paloquemao, pero debido a la gravedad del caso, están esperando a que la Sijin llegue al punto para que lo identifiquen e inicien la imputación de cargos, que se haría en horas de la madrugada.Cabe recordar que, por el mismo escándalo, fueron enviados a la cárcel el representante de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, al corredor de seguros Juan José Laverde y a Emilio Tapia, por considerar que revisten un riesgo para la alteración de documentos y pruebas que demostrarían su participación en el entramado de corrupción por 70.000 millones de pesos que fueron entregados por el MinTIC como anticipo del contrato que realizó con esa empresa para llevar internet a las zonas rurales.Escuche la noticia completa en el audio adjunto:
Este miércoles, 30 de marzo, se reanudó la audiencia virtual en el proceso disciplinario por el caso del contrato entre MinTIC y Centros Poblados, para la que se encontraba citado como testigo Emilio José Tapia. Esta diligencia la adelanta el procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado con funciones de juzgamiento disciplinario Antonio José Núñez.Después de una espera de dos horas para iniciar la audiencia en la Procuraduría General de la Nación, debido a las fallas de internet del centro carcelario La Picaleña en Ibagué, por medio de un celular corporativo de un guardia del INPEC se logró conectar a Emilio Tapia, uno de los señalados de haber malversado el anticipo de 70.000 millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en el Amazonas, Chocó, Arauca, Bolívar, Boyacá, Nariño, Putumayo, Quindío, entre otros departamentos.Según las autoridades, Emilio Tapia, quien integraba la junta de la unión temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, representante legal, y Juan José Laverde, delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros, presuntamente falsificaron las pólizas de seguros para participar en la licitación de 2020, que tenía como objetivo recibir el contrato de 2,1 billones de pesos.En medio de la audiencia, la defensa del ingeniero Luis Fernando Duque preguntó acerca del trámite que se surtió para obtener la garantía de cumplimiento del contrato. Tapia señaló que una vez adjudicado el contrato el señor Juan José Laverde, de la agencia de seguros, se había comprometido en conseguir las pólizas de cumplimiento: “En ese sentido me quedé un poco tranquilo porque era la compañía, porque era la agencia de seguros que siempre tramitaba las pólizas”.Según Tapia, como faltaba poco tiempo para que se venciera el plazo, Laverde le informó a Tapia que estaba preocupado porque no había podido conseguir las pólizas de cumplimiento: “Entonces yo me preocupé, usted me dijo que se comprometía a conseguir esas pólizas y que seguía insistiendo, entonces se le dieron unos poderes adicionales. (…) Él decía que tenía un primo y que a través de él lo manejaría, ese era un tema que Laverde manejaba directamente, yo solo escuchaba lo que él me decía, y lo que me interesaba era que se cumpliera con los plazos y tiempos”.Además, afirmó Emilio Tapia que Laverde envió un documento a MinTIC para lograr tener un plazo adicional: “Que creo que el ministerio no lo concedió formalmente en un principio, yo sentía bastante preocupación”. Según la declaración de Emilio Tapia, como no consiguieron el plazo adicional de parte de MinTIC, Juan José Laverde contactó a Jorge Alfonso Molina, con experiencia en el trámite de las garantías.“Luego me llama y me informa que ya habló con Molina, pero que hay unas condiciones: la primera es que sale más costoso, en los primeros dos meses de ejecución él sacaba las pólizas primero y luego las sustituía para que no saliera tan costoso; la segunda es que no se podía suspender el contrato porque era una condición de Molina; y la tercera condición era que había que cancelar el valor de las garantías bancarias y, además, había que darle unos honorarios al señor Jorge molina, porque era quien estaba poniendo las garantías, que era este lote que él tenía en la ciudad de Santa Marta y que cobraba honorarios adicionales”.Finalmente, Emilio Tapia señaló que aceptaron la propuesta de las garantías de cumplimiento, “que el señor Laverde se comprometió, y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, (propietario de la empresa Nuovotic), se comprometió que no iba a haber ningún tipo de retraso”.El abogado le preguntó a Tapia en qué momento conoció al ingeniero Luis Fernando Duque, y este le respondió que no lo conocía antes, sino que se lo presentan un poco antes de la exposición de la oferta. Además, agregó que nunca sospechó que se trataba de una garantía irregular, y que había una zona gris por la celeridad de la ejecución de la póliza, pero que se trataba del trámite bancario.Según la Fiscalía, para la firma del contrato y entrega de los anticipos por los 70.000 millones de pesos se presentaron pólizas falsificadas del Banco Itaú, para lograr el mayor número de puntos en la licitación convocada por el MinTIC en julio de 2020.
A través de una carta, la fiscal del caso de Centros Poblados le solicitó al director del Inpec que traslade al polémico contratista Emilio Tapia de la cárcel Picaleña, a la que fue recluido a raíz del escándalo de las salidas de la cárcel de Carlos Mattos, a la cárcel La Picota, en donde permaneció hasta hace dos semanas.“Sin embargo, esta delegada tuvo conocimiento que la semana pasada, el señor Emilio Tapia Aldana fue trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué, considerando con todo respeto que, con este cambio de ciudad, se ve afectado el proceso de reintegro patrimonial, ya que se dificulta que el señor Tapia Aldana pueda seguir adelantando estas gestiones, las cuales se facilitan estando en Bogotá”, dice el documento.El oficio de la Fiscalía apoya el comunicado que envió hace unos días el abogado de Tapia, Alejandro Sánchez, que anticipaba que esa colaboración se veía en riesgo.Y es que la Fiscalía lleva dos procesos contra Tapia por el escándalo de Centros Poblados, el contrato para la conectividad de las zonas rurales del país, por el que giraron un anticipo que quedó en bolsillos de particulares. Según el ente acusador, en total son cerca de 15.000 millones de pesos los que están perdidos. Justamente, es por esos dineros que Tapia está en un proceso de colaboración.“La segunda investigación en su contra se adelanta por los delitos de peculado por apropiación, entre otros, dentro de la noticia 110016000101202150079, donde estamos en proceso de colaboración con el señor Tapia Aldana a fin de reintegrar el dinero del anticipo, lo cual ha gestionado a través de la negociación con la nueva empresa con la que MinTIC contrató los equipos que fueron adquiridos por la UT Centros Poblados, aunado a las diferentes gestiones ante la DIAN para legalizar la mercancía que aún está pendiente por nacionalizar, a fin de incluirla en la negociación”, agrega el documento.Por el mismo caso, la Fiscalía le adelanta un proceso por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo cual fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario desde septiembre de 2021 y enviado, en ese momento, al complejo penitenciario y carcelario La Picota de Bogotá.La decisión sobre su traslado está en manos del nuevo director del Inpec, general Tito Castellanos.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
Iván Moreno, exsenador condenado por carrusel de la contratación, no logró tumbar la pena de 14 años de prisión ante la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le dio un no definitivo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le negó la acción de nulidad que interpuso Iván Moreno ante este alto tribunal al considerar no se le había vulnerado todos sus derechos procesales, que era lo que el exsenador alegaba en su petición.En el entonces carrusel de la contratación, Iván Moreno habría aprovechado que su hermano Samuel era el Alcalde Mayor de Bogotá y manejaba la cesión de algunos contratos viales de Bogotá, por lo que Iván Moreno fue condenado a 14 años de prisión y pese a sus múltiples peticiones no logró tumbar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia.Vea también:“En cumplimiento de estos convenios en interés particular y de terceros, los funcionarios del IDU en complot y con la participación del aforado, juntamente con su hermano Samuel, a través de Emilio Tapia Aldana y demás miembros del grupo ya descrito, adjudicaron los contratos tanto de valorización como de interventoría aludidos, amañando los procesos contractuales incluyendo el trámite, evaluación y selección de las propuestas favorecidas”, señala el proceso en su contra.Además señala que junto con su hermano Samuel, participaba como determinador, a través de Emilio Tapia, en el convenio a que habrían llegado el representante legal de CONALVÍAS, Andrés Jaramillo, con el mismo grupo integrado por funcionarios del IDU encabezados por Liliana Pardo, el Contralor y el Personero Distrital, concejales de la ciudad y particulares, entre otros, de aceptar los últimos del primero, la promesa de pago de 30.000 millones de pesos como comisión, si el IDU autorizaba la cesión del contrato No. 137 de 2007 que finalmente hizo la UT TRANSVIAL a CONALVIAS, el 17 de febrero de 2010.Recordemos que el exsenador fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido.Escuche el Podcast Cómo Como:
El Gobierno ordenó el traslado de los detenidos Emilio Tapia y el exsenador Eduardo Pulgar, entre otros, por las investigaciones que determinaron que podrían estar ejerciendo influencias en sus sitios de reclusión.El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien explicó que Pulgar pasará del batallón de Malambo (Atlántico), a La Picota, y Emilio Tapia, de La Picota a la cárcel de Picaleña en Ibagué.El funcionario agregó que también se dispuso el traslado del capo del narcotráfico Juan Jose Valencia, alias 'Falcon', al pabellón de extraditables y del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco', que pasará de la c´árcel La Picota, al pabellón de alta seguridad de la cárcel de Girón Santander.A esta lista se suma el traslado del exgobernador de Arauca Facundo Castillo, procesado por sus presuntos vínculos con el ELN en ese departamento, quien fue trasladado a Popayán.De otro lado, el ministro Ruiz Orejuela también confirmó que agentes del CTI capturaron a 5 integrantes del Inpec de la cárcel de Villanueva en Cali, tras conocerse su vinculación con hechos de corrupción.
A través de un comunicado de prensa, el abogado del empresario Carlos Mattos, Iván Cancino, aseguró que entre su cliente y el condenado contratista Emilio Tapia existe una relación que no ha trascendido más allá del apoyo humanitario que Tapia le ofreció a Mattos cuando llegó a la cárcel La Picota, después de ser extraditado de España a Colombia.“Más allá de eso no existe de parte del señor Emilio Tapia ninguna función de asesoría o consejo, que involucre temas económicos, personales o familiares de Carlos Mattos Barrero”, dice el comunicado.Asegura Cancino que no hay en curso ninguna relación económica entre Tapia y Mattos.“Por eso mismo puedo afirmar que no hay en curso ninguna relación económica o de colaboración financiera entre los citados Mattos y Tapia. Y, menos, ningún contacto entre el señor Emilio Tapias y el suscrito”, dice Cancino.Esto, a raíz de la información que se conoció este jueves sobre que Tapia dice estar encargado de conseguir un comprador para el avión y el barco de Mattos. Incluso, de un supuesto préstamo que Tapia estaría esperando de Carlos Mattos para devolver los 70.000 millones de pesos, que desaparecieron del anticipo del escándalo de Centros Poblados. Le puede interesar: Escuche el podcast de El mundo hoy
La relación que nació entre Emilio Tapia y Carlos Mattos en la UME (Unidad de Medidas Especiales) del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá La Picota se hace cada día más fuerte.Mattos, que convivió con Tapia 20 días durante noviembre de 2021 y ahí lo conoció, financió la reconstrucción de ese pabellón. Entre él y Tapia lo dejaron como el mejor patio de la cárcel.En ese entonces, Tapia logró convencer a Matos de utilizar los servicios de su abogado, Alejandro Sánchez, quien le cobró la bicoca de 780.000 dólares por gestionarle un preacuerdo con la Fiscalía.La amistad entre ambos llegó a tal punto que Mattos no quería que lo trasladaran al pabellón Ere Sur si Tapia no iba con él y se rehusó al traslado hasta que el director de la cárcel, coronel Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara, dio la orden que lo trasladaran, así tuvieran que utilizar la fuerza.Así, Mattos llegó un día lluvioso de diciembre, a las 12 de la medianoche al Ere Sur. Desde entonces, Mattos ha procurado que lleven a Tapia al Ere Sur, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.Ambos mantienen una comunicación permanente por WhatsApp, a pesar de que los celulares están prohibidos en los centros penitenciarios. Mattos consulta a Tapia sobre todos sus asuntos judiciales y personales: si firma o no firma el preacuerdo con la Fiscalía, si lo renegocia, si se queda en Bogotá, si lo trasladan a Barranquilla. Si deja a su otro abogado, Iván Cancino, o si lo saca.Y en lo personal, opina sobre la relación de Mattos con sus hijos, Isabella y Nicolás, su exesposa Loreta y sus hermanos José, Alfonso y Jorge. Inclusive, Tapia dice estar encargado de conseguir un comprador para la venta del avión y el barco de Mattos y hace circular las fotos entre posibles interesados.Esta relación Mattos-Tapia no le ha causado ninguna gracia a la familia Mattos, que considera que no le conviene y que, por el contrario, le puede generar nuevos problemas penales por los enredos de Tapia. El temor de los Matos no es para menos porque Tapia está contando con un préstamo de Carlos Mattos para devolver los 70.000 millones de pesos, que desaparecieron del anticipo de Centros Poblados.Mientras la familia Mattos está empanicada con los tentáculos de Tapia sobre la fortuna de Carlos, la esposa de Emilio Tapia viaja por el mundo en su avión, ya que Mattos lo puso a su disposición para que la lleve a Europa esta semana.
Indica la Fiscalía que ya avanza en una nueva línea investigativa por las presuntas irregularidades en este multimillonario contrato, con el que se garantizaría el servicio de Internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.Por lo anterior, una fiscal de la dirección especializada contra la corrupción radicó solicitud de audiencia de imputación contra cinco personas, diligencia que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero de 2022.Los empresarios que serán citadas a imputación son Emilio Tapia, Ottomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros.Estas personas, dice la entidad, serán imputados por su posible participación en las conductas ilícitas por delitos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, reveló detalles de la declaración que hizo ante la Fiscalía el empresario Juan José Laverde. En una serie de interrogatorios que suman 45 páginas, el corredor de seguros Juan José Laverde, uno de los tres detenidos hasta ahora por el escándalo del contrato por más de un billón de pesos entre MinTIC y Centros Poblados, reveló el nivel de sofisticación criminal y el poder de infiltración de la organización criminal liderada por Emilio Tapia.Laverde, quien por medio de su confesión busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía, revela detalles hasta ahora desconocidos sobre todos los eslabones de la cadena de corrupción que va mucho más allá del contrato de Centros Poblados y alcanza, según su explosivo testimonio, incluso contratos que Emilio Tapia habría obtenido en Egipto, a más de 11 mil kilómetros de su natal Sahagún.“Fichas” de Tapia en MinTIC y supuesto infiltrado en banco ItaúSobre este tema, Juan José Laverde dijo ante la Fiscalía que en la semana en la que se llevó a cabo la audiencia de incumplimiento del contrato de Centros Poblados, es decir, a finales de junio de este año, se reunió con Emilio Tapia en Medellín y le dijo que ya no necesitarían a Jorge Molina García-Mayorga, otro de los implicados en el escándalo, quien actualmente es testigo de la Fiscalía. Según dijo Tapia: “Cualquier tema con el banco Itaú que yo necesitara lo podía hacer directamente con él”.De acuerdo con Laverde, en esa reunión Tapia le dijo que estaba necesitando 100 millones de pesos con urgencia para sobornar a alguien en el Ministerio TIC, para que la citación al Banco Itaú no se hiciera a los correos institucionales, sino que llegara al correo específico de un funcionario del banco con argumento “que él tenía para cubrirle la espalda, al parecer sobornado”, para que asistiera suplantando al banco y en la audiencia de incumplimiento “no sucediera nada debido a la falsedad en las garantías, porque el funcionario del banco lo iba a cubrir en la audiencia de incumplimiento”.Laverde, que fue cobijado con el beneficio de casa por cárcel y se desempeñó como representante de la agencia de seguros Rave. Según las pesquisas, el corredor cumplió un papel determinante en la falsificación de pólizas para Centros Poblados con las que se ganó de manera fraudulenta el jugoso contrato por cerca de 1.7 billones de pesos.La conexión MinTICVarios detalles sorprenden en la declaración de Laverde. Una de ellas, que supuestamente el empresario Emilio Tapia, quien al parecer movía desde la sombra los hilos de la corrupción, tenía relación con el Ministerio de las TIC a través de Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados.A través de ese contacto, Tapias tenía información sobre los movimientos en el MinTIC.“Él me mostró semanas después del escándalo que del interior del Ministerio TIC le enviaban información sobre la posible caducidad y los elementos jurídicos que el Ministerio aportaría, incluso tenía información de que la totalidad de los abogados estaban en contra de la caducidad, pero por instrucción de la ministra (Karen Abudinen), debían caducar como fuera”, dijo Laverde a la Fiscalía.Tapias estaba a sus anchas en batallónOtros detalles sorprendentes de la declaración de Laverde ante el ente acusador tienen que ver con las circunstancias en que dijo haber conocido a Tapias. Según su testimonio fue en 2018, cuando el condenado tenía interés en la licitación de la vía a Las Tablitas, por 145.00 millones de pesos, pero no se pudo presentar porque no pudo conseguir las pólizas.“Me llevaron al batallón donde él estaba (batallón de Malambo), vivía ahí muy cómodo con empleadas del servicio, uno no se registraba en el ingreso”, dijo Laverde.En ese encuentro, Tapia le dijo que el contrato era para él, pero que tenía problemas con las pólizas.“Le pidieron sacar la póliza de seriedad a favor del señor Jorge Molina, quien tramitó las garantías falsas para el contrato de Centros Poblados”, sostuvo Laverde.El empresario Molina, según Laverde, le dijo a Tapia que le habían robado 200 millones de pesos para adjudicarle esa licitación. Supuestamente, dichos recursos fueron entregados al exsenador Jorge ‘El Gordo’ García Romero. “No sé si fue directamente o no”, indicó.Basuras en EgiptoSegún Laverde, en 2019 Emilio Tapia le preguntó si podía gestionar una póliza de seguros en El Cairo, Egipto, porque aseguró que había ganado un contrato de recolección de basuras de 58 millones de dólares anuales durante 10 años con un socio panameño, identificado como Ómar Otálora.De acuerdo con Laverde, Jorge Molina gestionó las garantías bancarias del contrato de Egipto para la firma ICM, pero dice que no se logra el objetivo porque el banco de Egipto debía avalar la garantía.“Jorge Molina, en medio de ese trámite, menciona una reunión con la doctora Alejandra Villalobos, alta funcionaria del Banco Itaú. La reunión era para poder lograr que los recursos fueran congelados y que el banco de Egipto los aceptara”, declaró Laverde a la Fiscalía.“Me extraña es que Jorge Molina no contara sobre este trámite de Egipto a la Fiscalía y recuerdo que en una de esas reuniones que tuve con Jorge me dijo que borrara esa información, hasta donde conozco esa garantía fue finalmente obtenida por el señor Omar Otálora con su banco de Panamá”, añadió.Viceministro Mantilla, salpicadoLaverde adicionalmente aseguró que el Iván Mantilla, viceministro de las TIC en medio de la contratación, habría recibido dineros por parte de Emilio Tapia.“En una reunión previa en el mes de febrero, aproximadamente, yo le pregunté a Emilio Tapia acerca del contrato con el Mintic y le pregunté que quién le había ayudado en la adjudicación, incluso le pregunté si le había girado a la ministra o a algún otro funcionario, a lo que él me contestó que tenía varias personas adentro”, aseguró Laverde.“Mencionó la cercanía de la ministra con los Daes y la cercanía de Emilio con los Daes, lo que me llevaba a suponer que tenía una cercanía indirecta con la ministra. Lo que sí me confirmó es que le habían girado unos recursos, que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla”, añadió.Según Laverde, cuando estalló el escándalo, Tapia no volvió a mencionar a los Daes sino que hablaba una posible gestión a través de los Char para evitar la caducidad. Incluso, dijo haber escuchado una conversación con la ministra Abudinen, en la cual ella aseguró que no iba a hacer caso a nada distinto que a llevar la caducidad del contrato.De acuerdo con la declaración de Laverde, el cabildeo de varios funcionarios públicos de alto perfil cuando se desató el escándalo le hizo llegar a pensar que no se iba a dar la caducidad.Este jueves, Mantilla negó haber recibido dineros del contratista detenido Emilio Tapia, señalado como el cerebro del entramado de corrupción que permitió la celebración del contrato con Centros Poblados.Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
En la mañana de este sábado, 18 de mayo, varios funcionarios de la empresa Metro de Bogotá llegaron al barrio la Fragua situado en la localidad de Antonio Nariño, para talar varios árboles que han estado allí por décadas.La comunidad se reunió y realizó un plantón para proteger estos árboles que según comentan han estado allí por más de 60 años y ni la Alcaldía, ni la empresa metro les informaron sobre su tala. Diana Mora, una veedora ciudadana que ha estado al tanto de esta situación, le comentó a Blu Radio que los funcionarios del metro llegaron acompañados de policías y denuncia maltrato. "Es algo arbitrario, nunca nos dijeron que iban a talar estos árboles, la comunidad está sin información", señala Mora, quien además contó que la empresa Metro tampoco socializó el plan que tenía con la tala de estas especies. En un video que compartió la veedora a este medio, deja ver como está en medio del proceso de tala sin que se detenga el operativo. "No han consensuado, la empresa metro no ha querido escuchar a la comunidad que les está hablando sobre un patrimonio ambiental de las localidades, sobre un pulmón de la localidad", sostiene Mora. ¿Qué responde la empresa Metro de Bogotá?Blu Radio intentó buscar un pronunciamiento de la entidad pero no fue posible. Eso sí, según los planos que tiene la empresa en su página web la calle 8 sur donde se encuentran estos árboles es por donde pasa el trazado de la primera línea del metro. Por las obras del metro talarían más de 1.300 árboles en Bogotá. Por lo que se creó el 'Plan de Manejo de Arbolado', donde el Distrito se compromete a sembrar 2.920 árboles después de las obras.
El Chelsea femenino goleó el sábado al Manchester United (6-0) durante la última jornada del campeonato de Inglaterra, para ganar un quinto título consecutivo en la despedida de Emma Hayes, emblemática entrenadora desde hace 12 años. La delantera colombiana Mayra Ramírez fue la gran figura del encuentro final.La inglesa de 47 años, nombrada seleccionadora de fútbol femenino de Estados Unidos, cerró su aventura con los 'Blues' con un séptimo título de Women's Super League (WSL), logrando dominar el último lustro además de en 2015 y 2018."No puedo decir que es el más agradable, pero sí sin duda que es el más difícil. Por ese motivo es probablemente el que tiene más sabor. Estoy muy aliviada con que esto haya terminado", comentó Hayes a Sky Sports.En esta edición, su equipo tan solo se impuso al Manchester City (2º, 55 puntos) por la diferencia de goles.Durante este último partido, brilló de nuevo la colombiana Mayra Ramírez, llegada al oeste de Londres en enero y que el sábado en la visita a Old Trafford fue autora de un doblete (2, 45) y de dos asistencias.Gran actuación de Mayra Ramírez con ChelseaLa futbolista colombiana Mayra Ramírez se erigió como la gran figura en la reciente conquista del título de la Women's Super League por parte del Chelsea. Luego de casi un mes sin jugar debido a una lesión, la delantera regresó a la acción con una actuación estelar, participando en los cuatro goles que aseguraron el triunfo de su equipo.En el partido decisivo contra el Manchester United, Ramírez anotó dos goles y proporcionó dos asistencias, demostrando su capacidad goleadora y su importancia para el equipo londinense. Su primer gol llegó en el minuto dos del primer tiempo, cuando aprovechó un centro desde el sector izquierdo y, utilizando su potencia física, cabeceó el balón al fondo de la red, dejando sin opciones a la arquera rival. Este gol fue crucial para dar al Chelsea una ventaja temprana y consolidar su liderazgo en la liga.
Desde las 9:00 de la mañana de este sábado, 18 de mayo, alrededor de 400 personas se reunieron en la sede de la Dian de Conecta, en la calle 26 con 93, para protestar por tres razones.Los manifestantes protestaron por la estabilidad fiscal del país porque aseguran que las metas de recaudo no se están cumpliendo y ven esto con preocupación, también porque piden la salida del director de la Dian, Luis Carlos Reyes y, por último, por el despido masivo de 154 personas de la entidad.Miguel Rodríguez, vocero de los manifestantes, habló con Blu Radio sobre dichas movilizaciones y envío un contundente mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro.“Mr Taxes es muy popular en redes sociales, pero invitamos a que examinen qué tan acertadas son sus decisiones. Llevamos un año haciendo gestiones por los canales formales y no ha habido un cambio de administración, no solo del director general sino de la planta administrativa”, dijo.La movilización avanzó hasta la calle 26 con 93 y allí se generó el bloqueo que afectó a cientos de personas que tuvieron que esperar por más de dos horas. Varios ciudadanos denunciaron que estaban a punto de perder sus vuelos, otros tenían diligencias médicas a las que no pudieron llegar.Blu Radio conversó con Diana Puentes, presidente del sindicato Sedian 2015, quien aseguró que seguirán con las movilizaciones hasta poder hablar con el presidente Gustavo Petro.¿Por qué hay protestas hoy en Bogotá?La situación en la calle 26, cerca al aeropuerto El Dorado de Bogotá, es crítica este sábado, 18 de mayo, donde un grupo de personas protesta por cuenta una decisión de la Dian.En la tarde del viernes esa entidadinformó que por decisión de un fallo judicial despidió a 154 funcionarios posicionales.“Se está trabajando con las cajas de compensación a través de sus programas de empleabilidad para dar acompañamiento a los funcionarios que deban retirarse con el fin de que puedan ubicarse laboralmente con prontitud y así reducir sus afectaciones personales y familiares”, señaló la Dian.Pues bien, esta decisión fue la que motivó a que sindicatos de la Dian se reunieran en la mañana de este sábado para protestar contra lo que ellos llaman una "masacre laboral".Miguel Rodríguez, vocero de manifestantes de la Dian, asegura que protestan para pedirle al Gobierno nacional intervenir en la mala administración de la entidad."'Mr Taxes' es muy popular en redes sociales, pero invitamos a que examinen qué tan acertadas son sus decisiones. Llevamos un año haciendo gestiones por los canales formales y no ha habido un cambio de administración, no solo del director general sino de la planta administrativa”, señala el manifestante.
Estos fueron los temas tratados en autos y motos del 18 de mayo de 2024:El equipo periodistico de Autos y Motos estuvo en Subaru city playground, donde se conoció el nuevo Subaru outbackCifras de las vitrinas automotriz y comparación con otras vitrinasToyota no es una marca con precios de entrada, por un momento se volvió la marca de impacto con Corolla, Mazda se mantiene en el cuarto lugar sin registrar caídas.Además se informó del tema financiero de los carros desde que salen de la vitrina, cuestan un 20% menosExplican que los activos generan impuestos y que se debe pagar sobre lo que se tiene.Escuche el programa completo en el siguiente enlace:
En un impresionante operativo, el Halcón de la Policía logró frustrar el robo a un camión repartidor de gaseosas en la localidad de Suba, Bogotá. En el marco de la Operación Bogotá, gracias al despliegue de patrullajes aéreos y capacidades tecnológicas, se capturó a dos hombres que minutos antes habían hurtado el producido del camión de una reconocida empresa de bebidas.El incidente ocurrió cuando los trabajadores del camión notificaron oportunamente a la línea de emergencia 123, proporcionando las características de los delincuentes y del vehículo en el cual huyeron. Inmediatamente, las patrullas iniciaron un plan candado, esta vez con la ayuda del Halcón de la Policía. En tiempo récord, la aeronave, equipada con cámaras Flir Star Satire 380, localizó un taxi en el que los sospechosos intentaban escapar.Las patrullas en tierra interceptaron el vehículo, logrando la captura de dos hombres y la recuperación de $527.000 pesos en efectivo. Además, se incautó un arma de fuego tipo traumática y se inmovilizó el taxi utilizado en el escape.En video quedó la persecución del Halcón de la PolicíaEl coronel Sergio Bayona, al mando de la estación de Policía de Suba, comentó: "En el marco de la Estrategia Bogotá Camina Segura, podemos informar que con la ayuda de nuestro Halcón de la Policía Nacional se desplegaron todas las capacidades institucionales una vez se recibió el reporte del robo. En ese momento, se realizaron todas las actividades para ubicar el vehículo y, con el apoyo de la tecnología, logramos capturar a los ocupantes, incautar un arma de fuego y recuperar el dinero robado".Los capturados y los elementos recuperados fueron presentados ante la autoridad competente para su respectiva judicialización.El coronel Bayona destacó la efectividad de la estrategia, informando que la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado una reducción de más del 33% en casos de hurto a comercio, aproximadamente 1,600 casos menos en comparación con el año anterior. "Invitamos a toda la comunidad a seguir conformando frentes de seguridad empresariales y a denunciar cualquier actividad sospechosa", concluyó.Este operativo resalta la importancia de la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades, así como el uso de tecnologías avanzadas para combatir el crimen y garantizar la seguridad en la ciudad.