La transición hacia energías limpias ya empieza a sentirse en el bolsillo de usuarios del Caribe colombiano. Air-e Intervenida aseguró que los proyectos de autogeneración distribuida que impulsa en la región permiten reducciones de hasta un 60 % en las facturas de energía eléctrica, especialmente en zonas vulnerables donde el costo del servicio representa una carga significativa para los hogares.La compañía sostiene que el futuro energético del Caribe pasa por iniciativas basadas en fuentes limpias, principalmente la energía solar, como herramientas de transformación social y equidad. Estos proyectos no solo buscan sustituir gradualmente las fuentes tradicionales, sino también modernizar la matriz eléctrica, reducir emisiones contaminantes y garantizar beneficios ambientales y económicos sostenibles.Actualmente, los proyectos en operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira suman 1,2 megavatios (MW) de potencia instalada con tecnología solar fotovoltaica. Según Air-e Intervenida, estas iniciativas permiten una reducción de hasta 12 toneladas de CO₂ frente a modelos convencionales de generación, aportando tanto al ahorro económico como al cuidado del medioambiente.A esto se suman 10,8 MW adicionales que se encuentran en etapa de implementación, correspondientes a granjas solares distribuidas en Atlántico (9 MW), Magdalena (1 MW) y La Guajira (0,8 MW). Con estas inversiones, la empresa busca fortalecer la capacidad del sistema eléctrico regional y responder al crecimiento de la demanda con un servicio más confiable para hogares, empresas e industrias.En el marco del Día Internacional de las Energías Limpias, Air-e Intervenida reiteró que la democratización energética apunta a un modelo participativo y accesible, donde ciudadanos y comunidades puedan gestionar su propia energía.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.
La transición energética en Colombia suma un nuevo hito con la entrada en operación de la planta solar flotante YurbaQua, un proyecto de 2,8 megavatios (MW) ubicado en el departamento de Bolívar, que se consolida como la mayor instalación de este tipo en el país. Detrás de esta iniciativa, desarrollada por ENEXA y el Parque Central Zona Franca, está el aporte tecnológico de Huawei, que suministró soluciones clave para garantizar eficiencia, confiabilidad y monitoreo inteligente del sistema.El proyecto está ubicado en Turbaco (Bolívar) y se instaló sobre cerca de 18.000 metros cuadrados de un reservorio de agua artificial dentro del Parque Central Zona Franca. Allí operan alrededor de 5.000 paneles fotovoltaicos, con una capacidad de generación estimada de 4,6 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para cubrir una parte significativa de la demanda energética del complejo industrial y reducir de forma sustancial su huella de carbono.La contribución de Huawei se centra en su portafolio de soluciones Smart PV, especialmente en inversores solares de alta eficiencia y sistemas de gestión digital que permiten monitorear en tiempo real el desempeño de la planta. Estas tecnologías optimizan la conversión de energía e incorporan analítica avanzada y capacidades de diagnóstico remoto, fundamentales en una infraestructura flotante donde la seguridad, la estabilidad operativa y el mantenimiento predictivo son determinantes.Con su entrada en operación, YurbaQua supera a Aquasol, la planta flotante de 1,5 MW inaugurada en 2023 en el embalse de la hidroeléctrica Urrá, en Tierralta (Córdoba), consolidándose como un referente nacional en energías renovables no convencionales.Con este proyecto, Huawei refuerza su presencia en el sector energético colombiano y su apuesta por la digitalización de la energía, demostrando cómo la tecnología puede ser un aliado estratégico para acelerar la transición hacia fuentes limpias, innovadoras y sostenibles, incluso sobre el agua.“Desde Huawei vemos en proyectos como Yurbaqua una muestra clara de cómo la tecnología puede acelerar la transición energética de manera sostenible e innovadora. Nuestras soluciones para plantas solares flotantes permiten maximizar la eficiencia, mejorar la seguridad operativa y asegurar una gestión inteligente de la energía, incluso en entornos complejos como los cuerpos de agua artificiales. Colombia tiene un enorme potencial en energías renovables y queremos seguir siendo un aliado tecnológico clave en ese camino”, señaló Diego Tang, Director de Digital Power para Colombia.
La Contraloría concluyó que un contrato firmado para modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones, luego de que el software contratado nunca fuera entregado ni puesto en funcionamiento, pese a los pagos realizados.La investigación se originó tras una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de administrar el mercado de energía eléctrica en el país. El proyecto buscaba implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía mejorar y centralizar los procesos del sector.Según la Contraloría, los recursos usados para este contrato salieron de la tarifa de energía, es decir, del dinero que los usuarios pagan a través de su factura y que es aprobado cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Uno de los hallazgos más graves corresponde a USD 15,6 millones, relacionados con el contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions para desarrollar el sistema. El organismo de control estableció que el proyecto tuvo retrasos constantes, múltiples prórrogas y fallas graves, y que finalmente el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción.A pesar de esto, XM S. A. realizó pagos por bienes y servicios que no llegaron a materializarse, lo que generó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa afirmó haber hecho seguimiento permanente al contrato, la Contraloría concluyó que esa supervisión no logró evitar la pérdida del dinero.El informe también señala que las acciones para reclamar ante la aseguradora y demandar al consorcio contratista se activaron cuando el daño ya estaba hecho, es decir, cuando los recursos ya habían sido comprometidos sin que existiera un producto funcional.Además, la Contraloría identificó otro hallazgo por USD 10,5 millones, relacionado con contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Lo llamativo, según el ente de control, es que se pagaron servicios de soporte técnico sobre un sistema que no existía o no podía operar, lo que contradice la lógica básica de este tipo de contratos.El organismo concluyó que se hicieron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser utilizados, lo que aumentó el impacto del detrimento fiscal.Finalmente, la Contraloría envió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, con el detalle de los hallazgos y conclusiones, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales que correspondan frente a este caso.
Colombia se consolida como uno de los países líderes emergentes en la transición energética de América Latina. En medio del impulso regional por las energías limpias, el país proyecta un crecimiento del 400 % en su capacidad de generación solar y eólica para 2030, una meta ambiciosa que no solo transformaría su matriz energética, sino que también abriría la puerta a miles de empleos verdes en distintas regiones.El avance ya es visible. En los últimos cinco años, Colombia cuadruplicó su capacidad instalada en fuentes no convencionales de energías renovables, al pasar de menos de 50 megavatios en 2020 a más de 250 megavatios en 2025. Este crecimiento refleja el alto potencial del país en energía solar, eólica e hidráulica, y marca un punto clave para acelerar la transición hacia un modelo más diversificado y sostenible.No obstante, el desafío sigue siendo significativo. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 66 % de la matriz energética nacional continúa dependiendo de fuentes hídricas, altamente vulnerables al cambio climático. Esta dependencia refuerza la urgencia de fortalecer fuentes más estables como la solar y la eólica, que permitan reducir riesgos y garantizar seguridad energética a largo plazo.El desempeño de Colombia también ha sido reconocido a nivel internacional. Según el informe Bloomberg NEF Climatescope 2024, el país ocupa el cuarto lugar mundial entre los mercados emergentes que más impulsan la transición energética y se ubica entre los tres mejores de América Latina, junto a Chile y Brasil. El reporte prevé que para 2025 las energías renovables no convencionales representen cerca del 12 % de la capacidad instalada, impulsadas por políticas públicas, inversión privada y el compromiso de empresas locales.Más allá del impacto ambiental, la transición energética representa una oportunidad económica. “Por cada megavatio instalado en energías renovables se generan entre cinco y siete empleos directos”, aseguró Edwin Hernández, CEO de Ecoled, empresa colombiana reconocida a nivel nacional e internacional por su aporte al desarrollo sostenible. Con una visión que integra innovación, crecimiento económico y responsabilidad ambiental, Colombia avanza hacia un modelo energético más limpio, resiliente y con mayor autonomía frente a los combustibles fósiles.
En la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que tendrá lugar el 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta, líderes de los dos bloques buscarán impulsar una nueva agenda de transición energética, digital y ambiental con el telón de fondo de las tensiones entre algunos países latinoamericanos y Estados Unidos.Además del anfitrión, el presidente Gustavo Petro, asistirán sus homólogos: español, Pedro Sánchez, y brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, unos de los líderes más críticos con el mandatario estadounidense, Donald Trump.Estas son las claves sobre la cumbre en Santa Marta, la cuarta CELAC-UE desde 2013, en la que representantes de 60 países europeos, latinoamericanos y caribeños se sentarán durante dos días "para conversar de la visión común que tienen para el mundo", según anunció el embajador de la UE en Colombia, François Roudié.Ataques de EE.UU. en el Caribe y el PacíficoPese a que no forma parte de la agenda, los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra lanchas supuestamente cargadas con drogas estarán en la cumbre, al ser un asunto que preocupa a Petro y a Lula da Silva."La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina", afirmó Lula esta semana.El viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, dijo que, siguiendo la línea de Petro, fuerte crítico de Estados Unidos por los bombardeos de lanchas en los dos océanos, su país propondrá "una declaración que confirma América Latina como una zona de paz, que es lo que hemos sido históricamente"."Seguramente, algunos mandatarios van a expresar su preocupación por esos ejercicios militares que vemos con mucha preocupación, sobre todo por el impacto que tienen en el derecho internacional", agregó.La triple transiciónColombia ha puesto énfasis en la "triple transición: energética, digital y ambiental", para lo cual considera clave "la interconexión eléctrica regional" para "acelerar la transición energética y fortalecer la seguridad energética del continente".En la parte digital, se abordarán la cooperación específica de los países europeos con los latinoamericanos y caribeños en materia de innovación e inteligencia artificial, que "representa una ventaja pero al mismo tiempo puede representar algunos riesgos", según lo anunciado por el director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales de la Cancillería, Francisco Gutiérrez.La transición ambiental va dirigida a fortalecer políticas frente a desafíos como "la sostenibilidad, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación por plásticos", explicó el embajador.Adicionalmente, la 'Hoja de Ruta CELAC-UE 2025-2027' fijará "acciones concretas para fortalecer la cooperación birregional en áreas como energía limpia, digitalización, innovación, salud, comercio sostenible e inclusión social", indicó la Cancillería.Declaración de Santa MartaEl documento final de la cumbre será la 'Declaración de Santa Marta', que buscará "acuerdos concretos en energías renovables, seguridad alimentaria, financiamiento sostenible y cooperación tecnológica", según la Cancillería de Colombia, país que tiene la presidencia pro tempore de la Celac."Vamos a tener una declaración política un poco general, en línea de lo que se ha discutido en los años anteriores, y tendremos dos declaraciones adicionales, una sobre la economía del cuidado, el pacto del cuidado, y otra sobre seguridad ciudadana", agregó el embajador Roudié.Actividades paralelas y complementariasLa cumbre será precedida este viernes y sábado por el Foro de la Sociedad Civil América Latina y el Caribe-UE, en el que participarán unos 200 representantes de los 60 países que conforman los dos bloques.El domingo, día que comienza la cumbre, tendrá lugar el Foro Empresarial, que reunirá a representantes de grandes compañías, de instituciones financieras de desarrollo, agencias de crédito y algunas Mipymes.El sábado por la noche se celebrará el concierto 'Santa Marta corazón del mundo', con la participación de artistas como la puertorriqueña Kany García, la orquesta venezolana Billo's Caracas Boys, el dominicano Sergio Vargas, la banda colombiana Herencia de Timbiquí y la argentina La Mosca Tsé Tsé.
Una reunión de alto nivel fue la que se realizó este jueves en Barranquilla, en la que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, se sentaron con el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez; el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy, y otros funcionarios del Gobierno para estudiar los pormenores jurídicos y financieros y avanzar en la posibilidad de que la generadora estatal asuma la operación del mercado de Air-e.El Ministerio de Minas informó que, “durante el encuentro, se abordaron las alternativas de financiamiento, regulación especial y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e, integrando además proyectos de transición energética como Colombia Solar”, un nuevo programa del Gobierno que busca reemplazar los subsidios tradicionales por energía limpia generada a través de paneles solares en los hogares.Justamente, este programa arrancará en los estratos 1 y 2 de Barranquilla y, para ello, Palma está impulsando una primera alianza entre Air-e y Gecelca, en la que el Gobierno nacional propone que la generadora “actúe como vehículo financiero del programa, administrando vigencias futuras por cerca de 8 billones de pesos, para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y facilitar la masificación de las soluciones solares”.En cuanto a la solución empresarial a Air-e, el ministro de Minas también afirmó que “se conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas pos toma”.A su vez, la CREG revisará el plan regulatorio y de pérdidas, y proyectará medidas complementarias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético en la región Caribe.
El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, anunció que una empresa danesa presentó una oferta en la primera Ronda Colombia Eólica Costa Afuera que adelanta la entidad para impulsar la transición energética.Se trata de la empresa CI GMF COÖPERATIEF U.A, filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que es uno de los fondos de inversión más importantes en materia de infraestructura energética y transición verde.“La ronda en el Reino Unido, desierta, no radicaron ni una sola, Brasil, freno de mano, y Colombia, pues seguimos y tenemos que nuestra ronda no se declaró desierta, que una de las grandes compañías, CIP, ha presentado su oferta y bueno, no puedo aquí dar más información porque es reservada, porque en el proceso no puedo violar esa reserva, pero vamos a tener un importante proyecto de cooperación”, afirmó.Tras el anuncio, la ANH indicó que esta oferta fortalece la cooperación bilateral entre Dinamarca y Colombia, y abre el camino para el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera.“Una nueva frontera energética con alto potencial de generación eléctrica, innovación tecnológica y encadenamientos productivos locales”, detallaron.Un proceso desafiante“Era un reto, un desafío, porque teníamos como antecedente que era el primer proceso en América Latina y segundo porque hoy, a nivel mundial, es la disputa de capitales que están buscando dónde están las mejores opciones. Hicimos un proceso desafiante, nos habían dicho, no lo van a poder lograr, el Reino Unido declaró desierto su proceso, nadie se presentó, Brasil paró su proceso, y nosotros insistimos con el propósito de que hiciéremos la apertura, abrir esta nueva frontera de generación de energía y afortunadamente, hoy tenemos radicada una oferta, en concreto, de una gran compañía como CIP, y que nos va a permitir dar el banderazo, digámoslo de alguna forma, para lo que va a ser el aprovechamiento de todos nuestros potenciales del mar Caribe para generar energía eólica”, explicó desde Cartagena el directivo.Velandia, a su vez, detalló que en los próximos días se entregarán más detalles de las condiciones concretas de inversión, áreas a intervenir y potencial de energía.“Es una empresa danesa, una de las grandes jugadores en esta materia, y bueno, ya el siguiente hito del proceso es revisar la inversión que está proponiendo, las áreas con las que se van a quedar, cuál es el potencial de energía y en los próximos días ya lo estaremos anunciando en concreto, pero el éxito es que no fue declarado desierto nuestro proceso de ronda eólica, tenemos ya una oferta concreta para generar energía en nuestro mar Caribe”, dijo.
La Alcaldía de Puerto Parra, Santander, puso en marcha un proyecto de energía renovable que transforma estiércol de cerdo en biogás, beneficiando a 11 familias campesinas de la zona rural que ahora pueden cocinar sin recurrir a la leña. La iniciativa, que utiliza biodigestores para convertir desechos orgánicos en combustible limpio, busca que al menos 50 hogares adopten este sistema en los próximos años.El alcalde del municipio, Diectsen Téllez, explicó que el programa nació para atender necesidades urgentes de la comunidad.“Vimos la necesidad de que muchas familias madrugan a recoger leña para cocinar sus alimentos y el alto precio del gas, que ya ronda los cien mil pesos la pipeta. Además, en ocasiones estaba escaso. Decidimos que los recursos del sector agropecuario debían ir directamente a beneficiar a las familias”.Para poner en marcha el proyecto, se conformó la Asociación de Porcicultores de Puerto Parra, que ha sido clave en su ejecución. El plan contempla que en 2026 se sumen 20 nuevas familias y otras 20 antes de finalizar 2027.Los beneficiarios destacan los cambios en su calidad de vida. Angélica Barbosa, una de las favorecidas, afirmó, “La verdad, contenta con el proyecto porque nos ha cambiado la vida. Ya no tenemos que usar pipeta de gas, desde diciembre no compro una y me costaba $100.000. A veces ni siquiera alcanzaba para los 30 días del mes”.Otro de los participantes del proyecto resaltó que el sistema requiere cuidados mínimos. “Va uno trabajando con la cochera de los marranos, por ahora haciendo mantenimiento y limpiando las tuberías para que pueda salir el gas”.Además de generar un ahorro económico, la sustitución de la leña por biogás reduce riesgos para la salud y disminuye el impacto ambiental.
Uno de los datos más contundentes es que el 70 % de la capacidad instalada en el país ya proviene de fuentes renovables, lo que posiciona a Colombia como un referente regional en generación limpia. En total, hay 9.576 megavatios fortaleciendo la matriz eléctrica nacional, gracias al impulso de proyectos solares, eólicos y de autogeneración térmica.La expansión continúa en marcha: 2.549 MW solares, 1.388 eólicos, 705 hidroeléctricos y 25 de biomasa están en diferentes etapas de desarrollo, desde construcción y licenciamiento hasta pruebas. Esto incluye 1.330 MW ya en construcción y 1.582 MW con licencia ambiental aprobada, una señal clara de que el país está apostando con decisión a las energías limpias.En 2024, el sector eléctrico invirtió $232.000 millones en protección ambiental, sembró 2,8 millones de árboles (13 veces más que en 2023) y restauró 4.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos. Además, se destinaron $22.000 millones de pesos a la protección de cuencas hidrográficas, instalación de estaciones hidrometeorológicas, plantas de tratamiento y proyectos de restauración ecológica.Estos esfuerzos demuestran un cambio estructural en cómo el sector energético entiende su relación con el territorio, con inversiones que no solo buscan compensar impactos, sino prevenir y restaurar de forma proactiva.Más allá de lo ambiental, el informe destaca un robusto enfoque social. Acolgen reporta una inversión de $187.000 millones en programas sociales, beneficiando a 839.000 personas en 20 departamentos. Estos proyectos incluyen mejoras de vías rurales, dotaciones escolares, paneles solares en instituciones educativas, actividades culturales y de salud comunitaria.Además, se destinaron $39.000 millones a programas para comunidades étnicas y $114.000 millones a transformar territorios con infraestructura básica, bibliotecas y baterías sanitarias rurales.El sector también generó 13.401 empleos directos, de los cuales 31% fueron ocupados por mujeres, 38% por hombres, y 24% por personas con otras identidades de género. También se integraron 932 jóvenes entre 18 y 30 años, mostrando un esfuerzo por cerrar brechas y promover inclusión laboral.En materia fiscal, el sector eléctrico transfirió $545.000 millones a entidades territoriales y ambientales, y pagó $2,2 billones en impuestos, recursos vitales para el desarrollo regional, la protección ambiental y el financiamiento de servicios básicos.El informe confirma que la transición energética en Colombia no es solo un asunto técnico o ambiental, sino un compromiso integral con la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo de las regiones. Acolgen cierra su informe con un mensaje claro: la energía no solo mueve al país, también puede transformarlo.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
Gases del Caribe se pronunció tras la decisión de la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración empresarial. La compañía enfatizó que esa decisión no tiene efectos inmediatos en Colombia y que, por ahora, los contratos de suministro de gas continúan plenamente vigentes.Según explicó la empresa, el fallo del tribunal canadiense, emitido el 24 de junio, expone las razones para autorizar a Canacol a finalizar, entre otros, dos contratos suscritos con Gases del Caribe.La Corte sustentó su decisión en que esa medida facilitaría el proceso de reorganización financiera que adelanta la compañía dentro del régimen de insolvencia transfronteriza en Canadá.Sin embargo, Gases del Caribe precisó que esa autorización aún debe ser incorporada mediante un Disclaimer Order y, posteriormente, ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La entidad colombiana deberá analizar si la decisión cumple con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y verificar que no afecte el orden público económico, los derechos de los acreedores ni el interés general.Mientras ese procedimiento no concluya, la empresa aseguró que los contratos de suministro de gas permanecen en firme y continúan produciendo todos sus efectos legales. En consecuencia, la decisión adoptada por la justicia canadiense todavía no modifica las obligaciones contractuales entre las partes en territorio colombiano.El pronunciamiento de Gases del Caribe se conoce luego de que la Corte de Alberta respaldara la solicitud presentada por Canacol Energy dentro de su proceso de insolvencia transfronteriza. {Ahora, el siguiente paso será la revisión que realice la Superintendencia de Sociedades, cuya decisión será determinante para establecer si la autorización concedida en Canadá puede tener efectos jurídicos en Colombia.
