Luego de algunos meses Esimed vuelve a ser noticia por varias cosas. Según los trabajadores, los directivos de la red de clínicas anunciaron una apertura de los más de 15 hospitales en marzo, pero sin pagar todavía más de siete quincenas retrasadas que no han sido desembolsadas a los enfermeros, médicos y profesionales en salud que trabajan para la empresa.Las clínicas fueron cerradas hace tres meses para iniciar un supuesto plan de reestructuración que consideró en su momento una inyección de $ 70.000 millones. Pero, en medio de ese proceso, empezó la negociación con la empresa Dynamic Business and Medical Solutions que pretendía comprar por más de 1.2 billones de pesos a la EPS y las clínicas que están hoy en varias regiones.Sin embargo, una solicitud de medidas cautelares del senador Jorge Robledo impidió la venta y el Tribunal de Cundinamarca ordenó que se detuvieran las negociaciones con la compañía estadounidense mientras se decidía de fondo sobre los problemas y las soluciones para los afiliados y trabajadores.Vea también: Empresa interesada en Medimás y Esimed ofrece más de $1.2 billones por activosEn ese tiempo la última gerente que tuvo la entidad, Beatriz Gómez Consuegra, renunció a su cargo y al frente quedó Olga Victoria Ruiz Mancera, que aparece mencionada en los listados de una investigación de la Contraloría General por haber recibido “bonificaciones por resultados” de parte de Medimás.En junio del año pasado se conoció que varios altos funcionarios de la EPS, entre los que estaba su presidente Néstor Arenas, habían recibido bonificaciones millonarias por resultados en un difícil momento de la aseguradora cuando estaba atravesando por investigaciones de los entes de control. En ese listado aparece Ruiz Mancera, que ya había estado con Esimed en Tunja.La Fiscalía y Procuraduría estuvieron en la sede principal de la empresa revisando, según dijeron fuentes a Blu Radio, movimientos financieros de la compañía y posiblemente algunos pagos que se realizaron desde Esimed hacia las compañías Prestnewco y Prestmed las sociedades dueñas de Medimás y la administradora de las clínicas.Por ahora los trabajadores insisten al Ministerio de Trabajo que tome decisiones por la falta de pago porque dicen que ya no pueden aguantar más tiempo sin la remuneración prometida. Antes de cerrar las clínicas se entregaban 145.000 facturas por servicios al mes en Esimed.
Blu Radio conoció que la empresa que presentó una oferta por los activos de Saludcoop en liquidación y por las acciones de Prestnewco y Prestmed es Dinamic Business and Medical Solutions, firma que envió una carta de intención hace tres semanas en la que ofrecía una suma a Ángela María Echeverry por los bienes que todavía están en poder de la liquidadora de Saludcoop y las acciones de los dueños de la EPS Medimás y Esimed. Dinamic Business es una compañía establecida en Indianápolis en 1993. En su sitio web se señala que provee soluciones en tecnología para los requerimientos en cuidado y salud. “Nuestro sistema es utilizado por 250 clientes al rededor del mundo en múltiples lenguas y ha sido entrenada para conocer los estándares de cada país en donde tenemos operación”, se lee en su página oficial. La empresa tiene experiencia también en la construcción y gerencia de hospitales y cuidados médicos en Norteamérica y Suramérica; también provee servicios en centros de datos sobre migración y productos de software. Hasta ahora se sabe que la empresa ofreció poco más de $1.1 billones por los activos de Saludcoop en liquidación. Esto significaría una buena parte de las clínicas que son operadas por Esimed, una parte del edificio en donde se encuentran los administrativos de Medimás en la calle 106 con Autopista Norte, en Bogotá, la EPS Cruz Blanca y otros bienes que hoy todavía se encuentran en venta por Saludcoop en liquidación. Pero la otra negociación independiente se da con los accionistas dueños de Prestnewco y Prestmed, las dos propietarias de Medimás y Esimed. Business Solution and Medical Solutions hizo otra oferta a los socios, independiente de la oferta a la liquidadora. Pero esa suma todavía no se conoce. Vea también: Los $800.000 millones que tienen en pausa la venta de Medimás y Esimed Según fuentes, en ese acuerdo se está negociando descontar el dinero que ya fue pagado de las cuotas de la venta de Cafesalud en julio del 2017 por 1.4 billones.Los socios todavía deben $ 660.000 millones por Cafesalud, pero sobre esa cifra también hay un debate porque la liquidadora no ha pagado cerca de $ 500.000 millones de algo que se conoce como reserva técnica: autorizaciones de servicios y tratamientos que fueron aprobados en Cafesalud, pero sobre los que Medimás tuvo que hacerse responsable una vez hecha la transición. Por Esimed los socios pagaron ya $ 108.000 millones y deben $ 142.000 millones. Ese dinero se descontaría a los nuevos dueños y esa es precisamente la negociación que se adelanta con la empresa norteamericana. Todavía no existe un acuerdo final; la liquidadora Echeverry y los dueños de la EPS están en acercamientos para definir qué hacer con los valores de la reserva técnica y la deuda de las cuotas y, en todo caso, todos los entes de control ya conocen la situación.La superintendencia debe autorizar un cambio de propietarios, pero el Supersalud ha dicho que si la empresa se va a encargar de las deudas con los trabajadores y de mejorar el servicio, podría ser la mejor solución para los colombianos.
La situación de Esimed no se ha solucionado. A pesar de que se habla de que ya podría haber un acuerdo entre los accionistas dueños de esta empresa y de la EPS Medimás con dos inversionistas extranjeros que comprarían la totalidad de las acciones de las compañías, cientos de empleados de Esimed aun hoy tienen salarios atrasados desde octubre. Desde hace varios días, los empleados iniciaron una tutelatón para exigir el pago de sus sueldos que empezaron a tener retrasos desde antes de octubre por todos los problemas financieros de la red de la administradora de más de 30 clínicas en todo el país. Los jueces rápidamente resolvieron que los pagos debían ser entregados. Uno de los casos es el de una enfermera de Magdalena que tuteló porque desde el 15 de octubre dejó de recibir su remuneración. La enfermera ganaba un salario básico de $ 853.374 pero desde el 15 de octubre el dinero dejó de llegar. Un mes después a la enfermera le notificaron que, en adelante, por el cierre de las clínicas, su trabajo debía ser desde su casa porque la compañía había resuelto un plan de reinvención que necesitaba tener ausente a los trabajadores por un tiempo. Un mes después la enfermera sigue en su casa esperando que le paguen sus salarios adeudados y que la afilien nuevamente a la seguridad social para que ella y su familia puedan pedir citas al médico. La enfermera interpuso su tutela señalando que la falta de pago había afectado su dignidad y la de su familia.Vea también: Supersociedades revisará operaciones de las sociedades dueñas de Medimás y Esimed Sin embargo, la opinión de Esimed no es la misma. Una vez el juez consultó a la empresa para entender sus argumentos, la representante legal dijo que la tutela no era el medio ideal para resolver el conflicto y negó que se estuviese afectando su mínimo vital por el pago de octubre. “La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el pago de acreencias laborales dado su carácter subsidiario, y ante la existencia de medios judiciales específicos para la solución de este conflicto. Se le han cancelado salarios hasta la primera quincena del mes de octubre, por lo tanto, no hay un incumplimiento prolongado e indefinido según lo ha explicado la jurisprudencia constitucional”, explicó la abogada. Esa argumentación no fue suficiente para el juez que resolvió, con base en el derecho al pago oportuno del salario, que la empresa debía entregarle en no menos de 48 horas los saldos pendientes a la empleada y las prestaciones sociales a las que tiene derecho según la Constitución. Pero el pago hasta ahora no ha llegado. Esta misma situación se repite con cientos de trabajadores que hoy no se encuentran en los pasillos de las clínicas prestando sus servicios médicos y administrativos, sino que siguen en sus casas esperando que se resuelva el camino de la empresa en la que algunos llevan media vida trabajando. Las clínicas permanecen deshabitadas porque se está desarrollando un plan con una supuesta inversión de $ 70.000 millones de parte de los dueños para poder levantar a la compañía. Pero con la llegada de un posible nuevo dueño que se mantiene en la sombra, no se sabe qué ocurrirá con los empleados ni con el dinero capitalizado para el plan de mejora, y tampoco con los salarios de la enfermera y sus compañeros. El viernes pasado hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo con los representantes de Medimás y Esimed y los trabajadores. Según fuentes la reunión concluyó con un compromiso de capitalizar recursos de Medimás para pagar los salarios de los trabajadores de Esimed, dado que ambas empresas pertenecen al mismo grupo de accionistas. El próximo 08 de enero habrá otro encuentro en la Superintendencia de Salud para conocer los detalles del negocio de venta, que ya habría sido acordado. Los trabajadores por ahora seguirán esperando que los afilien a las EPS para poder recibir atención médica como el resto de empleados del país, así como el pago por su trabajo que no ha sido reconocido.
La Superintendencia de Sociedades ratificó una medida de control de gobierno a las empresas holding de Medimás y Esimed que significa que todas las operaciones de las sociedades que no tengan que ver con la prestación del servicio de salud deberán ser autorizadas por la Superintendencia.La medida había sido recusada por los abogados de Prestnewco y Prestmed en un primer momento pero fue confirmada por la Superintendencia tras encontrar que todavía persisten algunas incongruencias con las cifras de las compañías.Ver también: Los $800.000 millones que tienen en pausa la venta de Medimás y EsimedLo más importante de la medida es que en adelante los dueños deberán solicitar autorización de la Superintendencia para cualquier operación que realicen por fuera de la prestación en salud. Un ejemplo es la venta de un activo, pero aún no está claro si la venta de la totalidad de las acciones en el proceso de enajenación de Medimás y Esimed que se adelanta con un inversionista extranjero podría tener que ser revisado por la Superintendencia.Supersociedades impuso la medida por primera vez en octubre por pasivos en Prestnewco, dueña de Medimás, por $517.562 millones y en Prestmed, dueña de Esimed, por $ 255.862 millones.Es posible que la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverry y los accionistas de Medimás y Esimed busquen un acuerdo en el centro de conciliación de la Superintendencia por diferencias en los pagos por la compra de Cafesalud en el 2017. Este conflicto por deudas de ambas partes tiene en pausa por ahora la venta de la EPS y la operadora de las clínicas.
Blu Radio reveló este jueves que los socios de Medimás estaban adelantando conversaciones con posibles inversionistas extranjeros. Hasta ese día, los dueños de las sociedades Prestmed y Prestnewco estaban evaluando ofertas para la adquisición total de la aseguradora, que lleva poco más de un año y medio en el sector salud, así como de la empresa que opera la red de clínicas Esimed que son propiedad de Saludcoop en liquidación.Ahora, se conoció que los socios recibieron una carta vinculante con una oferta que ya aceptaron en su totalidad. El negocio no depende solo de los dueños de Medimás sino de la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverry, a quien los accionistas de Medimás le estaban pagando las cuotas mensuales por la venta de Cafesalud, en junio de 2017.Pero Echeverry también aceptó la oferta que proviene de una empresa estadounidense. El negocio, según explicaron algunos de los socios a Blu Radio, consiste en adquirir el 100% de las acciones de la compañía que estaba en manos de 13 personas naturales con sus respectivas empresas. Incluyendo las deudas que tiene Medimás con las IPS del país, las cuotas que aún faltan pagar, y las sanciones y procesos que se adelantan en los entes de control.Este sería un nuevo punto de partida en el ciclo que ha rodeado a la EPS que controla los afiliados de Medimás y que ha cambiado de nombre y de dueños en más de tres oportunidades en los últimos años en Colombia.Primero fue Saludcoop, que luego de los escándalos por supuestas inversiones ilegales en otros sectores de Carlos Palacino fue intervenida por el Gobierno y por la Superintendencia de Salud en el 2011.Luego el Gobierno lideró la transición a la EPS Cafesalud, que quedó saturada de pacientes porque recibió más de cinco millones de personas provenientes de Saludcoop y no aguantó la ola de migrantes afiliados.Cafesalud quebró y tuvo que ser vendida en junio de 2017 en un proceso que tuvo mucha polémica por los oferentes, por las propuestas elevadas para anular otras aspiraciones, según denunciaron en su momento, y que, finalmente, fue entregada a Prestnewco dueña de Medimás, en una modalidad de pago a cuotas también cuestionada porque la EPS se pagaría una vez la nueva aseguradora ya tuviera liquidez y utilidad por sus ingresos por afiliados.Más de un año y medio después, los socios de Medimás decidieron abrir la puerta de las ofertas por las investigaciones y por el proceso de revocatoria que inició la liquidadora impulsada por el procurador Fernando Carrillo.Este trámite de venta deberá ser acompañado por la Superintendencia de Salud para que no haya traumatismos para los pacientes con la transición de dueños. Hasta ahora el acuerdo tiene un pacto de confidencialidad que no puede ser violado por ninguna de las partes.El nuevo dueño asumirá también los pasivos, que podrían llegar a ser de más de dos billones de pesos en Medimás, y varios miles de millones en Esimed, de acuerdo a los informes que ha entregado el contralor delegado de la Supersalud para la investigación y la medida de vigilancia especial.Hay que recordar que hace unos días la Superintendencia, en un movimiento sorpresivo, levantó la medida de vigilancia especial a Esimed. Algunas fuentes aseguran que esa decisión se dio para “no asustar” al inversionista.Lo cierto es que el nuevo operador tendrá que responder por la atención de 4,2 millones de afiliados, muchos de los cuales se han quejado de un servicio de salud con muchas fallas de parte de Medimás y que esperan que, sea como sea, la atención mejore. Aún no se conocen declaraciones del procurador general sobre el anuncio de la venta de la EPS.
La Superintendencia de Salud decidió levantar la medida de vigilancia especial que había impuesto a la red de clínicas Esimed por sus fallas en la prestación del servicio de salud en todo el país. Esta medida tenía el propósito de vigilar la atención, pero también los movimientos de recursos.Según fuentes de la superintendencia, se levanta la medida porque ya no están siendo atendidos los pacientes. Esimed propuso hace algunos meses un plan de reorganización que contempló, entre otras cosas, que los trabajadores hicieran sus labores desde casa para lograr materializar una capitalización que los socios establecieron en $ 70.000 millones.Lea también: Esimed dio paso atrás con nombramiento de gerente generalJustamente por ese plan de reorganización, y entendiendo que la labor de la superintendencia es revisar la atención y el cumplimiento de los indicadores en salud, la entidad decidió levantar esta medida y ahora corresponde a las secretarías de Salud en cada región decidir si las clínicas que están cerradas pueden volver a abrir.Esimed tiene cerca de 7.000 trabajadores en contratación directa y atendía a miles de pacientes cada mes. Se trata de una de las redes de hospitales más grandes del país y sus propietarios son los mismos socios de la EPS Medimás. Hay que recordar que meses atrás se dieron graves casos en la prestación del servicio como la muerte de un bebé neonato quemado en una incubadora en Bogotá.
La semana pasada, el gerente general de la red de clínicas Esimed decidió renunciar a su cargo luego de una serie de renuncias durante este año por parte de cada uno de los altos directivos.Como lo reveló Blu Radio, los accionistas habían elegido a Santiago Alvarado para remplazar al último gerente de la IPS que atraviesa una difícil situación en la prestación del servicio de salud por el cierre de clínicas en todo el país.Alvarado se presentó ante el superintendente de Salud como el nuevo gerente de Esimed e, incluso, llamó a algunos trabajadores de la entidad a su oficina para comentar futuros cambios en la administración.Vea aquí: Nuevo gerente de Esimed fue directivo de empresa de accionista de MedimásSin embargo, el nuevo gerente había tenido un alto cargo en una IPS de propiedad de Leonidas Olaya, uno de los accionistas de Medimás, a pesar de que la EPS ha afirmado en reiteradas ocasiones que es completamente independiente de la red de clínicas.La asamblea de accionistas, propietarios de Medimas y de Esimed, estaban reunidos ayer y decidieron no continuar con el nombramiento de Alvarado.Según fuentes cercanas, la nueva gerente sería Eugenia Gómez Consuegra, quien era la segunda al mando en la administración del último gerente, Ramón Quintero.
Blu Radio conoció que el último gerente de la red de Clínicas Esimed, Ramón Quintero, renunció el pasado 16 de noviembre a su cargo por razones personales, la quinta renuncia en un año en el cargo de mayor relevancia de la IPS más importante del país, que ha atravesado una crisis que terminó con el cierre de varias de las clínicas en ciudades como Tunja, Medellín, Pereira y Bogotá.El nuevo remplazo para ocupar la gerencia es una persona que trabajó en el pasado con una empresa perteneciente a uno de los accionistas de la EPS Medimás. Durante todo 2018, el presidente de Medimás, Néstor Orlando Arenas, dijo a la prensa que la aseguradora y la IPS eran dos entidades completamente diferentes y que tenían una figura jurídica independiente, a pesar de que los dueños de Medimás son los mismos que en junio de 2017 compraron a Cafesalud y a la red de clínicas en un mismo negocio.En este caso, Prestnewco es la sociedad dueña de Medimas, y Prestmed, la sociedad dueña de Esimed, conformada en el fondo por los mismos accionistas.El pasado 4 de octubre, un día después del anuncio del inicio de la revocatoria de venta de Cafesalud por parte de la agente liquidadora de Saludcoop y el procurador Fernando Carrillo, Néstor Orlando Arenas insistió en una rueda de prensa que Medimás no tenía nada que ver con Esimed.“Los temas laborales de Esimed son ajenos a la responsabilidad de la EPS. La responsabilidad de Medimás como asegurador es la continuidad en la prestación de servicios y lo haremos con la red alterna que se requiera. Ratifico una vez más: en todas las ciudades en donde Esimed ha cerrado operación, hemos estado ahí para garantizar la continuidad de los servicios”, dijo entonces Arenas, insistiendo en la idea de que, pese a tener los mismos dueños, eran sociedades diferentes.Sin embargo, Blu Radio conoció que el nuevo gerente que ya se presentó ante el superintendente es Fiyer Santiago Alvarado Ortiz, que en 2015 tenía el cargo de gerente de operación de una empresa llamada Cardio Global, de la cual aparece como directivo José Leonidas Olaya en un documento del 29 de julio de 2016.Esta decisión de imponer a un gerente cercano a uno de los accionistas de Medimás habría causado un conflicto en la junta de accionistas, mientras que la Superintendencia de Salud y la Supersociedades están investigando cada uno de los movimientos financieros y en la prestación en salud de la EPS y la red de clínicas.
Más de 500 empleados de la clínica Esimed de la 80 de Medellín aseguraron que desde el pasado 7 de noviembre les llegó una carta en la cual, por orden directa de la clínica, deben cumplir y desarrollar su contrato de trabajo en la casa. En diálogo con BLU Radio, la presidenta de Sintrasaludcoop de Medellín, manifestó: “tanto enfermeros, médicos y personal administrativo no entendemos cómo el personal de salud puede trabajar desde la casa, teniendo en cuenta que, además, la empresa tiene casi 8 meses de demora en el pago de salarios, cesantías, recargos nocturnos y dominicales. ¿Entonces ellos piensan mandarnos el paciente a la casa o qué?” Por su parte, los trabajadores interpusieron un derecho de petición ante el temor de que fueran despedidos.Le puede interesar: Dueños de Esimed capitalizarán $70.000 millones para salvar red de clínicas “Al mandarnos a todos para la casa se rompe el vínculo laboral, entonces pensamos que iban a hacer un despido con justa causa. Sin embargo, respondieron lo mismo, solo por el tema de los pagos, mas no aclaran en qué consiste la carta y cómo nosotros podemos demostrar que estamos desempeñando nuestra labor” manifestó Edinson Cabas, médico general de la clínica. Este jueves, los trabajadores harán un plantón en la Avenida 80 de Medellín a partir de las 11:45 de la mañana.
La IPS Esimed cerró la clínica Conuncos en Bucaramanga por la crisis financiera. Este centro recibía al 90% de los afiliados de la EPS Medimás.Desde el pasado 22 de octubre la clínica solo atendía urgencias vitales. Es decir, grado 1 en la clasificación del triage para los afiliados.Le puede interesar Medimás atenderá a afiliados pese a cierre de clínicas de Esimed en Santander Miembros del cuerpo médico, que trabajaban en la clínica, confirmaron que desde el sábado en la tarde no hay pacientes en Conucos, ya que todos fueron trasladados hacia la Clínica Bucaramanga y el Hospital Universitario de Santander.Por su parte, la doctora Renata Osorio, quien laboraba como médico general para la IPS, manifestó que el cierre de la clínica los deja preocupados porque todavía les deben dinero de quincenas y recargos.“A los médicos generales, más o menos, nos deben $12 millones y a los especialistas les adeudan cerca de $70 millones. Ni siquiera a las señoras de servicios generales les estaban pagando, la deuda es para todo el mundo”, manifestó.Al respecto, Esimed respondió que ha cumplido con la mayoría de los pagos y que, por ahora, solo tiene pendiente la cancelación de algunas quincenas a los trabajadores.En un comunicado, Medimás informó que reprogramará las citas y cirugías con la red médica alterna. Asimismo, “efectuará el cambio interno en las autorizaciones e informará de manera oportuna la nueva agenda”.
Hoy se cumplen diez años de la Ley 1804 de 2016, conocida como la Ley de Cero a Siempre, que convirtió en política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia y reconoció a las niñas y los niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes. La norma estableció la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y las familias para garantizar su acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.Una década después, aunque el país cuenta con un marco normativo sólido y registra avances en la consolidación de la atención integral, persiste uno de los principales desafíos que motivaron la creación de esta política: cerrar las brechas y garantizar que los derechos de la primera infancia se cumplan sin importar el territorio donde viven. De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reporta un avance cercano al 88 % en la meta de atender integralmente a 1,9 millones de niñas y niños. Sin embargo, para Red PaPaz, esta cifra debe analizarse frente al universo total de población en primera infancia: alrededor de 4,34 millones de niñas y niños entre cero y cinco años.Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, explicó a Blu Radio que la diferencia evidencia el tamaño del reto. Según señaló, la meta institucional no alcanza a cubrir a la totalidad de los niños que requieren servicios integrales de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección.La preocupación aumenta cuando se revisa la situación por territorios. Las mayores brechas permanecen en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y regiones afectadas por el conflicto armado, donde las dificultades para garantizar una atención integral siguen siendo mayores. A esto se suma el reto de fortalecer el acompañamiento a los municipios para mejorar la gestión territorial de la política.Piñeros insistió en que hablar de atención integral implica mucho más que garantizar el acceso a la educación inicial. La salud, la vacunación, la nutrición, el cuidado y la protección hacen parte de un mismo conjunto de derechos que resultan determinantes durante los primeros años de vida. El reciente terremoto también puso sobre la mesa nuevas dificultades. La directora de Red PaPaz advirtió que al menos 78 centros de desarrollo infantil resultaron afectados en medio de la emergencia, lo que representa un nuevo desafío para garantizar la continuidad de la atención de los niños en las zonas impactadas, particularmente en departamentos como Chocó.Para la organización, el aniversario de la Ley de Cero a Siempre debe convertirse en un punto de inflexión para el país y para el nuevo Gobierno. La petición es que durante los próximos cuatro años se fortalezcan las acciones de seguimiento, la inversión y, especialmente, la mirada territorial para evitar que los derechos establecidos en la ley se queden únicamente en el papel.Otro de los llamados está relacionado con la financiación. Red PaPaz plantea que Colombia debería avanzar hacia una inversión equivalente, como mínimo, al 1,16 % del Producto Interno Bruto en primera infancia. Piñeros recordó que el Gobierno anterior destinó alrededor del 0,84 % del PIB a este sector y señaló que todavía no se conocen los datos definitivos de ejecución.La discusión cobra mayor relevancia porque, según Red PaPaz, la primera infancia representa una de las inversiones sociales con mayor impacto a largo plazo. Una adecuada atención durante los primeros años puede contribuir a reducir enfermedades, fortalecer el desarrollo y mejorar las capacidades de aprendizaje y bienestar de las nuevas generaciones.A diez años de la Ley de Cero a Siempre, el desafío para Colombia ya no es únicamente mantener una política de Estado para la primera infancia, sino lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a todos los niños y niñas, especialmente a quienes viven en los territorios donde las brechas siguen siendo más profundas.
El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, solicitó formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de una controversia sobre la autoridad que debe asumir el conocimiento de los hechos investigados.La solicitud fue presentada después de que la defensa del exmandatario radicara un memorial en el que pidió que se propusiera un conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Según el documento de la Comisión, la controversia está relacionada con una hipótesis investigativa que vincula a Uribe con el delito de concierto para delinquir agravado por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.La Comisión señala que, de acuerdo con esa hipótesis, la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003, cuando Álvaro Uribe Vélez ya ejercía como presidente de la República, cargo que ocupó entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.En el memorial citado por la Comisión se plantea que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la presunta actividad delictiva, existiría una razón objetiva para que la Comisión de Investigación y Acusación asumiera el conocimiento de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el periodo en que Uribe ejerció la Presidencia.El documento señala que la Comisión aprobó por unanimidad, durante la sesión del 19 de agosto de 2026, plantear la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que la Comisión asuma el conocimiento de la actuación.La solicitud de remisión del expediente se produce, entonces, en medio de la discusión sobre cuál autoridad debe asumir el conocimiento de los hechos que, según la hipótesis investigativa mencionada en el documento, se habrían extendido hasta 2003.En el oficio también se hace referencia a hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y a la época en que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia, antes de llegar a la Presidencia de la República.¿Qué pasaría si la Fiscalía no acepta la solicitud?En caso de que la Fiscalía no acceda a la solicitud de la Comisión, el presidente de esta corporación pide que, previa respuesta de la entidad, el expediente objeto de la colisión de competencia sea remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional.El propósito sería que esa corporación dirima la colisión de competencia, de acuerdo con lo señalado en el oficio y con fundamento en el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 26 de agosto de 2026:Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, habló sobre el debate alrededor del borrador de decreto del Ministerio de Educación que regula los colegios en concesión. Defendió este modelo, implementado durante sus administraciones en Bogotá, y aseguró que ha permitido mejorar los resultados académicos de estudiantes de sectores vulnerables.Sebastián Restrepo, director ejecutivo de Fenalco Risaralda, entregó un balance sobre las afectaciones del comercio en Pereira tras el terremoto. Señaló que cerca de 8.000 comerciantes han resultado afectados en la ciudad y que alrededor de 1.400 negocios llevan más de dos semanas sin poder facturar.Pablo Bustos, abogado y director de la Red de Veedurías, habló sobre las denuncias relacionadas con el proceso de contratación para una subestación eléctrica en Lorica, Córdoba. Aseguró que el contrato, inicialmente estimado en cerca de 650.000 millones de pesos, podría representar un detrimento patrimonial cercano a los 2 billones de pesos.Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, analizó el crecimiento reciente de la economía colombiana y explicó que, aunque hay cifras positivas, el país no está creciendo a niveles extraordinarios frente a otras economías emergentes.Escuche el programa completo acá:
Con una expectativa de 53.000 visitantes profesionales y compradores procedentes de más de 50 países, inició en Medellín un nuevo encuentro de la industria de la construcción, evento que proyecta un impacto económico de 15.3 millones de dólares para la ciudad.Durante los cuatro días de la feria participan más de 500 empresas expositoras de 16 naciones, entre ellas ocho firmas de materiales, insumos y servicios apoyadas por la Alcaldía de Medellín, además de siete emprendimientos gastronómicos locales.La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, destacó que el sector constructor representa un pilar fundamental que dinamiza la economía local, al aportar más del 5 % del PIB distrital y sostener más de 162.000 empleos en la región."Expocamacol es la oportunidad para impulsar la competitividad empresarial del sector construcción, la innovación y el posicionamiento en Medellín como un destino de eventos de talla mundial y un referente internacional para los negocios. Para Medellín, el sector constructor es un pilar fundamental que dinamiza nuestra economía, aportando más del 5 por 100 del PIB distrital y sosteniendo más de 162.000 empleos en la región", afirmó.Como parte de la agenda, en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y ProColombia, se llevará a cabo una rueda de negocios con 150 compradores para superar las 2.000 citas comerciales, impulsando los insumos locales en mercados de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos.
La situación en el corazón de Pereira es crítica. El sismo ha dejado un saldo de unos 4.000 comercios afectados únicamente en la zona céntrica, cifra que se eleva a entre 7.000 y 8.000 comerciantes damnificados si se considera toda la ciudad, de un total de aproximadamente 35.000 a 40.000 negocios registrados ante la Cámara de Comercio. La falta de servicios básicos agrava la situación. Restrepo explicó que "en el centro de la ciudad todavía no tenemos energía eléctrica" debido a que "hay muchas zonas y muchos sobre todo edificaciones que están en riesgo de colapso y que están en proceso de demolición".Esto ha forzado a muchos comerciantes a desplazarse o mantener sus puertas cerradas, afectando gravemente a la venta al detal, que depende del día a día. Según el dirigente gremial, hay cerca de 100 comercios que desde el día del sismo "no facturan un solo peso porque sus tiendas están afectadas". La amenaza del desempleo y el fantasma de la crisis de 2008Antes del sismo, Pereira registraba una tasa de desempleo históricamente positiva del 7,8%. No obstante, la parálisis comercial amenaza con desatar una crisis laboral de gran escala. "Hoy las proyecciones que nosotros podemos llegar a hacer, y eso estamos casi seguros, es que van a pasar los dos dígitos, lo cual sería retroceder a cifras que en Pereira hace más de 6 años no tenemos", alertó Restrepo. Este retroceso evoca la profunda crisis de migración y economía del año 2008, cuando Pereira llegó a ser la ciudad con mayor desempleo del país, una situación que requirió 15 años de trabajo articulado para superarseEl temor de perder miles de empleos aumenta a medida que las obligaciones financieras de los empresarios continúan corriendo a pesar de que sus ingresos están en ceros. Durante la fase actual de rehabilitación y remoción de escombros, el gremio ha recibido la visita del ministro de Comercio, Mauricio Gómez, a quien le han planteado peticiones de fondo. Fenalco Risaralda enfatiza que el sector no necesita más endeudamiento, sino medidas de alivio directo y subsidios que impidan la quiebra masiva de los locales.Escuche aquí la entrevista:
