Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia, señaló que “lo que está acabando con el ambiente es el narcotráfico” y por eso insistió en la solicitud de nulidad del fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la aspersión con glifosato.Según comentó el funcionario en Mañanas BLU, las motivaciones del fallo no coinciden con la realidad. Además, dijo que la aspersión con glifosato durante el 2019, fue uno de los mecanismos más efectivos y usados para combatir los cultivos ilícitos.“En el año 2019 se usaron 34 millones de litros de glifosato, pero todo se usó en labores distintas a la aspersión de coca, fue en cultivos lícitos como café, flores, azúcar o ganadería. El glifosato es uno de los herbicidas más usados en Colombia, ¿es perjudicial cuando se usa para combatir la coca, pero no cuando se usa para cultivos lícitos?”, cuestionó.“Aquí lo más importante se basa en que hay un derecho al ambiente sano de todos los colombianos, el cual hay que proteger. Lo que está acabando con el ambiente es el narcotráfico y la manera eficiente de proteger ese ambiente sano y a las comunidades, es precisamente usando todos los mecanismos posibles, entre ellos, la aspersión aérea para combatir los cultivos”, añadió.Gómez detalló que hay “cerca de 200.000 hectáreas cultivadas, que no son ni para prácticas ancestrales ni para hacer agüitas aromáticas”. Dichas zonas, según expresó, son ilícitas y así lo dice el Código Penal, “por lo tanto el Estado está obligado a combatirlo, esas son las leyes”.“Existen, dentro de las causales que la Corte Constitucional ha definido, tres causales que creo cumplen con esta definición, entre otras cosas, porque la sala de dos magistrados va en contra de decisiones que ha dado la Sala Plena y, a nuestro su juicio, ha desconocido algunos argumentos de la defensa y las motivaciones del fallo no coinciden”, puntualizó sobre el fallo.
El plan, presentado por la Agencia de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la Policía Antinarcóticos para la fumigación con Glifosato, podría ser reanudado si el Gobierno pide la nulidad del fallo ante la Sala Plena del alto Tribunal.Lo anterior, porque el fallo fue adoptado por una sala de revisión compuesta por tres magistrados, de los cuales se apartó de la decisión la magistrada Gloria Stella Ortiz, para quien la tutela debió haber sido declarada improcedente, porque, entre otros aspectos, no se demostró de qué manera se produce una afectación directa con el contenido de la Resolución 001 de 2020 referente al Plan de Manejo Ambiental.Por otra parte, se consideró que “el amparo debió negarse en cuanto al derecho a la participación ambiental porque la ANLA sí lo garantizó en el trámite administrativo y, todavía existían etapas de participación y consulta previa que estaban previstas para momentos posteriores, sin que se reactivaran las aspersiones aéreas con glifosato antes de su cumplimiento”.El ex magistrado de la Corte Constitucional, Jose Gregorio Hernández, señaló que el fallo obliga al Gobierno a suspender la posibilidad de reanudar la fumigación hasta que se hagan las consultas previas con las comunidades, pero ve poco probable que la Corte anule su fallo.“Podría el Gobierno pedir la nulidad y eso implicaría volver a estudiar el asunto, pero considero muy improbable su prosperidad, por cuanto solamente cabe la nulidad por violación flagrante y probada del debido proceso o por cambio de jurisprudencia”, explicó el ex magistrado.Y es que hay antecedentes en los cuales la Corte ha anulado sentencias, como ocurrió con una tutela que se concedió a un estudiante de la Universidad Pedagógica por las tarifas que fueron ajustadas por el Ministerio de Educación y no le permitían estudiar. Aunque inicialmente la sala de revisión la concedió, el Ministerio de Educación solicitó la nulidad y fue revocada en Sala Plena.En otro caso como fue la tutela que elevaron las madres sustitutas del ICBF para que les pagaran pensión, la Corte inicialmente concedió el derecho, pero posteriormente fue anulada dicha sentencia.Escuche nuestro podcast "Ser campeón viene con Manual":
Este miércoles se conoció el texto completo de un fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional el 29 de noviembre del año pasado, el cual dejó sin efectos el nuevo intento del Gobierno Duque para retomar las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato. En la sentencia, el alto tribunal reafirmó la necesidad de consulta previa en las comunidades afectadas.En su decisión, la Corte reconoció "los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes", ante la posible reanudación de esta técnica de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, suspendida desde 2015.Sobre el fallo, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Andrés Mejía, vocero de Asocazul, Asociación de Pequeños Productores de San Pablo, Bolívar, explicó que su organización ha sido víctima de este proceso de fumigación, en la que 33 familias se han visto afectadas.En un trabajo que ha venido desarrollando la organización lograron identificar diferentes afectaciones sobre el medio ambiente, pues las entidades encargadas de este proceso, no aplicaron el principio de precaución.Es por eso que se ha preparado un informe que se presentará ante la Comisión del esclarecimiento de la verdad y ante la JEP, para que se reconozcan los responsables, ya sea el Estado o quien deba responder por dichas afectaciones al ambiente y a la comunidad.El vocero Mejía aclaró que como comunidad, están en proceso para ser admitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin que se reconozcan como víctimas, particularmente del Estado. Además, aclara que se identifica al Ministerio del Interior y a división Antinarcóticos de la Policía como responsables.Al afectar la tierra y los cultivos, se afecta directamente a las comunidades y una de las evidencias que han logrado recopilar, reflejan que los territorios logran recuperar su capacidad productiva después de más de una década."Con las personas que pudieron quedarse en sus territorios en sus fincas, posterior la hecho victimizarte, es que hay sectores, en donde una mayor cantidad de aspersión, en el que hasta hoy, después de 10-12 años, se está recuperando mínimamente la capacidad de producción de la tierra, es lo que hemos evidenciado", declaró el vocero.Concluyó que para su comunidad, la aspersión no es la solución a los cultivos ilícitos, sino que tiene que darse un proceso de sustitución concertada.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Definitivamente no habrá fumigación con glifosato de cultivos de hoja de coca durante lo que resta del gobierno del presidente Iván Duque.Esa es la conclusión a la que podemos llegar si analizamos el fallo de tutela de la Corte Constitucional del 29 de noviembre de 2021, pero conocido apenas en las últimas horas, que tumba dos resoluciones, una del ministerio del Interior y otra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que abrían el camino para el regreso de la aspersión.En la misma sentencia, la Corte le da un plazo de un año, prorrogable por otros seis meses, para adelantar de manera efectiva las consultas previas.Vamos por partes: la pandemia ocasionó serias dificultades a la Anla y a la Policía para cumplir plenamente con el deber de hacer una consulta previa con las comunidades ubicadas en 104 municipios, en 14 departamentos.De hecho, en la sentencia, la Corte recuerda que la Autoridad de Licencias Ambientales convocó a 17 audiencias virtuales durante 2020 y un encuentro semipresencial entre el 19 y el 20 de diciembre de 2020.Las comunidades entablaron cuatro tutelas contra la Anla y contra la Policía, que fueron unificadas y llegaron a la Corte Constitucional. Según los demandantes, la Anla vulneró su derecho a la participación por haber convocado audiencias públicas virtuales.La sentencia efectivamente señala que “la mayoría de las personas que habitan en los municipios no cuentan con las herramientas tecnológicas ni el acceso a internet para ejercer una participación efectiva de manera virtual”.Hay una parte clave de la decisión, en la que la Corte indica que “demás de tratarse de una política de Estado para detener el crecimiento del narcotráfico, la erradicación es una obligación internacional. No obstante, a pesar de su importancia, esta corporación ha considerado que su implementación debe respetar imperativos constitucionales, entre los que se encuentra el deber de garantizar el derecho a la consulta previa”.“La necesidad legal de una licencia ambiental y de la aprobación de un plan de manejo ambiental, es un indicio fuerte de la necesidad constitucional de una consulta previa en los casos en que estos programas afecten territorios de comunidades étnicas”, señala el fallo de tutela.La Corte indicó que la autoridad ambiental no podía tomar una decisión sobre modificar el Plan de Manejo Ambiental del Plan de fumigación con glifosato sin que antes se realizara el proceso de consulta previa a todas las comunidades étnicas susceptibles de verse afectadas con las actividades de aspersión.La Corte señala que “más allá de las cifras de personas que asistieron y participaron de forma virtual o presencial en las reuniones informativas, la sala considera que a pesar de los esfuerzos de la policía y del ANLA no es posible concluir que en el trámite administrativo ambiental se haya garantizado el derecho a una participación pública y deliberativa de las comunidades que residen en los municipios que conforman los núcleos de operación del PECIG”.Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Campesinos que se dedican al cultivo de hojas de Coca en Nariño y el Catatumbo, Norte de Santander, celebraron la decisión de la Corte Constitucional que frena la aspersión con glifosato hasta que haya un diálogo con las diferentes comunidades.La Asociación Campesina del Catatumbo, una de las que participó de la tutela que frenó la aspersión, argumentó que hubo fallas en la consulta previa y muchos pobladores no pudieron participar de la discusión sobre el programa."Una de las fallas fue que la Anla convocó a las zonas afectadas, en los cascos urbanos y muchas personas viven en el área rural. En el caso de Norte de Santander se llevó a cabo en Cúcuta y solo se permitió un aforo del 30%. Entonces como había problemas de movilidad para que las comunidades se desplazaran hasta la capital, se pidió que algunos se conectaran por internet. Pero en algunas zonas del Catatumbo, no hay conectividad y no cuentan con celulares de alta gama", manifestó Olga Quintero, líder de Ascamcat.Con un aproximado de 40.000 hectáreas de hoja de coca, el Catatumbo, Norte de Santander, se convirtió en una de las zonas del país con más cultivos ilícitos.Por otra parte, Adolfo León, reconocido líder social del corregimiento de Madrigal, zona rural de Policarpa uno de los 25 municipios que, en Nariño, está en la mira de las autoridades para reiniciar la aspersión aérea con glifosato, dijo que desde hace 26 años le están pidiendo al Estado colombiano un dialogo abierto y sincero sobre el manejo de los cultivos Ilícitos.“El tema no es acabar las cosas de esta forma rociando veneno a diestra y siniestra, tiene que haber una concertación con las comunidades y para nadie es un secreto que el 90 por cierto de los municipios de la subregión de la cordillera en el norte de Nariño vivimos de la hoja de coca directa e indirectamente, pero estamos dispuestos a erradicar pero que sea gradual y concertada con el estado colombiano”, dijo León.Según explicó el líder agrario, quemar los campos con glifosato no ha sido ni será la solución para acabar con los cultivos ilícitos. Agregó que con ello lo único que se ha hecho es agrandar y expandir la resiembra, porque muchos de los campesinos emigran otras zonas a seguir cultivando la hoja de coca. Lea tambiénLa Corte Constitucional, mientras tanto, aseguró que es indispensable que la consulta se haga teniendo en cuenta el dialecto y/o lengua de la comunidad étnica afectada.Escuche detalles de la noticia en Meridiano BLU:
La Corte Constitucional frenó la fumigación con glifosato en el país hasta que se haga una efectiva consulta previa con las comunidades eventualmente afectadas con las aspersiones. La decisión confirma una sentencia adoptada el 10 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño.“El problema evidenciado es replicable en cada uno de los municipios que integran los núcleos de operación definidos para el Programa de erradicación con glifosato. Por tanto, la Sala estima que la semipresencialidad, limitada por la pandemia, no es sinónimo de garantía de la participación ambiental, especialmente en el componente deliberativo”, aseguró la Corte.La máximo autoridad además concedió el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación en materia ambiental, a José Ilder Díaz Benavides, María Esperanza García Meza, Adolfo León López Zapata y Rosa María Mateus Parra y otros, en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Policía Nacional y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.La Corte Constitucional también ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que, en el término de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, que puede ser prolongado hasta por seis meses más, adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que tienen presencia en cada uno los seis (6) núcleos de operación definidos para la modificación del Plan de fumigación, que abarcan un total de 104 municipios en 14 departamentos.Igualmente, ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que en un plazo de 15 días después de notificarse la sentencia, adelante las gestiones necesarias para reprogramar las reuniones informativas y la audiencia pública ambiental en el marco de la modificación del Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación solicitado por la Policía Nacional y para ello ordenó a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo hacer seguimiento detallado de esta instrucción.Escuche más detalles de la noticia en Meridiano BLU:
En los próximos días el Consejo Nacional de Estupefacientes será citado para definir el futuro de las aspersiones aéreas con glifosato. El regreso de las aspersiones es apoyado por el Gobierno al considerar que no hay pruebas de daño a la salud y al medio ambiente.Desde Barranquilla, donde el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, participa del World Law Congress aseguró que está a la espera de que le entreguen en su despacho los estudios realizados por la ANLA y el Instituto Nacional de Salud sobre la afectación del glifosato sobre el medio ambiente y la salud de las comunidades aledañas a las zonas donde se realice la aspersión con el químico. Ruíz anunció que, una vez reciba los dos estudios que eran condiciones de la Corte Constitucional, citará al Consejo Nacional de Estupefacientes y allí se definirá la viabilidad de esta práctica en Colombia.“Nosotros estamos simplemente esperando que me lo oficialicen. Una vez ambos documentos me los oficialicen miramos la viabilidad, convoco como presidente el Consejo Nacional de Estupefacientes a todos los miembros y mirar la viabilidad de la aspersión aérea o no en Colombia”, declaró. El ministro confirmó que se cumplió con el paso y requisito de hacer las consultas previas con la comunidad y que él mismo ha visto en terreno como la siembra de cultivos de coca sigue cobrando vidas humanas, afectando a los animales y generando muchas problemáticas por lo que considera que la aspersión con glifosato es necesaria para combatir este flagelo.“Yo lo he dicho, para poder nosotros a pesar de que se han reducido de 173.000 hectáreas a 143.000 actualmente están ocasionándose una cantidad de muertos por parte de los miembros de la fuerza pública o se están tratando de neutralizar todos estos grupos delincuenciales hablamos de la erradicación manual y de la aspersión terrestre y también la cantidad de animales que perecen como consecuencia de ellos y aunado a las minas quiebrapatas y todo ese tipo de cosas”.Aunque dijo que no puede dar un día exacto, el ministro Ruiz respondió a BLU Radio que una vez les oficialicen los dos documentos “nosotros con mucho gusto tomamos la decisión. Yo pensaría que esto puede ser el año entrante no se enero, febrero estamos a la espera de ello.”“De modo que la aspersión aérea en mi criterio sería una de las mejores opciones para acabar con ese mal que es el narcotráfico. Yo he estado en territorios en Roberto Payán allá en Nariño, en Tumaco hacia adentro y queda uno triste de los grandes daños que ocasiona el narcotráfico”.Escuche esta información en Meridiano BLU:
La polémica nace por esta respuesta que dio el precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga en entrevista con la revista Bocas, donde comentó que “llevamos 11 años sin fumigar, estamos entregándoles todo. Cuando se estaba negociando en La Habana, Humberto de la Calle casi que les decía a las Farc que sembraran coca”.En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, dio una dura respuesta a Zuluaga asegurando que “su fórmula frente a los cultivos ilícitos se resume en glifosato y bala. Es la política que ha imperado sin éxito en las últimas décadas”.Agregó que esta política que promueve el precandidato del uribismo se plantea en estos momentos para que la gente vote “emberracada2 y que “a su sevicia se suma el ansia de poder”.“Es por tanto una fórmula triplemente oprobiosa: por su secuela de violencia y muerte, por su utilización electoral y por su ineficacia”. También le dice que este es el ataque de Zuluaga en momentos en que, incluso, el Gobierno de Estados Unidos planteó una política de apoyo a Colombia en esta materia sin incluir directamente la fumigación con glifosato.“Su afirmación aparece cuando la Corte Penal y hasta el Gobierno han apoyado el acuerdo en relación con el elemento justicia ¡Qué inoportuno desacierto el suyo!”.Menciona de la Calle que recientemente ha rechazado los ataques de los que ha sido víctima Zuluaga y que espera que esto le sirva de lección para “limpiar su odio”.“Creí que su cantinflesca aparición reciente, en la que esparcía desinfectante, buscaba limpiar su mente y liberarla de ese fardo de rencor. Hoy veo que realmente era una puesta en escena de su obsesión por el glifosato”.Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
Estados Unidos anunció este lunes una nueva estrategia de lucha contra las drogas en Colombia, que tendrá como pilares la reducción de la producción, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medioambiente.La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado los detalles de la iniciativa, producto de un grupo de trabajo conjunto para luchar contra los estupefacientes.Para reducir la oferta, EE.UU. quiere que los esfuerzos contra el lavado de dinero y para erradicar las drogas, prohibirlas, reducir su demanda y destruir los laboratorios de procesamiento estén vinculados con las acciones para llevar a los narcotraficantes ante la justicia.Respecto a la seguridad y desarrollo del medio rural, la iniciativa aboga por promoverlos con la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno colombiano alcanzó en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, además de invertir en estas zonas y facilitar el acceso a la justicia.Esto incluye, indicó la ONDCP, proteger a los líderes comunitarios que promuevan la aplicación de la ley, reducir la dependencia de los cultivos de coca, ampliar la regulación de los títulos de propiedad de las tierras y modificar la forma en que EE.UU. y Colombia miden sus progresos en esta materia.Además, Washington ayudará a Bogotá en sus esfuerzos para vigilar y combatir los delitos ambientales cometidos por los grupos narcotraficantes.En este punto ambos apostarán por medidas como la restauración de los bosques tropicales y la eliminación tanto de las zonas sembradas con cultivos de coca como de los refugios para los laboratorios, entre otros.El comunicado de la ONDCP no menciona la medida que quiere retomar Colombia como es la erradicación forzosa de cultivos ilícitos por aspersión aérea de glifosato, que está suspendida en el país desde 2015 por una orden de la Corte Constitucional, después de reconocer las consecuencias adversas para la salud de esta práctica.El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) intensificó las presiones a Colombia para reanudar las fumigaciones con este herbicida y la línea parece continuar con su sucesor, Joe Biden, ya que su Gobierno certificó el 1 de marzo a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y apoyó la aspersión aérea.Durante su viaje a Colombia entre el 20 y 21 de octubre, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, no se refirió a esa controvertida decisión de las autoridades colombianas.Durante su estancia en Bogotá, Blinken aseguró que para luchar contra el narcotráfico hay que abordar las raíces del problema, como la inequidad o "reducir la demanda en EE.UU. que es la que está alimentando toda la actividad ilícita".De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), los cultivos de coca en Colombia se redujeron en 2020 a 143.000 hectáreas, un 7 % menos que el área sembrada en 2019.Escuche más noticias de Colombia y el mundo:
En la comisión quinta del Senado se hundió el proyecto de ley que buscaba prohibir el uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos en el país, con 9 votos a favor contra 4, se aprobó una proposición del Centro Democrático que pedía archivar este proyecto.Durante este debate, varios congresistas dieron su opinión sobre esta iniciativa, el senador Carlos Felipe Mejía dijo que el incremento de los cultivos de coca se había evidenciado desde el Gobierno pasado y a causa de los acuerdos de paz, por eso era necesario mantener la estrategia que se había implementado en los últimos años, en la que se utiliza el glifosato.Posteriormente, uno de los autores de este proyecto, el senador Antonio Sanguino dijo que, según estudios internacionales, se pretende defender la salud de los campesinos y que en lo que se estipula en los acuerdos de paz se debe priorizar la sustitución de cultivos en la estrategia antinarcóticos."Hemos propuesto este camino en relación con la política antinarcóticos con la protección del ambiente, proponer esta prohibición para nada nos hace aliados del narcotráfico y del terrorismo(...) 7 relatores de la ONU, de medio ambiente enviaron una carta al presidente Duque en la que afirman que la propuesta del Gobierno de retomar las fumigaciones aéreas con el glifosato supone enormes riesgos para los Derechos Humanos y el medio ambiente”, explicó.Siga y escuche las noticias del día en Spotify
La Cancillería informó que las oficinas de pasaportes ubicadas en el centro y norte de Bogotá no tendrán atención al público este viernes, 19 de abril, en respuesta al día cívico anunciado por el presidente Gustavo Petro.Ante la medida anunciada por el Gobierno nacional, algunas entidades públicas se han acogido a la solicitud del presidente Petro con el objetivo de ahorrar energía y agua.¿Dónde quedan las oficinas?Estas dos oficinas en Bogotá están ubicadas en el centro y norte de la capital. Estas son las direcciones exactas:Sede centro: calle 12c #8-27Sede norte: avenida 19 #98-03, edificio Torre 100 piso 1 y 2Día cívico en ColombiaEl mandatario Gustavo Petro anunció este viernes como día cívico en el país para disminuir el consumo de agua y energía eléctrica, en momentos en que algunos embalses están en los niveles más bajos de su historia.Petro manifestó que la iniciativa no es "para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico". De hecho, invitó a las personas que viven en Bogotá a salir este fin de semana de la ciudad para disminuir el consumo de agua y así se recuperen un poco los embalses que alimentan a la capital de casi 10 millones de habitantes.Según datos de XM, operador del mercado, el volumen útil de los embalses del país se ubicó el miércoles 17 de abril en 28,74 %."Así que este 19 de abril es un día cívico en Colombia, con estas características y hacia estos objetivos: cuidar el agua, simplemente cuidar el agua, y poderlo hacer por millones. Y lograr que en este momento, donde ya es posible que empiecen las lluvias en Colombia, no tengamos que profundizar ningún tipo de racionamiento para ningún tipo de los servicios que se le entregan al pueblo colombiano", añadió Petro.
El gobierno de Gustavo Petro emitió el decreto con el que se declara un día cívico en el país, con el objetivo de promover el ahorro de energía y del agua. Según lo establecido en el decreto, se busca fomentar la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, en medio de la crisis que afronta el país por el fenómeno de El Niño."El Ideam ha advertido sobre el agravamiento de la emergencia climática en Colombia, con la presencia de un fenómeno de El Niño atípico y la oscilación climática Madden-Julian, lo que ha prolongado la temporada seca en el país. Esta situación demanda la adopción de acciones inmediatas para evitar impactos mayores", se lee en el documento que ya firmó el jefe de Estado. Las precipitaciones han estado por debajo de lo esperado en las últimas semanas y esto ha generado preocupación debido al impacto en la recuperación de las escorrentías y los niveles de los embalses, lo que representa un riesgo para la seguridad energética del país. Según el decreto, en este día cívico, se insta a todos los ciudadanos a reflexionar sobre su responsabilidad individual y colectiva en la preservación del medio ambiente y a tomar acciones concretas para reducir el consumo de agua y energía, así como para promover prácticas sostenibles en el hogar y en la comunidad. ¿Cuáles son las medidas del decreto? Este documento decreta: Artículo 1: Declarar como día Cívico de la Paz con la Naturaleza el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo de la protección de los recursos naturales. Para tales efectos, el primer día Cívico de la Paz con la Naturaleza seré el 19 de abril del 2024.Artículo 2: Las entidades públicas del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos, funcionarios y contratistas, suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día No Hábil, laboralmente. Aquí puede ver el decreto:
En la cárcel judicial de Ipiales, frontera sur entre Colombia y Ecuador, fueron recluidos, de manera provisional, once hombres y dos mujeres entregados por la justicia de Ecuador, siendo este el primer grupo de colombianos repatriados, de acuerdo con lo ordenado por el presidente Daniel Noboa.Jairo Otero, director de migración Colombia seccional Nariño, dijo a Blu Radio que este grupo de personas estaban se encontraban en el Centro de Privación de Libertad de la provincia del Carchi en el norte del Ecuador, en donde fueron condenados por el delito de narcotráfico.Otero aseguró que las 13 personas fueron recibidas en el puente internacional de Rumichaca bajo un estricto operativo de Policía que fue coordinado por los dos países.“De acuerdo con las informaciones de la justicia del ecuador solo se han aceptado cerca de 103 carpetas de colombianos que ya cumplieron la mitad de sus condenas y podrían ser repatriados en grupos pequeños”, aseguró Otero, director de Migración Colombia seccional Ipiales."Este es un proceso que se ha manejado con mucha discreción por parte de las dos cancillerías para evitar que haya inconvenientes ya que el Ecuador decidió descongestionar las cárceles de su país", aseguró el funcionario.Manifestó que una vez se logre establecer si las personas repatriadas tienen o no cuentas pendientes con la justicia colombiana, se determinara el sitio donde terminaran de cumplir sus condenas.La identidad y sitios de origen de los repatriados por el momento se mantiene en absoluta reserva.
Una tragedia sacude a la comunidad de Guayaquil, Ecuador, tras el cruel asesinato de Milton Rivera, un hombre de 56 años con más de 15 años al volante de buses urbanos en en esa ciudad. La noche del lunes 15 de abril, su propia hija presenció impotente cómo su padre fue asesinado a tiros mientras conducía, en la misma zona del suroeste donde había vivido gran parte de su vida.El responsable de este acto atroz habría sido Bryan Daniel Ramírez Guerrero, un adolescente de apenas 14 años. Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), el joven enfrentará un internamiento preventivo por el delito de robo con resultado de muerte, decisión tomada por un juez este martes, informó Ecuavisa. A su vez, Erick Ismael Espinoza Farfán, de 24 años y con antecedentes penales, también fue capturado en relación con el caso y enfrentará un proceso judicial independiente debido a su condición de adulto.Así fue el crimen contra este chofer en EcuadorLos hechos ocurrieron a bordo del bus de la línea 45, donde Ramírez, Espinoza y otro individuo aún prófugo abordaron el vehículo. Tras robar a los pasajeros, perpetraron un brutal ataque contra el conductor, despojándolo de todo el dinero recaudado y su bolso personal. A pesar de no oponer resistencia al atraco, Rivera fue víctima de dos disparos en la cabeza por parte de los delincuentes, falleciendo instantáneamente.Video del crimen (imágenes muy sensibles)La escena del crimen se desarrolló a pocos metros de la estación, en presencia de la hija del conductor, quien suplicaba por la vida de su padre mientras este era atacado. Según el comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, Víctor Herrera, los detenidos ya habían perpetrado otros robos en la misma línea de buses, revelando un preocupante patrón delictivo en la zona.La noticia ha conmocionado profundamente a la población guayaquileña, generando un clamor por justicia y seguridad en las calles. Mientras tanto, la familia de Milton Rivera y la comunidad en general lamentan la pérdida de un hombre trabajador y querido, cuya vida fue truncada de manera injusta y violenta.
La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien se encuentra en CaliCali realizando el lanzamiento del plan de movilización de la COP-16, con el que se busca abrir el espacio para la participación ciudadana en este importante evento de biodiversidad, se refirió al ahorro de energía.En este evento, la ministra extendió una invitación a los sectores del país, para participar de manera activa del día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro, este viernes 19 de abril, asegurando que debe ser una jornada para que haya paz entre la naturaleza y la ciudadanía."Es un día cívico que se inaugura este año y se hará anualmente, donde se invita al sector educativo, a la empresa privada y todos los sectores sociales del país a que nos tomemos ese día, no solo como un día de reflexión sino de acción sobre la crisis ambiental que estamos viviendo", aseguró.En su intervención, la ministra Muhammad también aseguró que el Gobierno nacional está contemplando todos los planes de contingencia necesarios para evitar un racionamiento de energía en el país, sin embargo, es necesario la acción de la ciudadanía. "Por eso un llamado fundamental a que ahorremos energía, pues estamos en un momento complejo y la ciudadanía puede aportar mucho y las empresas, industria y el comercio también. Si ahorramos juntos el 4 % de la demanda de energía podemos lograr superar este valle", puntualizó la ministra.Muhammad finalizó su intervención asegurando que, según los pronósticos, se espera una estabilización de los embalses en los próximos días. Se espera que el mes de mayo ya inicie la temporada de lluvias firme, y en el segundo semestre del país ya haya una transición al fenómeno de la niña.