Defensora del Pueblo pide continuar con sustitución de cultivos ilícitos: rechaza uso del glifosato
Con este pronunciamiento, la Defensoría insistió en que los retos de derechos humanos deben abordarse desde una perspectiva integral, que combine políticas de seguridad con la inclusión social y la protección de los sectores más vulnerables.
Defensora del Pueblo pide continuar con sustitución de cultivos ilícitos: rechaza uso del glifosato
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reiteró su llamado al Gobierno nacional para que retome los compromisos del acuerdo de paz en materia de sustitución de cultivos ilícitos, en lugar de insistir en la posible reactivación de la aspersión aérea con glifosato como estrategia de erradicación.
“Ha habido un crecimiento de los cultivos de uso ilícito debido a muchos factores, entre ellos, el incumplimiento del acuerdo final de paz en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito.(...) Hay que volver al original”, afirmó la funcionaria, al destacar que el problema persiste no solo por la siembra, sino por la ausencia de alternativas y falta de control de la fuerza pública en territorio
Esto se debe a que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el Gobierno evaluará solicitar una “sentencia interpretativa” que permita reabrir el debate sobre la viabilidad en el marco de la lucha contra las drogas.
Defensora del Pueblo, Iris Marín
Foto: Suministrada
La defensora también se refirió a los recientes enfrentamientos en Ipiales, Nariño, donde se registró un nuevo intento de asonada contra el Ejército. Señaló que, si bien la fuerza pública enfrenta una situación compleja, es fundamental que sus actuaciones se ajusten al derecho internacional, privilegiando la proporcionalidad en el uso de la fuerza y limitando el empleo de armas largas frente a la población civil.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la defensora advirtió que Colombia enfrenta desafíos críticos en materia de garantías sociales: la paridad de género en las altas cortes se redujo del 29 % al 27 %; el desempleo juvenil alcanzó el 17,4 %; y más de 400.000 jóvenes han tenido que recibir atención por ansiedad y depresión, cifras que reflejan un panorama preocupante para la garantía de los derechos en el país.
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Con este pronunciamiento, la Defensoría insistió en que los retos de derechos humanos deben abordarse desde una perspectiva integral, que combine políticas de seguridad con la inclusión social y la protección de los sectores más vulnerables.
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