Hidroeléctrica Urrá

La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional y la expedición de una serie de decretos para enfrentar la crisis climática ya comienzan a generar reacciones en el sector energético. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), advirtió que algunas de las medidas podrían tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico colombiano, incluyendo la posible intervención en el manejo de los embalses.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la dirigente gremial expresó su preocupación por el decreto que establece un impuesto adicional del 2% sobre las ventas de ciertas empresas generadoras de energía, recursos que serán transferidos directamente al Ministerio de Ambiente.Impuesto del 2% a generadoras: dudas sobre su alcanceEl decreto contempla que las hidroeléctricas y térmicas cuya infraestructura de generación, embalse o captación esté ubicada o que operen en cuencas hidrográficas “directamente afectadas” en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó deberán asumir un 2% adicional sobre sus ventas.Tradicionalmente, las empresas generadoras ya realizan transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para inversión ambiental en las regiones. Sin embargo, el nuevo 2% tendría un destino diferente.“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la presidenta de Acolgen.El gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre el impacto económico de la medida. “En este momento estamos cuantificando eso porque estamos viendo todas las térmicas y todas las hidroeléctricas que están incluidas dentro de las cuencas que está incluyendo el decreto”, precisó.Entre las compañías potencialmente afectadas se encuentran grandes centrales como Hidroituango, activos de Isagen, Urrá y plantas térmicas como Tesorito, aunque el alcance real dependerá de cómo se interprete la expresión “directamente afectadas por la emergencia”.“Esa frase es lo que hay que puntualizar muy bien. Eso no puede quedar así de abierto”, enfatizó Gutiérrez, al advertir que la redacción amplia podría generar inseguridad jurídica y distorsiones competitivas.Riesgo de intervención en los embalsesMás allá del impacto tributario, Acolgen encendió las alarmas por otro punto del decreto relacionado con la modificación de instrumentos de manejo ambiental, lo que podría traducirse en cambios en la operación de los embalses.“No se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. Esto quiere decir que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses, y esto es supremamente grave”, sostuvo.La dirigente explicó que el manejo de los embalses es un componente esencial del sistema eléctrico colombiano, diseñado bajo un esquema técnico y comercial que ha evolucionado durante más de tres décadas.“Los embalses se regulan para atender los contratos de largo plazo y para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años”, afirmó.Una intervención, advirtió, podría poner en riesgo tanto los compromisos comerciales como la seguridad energética del país. “Puede poner en riesgo los compromisos de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad del país en momentos de sequía”, subrayó.Impacto en inversión, competencia y tarifasDesde la perspectiva de Acolgen, el nuevo impuesto a las generadoras de energía también tendría efectos en la liquidez de las empresas, la inversión en nuevos proyectos y eventualmente en el precio de la energía.“Esto tiene varios impactos: impactos en la liquidez inmediata, en la afectación de la inversión, en la distorsión de competencia, porque entonces adicionalmente le está poniendo una carga fiscal a unas empresas y a otras no”, explicó Gutiérrez.Aunque evitó confirmar un aumento inmediato en las tarifas, reconoció que el componente de generación es determinante en la factura final. “Un posible traslado en los precios, aunque la factura de energía no solo está compuesta por la generación, pero el componente de generación sí es importante”, indicó.El gremio también manifestó inquietud frente al mensaje que la medida envía a los inversionistas, en un momento clave para el sector eléctrico colombiano, que se prepara para nuevas subastas de energía.Debate sobre la justificación técnica y fiscalFinalmente, Acolgen cuestionó la fundamentación técnica y fiscal de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica.“Reconocemos la gravedad de la crisis climática y creemos que se necesitan respuestas eficaces, pero estamos viendo que hay una ausencia de justificación técnica, una ausencia de justificación fiscal, no hay una cuantificación del daño ambiental ni estimaciones detalladas para determinar la recuperación”, concluyó Gutiérrez.

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