La expresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle, desmintió que haya recibido propuestas del Gobierno Nacional en torno a embajadas o consulados, asegurando además que si llegara a suceder, no lo aceptaría. El pronunciamiento se da luego de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, denunciara que le habrían ofrecido “en cuerpo ajeno” algún cargo diplomático. La magistrada Calle hizo énfasis en que su propósito es aclarar el tema, pues, reiteró, nunca le han ofrecido ningún cargo. “Nunca le han ofrecido a ninguno de mis familiares, ni a mi compañero ni a mi embajada alguna. Hay una prohibición constitucional y básicamente dice que el Gobierno no podrá conseguir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el ejercicio de sus funciones ni durante el año siguiente a su labor”, enfatizó. Aunque en prohibición a la que hizo referencia no se menciona a cónyuge o familiares, Calle comentó: “obviamente que no se extiende a mi esposo, pero a mi esposo tampoco le han hecho ninguna propuesta de esa naturaleza y si se la hicieran, él no la aceptaría simplemente porque no sería correcto”. Cabe recordar que en las últimas horas también se pronunció el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema, coincidiendo con la versión de la magistrada de que no se ha ofrecido ningún cargo. “El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que no le ha ofrecido ningún cargo a la expresidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, ni a ningún miembro de su familia en alguna embajada, consulado ni misión diplomática”, decía el comunicado de prensa de la Cancillería. La expresidenta de la Corte aprovechó para criticar al fiscal general, quien al parecer hizo la denuncia porque “alguien en un coctel se lo comentó”.
Mediante una nota aclaratoria, la magistrada María Victoria Calle desmintió los rumores relacionados con el supuesto ofrecimiento del Gobierno para que su esposo o ella ocuparan una embajada. “Ni mi compañero permanente (Gustavo Gómez Aranguren), ni yo, hemos recibido ofrecimiento alguno para ocupar cargos diplomáticos por parte del Gobierno Nacional”, manifestó. Explicó además que “existe una prohibición constitucional expresa de ofrecer empleos o cargos a los magistrados de la Corte Constitucional durante su periodo de ejercicio o en el año siguiente a su terminación (…). Para Calle, un sano entendimiento de esa prohibición, “implica considerar que se extiende a conjugues o compañeros permanentes, y que la prohibición cobija tanto el ofrecimiento como la aceptación”. Finalmente, señaló que aun si la prohibición no existiera en el plano jurídico, se abstendrían de aceptar un ofrecimiento de esa naturaleza “por considerarlo contrario a la ética pública y, especialmente a la imparcialidad, independencia y rectitud de la administración de Justicia”.
El jefe del ente investigador se refirió a la embajada que le sería entregada al esposo de la expresidenta de la Corte Constitucional, Maria Victoria Calle, quien fue clave en las discusiones sobre el acuerdo de paz en ese tribunal. "En los cócteles se dice que la magistrada saliente que fue presidente de la Corte Constitucional recibiría en cuerpo ajeno una embajada. Por razones de ética y moral esto es totalmente inaceptable. Eso es lo que no quiere ver la sociedad colombiana, lo que quieren ver es la independencia de poderes." Aunque en principios de año la magistrada había anunciado que su esposo no se aceptaría tal nombramiento, según trascendió ya aceptó recibir la embajada de Colombia en Suiza.
En la reunión que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, los magistrados decidieron que no estudiarán la recusación en contra de la magistrada María Victoria Calle y por esto, vuelven los términos límites para que se tome una decisión de fondo que defina si se prohíbe o no las corridas de toros en el país. La decisión se tomaría en la tarde de este mismo día. Sin embargo, lo que ha podido conocer Blu Radio es que la decisión de la Corte Constitucional estaría inclinada para que sea el Congreso el que tome la decisión. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: - En Medellín, l exfutbolista Diego León Osorio fue acusado formalmente por tráfico de estupefacientes. - La ministra de trabajo Clara López confirmó que las 26 zonas veredales tienen ya acceso a Internet, lo que ayudará a los guerrilleros a entrar a la era digital. - Estados Unidos prepara un presupuesto especial para acelerar la batalla contra el Estado Islámico. - Esta noche Millonarios debuta en la Copa Libertadores.
La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada María Victoria Calle, se refirió a la aprobación del fast track, mecanismo que permitirá la implementación rápida del acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y las Farc y firmado en el Teatro Colón de Bogotá. "La Corte declara exequible el artículo que hace referencia al fast track como un mecanismo que no sustituye la Constitución y tiene como objetivo lograr la paz", dijo la magistrada a la hora de argumentar la decisión comunicada horas antes. Calle indicó que el alto tribunal “solo estudió la demanda que estudiaba los artículos 1 y 2 del acto legislativo por la paz”. Calle aseguró que “en esta sentencia se cumple el respeto por los espacios de participación y “el modo de realizar esta reforma no se agota en lo demandado. Además el procedimiento de implementación cuenta con garantías”. Sobre la vigencia que tendrá este mecanismo, Calle aseguró que “solo se inicia una vez se haga su refrendación” y que “las facultades especiales solo serán para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc por un período de 180 días”. Calle fue enfática en asegurar que La Corte será vigilante para que no se produzca una sustitución de la Constitución”, y agregó que este mecanismo y las facultades especiales no podrán ser utilizadas para “dictar códigos o leyes orgánicas”.
Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle radicó la ponencia en la cual define la suerte de la demanda contra el acto legislativo para la paz. Su ponencia declara legal y constitucional la facultad del Gobierno Nacional para implementar los acuerdos firmados con las Farc pero lo condiciona a una nueva refrendación popular. La demanda puede ser fallada máximo hasta el 15 de marzo de 2017, la presentó el abogado Jesús Pérez González contra el ‘fast track’ y las facultades entregadas al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley para reglamentar lo que sea necesario para la paz. En este proceso la Procuraduría ya solicitó a la Corte que tumbe el Acto Legislativo por estimar que si se daba otro acuerdo, como en efecto pasó, y otro proceso de refrendación se podría dar vía libre a la reforma. En este proceso, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, presentó un concepto en el que pide a la Corte que habilite el ‘fast track’, pero que tumbe la condición de refrendación popular para que este acto legislativo entre en marcha. La magistrada no tuvo en cuenta dicha petición porque en la demanda que estudia no se atacó la refrendación y por tal sentido no podía exceder sus competencias.
La magistrada indicó que pese a que la decisión se tomó en 2014, esta no será de carácter retroactivo y se comenzará a aplicar para las condenas proferidas a partir del 25 de abril y que estén bajo el marco de la Ley 906. “En tanto ese exhorto no se atendió por el Congreso por las razones que fueren, entonces a partir de ese tiempo ese efecto diferido que se le dio a la sentencia empezará el 25 de abril de este año”, dijo Calle. Entre tanto, en Sala Plena la Corte Suprema de Justicia decidió enviarle un documento a la Corte Constitucional en el que sientan su posición indicando que es imposible cumplir el polémico fallo que permite que todas las sentencias condenatorias sean impugnadas ante su superior jerárquico y que crea una doble instancia para el juicio de aforados. "Es simplemente imposible para la Corte Suprema de Justicia definir las reglas que habiliten el recurso de apelación contra las sentencias condenatorias que en caso de única instancia prefiera su Sala de Casación Penal o respecto de la primera condena que dicte en segunda instancia o en desarrollo del recurso extraordinario de casación", dijo la presidenta del alto tribunal, Margarita Cabello Blanco.
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su amplia cobertura en ciudades y municipios del país, junto con un atractivo plan de premios, lo convierten en una de las modalidades de chance más populares para quienes desean conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.Número ganador del Dorado Mañana hoy, lunes 5 de octubre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 5 de octubre de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
Davivienda anticipa un incremento de 8,5% en el salario mínimo de 2027 y advierte que la ley de rescate económico que está planteando el Gobierno va a requerir nuevos ingresos y podría incluir la revisión de beneficios tributarios.¿Cuánto podría aumentar el salario mínimo en 2027?"Si tú ves las cifras de productividad laboral en Colombia, hoy esas cifras son negativas en nuestros cálculos, casi en 0,32%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú, de todos modos, si haces un ajuste del salario mínimo del 8,5%, estás reconociendo un componente político, un componente no técnico amplio frente a la inflación. Eso también es importante tenerlo presente, pero sí, va a estar mucho más cerca de la inflación de lo que hemos visto en años anteriores", explicó Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda.La proyección de inflación en Davivienda hoy es de 6,91%, es decir, que este será el sexto año consecutivo en que Colombia incumple su propia meta de inflación, algo que en parte está relacionado con el incremento del salario mínimo este año en más de 23%.Colombia podría terminar revisando beneficios tributarios para tapar el hueco fiscalUno de los principales dolores de cabeza del país es el déficit fiscal, y el Gobierno se comprometió públicamente a presentar una ley de rescate económico que buscaría un ajuste de 2,2% del PIB, es decir, de unos 45 billones de pesos, según el cálculo de Davivienda.Para Cristancho, es muy posible que, para ajustar las cuentas, el país no solo tenga que recortar gastos, sino también buscar nuevas fuentes de ingresos, es decir, hablar de que ciertos consumidores, empresas o productos aporten más a la nación, todo esto en medio de los acercamientos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional."Colombia va a tener que comprometerse a un ajuste fuerte, a un ajuste que va a ser de gran magnitud, y te reitero, no va a ser únicamente desde el punto de vista de reducción de gasto, sino, muy probablemente, también la búsqueda de medidas que aumenten el recaudo de impuestos en el país. Probablemente, todo el frente de beneficios y exenciones tributarias, y una apuesta importante por crecimiento económico", agregó Cristancho.Para Cristancho, la revisión de beneficios tributarios podría centrarse en impuestos como el IVA y el impuesto a la renta, que históricamente han concentrado el grueso de los beneficios tributarios en Colombia, según la información que ha divulgado el propio Gobierno.El Ministerio de Hacienda prevé radicar esa ley de ajuste una vez termine la discusión en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027, lo que debe suceder este 20 de octubre.
Decenas de familias quedaron incomunicadas por una explosión en vía rural de Suárez, Cauca. Este hecho se registró sobre una vía que comunica el casco urbano del municipio con el corregimiento de La Betulia. En una alcantarilla había sido instalada una carga explosiva con la que se prendía atacar a las tropas de la Brigada 29 del Ejército, que usualmente patrulla la zona.El reporte preliminar de las autoridades indica que el artefacto se activó con la caída de un rayo, durante las lluvias que se han venido registrando en ese lugar, por lo que, afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas. Lo que sí dejó fue un gran cráter en la carretera que ha dejado incomunicadas a decenas de familias que residen en el sector y se habla de aproximadamente unas 4.000 personas afectadas.Le puede interesar: Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de CaquetáLa responsabilidad de la instalación de estos explosivos se le atribuye al frente Jaime Martínez, disidencia de las Farc, al mando de alias 'Iván Mordisco', que delinque en el norte del departamento del Cauca.Una vez finalizadas las lluvias, se hizo el despliegue de soldados en la zona para evitar cualquier afectación a la población civil, y verificar si hay más elementos peligrosos en el sitio.Cabe señalar que esta explosión ocurre pocas horas después de la acción del Ejército en la que logró frustrar un ataque terrorista en el municipio de Cajibío, también en el departamento del Cauca, al desactivar 25 explosivos instalados cerca a la escuela de la Vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, que ponían en riesgo la vida de 25 niños y niñas.
La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el recorte de cerca de $170.000 millones de pesos al presupuesto de esta jurisdicción para 2027.La congresista reveló extractos de una audiencia reservada realizada el 14 de febrero de 2019 entre la magistrada Julieta Lemaitre y el excomandante de las FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, durante su primera comparecencia dentro del macrocaso 01, relacionado con secuestros. En uno de los fragmentos divulgados, Londoño se refiere al trato que recibían los secuestrados y asegura que existían instrucciones para garantizarles alimentación y evitar agresiones físicas. Según su relato, incluso las riñas entre integrantes de las entonces FARC eran sancionadas internamente.Durante la diligencia, el exjefe de las FARC también recordó una conversación con el entonces jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, sobre las penas que enfrentarían los integrantes de la organización tras la firma del acuerdo de paz. Londoño cuestionó en ese momento la posibilidad de que los excombatientes terminaran en prisión y planteó interrogantes sobre quiénes asumirían las responsabilidades por el conflicto.En otro de los apartes, Timochenko relató que se llegó a hablar de penas más suaves, tomando como referencia el tratamiento dado a los paramilitares, y que estas podrían cumplirse en La Habana. Incluso mencionó que alguien, en tono de broma, habló de la posibilidad de que los condenados tuvieran derecho a ir a la playa de Varadero.Londoño también se refirió directamente a la JEP y la calificó como una “criatura” surgida de los acuerdos de La Habana, al señalar que él mismo había participado en las negociaciones y en la construcción del mecanismo de justicia transicional. Precisamente, la senadora cuestionó que la audiencia de febrero de 2019 tuviera carácter reservado y sostuvo que, por su contenido, debería ser conocida públicamente. Posada afirmó que la diligencia, que se extendió durante cerca de seis horas, no se habría desarrollado como un interrogatorio judicial riguroso, sino como una conversación en la que, según su interpretación, hubo risas, anécdotas y ausencia de preguntas incómodas.La congresista también relacionó la audiencia con el costo que, según sus cifras, ha tenido la JEP para el Estado y aseguró que lo ocurrido representa una afectación para las víctimas. Estas últimas afirmaciones corresponden a la interpretación y los cuestionamientos planteados por la senadora.
En la mañana del domingo, hacia las 7:30 a. m., los habitantes del municipio de El Peñol, ubicado a aproximadamente una hora y cuarto de la ciudad de Pasto (Nariño), vivieron momentos de extrema zozobra tras una incursión armada perpetrada presuntamente por disidencias de las Farc. El hostigamiento se registró en un momento de alta afluencia de civiles, mientras se celebraba la misa dominical y se adelantaba un mercado agropecuario en el casco urbano. Ante el inicio de las ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos, decenas de feligreses tuvieron que resguardarse dentro del templo parroquial. El alcalde del municipio, Duán Chávez, destacó la reacción del párroco local y la serenidad de los pobladores: "Felicitamos al padre por haber sabido manejar la situación. Las personas se mantuvieron en calma mientras tuvieron la oportunidad de desplazarse hacia sus viviendas".El mandatario añadió que "el municipio acá en el casco urbano fue evacuado, las personas todas se reubicaron en algunos lugares, en algunos negocios comerciales, hasta que hubo el chance de que se puedan ir para sus distintos hogares".Drones con explosivos y graves destrozos materialesLa acción violenta no solo incluyó armamento liviano y granadas de mortero, sino también una preocupante modalidad bélica: el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos dirigidos hacia la estación de policía y sectores residenciales.De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Chávez, el bombardeo afectó severamente la infraestructura civil. "Eran bastante los drones que estaban atacando. Había la precisión pues de pronto de estos objetos y fueron afectadas varias viviendas acá en nuestro municipio", explicó el mandatario local, quien calculó preliminarmente los daños: "Estaremos hablando de unas 15 viviendas más o menos lo que hemos escuchado y lo que nos han reportado".Chávez agregó que las detonaciones continuaron durante la jornada y que "en horas de la tarde volvió a caer un artefacto de lleno en una casa". Ante la magnitud de los hechos, el alcalde manifestó su rechazo: "Rechazamos todos estos actos y les pedimos que por favor no vuelva a suceder. Queremos resguardar la vida de nuestra comunidad".Comunidad indígena denuncia abandono y heridos sin atención médicaEl impacto de la incursión armada afectó gravemente a la población indígena del resguardo local. Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo de El Peñol, relató los estragos sufridos por su propia familia y su comunidad en la vereda La Cuchilla. Su vivienda resultó seriamente dañada por los explosivos y su hermana sufrió lesiones físicas. "Hoy amanecimos preocupados porque nuevamente vemos que el conflicto ha tocado a nuestras puertas. Este no ha sido un hecho nuevo. Estos hechos han sido o han venido siendo denunciados. Desde el año 2025, nosotros fuimos víctimas de un desplazamiento masivo en el mes de diciembre", afirmó el líder indígena, recordando que existía una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que no evitó la tragedia.Asimismo, Rivera expuso las deficiencias en la asistencia humanitaria y médica para los afectados: "Mi casa fue bombardeada, mi hermana resultó herida. En este momento no ha recibido la atención primordial. Tengo que sacarla en un vehículo particular a la ciudad de Pasto para que reciba atención"."Los grupos al margen de la ley llegan hasta nuestras casas y sacan a nuestras familias para utilizar las casas como trincheras dentro de este conflicto", denunció Rivera. Aunque reconoció que la Fuerza Pública debe brindar protección, enfatizó en la necesidad de respetar la vida de la población civil durante los operativos: "El deber ser del ejército es brindarnos seguridad. Ese es el deber ser. Pero esa seguridad no puede poner de por medio la vida de las familias". Escuche aquí la entrevista:
