El juez Hugo Carbonó anuncia que compulsará copias contra el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, por la presunta obtención irregular de videos del proceso, relacionados con una audiencia reservada de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás y Daysuris Vásquez. Este material, según denunció la fiscal Lucy Laborde, habría sido obtenido por Carranza de manera ilícita para posteriormente compartirlo en una audiencia para argumentar unas supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Fiscalía durante la captura de Nicolás Petro en 2023. Para el juez, es importante que se determine qué sucedió, en el sentido de establecer si hubo o no accesoa material sin una autorización judicial. "En aras del principio de igualdad, el despacho dispone compulsar copias disciplinarias contra Alejandro Carranza para que se investigue la eventual obtención o uso irregular de material reservado. En consecuencia, se mantienen incolume la decisón en todos los demás puntos y se compulsa copias ante la sección disciplinaria del consejo seccional de disciplina para que se haga la respectiva investigación", estableció el juez. Sobre las decisiones a las que se refirió el juez Carbonó que se mantienen, tienen que ver con la compulsa de copias contra el fiscal Mario Burgos, quien desde noviembre del año pasado está bajo investigación por presuntas irregularidades durante la captura desarrollada contra Nicolás Petro en 2023. Entre otras decisiones adoptadas por el juez, también anunció que mantiene como pruebas los testimonios de Laura Ojeda y el núcleo familiar de Day Vásquez, una vez inicie la etapa de juicio. El juez también mantuvo como prueba de la defensa los chats de Blanca Gutiérrez Zuleta sobre el origen y uso de un vehículo Mercedes Benz, evidencia digital que ha sido controvertida por la Fiscalía. Esto corresponde a un vehículo que durante más de un año estuvo en manos de Vásquez. La defensa ha pedido su inclusión al juicio para garantizar el principio de contradicción, lo cual fue acogido por el juez, al considerar que quitarle este insumo a la defensa "es prácticamente mutilarle ese derecho" de contradicción.A su vez, la Fiscalía pidió limitar en el juicio testimonios como los de Cristian Daes, Samuel Santander Lopesierra, Máximo Noriega, Germán Burgos, Gabriel Hilsaca y Raimundo, para evitar que el debate se desvíe a temas políticos.Sin embargo, el juez dijo que desde el comienzo se delimitó el uso de dichos testimonios para refrescar memoria e impugnar credibilidad, así que no hay necesidad de imponer nuevas restricciones.
El fiscal Mario Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación, la cual se hará efectiva a partir del próximo 11 de mayo, según confirmó a través de una carta en la que expone motivos personales y profesionales para tomar la decisión.En el documento, el funcionario explicó que su salida responde a “consideraciones de carácter personal y profesional que me conducen a culminar esta etapa de mi vida al servicio de la institución”, poniendo fin a su trayectoria dentro del ente acusador, donde actualmente se desempeñaba como fiscal adscrito a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.Además de formalizar su retiro, Burgos solicitó la adopción de medidas urgentes de seguridad para él y su familia, al advertir una situación de riesgo. En su comunicación indicó “solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos”.Durante su paso por la Fiscalía, el funcionario participó en investigaciones de alto impacto, entre ellas los procesos relacionados con el caso de Jhonier Leal, los responsables del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, así como la condena a una rectora por el caso de acoso contra Sergio Urrego. También tuvo participación en el proceso inicial contra Nicolás Petro.En su carta de renuncia, Burgos destacó su gestión dentro de la entidad y expresó confianza en la continuidad de los procesos que deja en curso. “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiando en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y la Constitución”, señaló.Asimismo, agregó que espera que las investigaciones en las que trabajó concluyan con decisiones judiciales acordes con el trabajo adelantado.
El fiscal Mario Andrés Burgos, quien llevó desde el inicio el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, libra desde hace varios meses una batalla jurídica con el mandatario, quien lo señala de tener relaciones con organizaciones delictivas. Por cuenta de esas afirmaciones, un juzgado obligó al presidente a rectificar afirmaciones que, según el juzgado, vulneraron el derecho al buen nombre y la honra del fiscal Burgos. La rectificación de Petro no satisfizo al fiscal, quien considera que Petro sigue atentando contra sus derechos fundamentales. El abogado Sebastián Rondón, defensor de Mario Burgos, confirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el presidente Gustavo Petro enfrenta actualmente un incidente de desacato tras no cumplir de manera cabal la orden de rectificación emitida en un fallo de tutela."Las retractaciones no es lo que quieran las partes, es lo que ordenen los fallos de tutela. El fallo de tutela le ordenó al presidente Petro y le dio 48 horas para que lo cumpliera, en donde indicara de manera exacta que las manifestaciones que realizó no tenían soporte fáctico, no contaban con sentencias ni con investigaciones", explicó el togado.El abogado Rondón explicó que, aunque la Presidencia radicó sus explicaciones indicando que cumplieron la decisión judicial, no la cumplieron específicamente en el apartado de las investigaciones. Le puede interesar: ¿Presidente Petro se retractó o no de sus acusaciones contra fiscal Burgos? Abren desacato"Básicamente ellos indican que simplemente cumplieron la decisión judicial, pero lo que no aclaran es que justamente no la cumplieron en el apartado de las investigaciones. No existen ni siquiera investigaciones por estos temas de narcotráfico", aseveró. La Fiscalía General de la Nación, de hecho, certificó en el proceso que no existen tales investigaciones en contra del doctor Burgos. Actualmente, se le corrió traslado al presidente para que indique por qué no cumplió la orden en los términos exigidos. El segundo punto crucial de la discusión recae en las graves acusaciones lanzadas por Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro. Carranza manifestó en entrevista que el fiscal Mario Burgos cometió "fraude procesal" en el caso de Nicolás Petro. El defensor de Burgos desmintió estas acusaciones, calificándolas de "calumnia" y "completamente falsa". "Eso es una calumnia cometida por un abogado defensor en un medio de comunicación", indicó el abogado de Mario Burgos. Escuche la entrevista completa aquí:
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá admitió un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro, esto dentro de la acción de tutela que fue interpuesta por el fiscal Mario Burgos, quien llevó el proceso del hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro por lavado de activos. La decisión del juzgado de admitir esta acción es porque el presidente no habría acreditado el cumplimiento total del fallo de tutela que le ordenaba retractarse por sus declaraciones contra Burgos.Si bien el presidente Gustavo Petro el pasado 15 de octubre mediante su red social 'X' presentó un escrito de retractación, para el fiscal Mario Burgos esta orden no se cumplió a cabalidad y quedó inconforme, señalando que no correspondía a lo ordenado en principio."El accionante (Mario Burgos) a través de apoderado, presenta memorial radicado el 16 de octubre de 2025, en el que pone en conocimiento del despacho que el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una publicación de rectificación en la red social X el 15 de octubre de 2025 y manifiesta su inconformidad frente a la misma, afirmando que no da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia ni en auto de 3 de octubre de 2025, a través del cual se aceptó la objeción de conciencia presentada por el Presidente de la República", se lee en el documento.Ahora bien, el juzgado determinó abrir un incidente de desacato contra Petro por no allegar la acreditación de que en efecto se retractó de haber llamado "narcofiscal" a Burgos, por ello el juzgado abre este incidente para que el primer mandatario demuestre que sí se retractó.Todo esto tiene un contexto y es que, un juez consideró que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales de Mario Burgos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana .“De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describió el fallo del Juzgado.La advertencia del juzgado es claro, si el presidente Petro no acredita que se retractó podría ser objeto de eventuales sanciones, ahora el juzgado estudiará los argumentos de ambas partes para resolver de fondo el incidente y determinar si hubo o no desacato.
El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, defendió en Mañanas Blu 10:30 la manera en que el mandatario cumplió con la orden judicial de rectificar sus declaraciones sobre el fiscal Mario Andrés Burgos, al asegurar que el presidente “ha acatado a rajatabla” las decisiones de los jueces, pero que su postura política e ideológica “no puede ser objeto de censura”.Carranza explicó que la sentencia de tutela que ordenó la rectificación fue “modulada” por el juez, es decir, ajustada teniendo en cuenta la condición del presidente como líder político y jefe de Estado. Según el abogado, “la fórmula de corrección fue determinada por el juez atendiendo que el presidente tiene una investidura política y que sus opiniones se dan en ese contexto”.El jurista sostuvo que no era cierto que Petro hubiera incumplido los plazos judiciales. “El fiscal Burgos puede decir 40 días, 60 días, 30 días, lo que él quiera. Aquí lo cierto es que las alocuciones presidenciales debían hacerse en un espacio oportuno, pero el Consejo de Estado lo impidió”, señaló. Carranza explicó que el alto tribunal emitió una decisión que obligaba al Presidente a solicitar autorización previa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para cualquier alocución, lo que —según él— generó una “imposibilidad jurídica” de cumplir el fallo sin desobedecer otro.“Por cumplir el fallo del juez 54 administrativo no se podía desacatar el fallo del Consejo de Estado. Ahí hay una contradicción grave entre dos jueces de tutela”, afirmó.Respecto al contenido del mensaje publicado por Petro en la red X (antes Twitter), Carranza sostuvo que el mandatario sí rectificó conforme a lo ordenado, al reconocer expresamente que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia”.El abogado aseguró que el presidente informó al juez que no podía afirmar que el fiscal no tuviera investigaciones, pues la propia Fiscalía había entregado documentos oficiales en los que constaban procesos abiertos. “Le escribimos al juez diciéndole: señor juez, yo le voy a cumplir eso, pero hay una cosa que no podría decir porque estaría diciendo mentiras. Por eso el presidente manifestó que sí tiene investigaciones, pero no condenas”, dijo.Frente a las críticas que apuntan a que Petro suele acompañar sus rectificaciones con expresiones políticas o juicios de valor, Carranza insistió en que eso no significa desacato. “El hecho de decir que no se comparte un fallo no es ser contradictorio. El presidente respeta los fallos, los acata, tiene un respeto profundo por la independencia judicial. Pero una cosa es obedecer y otra renunciar a su pensamiento político”, explicó.Según el abogado, las declaraciones del jefe de Estado se enmarcan en su libertad de pensamiento y en su papel como líder político. “Nadie en el país bajo la Constitución está obligado a cambiar su pensamiento político. Él es una persona que toda la vida ha defendido sus ideas y eso no es reprochable, eso es democrático”, sostuvo.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La defensa del fiscal Mario Burgos pidió iniciar un proceso de desacato contra el presidente Gustavo Petro alegando que no cumplió a cabalidad la orden de rectificar sus afirmaciones contra el funcionario a quién llamó “narcofiscal” y relacionó con implicados en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.En la noche del miércoles, el mandatario escribió en redes sociales que reconocía que si bien el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, no registra condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano.Además, señaló que las afirmaciones hechas previamente sobre la labor del fiscal constituyen opiniones y juicios de valor emitidos en el ejercicio legítimo del control político y del debate democrático propio de su cargo.Sin embargo, en publicaciones siguientes, el presidente además de cuestionar la decisión judicial que ordenó la rectificación, volvió a emitir acusaciones contra Burgos.“El fiscal Burgos no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci en Cartagena, el señor Marset, integrante de la Junta del Narcotráfico. Los investigadores que puso el fiscal Pecci para mí hijo están presos por sus relaciones con el crimen. La nueva fiscal del caso es de la misma cuerda del fiscal Burgos y ya uno de sus escoltas el CTI está preso por narcotráfico. Cada vez que más denunció, más y más procesos se abren contra mí hijo”, dijo Petro.En esa medida, Juan Sebastián Rondón, abogado de Burgos, le dijo al juez 54 administrativo de Bogotá que es necesario abrir el desacato contra Petro porque no acató el tiempo ordenado para la rectificación (40 días) y su publicación en X simuló el cumplimiento y, por el contrario, generó confusión.“... con el ánimo de causar confusión en la ciudadanía, y continuar con el suministro de información inexacta, el presidente de la República indicó que el doctor Mario Burgos “tiene investigaciones”, sin hacer ninguna precisión respecto a que estas son ajenas a la información que a él se le obligó rectificar. Esto es, ninguna de estas investigaciones están relacionadas con supuestos vínculos con el narcotráfico y/o el supuesto favorecimiento al señor Sebastián Marset en el marco del proceso penal adelantado por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”, argumentó la defensa de Burgos.El abogado Rondón agregó que el fallo también instruyó que la rectificación se diera por medios televisados, algo que no hizo Petro y por ello, amerita el desacato solicitado.Finalmente, la defensa pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) o a la Presidencia de la República la información o el formulario de solicitud de alocución presidencial del 15 de octubre de 2025, para verificar las gestiones de cumplimiento.
El presidente Gustavo Petro cumplió con la orden del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, al realizar una manifestación pública en la red social X, en la que reafirmó la presunción de inocencia del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien había calificado anteriormente como “narcofiscal” y de estar vinculado con personas implicadas en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.El pronunciamiento se da luego de que el juez considerara que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales del funcionario al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana “De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describe el fallo del Juzgado.En cumplimiento de la orden, el mandatario reconoció que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.El presidente señaló además que sus afirmaciones previas “constituyen juicios de valor” y aprovechó el mensaje para reafirmar su compromiso con la independencia judicial, destacando que es un pilar del Estado Social de Derecho.En su mensaje, el mandatario insistió en que acata las decisiones judiciales como “pilar fundamental de la institucionalidad democrática”, aunque advirtió que la orden genera una tensión entre su deber de cumplir las órdenes judiciales, al solicitarle realizar dicha retractación en un Consejo de Ministros, sin embargo, asegura que fue realizada por medio de su red social por las limitaciones impuestas en la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre, que restringe sus alocuciones públicas a temas de urgencia nacional.“Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar (...) ¿Puede silenciarse a quien, por mandato de ese mismo artículo, debe ser símbolo de la unidad del pueblo colombiano? Con el más profundo respeto hacia las altas cortes, considero que esta contradicción encierra un riesgo grave de censura institucional”, puntualizó el mandatario.
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá falló una tutela a favor del fiscal Mario Andrés Burgos y ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar varias declaraciones públicas en las que lo vinculó con presuntas irregularidades en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.El fallo señala que las afirmaciones del mandatario vulneraron los derechos al buen nombre y a la honra del funcionario judicial. Según la decisión, “cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a la honra y al buen nombre”.Entre las manifestaciones cuestionadas se encuentran las emitidas en un Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025, en las que el presidente Petro preguntó: “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos, y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso?”.El despacho también citó expresiones del mandatario en las que afirmó: “Un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína (...). ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos. Es la misma banda”.El juez ordenó que el presidente publique la rectificación en la red social X y en otros escenarios donde realizó las acusaciones, precisando que no existe sentencia judicial que condene al fiscal Burgos ni pruebas que lo vinculen con estructuras criminales.
El caso de Yhonier Leal, condenado a 55 años de prisión por los asesinatos de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, podría dar un giro inesperado con la revelación de un video inédito que publicó Noticias Caracol. En esta grabación, de 47 segundos de duración, se observa a Mauricio Leal en la cama, declarando que había enterrado unos cuchillos en su estómago, lo que ha planteado dudas sobre las circunstancias en las que se grabó el video y la autenticidad de sus palabras.Este nuevo material ha provocado una discusión entre especialistas en derecho penal sobre su potencial impacto en la condena de Jhonier Leal. Según Francisco Bernate, abogado penalista, esta grabación puede calificarse como una prueba novedosa, ya que no estaba disponible durante el juicio y, por tanto, no fue discutida en el proceso. Bernate explica que, aunque esta prueba no cambia de inmediato la situación legal de Yhonier, podría ser utilizada en un recurso de revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.Este recurso permitiría reevaluar si esta nueva prueba contradice los elementos que sustentaron la condena de Leal. No obstante, Bernate aclara que, en este momento, el proceso judicial no experimenta alteraciones.Marlon Díaz señaló que la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de presentar todos los elementos probatorios, independientemente de si apoyan la acusación o favorecen a la defensa. En este caso, según Díaz, la Fiscalía parece haber fallado en su obligación de actuar con objetividad, lo cual es motivo de preocupación.Díaz sugiere que el camino más probable será una acción de revisión una vez que la sentencia sea definitiva, aunque también menciona la posibilidad de que se inicien investigaciones disciplinarias o penales contra los funcionarios responsables de no entregar esta prueba. Esto podría constituir un caso de ocultamiento de pruebas o incluso de prevaricato por omisión.Por su parte, el abogado Iván Cancino explicó que existe una alternativa en segunda instancia que le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá antes de que el caso llegue al alto tribunal.“Es claro de que el descubrimiento fue incompleto, de tal manera la salida jurídica sería que la defensa, Procuraduría o de oficio del tribunal decretar la nulidad para que se debatiera todo el tema del video y se abra el debate solo en el video y vuelva a haber una decisión de fondo, puede volverse a condenar a la persona o absolver, eso no lo sabemos”, señaló Iván Cancino.Además, expresó que debe haber una revisión de las actuaciones del fiscal Mario Burgos en este y otros procesos que han estado a su cargo “las consecuencias son graves, hay que profundizar en las investigaciones porque al parecer en varios procesos que tiene este fiscal pueden haber ocurrido situaciones similares y ha violado garantías en varios procesos".
El nuevo video que se conoció sobre el reconocido estilista Mauricio Leal, minutos antes de morir, ha desatado todo tipo de reacciones en el país, pues muchos se preguntan si esa grabación, en la que él mismo habla agonizando, es una prueba que se omitió durante la investigación, que, cabe recordar, terminó en la condena a cárcel de su hermano, Jhonier Leal, principal sospechoso de este asesinato y el de su madre, Marleny Hernández, ese mismo día.Uno de los que se pronunció fue Nicolás Petro, quien a través de su cuenta de X se refirió, específicamente, a la labor del fiscal encargado del caso, Mario Burgos, quien también fue designado en el proceso que el hijo del presidente Gustavo Petro enfrenta hoy en día por la financiación durante la campaña presidencial. Incluso, dijo que Burgos “ocultó una prueba” que para la defensa era fundamental y lo señaló de tener un “modus operandi”.“El fiscal del caso de Jhonier Leal es Mario Burgos, muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa. El F=fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso, parece ser que es su modus operandi. Seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías. Además de presiones y filtraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mis garantías procesales”, aseveró Nicolás Petro.Por qué el video sobre Mauricio Leal apareció hasta ahoraEn diálogo con Blu Radio, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, expresó serias dudas sobre la procedencia de este material. Incluso, sugirió que podría haber sido implantado para manipular la percepción pública y judicial.Justamente, sobre los cuestionamientos como los de Nicolás Petro y demás sobre la eficiencia de los fiscales, enfatizó que este video “encaja perfectamente en la teoría del caso de la Fiscalía”, que sostiene que Jhonier Leal manipuló la escena del crimen para simular un suicidio y desorientar a los investigadores.Montaña aseguró haber obtenido todos los elementos de prueba de la Fiscalía y el video no estaba incluido en ellos. Además, contó que se enteró de la existencia del video junto con el resto del país, cuando fue revelado por Noticias Caracol, lo cual generó en él “una enorme cantidad de dudas”.Este es el último video con vida de Mauricio Leal
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que los ciudadanos venezolanos en condición de irregularidad que tengan antecedentes judiciales o se encuentren cometiendo delitos en Bogotá serán deportados de inmediato. La instrucción fue dada directamente a la Dirección de Migración Colombia al término de un Consejo de Seguridad conjunto con el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, orientado a coordinar nuevas acciones de control institucional en la ciudad.Según lo informado tras el balance de la reunión de seguridad, el Gobierno Nacional fortalecerá de manera diaria el trabajo articulado entre la administración central y el Distrito para abordar la situación migratoria en el marco de la legislación vigente.Durante su intervención oficial, el mandatario nacional enfatizó que no habrá margen de espera para la aplicación de medidas sancionatorias a quienes incurran en contravenciones legales estando en el país sin la documentación requerida."Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley. Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia", afirmó el presidente De La Espriella.¿Qué medidas se adoptarán en Bogotá para controlar la migración irregular?De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro institucional entre la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá, las autoridades enfocarán los esfuerzos de control en la identificación de personas que registren anotaciones judiciales en las bases de datos de los organismos de seguridad.Asimismo, se dio a conocer que las acciones operativas se ejecutarán mediante un trabajo coordinado entre la fuerza pública distrital y los inspectores migratorios, garantizando la aplicación de los procedimientos administrativos de expulsión y deportación estipulados en la normativa colombiana vigente.
El abogado Jaime Granados, a cargo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sancionar al también abogado Miguel Ángel del Río Malo por haber divulgado información reservada de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo en Antioquia.En su carta, Granados señaló que el pasado 26 de octubre, Miguel Ángel del Río publicó en cuenta de X que la Fiscalía había decidido escuchar en declaración a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', y a Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', dentro del proceso contra Uribe.Según Granados, la publicación reveló una decisión probatoria y la identidad de dos declarantes antes de que se practicaran las diligencias, información que no era pública y a la que Del Río tuvo acceso a ella por su condición de apoderado de la contraparte.“Hay, además, una afectación específica al trámite de asistencia judicial internacional. La carta rogatoria mediante la cual este Despacho solicitó la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos de América pidió expresamente que la solicitud y su contenido fueran tratados ‘bajo estricta reserva confidencial’. La divulgación pública, por un sujeto procesal colombiano, de la decisión y de la identidad del declarante puede comprometer la gestión que la propia Fiscalía adelanta ante la autoridad extranjera y la autorización ya concedida por el centro de reclusión”, reseñó Granados como una de las posibles afectaciones.Esto, considera el abogado del expresidente, fue una incumplimiento pues recordó que la Fiscalía había solicitado mantener bajo estricta reserva la información relacionada con las diligencias de cooperación judicial internacional y que la comunicación oficial sobre una de ellas llegó al correo de la defensa después de que el abogado publicara su mensaje en X.Granados también afirma que no se trata de un episodio aislado. En septiembre, la defensa ya había presentado un memorial por una presunta divulgación anterior de información relacionada con diligencias del proceso.Entre las peticiones, la defensa solicita una multa de entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y que llame la atención a todos los involucrados para que se abstengan de divulgar información reservada, de lo contrario deberá ser reportado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que examine una posible falta disciplinaria.
La multinacional energética Chevron anunció una inversión superior a los 100 millones de dólares en Colombia para los próximos años. De acuerdo con lo confirmado por representantes de la compañía y el Gobierno nacional, el capital estará destinado a fortalecer sus operaciones en el país y permitirá la creación de más de 2.000 empleos entre directos e indirectos.¿Cómo se distribuirá la inversión de Chevron en Colombia?Según detalló Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron, el paquete de inversión por más de 100 millones de dólares reafirma el compromiso de las firmas multinacionales con el mercado local. El directivo ratificó que el desembolso de los recursos financieros impactará directamente la vinculación de mano de obra en el territorio nacional.Por su parte, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, explicó que la llegada de estos capitales contempla un incremento cercano al 35 % en la planta de personal actual que mantiene la compañía en sus distintas áreas de operación.El pronunciamiento oficial se dio en el marco de la presentación de la iniciativa pública denominada "Misión Crecer", un programa gubernamental orientado a atraer capital privado para dinamizar la economía regional y fomentar la formalización laboral.¿Qué impacto tendrá el anuncio en el empleo formal?De acuerdo con las declaraciones entregadas por la empresa y el Gobierno, los efectos principales de la transacción económica se reflejarán en las siguientes cifras de desarrollo:Inversión total: más de 100 millones de dólares proyectados para los próximos años.Generación de empleo: creación de más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.Crecimiento de planta: incremento del 35 % en la nómina actual de la compañía en el país.El vicepresidente Restrepo sostuvo que la decisión del sector productivo busca impulsar la estabilidad económica y generar oportunidades en las regiones más vulnerables del país a través de la inversión privada.
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:Un juez ordenó al Museo Nacional regresar a su lugar las obras que fueron retiradas hace unos días. Tienen un plazo de 48 horas.El representante a la Cámara Gabriel Becerra analizó la tutela que terminó en la decisión de un juez de regresar las piezas al Museo Nacional.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, recalcó que no están en riesgo los recursos destinados a la las obras de la línea 1 del metro de Bogotá ni la calle 13.Siguen las labores de investigación en España para determinar los responsables de la tragedia en los dos trenes que se estrellaron y dejaron, por ahora, 68 muertos.El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los medios públicos volvían a llamarse RTVC, pues en el Gobierno anterior se adoptó el nombre de Inravisión.Sigue la polémica en China por la declaración de Mbappé sobre el meme de él que más lo hace reír es sobre un dictador de ese país; hay varias afectaciones en acuerdos comerciales.
El miércoles 28 de octubre de 2026, la empresa encargada de la operación llevó a cabo el sorteo número 2.728 de Baloto y Revancha. En la transmisión oficial se dieron a conocer las combinaciones ganadoras de ambos juegos, así como los premios correspondientes a los participantes que acertaron sus apuestas en diferentes regiones de Colombia.Combinación ganadora del BalotoLos billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:Números de la suerte: 11 - 43 - 36 - 23 - 29Súper Balota (SB): 16Combinación ganadora de RevanchaPara la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:Números de la suerte: 37 - 17 - 30 - 33 - 34Súper Balota (SB): 12Próximo sorteo programadoFecha del evento: Sábado 31 de octubre de 2026.Bolsa conjunta en juego: Más de $22.400 millones de pesos entre ambas modalidades.Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
