El juez Hugo Carbonó anuncia que compulsará copias contra el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, por la presunta obtención irregular de videos del proceso, relacionados con una audiencia reservada de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás y Daysuris Vásquez. Este material, según denunció la fiscal Lucy Laborde, habría sido obtenido por Carranza de manera ilícita para posteriormente compartirlo en una audiencia para argumentar unas supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Fiscalía durante la captura de Nicolás Petro en 2023. Para el juez, es importante que se determine qué sucedió, en el sentido de establecer si hubo o no accesoa material sin una autorización judicial. "En aras del principio de igualdad, el despacho dispone compulsar copias disciplinarias contra Alejandro Carranza para que se investigue la eventual obtención o uso irregular de material reservado. En consecuencia, se mantienen incolume la decisón en todos los demás puntos y se compulsa copias ante la sección disciplinaria del consejo seccional de disciplina para que se haga la respectiva investigación", estableció el juez. Sobre las decisiones a las que se refirió el juez Carbonó que se mantienen, tienen que ver con la compulsa de copias contra el fiscal Mario Burgos, quien desde noviembre del año pasado está bajo investigación por presuntas irregularidades durante la captura desarrollada contra Nicolás Petro en 2023. Entre otras decisiones adoptadas por el juez, también anunció que mantiene como pruebas los testimonios de Laura Ojeda y el núcleo familiar de Day Vásquez, una vez inicie la etapa de juicio. El juez también mantuvo como prueba de la defensa los chats de Blanca Gutiérrez Zuleta sobre el origen y uso de un vehículo Mercedes Benz, evidencia digital que ha sido controvertida por la Fiscalía. Esto corresponde a un vehículo que durante más de un año estuvo en manos de Vásquez. La defensa ha pedido su inclusión al juicio para garantizar el principio de contradicción, lo cual fue acogido por el juez, al considerar que quitarle este insumo a la defensa "es prácticamente mutilarle ese derecho" de contradicción.A su vez, la Fiscalía pidió limitar en el juicio testimonios como los de Cristian Daes, Samuel Santander Lopesierra, Máximo Noriega, Germán Burgos, Gabriel Hilsaca y Raimundo, para evitar que el debate se desvíe a temas políticos.Sin embargo, el juez dijo que desde el comienzo se delimitó el uso de dichos testimonios para refrescar memoria e impugnar credibilidad, así que no hay necesidad de imponer nuevas restricciones.
El fiscal Mario Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación, la cual se hará efectiva a partir del próximo 11 de mayo, según confirmó a través de una carta en la que expone motivos personales y profesionales para tomar la decisión.En el documento, el funcionario explicó que su salida responde a “consideraciones de carácter personal y profesional que me conducen a culminar esta etapa de mi vida al servicio de la institución”, poniendo fin a su trayectoria dentro del ente acusador, donde actualmente se desempeñaba como fiscal adscrito a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.Además de formalizar su retiro, Burgos solicitó la adopción de medidas urgentes de seguridad para él y su familia, al advertir una situación de riesgo. En su comunicación indicó “solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos”.Durante su paso por la Fiscalía, el funcionario participó en investigaciones de alto impacto, entre ellas los procesos relacionados con el caso de Jhonier Leal, los responsables del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, así como la condena a una rectora por el caso de acoso contra Sergio Urrego. También tuvo participación en el proceso inicial contra Nicolás Petro.En su carta de renuncia, Burgos destacó su gestión dentro de la entidad y expresó confianza en la continuidad de los procesos que deja en curso. “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiando en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y la Constitución”, señaló.Asimismo, agregó que espera que las investigaciones en las que trabajó concluyan con decisiones judiciales acordes con el trabajo adelantado.
El fiscal Mario Andrés Burgos, quien llevó desde el inicio el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, libra desde hace varios meses una batalla jurídica con el mandatario, quien lo señala de tener relaciones con organizaciones delictivas. Por cuenta de esas afirmaciones, un juzgado obligó al presidente a rectificar afirmaciones que, según el juzgado, vulneraron el derecho al buen nombre y la honra del fiscal Burgos. La rectificación de Petro no satisfizo al fiscal, quien considera que Petro sigue atentando contra sus derechos fundamentales. El abogado Sebastián Rondón, defensor de Mario Burgos, confirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el presidente Gustavo Petro enfrenta actualmente un incidente de desacato tras no cumplir de manera cabal la orden de rectificación emitida en un fallo de tutela."Las retractaciones no es lo que quieran las partes, es lo que ordenen los fallos de tutela. El fallo de tutela le ordenó al presidente Petro y le dio 48 horas para que lo cumpliera, en donde indicara de manera exacta que las manifestaciones que realizó no tenían soporte fáctico, no contaban con sentencias ni con investigaciones", explicó el togado.El abogado Rondón explicó que, aunque la Presidencia radicó sus explicaciones indicando que cumplieron la decisión judicial, no la cumplieron específicamente en el apartado de las investigaciones. Le puede interesar: ¿Presidente Petro se retractó o no de sus acusaciones contra fiscal Burgos? Abren desacato"Básicamente ellos indican que simplemente cumplieron la decisión judicial, pero lo que no aclaran es que justamente no la cumplieron en el apartado de las investigaciones. No existen ni siquiera investigaciones por estos temas de narcotráfico", aseveró. La Fiscalía General de la Nación, de hecho, certificó en el proceso que no existen tales investigaciones en contra del doctor Burgos. Actualmente, se le corrió traslado al presidente para que indique por qué no cumplió la orden en los términos exigidos. El segundo punto crucial de la discusión recae en las graves acusaciones lanzadas por Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro. Carranza manifestó en entrevista que el fiscal Mario Burgos cometió "fraude procesal" en el caso de Nicolás Petro. El defensor de Burgos desmintió estas acusaciones, calificándolas de "calumnia" y "completamente falsa". "Eso es una calumnia cometida por un abogado defensor en un medio de comunicación", indicó el abogado de Mario Burgos. Escuche la entrevista completa aquí:
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá admitió un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro, esto dentro de la acción de tutela que fue interpuesta por el fiscal Mario Burgos, quien llevó el proceso del hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro por lavado de activos. La decisión del juzgado de admitir esta acción es porque el presidente no habría acreditado el cumplimiento total del fallo de tutela que le ordenaba retractarse por sus declaraciones contra Burgos.Si bien el presidente Gustavo Petro el pasado 15 de octubre mediante su red social 'X' presentó un escrito de retractación, para el fiscal Mario Burgos esta orden no se cumplió a cabalidad y quedó inconforme, señalando que no correspondía a lo ordenado en principio."El accionante (Mario Burgos) a través de apoderado, presenta memorial radicado el 16 de octubre de 2025, en el que pone en conocimiento del despacho que el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una publicación de rectificación en la red social X el 15 de octubre de 2025 y manifiesta su inconformidad frente a la misma, afirmando que no da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia ni en auto de 3 de octubre de 2025, a través del cual se aceptó la objeción de conciencia presentada por el Presidente de la República", se lee en el documento.Ahora bien, el juzgado determinó abrir un incidente de desacato contra Petro por no allegar la acreditación de que en efecto se retractó de haber llamado "narcofiscal" a Burgos, por ello el juzgado abre este incidente para que el primer mandatario demuestre que sí se retractó.Todo esto tiene un contexto y es que, un juez consideró que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales de Mario Burgos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana .“De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describió el fallo del Juzgado.La advertencia del juzgado es claro, si el presidente Petro no acredita que se retractó podría ser objeto de eventuales sanciones, ahora el juzgado estudiará los argumentos de ambas partes para resolver de fondo el incidente y determinar si hubo o no desacato.
El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, defendió en Mañanas Blu 10:30 la manera en que el mandatario cumplió con la orden judicial de rectificar sus declaraciones sobre el fiscal Mario Andrés Burgos, al asegurar que el presidente “ha acatado a rajatabla” las decisiones de los jueces, pero que su postura política e ideológica “no puede ser objeto de censura”.Carranza explicó que la sentencia de tutela que ordenó la rectificación fue “modulada” por el juez, es decir, ajustada teniendo en cuenta la condición del presidente como líder político y jefe de Estado. Según el abogado, “la fórmula de corrección fue determinada por el juez atendiendo que el presidente tiene una investidura política y que sus opiniones se dan en ese contexto”.El jurista sostuvo que no era cierto que Petro hubiera incumplido los plazos judiciales. “El fiscal Burgos puede decir 40 días, 60 días, 30 días, lo que él quiera. Aquí lo cierto es que las alocuciones presidenciales debían hacerse en un espacio oportuno, pero el Consejo de Estado lo impidió”, señaló. Carranza explicó que el alto tribunal emitió una decisión que obligaba al Presidente a solicitar autorización previa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para cualquier alocución, lo que —según él— generó una “imposibilidad jurídica” de cumplir el fallo sin desobedecer otro.“Por cumplir el fallo del juez 54 administrativo no se podía desacatar el fallo del Consejo de Estado. Ahí hay una contradicción grave entre dos jueces de tutela”, afirmó.Respecto al contenido del mensaje publicado por Petro en la red X (antes Twitter), Carranza sostuvo que el mandatario sí rectificó conforme a lo ordenado, al reconocer expresamente que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia”.El abogado aseguró que el presidente informó al juez que no podía afirmar que el fiscal no tuviera investigaciones, pues la propia Fiscalía había entregado documentos oficiales en los que constaban procesos abiertos. “Le escribimos al juez diciéndole: señor juez, yo le voy a cumplir eso, pero hay una cosa que no podría decir porque estaría diciendo mentiras. Por eso el presidente manifestó que sí tiene investigaciones, pero no condenas”, dijo.Frente a las críticas que apuntan a que Petro suele acompañar sus rectificaciones con expresiones políticas o juicios de valor, Carranza insistió en que eso no significa desacato. “El hecho de decir que no se comparte un fallo no es ser contradictorio. El presidente respeta los fallos, los acata, tiene un respeto profundo por la independencia judicial. Pero una cosa es obedecer y otra renunciar a su pensamiento político”, explicó.Según el abogado, las declaraciones del jefe de Estado se enmarcan en su libertad de pensamiento y en su papel como líder político. “Nadie en el país bajo la Constitución está obligado a cambiar su pensamiento político. Él es una persona que toda la vida ha defendido sus ideas y eso no es reprochable, eso es democrático”, sostuvo.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La defensa del fiscal Mario Burgos pidió iniciar un proceso de desacato contra el presidente Gustavo Petro alegando que no cumplió a cabalidad la orden de rectificar sus afirmaciones contra el funcionario a quién llamó “narcofiscal” y relacionó con implicados en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.En la noche del miércoles, el mandatario escribió en redes sociales que reconocía que si bien el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, no registra condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano.Además, señaló que las afirmaciones hechas previamente sobre la labor del fiscal constituyen opiniones y juicios de valor emitidos en el ejercicio legítimo del control político y del debate democrático propio de su cargo.Sin embargo, en publicaciones siguientes, el presidente además de cuestionar la decisión judicial que ordenó la rectificación, volvió a emitir acusaciones contra Burgos.“El fiscal Burgos no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci en Cartagena, el señor Marset, integrante de la Junta del Narcotráfico. Los investigadores que puso el fiscal Pecci para mí hijo están presos por sus relaciones con el crimen. La nueva fiscal del caso es de la misma cuerda del fiscal Burgos y ya uno de sus escoltas el CTI está preso por narcotráfico. Cada vez que más denunció, más y más procesos se abren contra mí hijo”, dijo Petro.En esa medida, Juan Sebastián Rondón, abogado de Burgos, le dijo al juez 54 administrativo de Bogotá que es necesario abrir el desacato contra Petro porque no acató el tiempo ordenado para la rectificación (40 días) y su publicación en X simuló el cumplimiento y, por el contrario, generó confusión.“... con el ánimo de causar confusión en la ciudadanía, y continuar con el suministro de información inexacta, el presidente de la República indicó que el doctor Mario Burgos “tiene investigaciones”, sin hacer ninguna precisión respecto a que estas son ajenas a la información que a él se le obligó rectificar. Esto es, ninguna de estas investigaciones están relacionadas con supuestos vínculos con el narcotráfico y/o el supuesto favorecimiento al señor Sebastián Marset en el marco del proceso penal adelantado por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”, argumentó la defensa de Burgos.El abogado Rondón agregó que el fallo también instruyó que la rectificación se diera por medios televisados, algo que no hizo Petro y por ello, amerita el desacato solicitado.Finalmente, la defensa pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) o a la Presidencia de la República la información o el formulario de solicitud de alocución presidencial del 15 de octubre de 2025, para verificar las gestiones de cumplimiento.
El presidente Gustavo Petro cumplió con la orden del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, al realizar una manifestación pública en la red social X, en la que reafirmó la presunción de inocencia del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien había calificado anteriormente como “narcofiscal” y de estar vinculado con personas implicadas en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.El pronunciamiento se da luego de que el juez considerara que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales del funcionario al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana “De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describe el fallo del Juzgado.En cumplimiento de la orden, el mandatario reconoció que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.El presidente señaló además que sus afirmaciones previas “constituyen juicios de valor” y aprovechó el mensaje para reafirmar su compromiso con la independencia judicial, destacando que es un pilar del Estado Social de Derecho.En su mensaje, el mandatario insistió en que acata las decisiones judiciales como “pilar fundamental de la institucionalidad democrática”, aunque advirtió que la orden genera una tensión entre su deber de cumplir las órdenes judiciales, al solicitarle realizar dicha retractación en un Consejo de Ministros, sin embargo, asegura que fue realizada por medio de su red social por las limitaciones impuestas en la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre, que restringe sus alocuciones públicas a temas de urgencia nacional.“Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar (...) ¿Puede silenciarse a quien, por mandato de ese mismo artículo, debe ser símbolo de la unidad del pueblo colombiano? Con el más profundo respeto hacia las altas cortes, considero que esta contradicción encierra un riesgo grave de censura institucional”, puntualizó el mandatario.
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá falló una tutela a favor del fiscal Mario Andrés Burgos y ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar varias declaraciones públicas en las que lo vinculó con presuntas irregularidades en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.El fallo señala que las afirmaciones del mandatario vulneraron los derechos al buen nombre y a la honra del funcionario judicial. Según la decisión, “cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a la honra y al buen nombre”.Entre las manifestaciones cuestionadas se encuentran las emitidas en un Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025, en las que el presidente Petro preguntó: “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos, y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso?”.El despacho también citó expresiones del mandatario en las que afirmó: “Un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína (...). ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos. Es la misma banda”.El juez ordenó que el presidente publique la rectificación en la red social X y en otros escenarios donde realizó las acusaciones, precisando que no existe sentencia judicial que condene al fiscal Burgos ni pruebas que lo vinculen con estructuras criminales.
El caso de Yhonier Leal, condenado a 55 años de prisión por los asesinatos de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, podría dar un giro inesperado con la revelación de un video inédito que publicó Noticias Caracol. En esta grabación, de 47 segundos de duración, se observa a Mauricio Leal en la cama, declarando que había enterrado unos cuchillos en su estómago, lo que ha planteado dudas sobre las circunstancias en las que se grabó el video y la autenticidad de sus palabras.Este nuevo material ha provocado una discusión entre especialistas en derecho penal sobre su potencial impacto en la condena de Jhonier Leal. Según Francisco Bernate, abogado penalista, esta grabación puede calificarse como una prueba novedosa, ya que no estaba disponible durante el juicio y, por tanto, no fue discutida en el proceso. Bernate explica que, aunque esta prueba no cambia de inmediato la situación legal de Yhonier, podría ser utilizada en un recurso de revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.Este recurso permitiría reevaluar si esta nueva prueba contradice los elementos que sustentaron la condena de Leal. No obstante, Bernate aclara que, en este momento, el proceso judicial no experimenta alteraciones.Marlon Díaz señaló que la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de presentar todos los elementos probatorios, independientemente de si apoyan la acusación o favorecen a la defensa. En este caso, según Díaz, la Fiscalía parece haber fallado en su obligación de actuar con objetividad, lo cual es motivo de preocupación.Díaz sugiere que el camino más probable será una acción de revisión una vez que la sentencia sea definitiva, aunque también menciona la posibilidad de que se inicien investigaciones disciplinarias o penales contra los funcionarios responsables de no entregar esta prueba. Esto podría constituir un caso de ocultamiento de pruebas o incluso de prevaricato por omisión.Por su parte, el abogado Iván Cancino explicó que existe una alternativa en segunda instancia que le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá antes de que el caso llegue al alto tribunal.“Es claro de que el descubrimiento fue incompleto, de tal manera la salida jurídica sería que la defensa, Procuraduría o de oficio del tribunal decretar la nulidad para que se debatiera todo el tema del video y se abra el debate solo en el video y vuelva a haber una decisión de fondo, puede volverse a condenar a la persona o absolver, eso no lo sabemos”, señaló Iván Cancino.Además, expresó que debe haber una revisión de las actuaciones del fiscal Mario Burgos en este y otros procesos que han estado a su cargo “las consecuencias son graves, hay que profundizar en las investigaciones porque al parecer en varios procesos que tiene este fiscal pueden haber ocurrido situaciones similares y ha violado garantías en varios procesos".
El nuevo video que se conoció sobre el reconocido estilista Mauricio Leal, minutos antes de morir, ha desatado todo tipo de reacciones en el país, pues muchos se preguntan si esa grabación, en la que él mismo habla agonizando, es una prueba que se omitió durante la investigación, que, cabe recordar, terminó en la condena a cárcel de su hermano, Jhonier Leal, principal sospechoso de este asesinato y el de su madre, Marleny Hernández, ese mismo día.Uno de los que se pronunció fue Nicolás Petro, quien a través de su cuenta de X se refirió, específicamente, a la labor del fiscal encargado del caso, Mario Burgos, quien también fue designado en el proceso que el hijo del presidente Gustavo Petro enfrenta hoy en día por la financiación durante la campaña presidencial. Incluso, dijo que Burgos “ocultó una prueba” que para la defensa era fundamental y lo señaló de tener un “modus operandi”.“El fiscal del caso de Jhonier Leal es Mario Burgos, muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa. El F=fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso, parece ser que es su modus operandi. Seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías. Además de presiones y filtraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mis garantías procesales”, aseveró Nicolás Petro.Por qué el video sobre Mauricio Leal apareció hasta ahoraEn diálogo con Blu Radio, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, expresó serias dudas sobre la procedencia de este material. Incluso, sugirió que podría haber sido implantado para manipular la percepción pública y judicial.Justamente, sobre los cuestionamientos como los de Nicolás Petro y demás sobre la eficiencia de los fiscales, enfatizó que este video “encaja perfectamente en la teoría del caso de la Fiscalía”, que sostiene que Jhonier Leal manipuló la escena del crimen para simular un suicidio y desorientar a los investigadores.Montaña aseguró haber obtenido todos los elementos de prueba de la Fiscalía y el video no estaba incluido en ellos. Además, contó que se enteró de la existencia del video junto con el resto del país, cuando fue revelado por Noticias Caracol, lo cual generó en él “una enorme cantidad de dudas”.Este es el último video con vida de Mauricio Leal
La senadora Jennifer Pedraza reaccionó a las disculpas y el arrepentimiento expresados por Juliana Guerrero durante la audiencia en la que reconoció su responsabilidad por la presentación de títulos falsos, caso por el que fue condenada. La congresista, quien impulsó las denuncias que destaparon el escándalo, puso en duda la sinceridad de la intervención de Guerrero y fue contundente al referirse a sus declaraciones.“Honestamente me parece un libreto que le mandaron a leer”, dijo en entrevista con Recap Blu.Pedraza explicó que, a su juicio, el discurso de Guerrero habría respondido a una estrategia para obtener el acuerdo judicial y, al mismo tiempo, desvincular a otras personas relacionadas con la Fundación Universitaria San José. “Me parece que le mandaron a decir: 'Esto es lo que usted tiene que decir, y además salve de una vez ahí a Francisco Pareja y Stefany Camacho'”, afirmó la senadora, al cuestionar que durante su intervención Guerrero hubiera señalado que nunca habló con quienes, según Pedraza, tenían posiciones de poder dentro de la institución.Condena por tres añosLa congresista también manifestó reparos frente a la forma en que se produjo el reconocimiento de responsabilidad.“Juliana ni siquiera había ido a las anteriores audiencias, tampoco fue a la audiencia de conciliación de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo. Pedraza aseguró que las pruebas recopiladas durante su investigación fueron determinantes para que Guerrero aceptara su responsabilidad y rechazó que se presente el caso como un simple episodio relacionado con una joven involucrada en un escándalo.Para la senadora, el proceso judicial contra Guerrero no debería cerrar la investigación sobre lo ocurrido en la Fundación Universitaria San José. La senadora aseguró que durante sus indagaciones encontró “770 títulos irregulares” y planteó que podrían existir más personas involucradas. “Aquí puede haber una cosa mucho más profunda”, afirmó, al considerar que el caso de Guerrero podría ser apenas una parte de un problema de mayores dimensiones en el sector educativo.Finalmente, Pedraza relacionó sus cuestionamientos con la defensa del mérito y el acceso a la educación, especialmente entre los jóvenes que realizan esfuerzos económicos para obtener títulos profesionales. “Mientras tanto, los cargos de la función pública, que deberían ser para los mejores, siguen repartiéndose por palanca y no por mérito”, concluyó.
La espera terminó, este 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo el Festival Cordillera 2026 en Bogotá. El evento que reúne a miles de personas en el Parque Simón Bolívar para disfrutar de diversos artistas en cuatro escenarios que se encuentran distribuidos en el parque.Aunque el centro de atención del festival siempre será la música, más con una parrilla de invitados como Andrés Cepeda, Ricky Martín, Caifanes, Beéle, Grupo Niche, Sean Paul, Kany García, Panteón Rococó, Cultura Profética, entre otros; el parque también ofrece un sinfín de actividades para que todos los asistentes le saquen el máximo provecho a su estadía.“Los 54.000 asistentes residentes en Bogotá tendrán un gasto promedio estimado de $ 478.000 por persona y generarán $ 34.137 millones, equivalentes al 42 % restante del impacto económico proyectado. En conjunto, el consumo de los asistentes proyecta un impacto económico total de $ 81.601 millones, con efectos sobre sectores como el comercio, la gastronomía y el hotelería”, revelaron desde el Distrito.¿Qué artistas se presentarán en el Festival Cordillera 2026?Día 1 – Sábado 12 de septiembreAndrés CalamaroBeéleSean PaulGrupo NicheCultura ProféticaFobiaDread Mar IMiguel MateosEd MaverickVirusPoligamiaKe PersonajesLido PimientaKapangaEmmanuel HorvilleurMeme del RealNelda Piña y sus TamboresPaula Pera y El Fin de los TiemposKei LinchThe Latin BrothersDía 2 – Domingo 13 de septiembreRicky MartinCaifanesAndrés CepedaKany GarcíaPanteón RococóBonkaMago de OzTan BiónicaDraco RosaVicente GarcíaDiamante EléctricoJarabe de Palo (feat. Pedro Capó, homenaje a Pau Donés)Los Amigos InvisiblesDoctor KrápulaDante SpinettaLos de AdentroLos EstrambóticosÁrbol de OjosFlor de LavaBriela OjedaEl Festival Cordillera sin música, ¿qué hay para hacer?Aunque durante los días y todo el tiempo la música será la protagonista, tanto los asistentes de general como en VIP podrán hacer otro tipo de actividades para disfrutar al máximo este evento hasta el final.Durante el Festival Cordillera 2026, las marcas tendrán diferentes espacios y actividades para complementar la experiencia de los asistentes durante las dos jornadas en el Parque Simón Bolívar. Además de los conciertos, habrá dinámicas, juegos, sorteos y experiencias que permitirán a los asistentes pasar el tiempo entre presentaciones e, incluso, acceder a beneficios dentro del festival. Entre los espacios que estarán disponibles se encuentran el Club Macondo, de Club Colombia; Coke Studio; el espacio de Koaj y diferentes activaciones distribuidas en las zonas del evento.Uno de los puntos destacados será Club Macondo, que tendrá una programación propia de artistas y música en vivo. Su agenda incluye presentaciones como el sexteto de Andrés Cepeda, además de Los Rulos Vinyl Club, Nena Magdalena, Pablo Watusi y otros invitados durante la jornada. Coke Studio, por su parte, llevará una experiencia alrededor de la música latinoamericana y la cultura popular caleña junto con Delirio, con un espectáculo que combina salsa, circo y orquesta, además de actividades como clases de baile y sesiones de maquillaje. A estos espacios se suma Koaj, que tendrá presencia con prendas oficiales relacionadas con el festival, mientras que la zona del mercadito latino también hará parte del recorrido de los asistentes.En la zona VIP también habrá una experiencia de Buchanan’s, con DJ, barras de cócteles, paletas del cóctel oficial Buchanan’s Pineapple, zonas instagrameables y diferentes sorteos. A esto se suma una zona gastronómica con diversas marcas y opciones de comida a precios accesibles para los asistentes.La experiencia durante Cordillera estará acompañada de degustaciones, música con DJs, activaciones y espacios destinados a compartir. Uno de los conceptos centrales será el de la “familia elegida”: aquellas personas con las que se construyen vínculos más allá de los lazos de sangre y con quienes se comparten momentos especiales.
Congresistas de la oposición radicaron formalmente una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para que responda políticamente ante el Congreso de la República por el fallecimiento de tres menores de edad durante una operación militar.El recurso legislativo se fundamenta en la responsabilidad del jefe de la cartera ministerial en la definición de la política operacional que derivó en la muerte de los adolescentes, quienes habían sido víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las disidencias de las FARC.Las muertes ocurrieron el mes pasado en el municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, luego de un bombardeo desplegado por la fuerza pública contra una estructura de esa organización armada al margen de la ley.Así las cosas, la mesa directiva del Congreso procederá este jueves a revisar y acreditar que la solicitud cumple formalmente con la totalidad de los requisitos constitucionales y legales vigentes para su trámite.Una vez surtido el paso de verificación técnica de los documentos y respaldos radicados, la corporación definirá la fecha de la citación para llevar a cabo el debate de control político frente al ministro.Votación programada para la próxima semanaTras la realización del debate en el recinto legislativo, la moción de censura será sometida a votación de las bancadas durante la jornada del miércoles o jueves de la próxima semana.Mediante esta votación, el Congreso de la República determinará si despoja del cargo al jefe de la cartera de Defensa o si respalda su gestión al frente de la fuerza pública.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de firmar el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia encontró dos nuevos defensores en el Atlántico: se trata del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Verano.Ante la pregunta de Blu Radio, el mandatario de Barranquilla fue conciso en que él estaba de acuerdo: “Sí estoy de acuerdo, para adelante”.A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que aunque en su tiempo estuvo en contra, ahora no lo ve con malos ojos ya que “hay que buscar las formas para que la gente se sienta protegida”.“Lo que se dice que quienes están armados son las personas que están fuera de la ley y que por lo tanto se debe facilitar para que las personas que están dentro de la legalidad tengan la oportunidad de defenderse, a través del uso de las armas. Fui partidario, en su momento, del no porque en la medida que tú le quitas armas al conflicto, hay menos capacidad de agresión y por lo tanto disminuyen los muertos. Pero ahora lo que están tratando de explicar es que se le da a las personas que están dentro de la ley, la oportunidad de defenderse. Hay que buscar un término que nos permita que realmente la gente se sienta protegida, porque están guardando su patrimonio, sus empresas, su familia, su integridad y hoy evidentemente las armas le dan una tranquilidad y seguridad”, fueron sus palabras.Una posición muy diferente defendió el presidente de Undeco Atlántico, Orlando Jimenez, quien considera que muchas personas no tienen la capacitación suficiente para utilizar un arma y eso podría aumentar la violencia. Como ejemplo, puso años anteriores en los que comerciantes se defendieron en medio de hurto o extorsiones y eso derivó en retaliaciones contra sus familiares o negocios.“No estamos a veces preparados para manejar armas de fuego, nosotros estamos listos para vender arroz, azúcar, aceite y otra serie de productos de la canasta familiar. Las armas deben estar en cabeza del Estado. ¿Cómo me enfrento a una persona que me está extorsionando? Es muy difícil. No sabemos quién nos extorsiona a ciencia cierta, pero ellos sí saben quiénes somos nosotros y dónde estamos. De verdad que hay que tener mucha cautela, mucha prudencia”, acotó.Para Orlando Jimenez tampoco hay garantía total de que las armas legalizadas sean utilizadas como defensa personal.
El representante a la Cámara Santiago Osorio se refirió en Recap Blu, de Blu Radio, a la tutela que interpuso contra la difusión de unos videos publicados en redes sociales por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en los que se le ve caminando en medio de cadáveres de bajas en combate contra grupos ilegales.Según explicó el congresista, la acción judicial no busca limitar las facultades de la Fuerza Pública para combatir a los grupos criminales, sino cuestionar la manera en que determinadas imágenes son difundidas desde canales institucionales y pueden llegar a menores de edad.“Estoy absolutamente convencido de la necesidad de tener un Estado fuerte, con total capacidad de defender a la ciudadanía y someter a la criminalidad. En ningún momento está en discusión que a la Fuerza Pública se le aten las manos para actuar contra el criminal”, afirmó Osorio.El representante señaló que la tutela se fundamenta en los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia, relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sostuvo que el debate está relacionado con el acceso de los menores a contenidos publicados en redes sociales.“Si bien ahí no se muestran menores de edad en esos videos por los que transita Abelardo De La Espriella con total tranquilidad y normalidad, cualquier menor de edad en el país puede tener acceso a estas imágenes”, aseguró el congresista.Osorio también cuestionó el papel de las cuentas oficiales del Gobierno en la difusión de este tipo de contenidos. En su opinión, las páginas institucionales de la Presidencia deben representar la acción del Estado y la forma en que este comunica sus actuaciones a la ciudadanía.“El Estado y el Gobierno colombiano no se pueden igualar ni pueden armar una competencia entre quién es más cruel: si los grupos criminales o el Estado colombiano”, sostuvo el representante a la Cámara.Para Osorio, la discusión no se centra únicamente en la lucha contra la criminalidad, sino también en cómo el Estado comunica sus operaciones de seguridad y qué tipo de mensaje transmite a la sociedad mediante sus canales oficiales.En ese sentido, planteó que un Estado fuerte puede enfrentar a las estructuras criminales de manera contundente sin recurrir necesariamente a la difusión de imágenes violentas. “No hay necesidad de estar mostrando” ese tipo de contenido, afirmó.Santiago Osorio defendió la medida cautelarEl congresista también se refirió a la decisión judicial que ordenó medidas frente a la publicación de los videos. Según explicó, la tutela fue presentada un día después de que él y su equipo conocieran las imágenes difundidas en redes sociales.“Hoy, precisamente, la justicia está recordando algo bastante básico: el señor Abelardo De La Espriella no está por encima de la separación de poderes ni por encima de la ley”, manifestó Osorio.El representante explicó que la medida adoptada por el juez es de carácter cautelar y que, dentro del proceso, deberá tomarse una decisión de fondo sobre la permanencia o retiro de las imágenes de las plataformas digitales.Osorio aseguró además que la decisión judicial establece un plazo de 24 horas para que el presidente de la República adopte las medidas correspondientes. A su juicio, el proceso puede convertirse en un precedente sobre los límites de la actuación del Gobierno.“Lo que nosotros estamos tratando de hacer con este tipo de acciones es empezar a dejar un precedente claro de hacia dónde va este gobierno y los límites que va a tener en materia de respetar la separación de poderes en este país”, señaló.Osorio cuestionó los bombardeos a menores de edadDurante la entrevista, Santiago Osorio también fue consultado sobre su posición frente a los bombardeos contra estructuras armadas y recordó que ha cuestionado este tipo de operaciones independientemente del Gobierno que las ordene.“Cuando lo hizo el presidente Gustavo Petro, con la misma vehemencia salimos a criticar que el Estado o las Fuerzas Armadas salieran a hacer un bombardeo contra menores de edad”, sostuvo el representante.El congresista insistió en que su posición, según dijo, no depende de quién esté en la Presidencia. En ese sentido, aseguró que mantiene una postura crítica frente a las actuaciones estatales que puedan afectar a menores vinculados a grupos armados.“No tengo doble rasero” frente a la Paz TotalOsorio también defendió su posición frente a la Paz Total y aseguró que no mantiene un doble rasero en sus críticas al Gobierno. Recordó que fue ponente de esta iniciativa y que votó positivamente por el proyecto.“Yo no tengo doble rasero al momento de las discusiones. Yo fui ponente y, además, voté positivamente la Paz Total”, afirmó el representante a la Cámara.Según explicó, inicialmente consideró que los diálogos territoriales con grupos armados podían contribuir a buscar salidas negociadas al conflicto. Sin embargo, sostuvo que estos procesos deben estar acompañados de una respuesta contundente del Estado cuando las organizaciones ilegales no demuestren voluntad de paz.“Estamos de acuerdo con los procesos de paz sectoriales, pero en aquellos territorios donde el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos al margen de la ley no tengan voluntad de paz, hay que someterlos a la fuerza del Estado”, concluyó.
