Fueron confiscados 17.000 kilogramos de este mineral, sumando más de 58.000 kilogramos incautados en lo que va del año 2024, con un valor estimado superior a los 5.500 millones de pesos.En la reciente incautación en la ruta 38, cerca del km 1, en la vía que conecta el municipio de Cumaribo, Vichada, con el departamento del Meta. Durante un control vial, las tropas inspeccionaron un camión que transportaba material con características similares al coltán, el cual fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes de la zona.Cabe aclarar que en los departamentos del Guainía y Vichada se encuentra completamente prohibido la explotación legal de este mineral, por lo que se resalta la importancia de estas operaciones para combatir actividades ilegales que afectan el medio ambiente.Estos resultados son producto de una gran labor de inteligencia y las operaciones militares llevadas a cabo durante el año, que han culminado en la incautación de más de 58 toneladas de coltán. Además, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar con estas acciones, en coordinación con otras entidades, para contrarrestar los delitos ambientales en la región de la Orinoquía colombiana.Dejando el firme compromiso con el país en la protección de sus recursos naturales y la preservación del medio ambiente, así como en la lucha contra actividades ilegales que ponen en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión sobre el actual gobernador del departamento del Vichada, Hecson Alexys Benito Castro, quien se vio envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la ejecución de dos obras durante su mandato como alcalde del municipio de Santa Rosalía.Los contratos que se encuentran en investigación están avaluados en $15.590.769 y $12.697.946 respectivamente, son un puente peatonal sobre el río Güichire y la construcción de una cubierta y parqueadero en las instalaciones de la Policía.Los hechos se remontan a 2015, cuando el personero municipal trasladó el caso a la Fiscalía Seccional después de realizar investigaciones preliminares disciplinarias. Desde ese momento, el exalcalde Benito Castro habría recurrido a prácticas poco éticas para tratar de archivar los procesos en su contra.Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el actual gobernador, al enterarse de las investigaciones mencionadas y aprovechando su posición como alcalde y su destacada influencia en la sociedad de Puerto Carreño, Vichada, se reunió en 2018 con el fiscal local Luis Orlando Sáenz Ojeda, buscando su intervención junto a otros funcionarios del CTI para que sus procesos fueran archivados mediante un informe de campo con resultados favorables.Posteriormente, en otra reunión con agentes del CTI involucrados en el caso, se acordó que Benito Castro pagaría una suma de 40 millones de pesos para manipular los procesos, de los cuales 20 millones debían ser entregados el 10 de julio de 2018 y el resto al presentarse los informes de policía judicial ordenando el archivo de las indagaciones.Tras todo el proceso, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron al 8º Juzgado Promiscuo de Circuito de Puerto Carreño la emisión de un fallo condenatorio. Sin embargo, la decisión absolvió al acusado, lo que llevó a ambas entidades a apelar, considerando que las pruebas eran suficientes para demostrar delitos contra la administración pública, específicamente el de peculado por apropiación.El caso fue enviado al Tribunal Superior de Villavicencio, el cual, el 19 de septiembre de 2023, emitió un fallo en segunda instancia, revocando parcialmente la sentencia anterior y condenando a Hecson Alexys Benito Castro y dos funcionarios más a 93 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. Desde entonces, el caso está bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.“En el Vichada estamos muy preocupados porque vemos que en cualquier momento la Corte Suprema se va a pronunciar en contra del Gobernador y nos vamos a quedar sin esa figura de ese funcionario tan importante para nosotros. Hoy le pedimos a la Corte que se pronuncie urgentemente ya que hasta ahora el señor Hecson Alexys está iniciando su periodo y estamos a tiempo de elegir otro funcionario y no sufrir traumatismos”, expresó el líder social, Gerardo Royero.
El exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por su implicación en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación, fue trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá, donde estuvo cumpliendo su pena hasta hace unos días, al centro penitenciario de mediana seguridad de Acacías en Meta.Moreno Rojas estuvo en La Picota en una celda en el área designada para funcionarios públicos y el cambio de cárcel se dio en cumplimiento de una orden judicial.Según los documentos oficiales, en febrero de 2024, Moreno Rojas presentó una solicitud de prisión domiciliaria a través de su abogado. Sin embargo, se conoció que por mandato de un tribunal de ejecución de penas de Bogotá, el exsenador fue trasladado a este nuevo centro de reclusión. Fuentes al interior del Inpec informaron que esta decisión estaría encaminada a que Moreno participe de proyectos a cambio de beneficios legales.Cabe mencionar que Moreno Rojas fue llevado allí para cumplir su condena, impuesta en agosto de 2023 por la Corte Suprema, que lo sentenció a 13 años y nueve meses de prisión por su papel en el carrusel de la contratación de Bogotá donde también estuvo involucrado su difunto hermano, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.De acuerdo con la Sala de Primera Instancia, los delitos cometidos por Moreno Rojas incluyen concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio continuado e interés indebido en la celebración de contratos.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Instancia Especial de Alto Nivel Pueblos Étnicos ha denunciado que grupos paramilitares están disparando contra la comunidad indígena de Maranajato, ubicada a 7 kilómetros de la vereda de Puente Arimena del municipio de Puerto Gaitán, al oriente del departamento del Meta.Según el líder indígena Sikuani y capitán de la comunidad, Carlos Yepes, los ataques de los grupos paramilitares se están dando con el fin de usurpar los territorios ancestrales que la comunidad habita. La comunidad de Maranajato, que está ubicada en cercanías del río Meta, instó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a los ministerios de Defensa y del Interior para que sea priorizada y atendida su situación, recalcando que la paz total pasa principalmente por proteger la vida.
El propósito de Duver Castro Jaramillo, un joven nacido en Vistahermosa, Meta, de viajar a México para buscar mejores oportunidades, se vio truncado, pues según le informaron a sus familiares, el joven fue asesinado en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.Al drama de perder a su familiar, el hermano de Duver ahora vive otro dolor de cabeza, pues no cuenta con el dinero para poder repatriar el cuerpo, y darle sepultura en su municipio natal.“Lo que le pedimos a las personas que nos puedan colaborar con un aporte financiero porque la verdad no contamos con los recursos para ese monto que nos cobran”, aseguró Cristian Andrés.En Vistahermosa, desde el alcalde Juan Gómez, hasta el vecino de la tienda, están ayudando a recolectar el dinero, sin embargo, no ha sido suficiente, y apenas han recogido un poco más de 2 millones de pesos, por esta razón, esta familia pide ayuda también al Gobierno Nacional para poder traer el cuerpo de Duver.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, convocó a un consejo extraordinario de seguridad, ante la suspensión que decretó el Gobierno del cese al fuego en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, con el Estado Mayor de las Farc.La gobernadora aseguró que pese a que la medida no aplica en el Meta, se tomarán medidas para que las comunidades no se vean afectadas, esto tendiendo en cuenta que ese grupo armado hace presencia en varios municipios del sur del departamento.Así mismo dijo que solicitará al presidente Gustavo Petro que no solo el cese al fuego sea suspendido, también las negociaciones con el Estado Mayor.“Vamos a realizar un consejo de seguridad con toda la Fuerza Pública para implementar estrategias porque sabemos que la población civil se puede ver afectada. Por supuesto que sí haremos lo que hizo Nariño, Valle del Cauca y Cauca y solicitaré al Gobierno Nacional que también suspendan las negociaciones con este grupo armado”, puntualizó.
Médicos militares se desplazaron en un helicóptero UH-60 'Ángel' de la Fuerza Aeroespacial para trasladar desde Puerto Gaitán hasta Villavicencio, a dos menores que se encontraban en delicado estado de salud. Los niños pertenecían a la comunidad indígena Sikuani del municipio de Puerto Gaitán.El primer caso fue el de un bebé de 12 meses que presentó una complicación a nivel respiratorio y gastrointestinal por desnutrición aguda; el segundo caso se trató de una niña de la misma edad que tenía un trauma craneoencefálico severo, producto de un accidente en su vivienda.Durante el trayecto desde Puerto Gaitán hacia la capital del Meta, el personal médico militar prestó atención básica mientras los menores llegaban a un hospital de mayor complejidad.Los padres de familia agradecieron la labor de la Fuerza Aeroespacial: “Gracias a Dios llegamos bien, agradecerle a los pilotos y a los médicos que atendieron a mi hija, ojalá nos sigan acompañando en otras oportunidades”, dijo Andrés Cerreroma Suárez, indígena Sikuani.
El Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC, cerraron este domingo el cuarto ciclo de negociaciones con varios acuerdos para realizar "transformaciones territoriales" en zonas donde este grupo armado tiene influencia.En el cierre del ciclo, que comenzó el 3 de marzo y se llevó a cabo en San José del Guaviare (sur), las dos delegaciones se comprometieron a "atender positivamente las propuestas transformadoras e incluyentes y las demandas de una participación efectiva, pluralista, de respeto a la autonomía y derechos de las organizaciones, liderazgos, comunidades y pueblos"."Hoy el desafío de todos es que nos juntemos a transformar esos territorios, respetando y comprendiendo a las comunidades", aseguró el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, a través de una llamada durante el acto de clausura, donde aseguró que las propuestas de estas transformaciones no deben venir del Estado ni de los actores armados "sino fundamentalmente las necesidades que plantean la gente en el territorio".Así, entre los siete documentos aprobados por la mesa, hay dos que contienen los acuerdos sobre transformaciones territoriales en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare (centro-sur) y para la región del Catatumbo (noreste).Cese al fuego y agendaEn el comunicado final firmado por el Gobierno y el EMC también explicaron que se presentó un balance del cese al fuego bilateral que ambos tienen vigente y se evaluó "el cumplimiento de las reglas, compromisos y acuerdos" relativos al mismo y visibilizaron la "necesidad de medidas especiales para atender a situaciones críticas y a demandas de la población".También figura por tanto entre los documentos acordados un protocolo de comunicación "para evitar incidentes y el contacto armado entre el EMC y la Fuerza Pública" durante el cese y otro sobre la pedagogía para los diálogos de paz, los acuerdos y los protocolos para que en los territorios se entienda lo que se están discutiendo y acordando en las mesas de negociaciones.Las dos partes también abordaron en esta nueva reunión un "intercambio de ejes temáticos para la agenda de diálogos", es decir, intercambiaron los puntos que para cada parte son importantes que sean debatidos en las reuniones futuras."No excluimos ningún tema", aseguró durante la clausura el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, quien hizo hincapié en uno de los puntos que son más importantes para el Gobierno, el ambiental: "El tema ambiental lo hemos subrayado, no es para menos. Pero el intercambio que hemos hecho de agenda es un inicio de un proceso".Y en ese sentido, alegó: "En toda la región amazónica y en esta parte del Guaviare nos hemos comprometido con programas efectivos, con proyectos concretos, a estimular transformaciones a los temas de reforestación, de preservación de la naturaleza, de armonía entre el desarrollo sostenible y las necesidades de los pueblos indígenas".La relación entre ambas partes ha estado marcada por algunos encontronazos, que se sucedieron durante todo 2023, como la suspensión del primer cese el fuego -establecido entre enero y junio del año pasado- por el asesinato de cuatro indígenas menores reclutados por parte de la guerrilla.Sin embargo, ambas partes han seguido sentadas negociando y el pasado enero, el Gobierno y el EMC anunciaron una prorroga de seis meses del cese el fuego bilateral que comenzó en octubre de 2023.El EMC está liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco, quien no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC.
La institución educativa Rafael Uribe Uribe, ubicada en el sur del departamento del Meta, es el lugar donde más de 500 niños y niñas reciben sus estudios. Este lugar, que hizo parte de la zona de distensión en el marco del conflicto armado, está contaminado con la presencia de artefactos explosivos que fueron enterrados por grupos armados.Por esta razón, el Batallón N4 de Desminado Humanitario del Ejército inició operaciones para descontaminar la zona, y garantizar la seguridad no sólo de los estudiantes, sino de docentes y padres de familia.“Se identificaron 15.000 metros cuadrados los cuales van a ser intervenidos con las técnicas de desminado manual, camino y mecánico”, señaló el teniente coronel Diego Garzón.Esta acción humanitaria se convierte, además, en la posibilidad para los niños y niñas, de iniciar proyectos productivos en el terreno que será intervenido.En el municipio de Uribe se han registrado hasta la fecha 154 víctimas de minas antipersonales, y en el Meta se estima que por lo menos 1.152 personas también han sido afectadas.
Las redes sociales del gigante Meta (Facebook, Instagram, Messenger) se veían afectadas este martes desde las 10:00 de la mañana (hora colombiana) por una serie de interrupciones a nivel mundial, indicó el grupo a través de su portavoz."Estamos al corriente de que usuarios están confrontados a dificultades de acceso a nuestros servicios. Trabajamos en ello", escribió en la red X el portavoz del grupo, Andy Stone, confirmando la información publicada por el sitio Downdetector.Downdetector registró hasta 580.000 indicaciones de problemas entre usuarios de Facebook y hasta 92.000 para Instagram, pero el sitio mostraba un descenso marcado de estos señalamientos de dificultades menos de una hora después del inicio de las interrupciones de servicio."Sabemos que hay un problema que afecta la conexión a Facebook. Nuestros equipos de ingenieros buscan resolver el problema lo más rápido posible", indicó el grupo californiano en su sitio que da cuenta de eventuales problemas de funcionamiento.Casi 4.000 millones de personas utilizan al menos una de las plataformas del gigante de las redes sociales (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) todos los meses.En X, los problemas de Meta generaron comentarios irónicos, en particular de la propia empresa rival. "Si leen este mensaje, es porque nuestros servidores funcionan", ironizó Elon Musk, propietario de X, antes Twitter.
El partido Comunes, que surge luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc luego de los acuerdos de 2016, a través de un comunicado de prensa, alertaron de su temor sobre el actuar por parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP), al trasladar casos de esta justicia especial a la justicia ordinaria, como sucedió con Rodrigo Granda, caso en el que la JEP se declaró sin jurisdiccionalidad.“Como si fuera poco, ahora nos nace la preocupación por la inseguridad jurídica que genera la JEP, al trasladar hechos o casos que se dieron en el marco del conflicto, a la justicia ordinaria, violando flagrantemente el principio del juez natural, la naturaleza de la Amnistía más amplía posible y lo acordado en materia de garantías jurídicas”, señaló el partido Comunes en un comunicado.Acusan que la JEP está desconociendo sus responsabilidades e incluso comparan su actuar con una “cacería de brujas”, alertan que todo esto está empujando a los firmantes a dejarse seducir por quienes los insistan en abandonar el proceso incumpliendo los acuerdos de paz.“Omitir y desconocer las actas de compromiso firmadas por miles de firmantes de paz que se comprometieron con la verdad, la reparación, la justicia restaurativa y la reconciliación del pueblo colombiano; esto en contravía de la naturaleza de la JEP y del propio acuerdo de paz”, afirmaron desde el partido.Esta no es la primera queja que hace Comunes en contra de la JEP, para señalar uno de estos momentos nos remontamos al 7 de febrero del presente año en donde incluso amenazaron con apartarse de la Justicia Especial, esto en una carta que enviaron al presidente Gustavo Petro.En dicho documento expresaban una serie de preocupaciones en la implementación de los acuerdos, enfocándose principalmente en las decisiones de la JEP, quienes no garantizaban la seguridad jurídica de los firmantes.“A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo un terreno judicial positivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, señalaban en la carta que enviaron al presidente.
El Gobierno de Gustavo Petro acabará en agosto de 2026. Sin embargo, la campaña política para encontrar a su sucesor o sucesora parase que ya está iniciando. El periodista y panelista de Mañanas Blu, Felipe Zuleta, a través de su cuenta de X lanzó una propuesta para que grupos políticos y ciudadanos se unan para crear lo que él llama un nuevo movimiento cívico. Zuleta asegura que desde ya hay que pensar en las elecciones de 2026 y propone que ese movimiento se llame "GANAR"."La idea de hacer un movimiento cívico que se llame GANAR (Grupo Alianza Nacional Republicano) es empezar desde ya a pensar en las elecciones del 2026. En GANAR deben caber todos los colombianos. No es un partido político. No es tumbar al presidente. Es organizarnos y GANAR", escribió. ¿Una mujer llegará a la Presidencia en 2026?Así como el periodista Felipe Zuleta ya está viendo hacia las elecciones de 2026, hay otras voces que también están hablando ya de esa futura contienda electoral. Por ejemplo, hay quienes plantean que el 2026 será el año en que Colombia tenga su primera mujer presidente, la pregunta que ese camino deja es de qué corriente política será. En la mesa hay políticas que se han destacado en los últimos años como es el caso de la exalcalde de Bogotá, Claudia López, las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y mujeres muy cercanas al petrismo como la senadora María José Pizarro o la vicepresidenta Francia Márquez. Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro buscará que su línea progresista consiga la Presidencia en el 2026 y así lo dijo recientemente:“Ayer decían: ‘fuera Petro’, pues claro que me voy a salir del palacio porque no me gusta ni cinco, pero ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso, ya cometí ese error en Bogotá y se tiraron el metro de Bogotá, aquí no podemos cometer ese error”, dijo el mandatario.
El soldado Jairo Urrego se convirtió en la cuarta víctima que dejan los intensos combates que ya completan más de 72 horas entre el Ejército y la estructura Carlos Patiño de las disidencias en zona rural de Argelia, Cauca.Urrego fue uno de los militares que había resultado herido y, pese a la atención de sus compañeros enfermeros, no fue posible salvarle la vida. En estos hechos también fueron asesinados los soldados profesionales Jorge David Fuentes, Javier Sosa Ballesteros y Camilo Andrés Molina. Dos soldados más siguen heridos.Uno de los agravantes, además de las amenazas de los ilegales, es que durante el día los helicópteros han intentado aterrizar en varias ocasiones pero la malas condiciones climáticas no lo permiten, esto ha demorado el traslado de los fallecidos y heridos.Los fuertes combates, en los que se estiman han intervenido más de 150 integrantes de las disidencias, han tenido lugar en las veredas San Juan del Cucho, San Juan de Guadua y Bolivia. Allí las tropas pretendían iniciar el proceso para garantizar el retorno de más de 400 campesinos desplazados, pero fueron atacados por los grupos ilegales.En medio de los combates, también fueron abatidos tres presuntos disidentes y capturados otros cinco con armas y material de intendencia.Cabe recordar que desde el pasado viernes, las tropas han tenido que enfrentar ataques simultáneos desde diferentes puntos, situación que incluso quedó registrada en audios de las comunicaciones de los soldados en terreno.
Los jefes del partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las Farc, acusaron al Gobierno de violar el acuerdo de paz en lo referente a que los firmantes tendrían voz en la elección de los cargos responsables de su seguridad, al tiempo que le exigieron que se garantice su integridad, esto lo expresaron en una carta firmada por el presidente de Comunes, Rodrigo Londoño, y otros excomandantes de las Farc, como Pastor Alape, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo y Julián Gallo."Recientemente, enviamos una comunicación al director de la UNP mediante la cual solicitamos se diera a conocer a la comunidad de firmantes de paz las postulaciones y la idoneidad de quienes aspiraban a asumir la subdirección especializada relacionada directamente con garantizar la vida y la protección de quienes continuamos en esta lucha por construir la paz", señalaron en la carta.Según la carta, alertan que dentro del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en 2016 se acordó que para el nombramiento de este tipo de cargos, se debería tener en cuenta la opinión de los firmantes y su queja va dirigida a la violación del principio de confianza."Vemos con mucha preocupación que se esté violando el acuerdo de paz, el acuerdo de paz en el punto 3.4.7.4.1 deja claro la responsabilidad que tiene o que asume el Gobierno colombiano, el Estado colombiano a través de la Unidad Nacional de Protección, para tener una representación de partido que surgiera de la firma del acuerdo de paz en esta entidad y que desde allí se deberían tomar en coordinación las decisiones que vayan en beneficio de ayudar en la protección de la vida de las personas que firmamos el acuerdo de paz", afirmó el representante a la Cámara de Comunes, Pedro Baracutao.Pero la molestia de los firmantes no parte solo de no ser consultados para el nombramiento de la nueva subdirectora de la subdirección especial de seguridad y protección de la UNP, sino por la importancia de este, señalando que desde la firma de los acuerdos en 2016, de los 423 firmantes asesinados, 80 lo han sido esperando respuesta de la UNP a sus solicitudes de protección.“Hay una violación flagrante del acuerdo, algo que no había ocurrido incluso en el gobierno anterior declarado enemigo del acuerdo de paz. Se desconoce que en el manejo de la subdirección especializada debe haber un acuerdo y debe tomarse en cuenta la posición de la alta parte firmante de los acuerdos de paz”, señaló Luis Alberto Albán, Representante a la Cámara por el partido Comunes.Londoño, por su parte, interpeló personalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que le recordó que "la seguridad de los firmantes de paz debe ser una prioridad en este Gobierno".
El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, emitió un nuevo boletín sobre la actividad del volcán Puracé, situado en la cadena volcánica de los Coconucos. Según el informe, desde la declaratoria del estado de alerta naranja, la actividad sísmica y volcánica ha mantenido un comportamiento similar al registrado en días anteriores.Los sismos asociados al fracturamiento de roca se han localizado principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y en su flanco oriental, a profundidades que oscilan entre 0.8 y 4 km. Lea también: Sube a alerta naranja el volcán Puracé del Cauca: SGC da recomendacionesEl evento más significativo fue un sismo de magnitud 1.6 registrado hoy a las 10:50 a. m. Por otro lado, la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos se ha concentrado en el sector del cráter y en su flanco norte, a profundidades menores a 0.8 km.Además de la actividad sísmica, se ha observado una altura máxima de la columna de gases de aproximadamente 1400 m, medida desde la cima del volcán, con una dirección de dispersión hacia el occidente. Los procesos de deformación del suelo y las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y dióxido de azufre (SO2) continúan mostrando valores por encima de las líneas base conocidas para este volcán.El SGC reitera que el estado de alerta del volcán Puracé se mantiene en naranja, lo que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados. Aunque puede haber fluctuaciones en los niveles de actividad sísmica y desgasificación, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad. Para cambiar a un estado de alerta menor (amarilla), se necesita tiempo para evaluar todos los parámetros monitoreados y determinar tendencias que indiquen una mayor estabilidad.