El pasado 12 octubre, el patrullero Oscar Devia y su familia recibieron la grata noticia de su libertad, luego de estar cuatro meses en la cárcel especial del municipio de Facatativá (Cundinamarca), tras estar vinculado en el proceso por el asesinato de Santiago Murillo, en Ibagué.El uniformado pasó de estar sindicado a ser testigo clave de la Fiscalía, hecho que calificó como justo Sandra Milena Meneses y Miguel Murillo, padres del joven Murillo.Actualmente, el patrullero se encuentra visitando a su familia en Ibagué, dialogó con BLU Radio y recordó su drama. Durante varios minutos, Devia sonreía, lloraba, y agradecía a Dios por estar en compañía de su familia, pero uno de los momentos más tensionantes fue encontrarse con el mayor Jorge Molano en la cárcel. "Llegó al poco tiempo y en todo momento traté no tener contacto para evitar cualquier situación", agregó Devia.El uniformado, su familia y sus amigos más cercanos hacían 'vaca' para subsistir y poder viajar a visitarlo. "Hacíamos tamales tolimenses, mi mamá los hacía y me los llevaba, hicimos empanadas con otros reclusos allá dentro de las instalaciones de la cárcel, me propuse a despejar la mente para no sentirme tan agobiado y no pensando que estaba encerrado", puntualizó entre lágrimas Devia.Finalmente, Devia se siente feliz por su libertad, no ha podido ascender porque el día de la ceremonia estaba en una celda, pero acompaña este fin de semana a su hija al concurso de Miss Playa Hawai, en Ibagué, dónde aspiran sea la gran ganadora e imagen de este parque recreativo.
En entrevista con Meridiano BLU, los padres de Santiago Andrés Murillo Meneses se mostraron complacidos con la decisión de otorgar la libertad al patrullero Óscar Devia, quien se encontraba en la cárcel especial de reclusión de la Policía Nacional en Facatativá (Cundinamarca), desde hace cuatro meses, por orden de la justicia militar, vinculado con la muerte del joven ibaguereño.“Estamos de acuerdo con esta decisión, porque es injusto que una persona este detenida cuando es inocente. El patrullero Osorio no debe estar pagando algo que no hizo solo porque el señor Molano tiene un grado más alto”, dijo Sandra Milena, mamá de Santiago Murillo.En medio del llanto de su esposa, Miguel Murillo recordó como fue el último día que lo vio con vida.“Santi dejó su moto en el parqueadero y se fue en bicicleta. Solo lo vi por las cámaras del edificio, él salió y no volvió”.La familia Murillo Meneses ha recibido varias propuestas de abogados para realizar una demanda contra el Estado por el asesinato de su hijo, pero ellos aseguraron que no han contemplado esta posibilidad y, que sí se llega a dar, deben tener un objetivo fijo.“Recibir dinero por mi hijo sería un doble dolor. ¿Qué sacamos con tener una gran casa, un mejor carro o irnos de viaje, si él ya no está con nosotros?, Además, éramos siempre padres presentes y todo lo hacíamos juntos”, dijo Sandra Milena Meneses, madre de Santiago.Hoy solo esperan que la justicia actué y que el mayor Jorge Mario Molano, hoy detenido por la muerte del joven, diga realmente que fue lo que sucedió y sí él fue quien disparó el arma que apagó una vida.Escuche la entrevista completa aquí:
Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía, el juez segundo Penal Municipal de Garantías de Ibagué, ordenó la libertad del patrullero Oscar Leonardo Devia Pérez, quien permanecía detenido hace cuatro meses, cuando fue capturado junto al mayor Jorge Molano por el crimen de Santiago Murillo, ocurrido en Ibagué, el pasado 1 de mayo.El juzgado también ordenó comunicar la decisión a la dirección de la Policía para que el uniformado sea reintegrado a sus labores, al considerar que, tal como lo pidió la Fiscalía, no tiene responsabilidad alguna en el homicidio del joven.El Patrullero se encontraba recluido en la cárcel para Policías en Facatativá y era investigado por la Justicia Penal Militar, a pesar de que la Corte Constitucional decidió enviar a la Fiscalía el expediente.Fue así como su abogado Sergio Clavijo solicitó una audiencia para que la Fiscalía definiera su situación jurídica y por eso recobró su libertad inmediata.Según explicó el defensor, la situación de Devia se debió haber aclarado desde hace más de un mes, cuando la Corte Constitucional envió el caso del mayor Jorge Molano a la Fiscalía, ya que en ese momento solicitó la libertad de su cliente, pero el juez 188 Penal Militar le trasladó la decisión a la Fiscalía que pidió dejarlo en libertad.
Las jornadas del paro nacional dejaron decenas de civiles muertos, uno de los casos que más generó indignación fue el de Santiago Murillo, de 19 años, quien recibió un impacto de bala mientras caminaba por las calles de Ibagué.Aunque no estaba participando del paro nacional, el mayor Jorge Mario Molano Bedoya, a tan sólo 32 metros de distancia hizo un disparó innecesario contra la integridad de Murillo, quien se encontraba totalmente indefenso y no representaba un peligro para la sociedad.Mientras se apagaba la vida del joven y este caminaba ensangrentado para pedir ayuda, observaba a lo lejos la mirada fría de los uniformados presentes en la escena, que en vez de ayudarlo huyeron de la escena del crimen.Después de varios meses del estallido social en Colombia y la larga espera de los familiares de Murillo para que se hiciera justicia, por primera vez la Fiscalía acusó a un uniformado por la muerte de un civil en medio de las protestas del 1 de mayo.En audiencia, el policía Jorge Mario Molano fue señalado de disparar al joven con su arma de dotación, fugarse del lugar de los hechos e intentar culpar a otra persona con sus mismas características para librarse de la pena.Una vez adelantada la diligencia, se convocó para el próximo 25 de noviembre, la audiencia preparatoria de juicio oral contra el integrante de la fuerza pública el mayor Molano.Escuche y siga las Noticias del Día en Spotify
En medio de la audiencia contra el mayor de la Policía, Jorge Mario Molano, acusado por la muerte del joven Santiago Murillo durante el paro nacional, el juez que adelantaba la diligencia hizo alusión a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en las últimas semanas criticó las decisiones judiciales que dejan libres, según dijo, a 8 de cada 10 personas."Es una declaración irresponsable de la señora alcaldesa de Bogotá, una persona que maneja la ciudad más importante de Colombia no puede hacer una declaración tan apresurada. Esa señora yo no creo que asista a todas las audiencias para que sepa que pasó al interior de un proceso y por qué se toma una decisión determinada", sostuvo el fiscal Álvaro Hormiga.Además, el fiscal dijo que la alcaldesa estaba errada, porque las decisiones que toma cada juez se ejecutan de acuerdo con lo que ocurra en el proceso."Como es posible que asuma que los jueces hacemos parte de criminalidad del país, por ejemplo, en esta audiencia del oficial acusado por homicidio, vemos enfrentados dos derechos, porque el juez tiene que hacer un test de proporcionalidad con las víctimas y la defensa. Por un lado, cumplo con la norma que me dice que tengo que hacer una audiencia en un plazo determinado y por otro debo atender la petición de un defensor que me dice que con ese plazo no tiene tiempo", dijo el fiscal.El funcionario mencionó que en el momento en que se cuestione el accionar de los jueces, no se deben sacar conclusiones apresuradas que no corresponden.Escuche las Noticias del día en Spotify:
Un juez penal militar de Ibagué se declaró impedido en el caso de Santiago Murillo, el joven de Ibagué que falleció el pasado 1 de mayo durante las protestas del paro nacional. Hechos por los cuales se investigan a dos policías, quienes presuntamente habrían accionado sus armas de fuego en contra de Murillo.De este caso se iniciaron dos investigaciones simultáneas, uno en la justicia penal militar y otro en la justicia ordinaria penal. Al juez de la justicia penal militar, identificado como René Mauricio Monroy Bernal, la Fiscalía le abrió una investigación por prevaricato de acción, esto quiere decir, por presuntamente haber fallado en una sentencia de forma contraria a lo que dicta la ley. Esto ante la decisión de Monroy de dejar en libertad a uno de los implicados en estos hechos.Ante esto, el juez se declaró impedido debido a que manifiesta tener algún tipo de interés en el proceso el cual no aclara explícitamente cuál es.“Así las cosas, respetuosamente le solicitó al Honorable Tribunal Superior Militar y Policial, que me separe del conocimiento de la actuación y acepte mi impedimento, conforme a los artículos 277 y 279 de la ley 522, designando mi remplazo en la presente causa”, expresó Monroy.La decisión del juez se conoce después de que la Fiscalía le abriera la indagación por prevaricato.En las últimas horas, uno de los policías involucrados en el proceso, el mayor Jorge Mario Molano, fue enviado a la cárcel después de que la Fiscalía le imputara el delito de homicidio.
El juzgado 188 de instrucción penal militar pidió que se investigue las actuaciones de la fiscal del caso del joven Santiago Murillo, quien falleció en Ibagué durante las manifestaciones del paro nacional.La investigación se pide luego de una inspección judicial del pasado 8 de junio al despacho de la Fiscalía 11 seccional de vida. Fuentes de Justicia Penal Militar confirmaron a BLU Radio que el juez de instrucción militar señala lo siguiente: “desde el momento que se llegó a las instalaciones de la Fiscalía fuimos objeto de maniobras dilatorias mediante las cuales obstruyeron la diligencia judicial”.Para el juez, con esta actuación irregular se falta a los principios de legalidad, lealtad procesal y debido proceso y por esa razón compulsa copias a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué y ante la Comisión de Disciplina Judicial.Sin embargo, cabe recordar que esta pelea viene de tiempo atrás, cuando la Fiscalía designó a un fiscal delegado ante el Tribunal para adelantar investigación en contra del juez 188 de la Justicia Penal Militar por irregularidades que habrían llevado a que el mayor de la Policía Jorge Mario Molano, quien fue recapturado y enviado a la cárcel en las últimas horas por este caso, quedara en libertad cuando el caso estaba en manos de Justicia Penal Militar.
El mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, quien fue detenido en la URI de Usaquén, como presunto responsable del homicidio del joven Santiago Murillo, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado.Según la investigación, Murillo, de 19 años, recibió un disparo de arma de fuego a la altura del tórax y aunque fue llevado a la clínica, falleció minutos después por la gravedad de la herida, hechos que se registraron el pasado 1 de mayo en la ciudad de Ibagué.El ente acusador asegura tener elementos suficientes para solicitar que un juez lo envíe a la cárcel preventivamente por el crimen. Sin embargo, su defensa insistirá en la posibilidad de que pueda defenderse en libertad.El pasado 10 de mayo, el mayor Molano Bedoya y el teniente Andrés Parra, comandante del CAI Éxito de la calle 80, fueron capturados por los hechos, en medio del proceso que lleva la justicia Penal Militar, pero días después de nuevas pruebas en el proceso, fueron dejados en libertad por orden del juez 188 penal militar.
La Fiscalía tiene en su poder lo que sería la prueba reina para solicitarle a la juez de garantías de Ibagué que envíe a la cárcel al mayor Jorge Mario Molano como presunto responsable del homicidio el joven Santiago Murillo, perpetrado el 1 de mayo en Ibagué.Se trata de una conversación en la que el papá del uniformado, al parecer, habla de compra de pruebas a favor de su hijo, el mayor Molano, y de filtración de información privilegiada.La revelación de la Fiscalía hizo que el abogado del mayor, Majer Abushihab, renunciara a su representaciónSegún fuentes del proceso, se trata de una conversación entre el papá del mayor Jorge Mario Molano y un hombre, hasta ahora desconocido, en la cual –según narró el fiscal del caso en la audiencia- le dice que entregaron 1 millón de pesos a través del abogado de su hijo para modificar un dictamen realizado por el CTI de la Fiscalía sobre el caso, supuestamente, una prueba de balística, para que el uniformado resultara beneficiado.Sobre el tema, el abogado Abushihab aseguró que desconocía la existencia de la grabación, que no sabe si eso ocurrió o no, que será la justicia que investigue los hechos, pero que en todo caso el abogado del que hablan no es él y que eso motivó su renuncia.“Primero, esto tiene que ser objeto de investigación por parte de las autoridades. Segundo, con un no rotundo le digo que de ninguna manera hemos estado involucrados en circunstancias de esa naturaleza ni ahorita ni en toda mi carrera profesional”, precisó el abogado.“Nosotros llegamos al caso hace 8 días para los propósitos de acompañar al mayor en su defensa en la justicia ordinaria, de manera que estamos tranquilos con esos potenciales señalamientos de la Fiscalía pues esto es simplemente, al parecer, una conversación y somos absolutamente ajenos, eso sí lo digo con contundencia”, añadió en diálogo con BLU Radio.En ese audio mencionado por la Fiscalía, y con el cual solicitaron que el mayor sea enviado a la cárcel, supuestamente, el papá del mayor dice que el mayor Leonardo Marín Bedoya, comandante de la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué, fue quien les entregó la información de que el mayor Molano iba a ser capturado por los hechos.Esto, según la Fiscalía, sería filtración de información privilegiada que perjudica el curso de la investigación.Sobre este punto, el abogado Majer aseguró que esa filtración, por lo menos, no fue a él y que él fue quien recomendó al mayor Molano que se entregara por varias publicaciones en medios regionales en donde se hablaba de una orden de captura en su contra.“La información se filtra por medios de comunicación. Esto es un hecho verificable, el día que se produjo la entrega del mayor existían noticias en medios locales que hablaban de una orden de captura en contra del mayor. Usted lo puede verificar en medios de comunicación, en la página de la rama y le cuento, nosotros llegamos allá sin saber si había o no orden de captura porque esto era un chisme”, insistió.Este jueves, 17 de junio, será la oportunidad para que se pronuncien las partes sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra del mayor y posteriormente, la juez deberá decidir si lo envía o no a la cárcel por los hechos.En la diligencia se conocerá quién asume la representación del uniformado.
El mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, quien fue detenido en la URI de Usaquén como presunto responsable del homicidio del joven Santiago Murillo, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado.Según la investigación Murillo, de 19 años, recibió un disparo de arma de fuego a la altura del tórax y, aunque fue llevado a la clínica, falleció minutos después por la gravedad de la herida, hechos que se registraron el pasado 1 de mayo en la ciudad de Ibagué.El ente acusador asegura tener elementos suficientes para solicitar que un juez lo envíe a la cárcel preventivamente por el crimen. Sin embargo, su defensa insistirá en la posibilidad de que pueda defenderse en libertad.El pasado 10 de mayo, el mayor Molano Bedoya y el teniente Andrés Parra, comandante del CAI Éxito de la calle 80, fueron capturados por los hechos, en medio del proceso que lleva la justicia Penal Militar, pero días después de nuevas pruebas en el proceso, fueron dejados en libertad por orden del juez 188 penal militar.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.