El canciller (e) Luis Gilberto Murillo señaló que en julio de 2025 esperan tener listo el nuevo esquema de producción de pasaportes con la Imprenta Nacional como operador central, un aliado gubernamental y otro privado, aunque no confirmó quiénes serán esos aliados.La transición al nuevo sistema de producción de pasaportes comenzará el próximo 2 de octubre, fecha en que termina el contrato actual con Thomas Greg & Sons. Y es que esa fue la solución que encontró la Cancillería al lío de la licitación de pasaportes en Colombia: delegar esa importante responsabilidad a la Imprenta Nacional.Cabe recordar que Thomas Greg & Sons tuvo el millonario contrato durante más de 17 años.Desde Chocó, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo reveló detalles de cómo funcionará la transición de la que habla el Gobierno y aseguró que para julio de 2025 está ya estaría finalizada.“Estamos en una transición de esquema del trámite y producción, lo que hemos establecido es un esquema donde la Cancillería a través de un convenio con la imprenta asume el proceso, pero con alianzas, una gubernamental que nos permita garantizar que la información de la ciudadanía es resguardada, allí estamos en conversaciones con Austria, Alemania, Bélgica, Canadá”, explicó Murillo.
En medio de un debate convocado por la comisión segunda de la Cámara de Representantes, con motivo del escándalo por la fallida licitación de pasaportes a Thomas Greg & Sons, así como la apertura de nuevas embajadas en el mundo como la de la FAO, cuyo titular es el polémico exsenador Armando Benedetti; el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, explicó los motivos que llevaron a la nota de protesta al Gobierno de Estados Unidos por cuenta del informe de la secretaría de Estado en el que mencionan las investigaciones de la fiscalía en contra de Juan Fernando Petro y Nicolás Petro, hermano e hijo del presidente de la República.“Yo manifesté mi inconformidad a la Casa Blanca y manifesté mi inconformidad al embajador de los Estados Unidos antes de las declaraciones que se dieron al final de la tarde. Nosotros aunque respetamos y tomamos con mucha seriedad los informes que se hacen de manera unilateral y extraterritorial por los países, no los compartimos porque los informes tienen que ser multilaterales, en el principio de multilateralismo, pero los asumimos con mucha seriedad porque estamos abiertos a escrutinio internacional y las recomendaciones que ahí se hacen las asumimos con seriedad”.Sostiene Murillo, que el principal motivo de inconformidad con este informe tiene que ver con la mención específica de los dos familiares del primer mandatario, algo que no es habitual en el ejercicio de las relaciones bilaterales.“Nosotros siempre hemos decidido que, cuando se hagan esos informes, no se mencionen nombres porque afecta el buen nombre de la persona y afecta el debido proceso que respetan las instituciones colombianas que vienen de un proceso donde jueces y fiscales han muerto en este país para tener el sistema judicial que tenemos (…) Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos Joe Biden que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No”, señaló el Canciller (e).El funcionario sostuvo que más allá de un choque diplomático con una de las principales potencias del mundo se trata de un llamado al respeto a la soberanía de ambos países: “Claro, aquí usted va a encontrar gente que se va a poner y otros que van a aplaudir porque, ah sí, lo dijeron allá. Pero estamos hablando de un tema institucional del país que no depende de quién esté en la presidencia o no. Así lo hemos hecho con los generales que también a veces dicen allá. No diga los nombres de generales que estén involucrados en procesos que son normales en este país donde investigan a todo el mundo cuando están en el servicio público”.Murillo finalizó su intervención confirmando que esta tarde tendrá un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, en el que le harán entrega formal de la nota de protesta.
El canciller (e), Luis Gilberto Murillo, reveló el nuevo modelo para la elaboración de pasaportes con la Imprenta Nacional y deberá contar con un aliado estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional”.El ministro Murillo explicó que el Comité de Contratación del Ministerio y el Fondo Rotario está estructurando un “convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional” y entraría a regir desde 2025.“Hay muy buenas experiencias, por ejemplo, en el trabajo prospectivo que hemos hecho y los contactos. El Gobierno austriaco tiene un esquema mixto de expedición de los pasaportes, donde es una alianza, sociedad, entre el Gobierno y un socio estratégico privado, y funciona muy bien. El Gobierno realmente no cede su función de velar por la protección de la información de sus ciudadanos y ciudadanas”, anunció Murillo durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.El canciller encargado explicó que los criterios para este nuevo esquema son tres: mayor porcentaje de participación pública, mayor seguridad de la información y mayor pluralidad de los proponentes y aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá siendo supervisor de la expedición de los pasaportes.La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre del 2023, una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.En febrero de este año, el presidente Gustavo Petro, acusó de traición al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por adjudicar a la compañía Thomas Greg & Sons el contrato para la fabricación de pasaportes, razón por la cual lo destituyó.“El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, dijo el mandatario en la red social X.El Gobierno había suspendido la licitación hasta tanto se revisarán más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General a suspender del cargo por tres meses al canciller, Álvaro Leyva.La Cancillería también había reasignado la competencia para dirigir esta licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargaría de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados.Le puede interesar:
El ministro de Relaciones Exteriores y canciller en suspensión, Álvaro Leyva, ha enfrentado una serie de cuestionamientos en su contra luego de que la Procuraduría detectara presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes que involucra a la firma estadounidense Thomas Greg and Sons, lo que lo ha mantenido temporalmente fuera de sus funciones.Este caso da un giro luego de que la Procuraduría General de la Nación prorrogar la suspensión de Leyva tres meses más, lo que es que, si el canciller en suspensión se reintegra como canciller, se abre la posibilidad de que reincida en los comportamientos imputados en el pliego de cargos.“La suspensión provisional busca garantizar la eficacia del proceso disciplinario, en beneficio del interés general y el correcto desarrollo de la función pública. Se trata de un mecanismo temporal, no sancionatorio y, por ende, no implica una decisión sobre la responsabilidad del procesado, ni la valoración sobre la culpabilidad”, expresó el documento emitido por la Procuraduría.Además, de esto, el ente de control enfatiza en que, en lo relacionado con el plazo de la suspensión, la norma determina que Álvaro Leyva podrá estar suspendido hasta por tres meses, prorrogables por otros tres.Por otro lado, le corresponde a la Procuraduría analizar las pruebas en este proceso adelantado en contra de Leyva, y determinar qué es probable que, si el canciller permanece en el cargo, podría interferir con la investigación en curso.La Procuraduría resalta que el proceso se encuentra en fase de juicio, y que a la fecha no ha culminado en la etapa de presentación de pruebas, y que aún no se han verificado las faltas calificadas como graves en el pliego de cargos.En una nueva sesión de esta diligencia judicial el procurador delegado, Ernesto Espinoza, escuchará los testimonios de José Antonio Salazar, exsecretario Ministerio de Relaciones Exteriores Juan Pablo Estrada, abogado de la firma Thomas Greg and Sons y de Martha Lucia Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que fueron pedidas en la anterior sesión por la defensa del canciller.En medio de este pronunciamiento de la Procuraduría, la Sala considera de vital importancia el testimonio se dará Martha Lucia Zamora “del cual se infiere el desinterés del disciplinado para adelantar el proceso contractual atendiendo el interés general y salvaguardar el patrimonio público; asimismo, se colige su afán de acatar la orden del presidente, sin importar que con ello pueda incurrir en falta disciplinaria”, señala el documento.Por último, la Procuraduría General de la Nación es enfática en reiterar que contra esta decisión no procede recurso alguno.
En medio de esta diligencia judicial el procurador delegado, Ernesto Espinoza, aceptó las pruebas testimoniales de José Antonio Salazar, exsecretario Ministerio de Relaciones Exteriores,, Juan Pablo Estrada, abogado de la firma Thomas Greg and Sons y de Martha Lucia Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que fueron pedidas en la anterior sesión por la defensa del canciller en suspensión Álvaro Leyva, quien está siendo investigado por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.Además, la Procuraduría ordenó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entregar las copia íntegras de los soportes, actos, certificaciones que están relacionados con las recomendaciones hechas al Ministerio de Relaciones Exteriores, producto de la solicitud de conciliación interpuesta por el abogado de la empresa Thomas Greg and Sons, Juan Pablo Estrada Sánchez.Esto, con el fin de que estos documentos sean incorporados en la inspección, el procurador delegado fue enfático en asegurar que "Si pasados 5 días no nos envían la documentación, podremos acudir a otro medio de prueba como la inspección disciplinaria”.Se fijó la nueva fecha para darle continuidad a este juicio disciplinario que se adelanta en contra de Leyva. Será el 23 y 24 de abril en donde iniciará la práctica de pruebas dentro del caso.A Leyva se le señala de que podría haber cometido dos infracciones disciplinarias graves: declarar desierta la licitación y establecer una urgencia manifiesta durante el procedimiento contractual sin que, aparentemente, hubiera motivos justificados para tomar tal decisión.El abogado defensor, Yefferson Dueñas, aceptó la decisión del procurador delegado y dice que no han presentado recurso alguno.
En un fallo proferido el pasado miércoles 3 de abril, la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió admitir para estudio la demanda presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio de dicha entidad en la que pretende se dé nulidad a las resoluciones 7485 y 7540 de septiembre de 2023, en las que el suspendido canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación pública No LP-001-2023 para la expedición de pasaportes.Aunque la demanda había sido inadmitida en auto del pasado 27 de febrero de 2024 por cuenta de la resolución 1394 de febrero de 2024, expedida por el entonces secretario general José Antonio Salazar; en consideración de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, la demanda cumple con los requisitos legales y más aún por cuenta de la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller (e) Luis Gilberto Murillo, de retomar la vigencia de la declaración de licitación desierta.“El despacho repondrá la decisión cuestionada porque encuentra que con las precisiones realizadas por el recurrente para justificar sus razones sobre la procedencia de la demanda y del eventual restablecimiento del derecho se cumple el requisito legal sobre los hechos y fundamentos (artículo 162 numerales 3 y 4 C.P.A.C.A.). Máxime si se tiene en cuenta la manifestación de la entidad sobre la intención de retrotraer la vigencia de las resoluciones 7485 y 7540 del 13 y 14 de septiembre de 2023, que son objeto de este proceso”, señala el fallo de admisión.Sostiene la magistrada Ceballos que la pretensión económica de la demanda corresponde a $107.507.167.749 pesos, valor que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el demandante argumenta que con ocasión de la petición radicada el 5 de marzo de 2024 por la Unión Temporal Pasaportes 2023 ante el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para obtener la suscripción del contrato, dicho fondo no accedió por considerar que la decisión de revocar las resoluciones fue adoptada con posterioridad a la competencia asumida por el Tribunal, entre otros motivos.
Luego de la decisión del Gobierno de revocar las resoluciones firmadas por el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, que adjudicaban la licitación de expedición de pasaportes en Colombia por casi 600.000 millones de pesos a Thomas Greg & Sons, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el contrato actual con dicha compañía continuará hasta octubre.Según la Cancillería, todo proceso que involucre la expedición de pasaportes para los colombianos que soliciten el documento, se realizará con total normalidad hasta el próximo 2 de octubre de 2024, fecha en la cual termina el contrato vigente con Thomas Greg & Sons por cerca de 198.000 millones de pesos.Después de dicha fecha, es decir, el 3 de octubre, el Gobierno ya debería tener una nueva empresa contratada (luego de abrir una nueva licitación) para llevar a cabo la expedición de pasaportes en el país. Entonces, todos los colombianos que tengan cita o estén gestionando la expedición del documento, pueden continuar con el proceso sin inconvenientes.“El servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado. La empresa que atiende el servicio actualmente reiteró, por escrito, que cumplirá el contrato 356, hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempos”, indicó la Cancillería.De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno definirá “la mejor opción” que permita contratar un nuevo servicio de expedición de pasaportes con adecuado soporte técnico, tecnológico y financiero, a partir de octubre de 2024.
En una nueva audiencia sobre el juicio disciplinario al que fue sometido el ministro de Relaciones Exteriores en suspensión, canciller Álvaro Leyva, el acusado no asistió a la diligencia, pero sí lo hizo su representante legal, Yefferson Dueñas.El abogado defensor afirmó que en este caso no es posible extender que hubo una conducta de dolo, ya que la sala disciplinaria de instrucción de la Procuraduría no tipificó la conducta.Recordemos que Leyva está siendo investigado por este órgano de control luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes que involucra a la firma estadounidense Thomas Greg & Sons, lo que lo ha mantenido temporalmente fuera de sus funciones.En cuanto a la declaración de urgencia manifiesta tras anular la licitación y por ignorar las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y del comité de contratación de la Cancillería de negociar con la empresa para evitar una demanda costosa contra el Estado, el abogado defensor reiteró que "no hubo acción u omisión".A Leyva se le acusa de dos faltas disciplinarias: la primera por declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin el adecuado respaldo técnico y jurídico, y la segunda por declarar urgencia manifiesta tras la anulación de la licitación, sin justificación aparente, según la Procuraduría.
Solo “estamos verificando si en el desarrollo de las licitaciones” de los pasaportes se “incurrió en conductas ilícitas”, aseguró nuevamente Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, sobre las visitas e investigaciones que la entidad realizó a diferentes entidades relacionadas con este caso, como a la firma Thomas Greg & Sons, la Registraduría y que desataron toda una polémica por las acusaciones por una presunta injerencia del Gobierno en estas acciones, lo cual desmintió.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la superintendente Rusinque señaló que dichas visitas están “fundamentadas” y así se “demostró jurídicamente”. En ese sentido, recalcó que no es por instrucciones u orden del Gobierno de Gustavo Petro que se están realizando las investigaciones, sino en el marco de un proceso que lleva semanas.“No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar; A mí se me ha respetado totalmente mi autonomía. De hecho, eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura para la competencia y lo que a mí sí me quedaba muy mal era decirles, ‘no, eso no lo investiguen, porque puede generar polémica, eso no lo investiguen porque de pronto va a molestar, va a incomodar’. No, como funcionarios públicos nos corresponde investigar todo lo que consideremos que se tenga que hacer con base en indicios, en pruebas, al entrar las investigaciones”, puntualizó la funcionaria.Respecto a las acusaciones de que estas investigaciones son una persecución política, Rusinque negó cualquier tipo de influencia del Gobierno y afirmó que la Superintendencia actúa con “total autonomía y transparencia”, llevando a cabo las investigaciones de acuerdo con sus competencias y sin ningún tipo de sesgo político.En ese sentido, también respondió a que, si es un proceso por presunta corrupción, ¿no le corresponde a la Fiscalía realizar las labores que estos casos amerita?“No, a nosotros nos corresponde, la competencia nuestra, es todo lo que tenga que ver con prácticas restrictivas de la competencia. Esto se adelanta desde la alegatura de la competencia y ahí no hay que mal entender la independencia de las instituciones, que no se trata de un aislamiento, que las haga impermeables a todo control. Muy al contrario, la división del trabajo que existe en el Estado para alcanzar ese interés general exige que todos colaboremos en el marco de nuestras competencias y es lo que ha hecho y seguirá siendo la SIC”, precisó.Por eso, añadió, tiene que investigar “allí donde se realizan ese tipo de contrataciones o ese tipo de licitaciones” y esto es que ahora están recogiendo “pruebas adicionales a los documentos que son de público conocimiento”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Este martes, 19 de marzo, fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia que interpuso la Agencia Nacional Jurídica del Estado en contra del exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, luego de que le otorgara el polémico contrato de pasaportes a la empresa estadounidense Thomas Greg and Sons.En el documento, el director (e) de la Agencia, Jhon Jairo Camargo, entregó las pruebas de presuntas irregularidades cometidas por parte del funcionario; menciona los delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.En la denuncia, el director Camargo puso en conocimiento de la Fiscalía hechos y pruebas que acreditan que Salazar adjudicó el contrato de manera unilateral y justo cuando el canciller encargado, Gilberto Murillo, lo había retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores.“Con base en ello, el secretario Salazar, como servidor público, abusó de su cargo y realizó funciones diversas de las que legalmente le correspondía, pues, al no haber acto de delegación escrito, expreso y específico, la función (de adjudicar el contrato) permanecía a cargo del ministro, quien legalmente la ostenta. Además, luego de atribuirse la función, emitió varios actos administrativos que contradicen las normas aplicables, los cuales tenían como propósito favorecer a un tercero”, dice la denuncia.La agencia aseguró que dicho despido al exsecretario se había dado el 22 de febrero pasado y, en lugar de realizar las tareas propias de una situación así, el exsecretario aprovechó el fin de semana siguiente, entre el 23 y 25 de febrero, para elaborar los documentos que firmó el 26 de febrero para adjudicar el contrato de los pasaportes.
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