Saade sí ordenó ralentizar producción de pasaportes, según testimonios recogidos por Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación confirmó que varios funcionarios de la Cancillería declararon haber recibido instrucciones directas de Alfredo Saade, actual jefe del despacho presidencial, para reducir el número de pasaportes expedidos diariamente. Las revelaciones surgen tras una inspección adelantada por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, encabezada por el procurador delegado Marcio Melgosa.“Así es”, respondió Melgosa al ser consultado por el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu sobre si ya existían testimonios que señalaran a Saade como autor de la orden de ralentizar la producción. Según el procurador, aunque no existen actas formales de la instrucción, los testimonios de varios funcionarios fueron suficientes para elevar un informe con fines disciplinarios.“Hay declaraciones de funcionarios de la Cancillería donde nos ponen de presente que estas órdenes se recibieron”, reiteró Melgosa, tras aclarar que la competencia para sancionar recae en otra instancia disciplinaria dentro del Ministerio Público.Improvisación y negligencia institucional: la advertencia de la ProcuraduríaDurante la entrevista, el delegado también expuso graves deficiencias en la planeación del nuevo esquema de producción de pasaportes, el cual está proyectado para pasar de manos de la empresa Thomas Greg & Sons a la Imprenta Nacional, a través de un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal. Sin embargo, según la Procuraduría, el contrato aún no ha sido firmado y la Imprenta no está lista para asumir la tarea.“No tienen un instrumento suscrito con la Cancillería ni preparación para asumir el proceso. Ellos mismos reconocieron que la puesta a punto tomará tiempo”, alertó Melgosa, quien recordó que, de acuerdo con la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), este tipo de transición requiere al menos siete meses de implementación.La falta de planificación y la presunta improvisación han llevado a la apertura de investigaciones disciplinarias no solo contra Saade, sino también contra los excancilleres Álvaro Leyva, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.Aumento en la demanda y colapso en el sistema de citasLas órdenes de “tasar” el número de pasaportes, según informó Melgosa, no fueron finalmente acatadas, pero generaron un efecto en cadena. Declaraciones del propio funcionario apuntan a que el pánico por una posible escasez de documentos desbordó la plataforma de asignación de citas.“Se pasó de un promedio de 8.000 a 12.000 citas diarias, lo que ha puesto presión sobre el sistema”, explicó, advirtiendo que el actual contrato con la Unión Temporal encargada de los pasaportes está vigente hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias. A la fecha, la Cancillería no ha confirmado cuántas libretas hay disponibles.Esta incertidumbre agrava el panorama, especialmente ante la falta de certezas sobre la operación a partir del 1 de septiembre de 2025.¿Extralimitación de funciones de Saade?Otro punto crítico es el rol que ha jugado Alfredo Saade en el proceso. Aunque su cargo no tiene competencia directa sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, los testimonios recogidos afirman que intervino en la toma de decisiones operativas.“Presuntamente hubo extralimitación de funciones, lo cual constituye una posible violación a la ley disciplinaria”, sostuvo el procurador delegado, añadiendo que estos hallazgos fueron incluidos en el informe que dio origen a la actual investigación.Consultado sobre si este tipo de intervención puede ser considerado una “usurpación de funciones”, Melgosa evitó pronunciarse de fondo, señalando que será la instancia correspondiente quien decida sobre la legalidad de las actuaciones de Saade.Aunque la Procuraduría asegura que mantendrá la vigilancia sobre la prestación del servicio, el tiempo corre. Si no se concreta la firma del contrato con la Casa de la Moneda de Portugal y no se garantiza el stock de libretas disponibles, Colombia podría enfrentar un colapso en la emisión de pasaportes.“Para la Procuraduría, lo más importante es que se garantice la prestación del servicio a los ciudadanos. Aquí está en juego un derecho fundamental: la libertad de locomoción”, concluyó Marcio Melgosa..