La gerente del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, Ercilia Barrios, denunció que varias estaciones de buses fueron vandalizadas este fin de semana con mensajes proselitistas de una campaña a la Presidencia de la República.En las imágenes, compartidas por la misma gerencia de Transcaribe, se observa cómo las estaciones fueron pintadas con avisos alusivos al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien recientemente desistió de su aspiración presidencial.De acuerdo con Transcaribe, esta situación también se viene presentando en los tótems de señalización de las estaciones del sistema, que han sido empapelados con afiches de otra campaña.“Venimos notando que varias de nuestras estaciones están siendo vandalizadas con mensajes de varios candidatos a la Presidencia, y queremos hacer un llamado a los candidatos y a sus grupos de trabajo a que se abstengan, por favor, de colocar afiches o pintar avisos en la infraestructura del sistema. No podemos hacer uso de esos espacios de los cartageneros para colocar ese tipo de avisos”, explicó Barrios.La gerente de Transcaribe advirtió, a su vez, que se iniciarán acciones penales si persisten estas conductas.“Este tipo de situaciones no pueden repetirse. La próxima vez me veré abocada a hacer lo que siempre hago, y es denunciar a todo aquel que dañe o pretenda dañar la infraestructura del sistema”, agregó.Por su parte, a través de su cuenta de X, el alcalde Dumek Turbay señaló que toda esta publicidad será borrada y que, además, pasarán la cuenta de cobro al candidato.“Entre ayer y hoy, Transcaribe y Control Urbano borrarán y quitarán toda la publicidad que el candidato Carlos Caicedo ha instalado en Cartagena. Ensuciar y contaminar el espacio público no es la manera más inteligente de hacer campaña. Pasaremos la cuenta de cobro al candidato”, escribió el mandatario cartagenero.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Un lío jurídico que apenas empieza envuelve el panorama del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, y tiene como protagonistas a la empresa Sotramac, uno de los concesionarios encargados de la operación de los buses, y al mismo alcalde Dumek Turbay.El operador, propietario de 101 buses del sistema, denunció penal y disciplinariamente al alcalde Turbay porque, señalan, ignoró el informe técnico que fijó el aumento del pasaje para 2025 y tampoco ha girado los recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera del mismo a través del Fondo de Estabilización tarifaria, FET.“De acuerdo con ese informe, para garantizar la operación del sistema sin incurrir en déficit, el alcalde debió prever una transferencia adecuada al FET o, alternativamente, haber decretado un incremento tarifario de $2.700 por pasajero desde el 1 de enero de 2025, lo cual no ha sucedido, evidenciando un incumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 1277 de 2015, que exige una correspondencia directa entre tarifa fijada y recursos apropiados”, señala el documento de la denuncia presentada a la Fiscalía General de la Nación.La denuncia detalla que, al no autorizar el incremento tarifario de 2.700 pesos sino de 400 pesos, el mandatario debía asegurar la apropiación de $68.692 millones de pesos destinados al FET.“La expedición del Acuerdo 042 de 2024 y del decreto 0899 de 2025 sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos descritos, constituye una clara muestra de desviación de poder y de ejercicio arbitrario de la función pública, así como una presunta conducta constitutiva de prevaricato por acción, al proferirse un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley y a los compromisos contractuales vigentes”, indican.A su vez los apoderados de Sotramac, a través de la denuncia que también fue presentada a la Procuraduría General de la Nación, aseguran que “la decisión del alcalde de presentar este proyecto de presupuesto, sin la debida cobertura presupuestal para cumplir los compromisos contractuales y legales existentes, genera un riesgo jurídico y económico directo para el Distrito, así como una afectación real para los concesionarios que verán comprometida la posibilidad de recibir la remuneración debida por la operación del sistema”.También explican que, según el certificado expedido el 21 de julio de 2025 por el revisor fiscal, la empresa atraviesa una situación financiera crítica derivada del incumplimiento reiterado de Transcaribe. La deuda a la fecha es de $6.213.402.660, correspondiente al concepto de Valor Específico por Kilómetro (VEK) y al Valor Específico por Flota en Uso (VEFU).La mayor cantidad de buses en patio, sin arreglo, son de ellos: alcaldeEntretanto, el mandatario cartagenero le salió al paso a las denuncias y aseguró que Sotramac es el responsable, en gran medida, del precario servicio que presta Transcaribe, y quejas ciudadanas por el mal estado de la flota.“Lo que tienen que saber los cartageneros es que en gran medida Sotramac es el responsable de un servicio precario, de una dificultad para que los cartageneros puedan acceder a un transporte público de calidad. Cuando los cartageneros ven que cuando cae una lluvia los buses se mojan más dentro que afuera, casi que todos esos buses en el peor estado son los de Sotramac (…) Los cartageneros no saben quién es Sotramac o quién es Transambiental, no tienen ni idea. Los cartageneros le dicen a su alcalde cómo es posible que los buses estén dañados, cómo es posible que los buses estén defectuosos. Y como hay tres escenarios de conversación, uno que lo administra la ciudad, otro que es Transambiental y otro que es Sotramac, pues donde más problemas hemos tenido es con Sotramac”, sostuvo.El alcalde Turbay afirmó enfáticamente que ellos los subieron al “ring”, y que por tanto deben esperar la respuestas legales de la Alcaldía.“Ellos tienen una responsabilidad con la ciudad de Cartagena y les vamos a exigir, como lo hemos venido exigiendo, que le cumplan a la ciudad, porque no nos están regalando nada. Los cartaneros pagan la tarifa y la alcaldía de Cartagena. Y aquí voy a decir algo, todos los alcaldes le han tirado un salvavidas a la operación para que el sistema pueda funcionar, es decir, conchudos les queda pequeño. Es una queja y una denuncia desobligante con la ciudad cuando la ciudad es la que les ha permitido mantener la operación. Siempre van a decir que están perdiendo plata, siempre han dicho que han perdido plata, y la ciudad ha llegado a rescatarlo y a salvarlo”, sostuvo.El mandatario también aseguró que esta no es la primera vez que Sotramac denuncia a un alcalde, y que la estructuración del sistema no es responsabilidad de esta administración“Ahora, yo llegué ahora a la alcaldía, yo no estructuré el sistema. Yo no soy responsable de que el sistema, de la manera como se estructuró, pues pudiera tener, entre comillas, eso es lo que dicen ellos, debilidades que los ponen en una situación compleja. Lo del aumento de la tarifa o no, eso es carreta. Ellos hicieron lo mismo con el alcalde pasado. Ahí nos parecemos el alcalde pasado y yo, que hemos sido denunciados por ellos por esas mismas circunstancias”, agregó.La flota del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, que tiene más de 110.000 usuarios, está integrada por 332 buses, de propiedad de tres operadores: Sotramac, Transambiental y la Alcaldía de Cartagena. Según datos de Transcaribe, Sotramac tiene 101 de estos buses, de los cuales sólo 51 operan.El pasado 16 de agosto, la Alcaldía de Cartagena abrió una convocatoria pública para la adquisición de 55 nuevos buses para Transcaribe con una inversión de más 70 mil millones de pesos.
Transcaribe y el grupo empresarial SuperGiros anunciaron la que sin duda es la solución a uno de los grandes de “dolores de cabeza’” de los usuarios del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena: la recarga de sus tarjetas.A partir de ahora, los usuarios podrán utilizar más de 1.000 puntos físicos de la red SuperGiros distribuidos tanto en Cartagena como en distintos municipios de Bolívar para hacer sus recargar y tener acceso desde cualquier punto al sistema. La cobertura incluirá desde pequeños comercios de barrio hasta oficinas principales de SuperGiros.La gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios, explicó que se trata de una alianza estratégica para la construcción de un ecosistema de movilidad para Cartagena y el departamento de Bolívar.“Esta sinergia representa no solo la recuperación de la confianza en el sistema, sino una mejora tangible para nuestros usuarios, al poder estar siempre conectados y siempre cerca de un punto de recarga”, afirmó.Por su parte, Luis Bernardo Correa, gerente de SuperGiros Bolívar, destacó que de esta forma se está dando un paso importante para facilitar el acceso de todos los ciudadanos al transporte urbano.“Somos una empresa cercana a los bolivarenses, y gracias a nuestra capilaridad y presencia en cada rincón del departamento, podemos facilitar el acceso al transporte urbano, apoyando el crecimiento y la eficiencia del sistema”, sostuvo.A su vez, el gerente general de SuperGiros, Hugo Zurek, detalló que este acuerdo responde a una visión estratégica de largo plazo que busca brindar soluciones a usuarios y empresas para impulsar el sistema y la ciudad con accesibilidad e inclusión.Entre las apuestas de esta alianza, y que hacen parte de una nueva fase de transformación digital de Transcaribe, y que podría estar disponible en el segundo semestre de 2025, se encuentra el desarrollo de funcionalidades móviles que permitan a los usuarios recargar sus tarjetas desde dispositivos electrónicos, sin necesidad de acudir a un punto físico.Según se conoció, SuperGiros ya avanza en la integración de Transcaribe en su app móvil, replicando el modelo implementado recientemente con Transmetro en Barranquilla. De esta forma, los usuarios pueden realizar pagos digitales y activar sus recargas mediante códigos QR.
De no creer. En un video que se filtró en redes sociales se puede ver como dos personas, que por su apariencia y equipaje en mano, serían turistas que visitaban Cartagena y fueron vistos colándose en una estación del sistema de transporte masivo de la ciudad, Transcaribe.En la grabación se ve a los turistas ingresando sin pagar a la estación de Transcaribe, ubicada justo al frente al centro comercial Mall Plaza en Cartagena, mientras que un grupo de ciudadanos esperaban, dentro del lugar, su turno para ingresar a los articulados. "¿Donde está los vigilantes de la estación?", "repiten lo que ven", fueron algunas de las palabras que expresaron algunos de los usuarios en redes sociales que vieron el video. Vea aquí la grabación:
En videos aficionados quedó registrado un nuevo acto de intolerancia entre una mujer y un conductor del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena Transcaribe. Los dos se fueron literalmente a golpes, luego de que se produjeran retrasos en la operación del sistema, al parecer, por las fuertes lluvias.En las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, se ve como varias personas, entre ellas una mujer, le reclaman al conductor, y luego esta lo empuja, a lo que él responde intentando coger una piedra, y de inmediato, ambos empiezan a golpearse mutuamente hasta terminar en el piso.En medio de la confrontación, otros usuarios que estaban en el lugar empezaron a intervenir en defensa de la mujer, e incluso, agrediendo al conductor.Admiten demanda contra Transmetro y AMB para exigir arreglo de buses y troncalesAmalia Toro, coordinadora de gestión social de Transcaribe, explicó que se inició una investigación al respecto, sin embargo, fue suspendido el certificado de idoneidad del operador, indispensable para la conducción de los vehículos del sistema."En Transcaribe nos encontramos actualmente en proceso de investigación y queremos enfatizar que no toleramos ninguna forma de agresión. Estamos revisando ambas versiones de los hechos para determinar las acciones adecuadas. Como medida provisional, hemos suspendido el certificado de idoneidad del operador. Por otra parte, estamos a la espera de que la usuaria presente una queja formal ante la entidad," detalló la funcionaria.A su vez, se conoció que el conductor estaba prestando servicio de la ruta A117, en el barrio Villa Estrella y que, al ingresar al vehículo, este se encontró con “usuarios frustrados por los intervalos en el servicio”.
El caos y las interminables filas que reinaron en el primer día del recuado manual del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe, motivó a la Procuraduría a pedir medidas urgentes para contrarrestar esta situación.En una mesa de trabajo entre Transcaribe, la Procuraduría y Colcard, el concesionario encargado del recuado y gestión de la flota de buses; el ente de control pidió aumentar el número de taquilleros encargados de la venta de tiquetes manuales en las estaciones para de esta forma evitar más traumatismos.A su vez, el Ministerio Público le solicitó a Colcard que se garantice la prestación del servicio de manera más eficiente, con el personal necesario y que, además, se venderán tiquetes en los puntos externos de recarga, para minimizar las afectaciones a los usuarios.Desde el pasado 1 de marzo, Dataprom, la empresa operadora del recuado electrónico, suspendió sus operaciones, atribuyendo su decisión a la inviabilidad económica del contrato e incumplimientos financieros por parte de Transcaribe.Esta situación generó caos y hasta desorden en la movilidad del sistema, ya que cientos de usuarios quedaron con saldo represado en sus tarjetas, obligándolos, además, a tener que adquirir tiquetes manuales.“Esto no tiene sentido es como si retrocediéramos 30 años, la peor parte siempre la lleva el usuario (…) Es inconcebible que tengamos que hacer estas largas filas bajo el sol, que lleguemos tarde a nuestros trabajos o lugares de estudio, aunque estamos pagando un servicio público, nadie se digne a hacer nada. Esta solución es inútil”, dijo Aida Coronado, usuaria de Transcaribe, quien tuvo que esperar 40 minutos para poder comprar su tiquete.Por su parte, Transcaribe solicitó al concesionario la actualización del plan de contingencia que fue puesto en marcha ante la decisión de Dataprom.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Una nueva crisis pone en jaque el sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe. La empresa encargada del software y el recaudo electrónico del sistema anunció el cese de sus operaciones desde este miércoles 1 de marzo, atribuyendo su decisión a incumplimientos en materia financiera por parte de Transcaribe.“Dataprom, en su condición de subcontratista e integrante del Consorcio Colcard, se vio obligado a suspender el servicio y se abstendrá de continuar ejecutando las obligaciones a su cargo, como subcontratista en el marco del Contrato de Concesión, mientras no se subsanen los incumplimientos sistemáticos por parte de Transcaribe o se logre acordar una solución satisfactoria frente a la problemática contractual”, indicó la empresa operadora a través de un comunicado.Por su parte, y como plan de contingencia, Transcaribe anunció que este jueves 2 de marzo se activará un sistema de recaudado manual con taquilleros en cada una de las estaciones que recibirán el pago del servicio en efectivo ante la falta de funcionamiento de las tarjetas.“Durante toda la operación, habrá taquilleros en todas las estaciones, quienes venderán a los usuarios los tiquetes de acceso, recibiendo el pago en efectivo. Cada tiquete tendrá el costo correspondiente al valor habitual del pasaje en el sistema, es decir, $3.000, y se venderán máximo dos tiquetes por usuario”, explicaron.Sobre cómo funcionará este cobro manual en las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras, señalaron que “los usuarios podrán abordar los buses en los paraderos acostumbrados, y deberán pagar su tiquete en los puntos de conexión correspondientes a cada ruta, a saber: Patio Portal, estaciones Madre Bernarda, Castellana, El Prado, María Auxiliadora, o Centro, según sea el caso”.Esta situación generó traumatismo y caos en la movilidad este miércoles, pues cientos de usuarios se preguntan qué pasará con los saldos de sus tarjetas.“Esto es caótico, las rutas no funcionan bien, nadie sabía ni tenía precisión de lo que estaba pasado realmente porque todo esto fue de un momento a otro (…) Hay personas que tenemos saldos hasta de 50 mil pesos en las tarjetas porque recargamos para varios días, y ahora entonces ese dinero simplemente parece que se perdió”, dijo Gregoria Ramos, usuaria del sistema.Precisamente, sobre esta duda generalizada entre los usuarios del sistema, Transcaribe señaló que dependerá de la decisión del operador: “En todo caso, si las tarjetas no llegasen a funcionar, el usuario no perderá el saldo que tenga recargado previamente, y una vez superada la contingencia, podrá volver a utilizar la tarjeta con dicho saldo”.Entretanto, la Alcaldía anunció que se estudian las actuaciones jurídicas por el incumplimiento en el marco de sus competencias contractuales.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena condenó a 11 años de cárcel a Enrique Chartuni González, exgerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe (Transcaribe), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.La condena se da luego de que, la Fiscalía apelara un fallo absolutorio que logró a su favor el exgerente de Transcaribe en noviembre de 2021.El proceso en contra de Chartuni González se remonta a 2010, cuando el exgerente del sistema integrado habría comprado inmuebles de manera irregular en la vía de La Cordialidad que conecta (carretera que une a Barranquilla con Cartagena) con la avenida Pedro de Heredia, para ampliar las calles por donde transitarían los articulados de Transcaribe.De acuerdo a la investigación, se habrían comercializado 205,70 metros cuadrados de un terreno que correspondían a espacio público y, sobre el cual, no podían tomarse decisiones sin el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.Esta sentencia también cobija con una condena de seis años a Alfredo Amín Petrel, representante legal de la empresa de ingeniería que vendió el terreno, y, quien se habría apropiado indebidamente de $329.120.000 correspondientes al valor de la porción de espacio público.“Labores investigativas permitieron establecer que, para ese proyecto, una empresa de ingeniería liderada por Amín Pretel vendió como si fuera suyo un predio que correspondía a espacio público, apropiándose de la suma de más de 300 millones de pesos al vender a Transcaribe este terreno de manera irregular”, señaló la directora de la Fiscalía sección Bolívar, Iveth Cecilia Hernández.La funcionaria, además, explicó que las investigaciones permitieron establecer que el exgerente de Transcaribe realizó la operación comercial de manera directa con distintos oferentes vulnerando el principio de transparencia y planeación.Además de la condena, deberán cancelar una multa de 2.496 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.Le puede interesar: 'El Camerino'
Dos atracos a mano armada quedaron registrados en las cámaras de seguridad de estaciones de Transcaribe, lo que prendió, una vez más, las alertas sobre los constantes peligros a los que están expuestos los usuarios del sistema.El primero de estos hechos se registró en la estación del barrio España, cuando un hombre saca lo que parecer ser un cuchillo y se abalanza en contra de una mujer para despojarla de sus pertenencias. En las imágenes, que quedaron captadas por las cámaras, se ve como el hombre, de pantaloneta y camiseta blanca, persigue a la mujer y la amenaza con el cuchillo hasta quitarle el bolso.En un segundo hecho, que se presentó la madrugada del lunes, un grupo de usuarios de la estación de Los Ejecutivos fueron víctimas de dos motorizados que invadieron el carril exclusivo de Transcaribe y los intimidaron, al parecer, con armas de fuego, para hacerlos entregar sus pertenencias.Los usuarios salieron despavoridos mientras la motocicleta también seguía su curso, hasta que una mujer lanzó su bolso y estos se detuvieron a recogerlo para llevárselo consigo. El terrible caso también quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación.Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial de Transcaribe tras estos dos nuevos hechos; sin embargo, hace apenas cuatro días la Policía Metropolitana de Cartagena y el sistema anunciaron que 100 agentes de la Sijín estarían encargados de reforzar la seguridad en las estaciones y al interior de los buses ante de la vigilancia en varias de las estaciones.“Estarán fortaleciendo el servicio de Policía en estaciones de Transcaribe. En horas críticas de mayor afluencia de público se realizarán recorridos en las diferentes rutas, registro a personas y solicitud de antecedentes. De tal manera hemos realizado un compromiso con los usuarios de hacer presencia de manera continua en el sistema, no solamente con personal propio dedicado a esta actividad, sino con personal civil que se transportará a través de los diferentes buses y personal de inteligencia que recolectará información”, señaló la Policía de Cartagena en su momento.Los uniformados entrarían a operar desde este martes, según explicaron las autoridades, en grupos de 45 por día divididos por tres turnos. De estos agentes algunos operarán de civil al interior del sistema para hacer labores de inteligencia.Por su parte, los usuarios aseguran no sentirse seguros ni siquiera al interior de los buses, donde se han presentado peleas, casos de hurto y hechos de intolerancia.“Creo que es primordial que las autoridades emprendan acciones con Transcaribe, la falta de vigilancia, el deterioro de las estaciones, todo parece que va de mal en peor, realmente es triste lo que está pasando con el sistema”, dijo por su parte Dona Blanco, usuaria del sistema.
El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca manifestó su rechazo y preocupación frente a la reciente ola de ataques terroristas que ha golpeado a Cali y diferentes municipios del departamento, hechos que representan una amenaza para la seguridad ciudadana, la infraestructura estratégica y la tranquilidad de las comunidades.A través de un comunicado de prensa, el gremio empresarial condenó los atentados registrados en los últimos días, entre ellos el ataque contra la central hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, ocurrido el 10 de noviembre; los hechos contra la sede de RCN en Cali, el 11 de noviembre; y el ataque a una patrulla de la Policía Nacional en el sector de Siloé, el 12 de noviembre. Asimismo, rechazó las acciones violentas contra los peajes del Valle del Cauca y el Cauca, que ponen en riesgo la integridad de trabajadores, transportadores y usuarios de las carreteras.El CIEV señaló que estos acontecimientos generan una profunda preocupación entre los empresarios y la ciudadanía, debido a las consecuencias que pueden tener sobre la seguridad, la infraestructura esencial y el desarrollo económico de la región. También advirtió que la violencia afecta directamente a las comunidades y vulnera el derecho de los ciudadanos a vivir y trabajar en paz.En su pronunciamiento, el Comité expresó su solidaridad con los uniformados, trabajadores, periodistas y comunidades que han resultado afectadas por estos hechos. De igual manera, respaldó la labor de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se adelanten las acciones necesarias que permitan proteger a la población y evitar nuevos ataques.Ante este panorama, los gremios empresariales propusieron establecer una mesa de articulación y seguimiento entre las autoridades y el sector privado, con el propósito de identificar riesgos, coordinar estrategias de prevención y contribuir a la protección de las comunidades y de la infraestructura estratégica del departamento.La iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y los empresarios, promoviendo acciones que permitan responder de manera oportuna a las amenazas que enfrenta el territorio y evitar que nuevos hechos violentos sigan afectando la actividad económica y la vida cotidiana de los vallecaucanos.
Las juezas y los jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a las jornadas nacionales de protesta convocadas por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial y manifestaron su preocupación por las condiciones estructurales que, a su juicio, afectan la adecuada prestación del servicio de administración de justicia.A través de un comunicado, los funcionarios señalaron que existe una contradicción entre el aumento de las responsabilidades asignadas a los despachos judiciales y la disponibilidad de recursos para cumplirlas. De acuerdo con su planteamiento, mientras crecen las obligaciones de los funcionarios judiciales, disminuyen las posibilidades de contar con personal, presupuesto e infraestructura suficientes.Uno de los principales puntos señalados es el incremento de la carga laboral sin un fortalecimiento proporcional de los despachos. Los jueces explicaron que el crecimiento sostenido de las acciones de tutela ha generado una sobrecarga de trabajo, debido a que estos procesos requieren atención prioritaria y demandan cada vez más tiempo y recursos humanos, mientras que los procesos penales a cargo de los juzgados continúan con sus propias exigencias.A esta situación, agregaron, se suman las actuaciones administrativas derivadas del trámite de las tutelas, muchas de las cuales son asumidas por los empleados de los despachos ante la falta de un esquema de apoyo suficiente. Para los jueces, esto termina trasladando las deficiencias estructurales del sistema a los funcionarios y empleados judiciales, quienes deben asumir mayores cargas con recursos que, según advierten, permanecen prácticamente inalterados.“En consecuencia, el peso de las insuficiencias estructurales del sistema termina recayendo sobre los funcionarios y empleados judiciales, quienes debemos asumir cargas de trabajo cada vez mayores con recursos prácticamente inalterados. Esta situación no puede seguir normalizándose, pues el compromiso y la dedicación de los servidores judiciales no pueden convertirse en el sustituto permanente de las obligaciones institucionales del Estado”, señalaron.Los jueces también cuestionaron la suficiencia del presupuesto destinado a la Rama Judicial frente al aumento de la demanda del servicio. En el comunicado mencionaron las advertencias que, según ellos, han realizado autoridades judiciales, entre ellas, la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, sobre la necesidad de contar con mayores recursos para atender las necesidades de funcionamiento, ampliación de personal e infraestructura.Para los firmantes, la falta de financiación suficiente limita las posibilidades de ampliar la cobertura judicial, fortalecer la infraestructura y adoptar medidas de descongestión. Advirtieron, además, que las consecuencias de esta situación no se limitan a las condiciones laborales de los servidores judiciales, sino que pueden repercutir en los ciudadanos que acuden a la justicia para obtener protección de sus derechos.“La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye, por tanto, una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva”, señalaron las juezas y los jueces penales municipales de Bogotá.El tercer punto planteado está relacionado con las condiciones laborales y la remuneración de los servidores judiciales. Los funcionarios cuestionaron que, mientras aumentan las cargas y responsabilidades de la función judicial, se discuta una propuesta legislativa orientada a eliminar el tratamiento de renta exenta previsto para los gastos de representación de jueces y magistrados.Según el comunicado, una eventual aprobación de esa iniciativa podría afectar los ingresos disponibles de quienes ejercen funciones judiciales. Los firmantes aclararon que no desconocen las necesidades fiscales del Estado ni las competencias del Congreso, pero pidieron que la propuesta sea analizada teniendo en cuenta su impacto económico y las condiciones laborales y salariales de los funcionarios.“Sin desconocer las necesidades fiscales del Estado ni las competencias del legislador, consideramos indispensable que esta propuesta sea objeto de un debate serio sobre su impacto económico efectivo, atendiendo a las condiciones laborales y de remuneración de quienes ejercen la función judicial, cuya dignificación constituye un componente relevante para el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones”, afirmaron.
Un nuevo movimiento sísmico se registró en la tarde de este viernes, 13 de noviembre, en Colombia. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 4.2 y su epicentro fue localizado en el departamento del Tolima, en una zona cercana al municipio de San Antonio.Según el reporte de la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 2:43 de la tarde y fue localizado a 16 kilómetros de San Antonio, en el Tolima. El movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros, una característica que hace parte de los datos técnicos entregados por el organismo.El Servicio Geológico Colombiano también informó que el sismo tuvo como coordenadas una latitud de 3.82 y una longitud de -75.59. El municipio de Chaparral aparece como referencia geográfica en el boletín emitido por la entidad para identificar el evento.El mapa compartido por el SGC muestra la ubicación del epicentro y las estaciones de monitoreo sísmico distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Entre las ciudades identificadas en el gráfico se encuentran Cali, Pereira, Armenia, Ibagué, Manizales, Bogotá y Neiva.Por el momento, se desconoce afectaciones en edificaciones o personas lesionadas por este nuevo evento telúrico en el país.
Deportes, arte y gastronomía hacen parte de la variada agenda cultural que tendrá el departamento para este fin de semana con puente festivo.El epicentro de eventos durante estos cuatro días en Antioquia será el Oriente. Allí se realizará la media maratón de Rionegro este domingo. La subregión también tendrá una nueva edición de las fiestas de la Empanada, El Dulce y El Postre en San Antonio de Pereira, evento que generará distintas novedades viales que detalló, para todos los visitantes, el Supervisor de Tránsito de Rionegro, Mauro Carmona."El ingreso va a ser por la glorieta Ipanema. Las personas que vengan por la glorieta de Casa Mía o Sydney girarán a la derecha a salir nuevamente a Ipanema, coger la carrera 55B desviarse en la calle 21 a salir tras de la iglesia del parque de San Antonio y salir ahí", explicó el funcionario.En el Suroeste, mientras tanto, celebrando su patrimonio arqueológico, Támesis será anfitrión de la primera Fiesta de los Petroglifos de Colombia desde hoy hasta el domingo.Juan Pablo Arteaga, coordinador del colectivo Rupestre, adelantó que tendrá la programación de este espacio: "Estaremos esperando para recorrer nuestro territorio, realizar talleres creativos, conversatorios, lecturas en voz alta para compartir en diferentes espacios y continuar fortaleciendo el patrimonio arqueológico de Támesis", explicó.En el Occidente, el protagonismo cultural este se lo llevará, hasta el lunes, Santa Fe de Antioquia, con la quinta edición del Festival Artes de la Calle de Comfama, con una programación que incluye más de 40 actividades y 13 obras de teatro, danza, circo y música, y la participación de agrupaciones artísticas de siete países (España, Portugal, México, Noruega, Francia, Mozambique y Colombia)"(Este festival) nos recuerda cómo el arte y la cultura pueden transformar la manera en que habitamos los territorios. Durante estos días, las calles dejan de ser solo lugares de tránsito para convertirse en escenarios de encuentro", señaló Andrés Valencia Gallón, responsable de Cultura en Comfama.¿Qué hacer este puente festivo en el Valle de Aburrá?La programación en el Valle de Aburrá también será variada. En Medellín, por ejemplo, se realizará, en el Coliseo Iván De Bedout de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot la gran final del evento Gamers Medellín, con competencias de deportes electrónicos, experiencias tecnológicas, actividades recreativas y espacios de aprendizaje para públicos de todas las edades..Finalmente, hacia el sur de la subregión, Envigado tendrá el inicio del Festival del Chicharrón. Este espacio contará con la participación de 22 restaurantes, con una tarifa única de $25.000 por plato.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) investigado por presuntas irregularidades informáticas y fraude en la obtención de títulos académicos. Durante la diligencia judicial, el togado consideró que existe riesgo de fuga y advirtió que, al mantener la condición de servidor público, el procesado constituye un peligro para el normal desarrollo de la investigación.¿Cómo operaba la presunta red de alteración de notas en la UNAD?De acuerdo con la sustentación presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el juzgado, entre 2017 y 2023 habría operado una estructura con vocación de permanencia dedicada a modificar irregularmente registros académicos y financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Según la hipótesis del ente acusador, la organización contaba con operadores internos en los sistemas de la institución (insiders) y nodos articuladores encargados de contactar a los estudiantes beneficiarios.La fiscal del caso explicó que Oyola Tovar, capturado el pasado viernes 6 de noviembre en un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar, no solo habría recibido beneficios propios, sino que cumplió un rol de enlace y coordinación para que terceros accedieran a la alteración de sus historiales. Como respaldo, el ente investigador documentó comunicaciones y contactos directos entre el procesado y alumnos cuyos registros presentaron anomalías.¿Cuáles son las pruebas y los delitos imputados contra Carlos Oyola?Según lo expuesto en la audiencia preliminar, la auditoría sobre el historial académico del funcionario contratado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro reveló 41 discrepancias entre las calificaciones asignadas por los docentes en el campus virtual y las notas almacenadas en las tablas administrativas de la universidad. De acuerdo con la acusación, calificaciones que inicialmente figuraban en cero fueron alteradas hasta quedar registradas con puntajes superiores a 4.0.Adicionalmente, el componente financiero de la investigación identificó movimientos irregulares en los pagos de matrícula superiores a los $35 millones, sustentados en registros manuales a nombre de Oyola que carecen de respaldo en los sistemas de tesorería de la UNAD. Con base en estos historiales alterados, el investigado habría tramitado y obtenido títulos de pregrado como ingeniero de sistemas y de especialista en gestión pública.