Las autoridades reportaron el cierre de la vía Central del Norte que comunica a Málaga con Cúcuta, luego de que se registrara una pérdida de banca en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.La emergencia afectó uno de los tramos de esta importante carretera nacional, que comunica a Boyacá y Santander con la frontera con Venezuela, generando restricciones totales al paso de vehículos mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad en la zona.Conductores y transportadores que se movilizan entre el centro y el nororiente del país han sido llamados a atender las recomendaciones de las autoridades y consultar el estado de la vía antes de emprender sus desplazamientos desde Bogotá hasta la capital de Norte de Santander, por la carretera conocida como Central de Norte. El Invías reportó que también hay problemas de movilidad entre Norte de Santander y Arauca por el cierre parcial en el sector La Lejía – Saravena, entre los kilómetros 36 y 48 por deslizamientos de tierra y hundimiento de la calzada. Se espera que los organismos competentes adelanten las labores de inspección y definan las acciones necesarias para recuperar la movilidad en este corredor estratégico del oriente de Colombia.
El sector transportador colombiano recibió con optimismo la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de retirar desde el pasado 1 de junio los aranceles que habían sido impuestos en medio de la reciente disputa comercial entre ambos países.Desde la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, su presidente, Anderson Quiceno, calificó la medida como un paso importante para recuperar la competitividad, reducir los sobrecostos logísticos y avanzar hacia la reactivación del comercio binacional.Según el dirigente gremial, la eliminación de estas cargas permitirá que los recursos que antes se destinaban al pago de aranceles se traduzcan en mejores condiciones para el transporte de mercancías, mayores oportunidades de trabajo para los camioneros y un incremento en el flujo comercial entre Colombia y Ecuador.Sin embargo, Quiceno advirtió que la situación aún está lejos de resolverse por completo y señaló que el sector sigue esperando medidas similares por parte del Gobierno colombiano para normalizar el intercambio comercial en la frontera.Las consecuencias de la guerra arancelaria han sido significativas. De acuerdo con cifras entregadas por ATC, las pérdidas para el sector transportador colombiano ya rondan los 3 billones de pesos. El impacto no solo ha afectado a los conductores de carga, sino también a toda la cadena económica que depende de esta actividad, incluyendo estaciones de servicio, talleres mecánicos, lavaderos, hoteles, restaurantes y otros servicios asociados al transporte de mercancías.Aunque en los últimos días se ha observado una mayor salida de productos colombianos hacia Ecuador, el gremio asegura que el ingreso de mercancías ecuatorianas hacia Colombia continúa siendo limitado. Además, denunció restricciones en el paso de vehículos de carga en ambos sentidos de la frontera, situación que sigue afectando la normalidad del comercio regional.Desde ATC hicieron un llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para garantizar un flujo libre y eficiente de mercancías y vehículos, al considerar que el cierre o las restricciones fronterizas terminan afectando no solo a los transportadores, sino también al desarrollo económico de ambos países y de otras naciones conectadas por el corredor de la vía Panamericana.Para el sector, la decisión adoptada por Ecuador representa una señal positiva y una oportunidad para comenzar a superar una crisis que ha golpeado con fuerza al transporte de carga y al comercio binacional durante los últimos meses. A lo que se suma Acoplásticos que calificó como una decisión positiva mencionando que brinda un nuevo impulso a las exportaciones nacionales."Es una muy buena noticia para las cadenas productivas del plástico, ya que representa nuevamente la posibilidad de exportar hacia Ecuador alrededor de US$150 millones anuales en productos como polipropileno, PVC, empaques, tapas, artículos para el hogar y materiales para la construcción", señaló Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.El gremio destacó que Ecuador es uno de los mercados más importantes para la industria manufacturera colombiana. Además de los US$150 millones en exportaciones del sector plástico, se suman cerca de US$20 millones anuales en ventas de pinturas.Acoplásticos expresó que tiene gran expectativa de que la decisión fortalezca la cooperación bilateral y garantice el respeto de los acuerdos comerciales vigentes en el marco de la Comunidad Andina.
Desde el 19 de mayo, el departamento del Cauca es testigo del bloqueo en algunas vías por parte de mineros del país que denuncian y protestan para exigir al Gobierno nacional garantías, formalización de su actividad y soluciones frente a las restricciones mineras en la cuenca del río. Sin embargo, esta situación ha generado preocupación en el sector de carga del país, ya que la vía a Buenaventura es uno de los corredores estratégicos para la movilización de mercancía.Desde Fedetranscarga, uno de los gremios más importantes del país, han denunciado que miles de conductores están atrapados en la carretera y que esto ha representado más gastos en la movilidad, que ya superan los costos de los anticipos de cada recorrido. Entre tanto, el gremio denuncia que no hay condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los conductores durante su estadía en las carreteras.“El gremio transportador no puede continuar siendo el más afectado cada vez que se presentan este tipo de situaciones reiterativas en las vías del país. El transporte de carga es un servicio esencial para la economía nacional y no puede seguir operando en medio de la incertidumbre, el abandono institucional y las afectaciones constantes a la movilidad”, concluyó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.Por esta situación, el gremio le está exigiendo al Gobierno colombiano responder y encargarse. El llamado que hacen es directo para el Ministerio de Minas y Energía y para el Ministerio del Interior. En el comunicado emitido, expresan que deben tomar medidas para restablecer el tránsito y dar flujo a la economía del sector.
Todos los puntos que permanecían bloqueados en Cali, fueron habilitados por las autoridades tras la jornada de protestas protagonizada por integrantes del gremio transportador en diferentes entradas y salidas de la ciudad. Así lo confirmó la Administración Distrital, que mantuvo monitoreo permanente durante las manifestaciones registradas este jueves, 21 de mayo.El alcalde Alejandro Eder reiteró además que la Administración Distrital mantendrá abiertos los canales de diálogo con el gremio transportador, aunque insistió en que no se permitirán bloqueos ni vías de hecho en la ciudad.“Desde el principio esta alcaldía ha sido clara en que el diálogo será una opción, pero nunca bajo amenazas ni vías de hecho. En este momento se están retomando las mesas de diálogo, pero lo que no aceptamos es el daño ocasionado por las vías de hecho”, afirmó el mandatario.Desde tempranas horas, organismos de la Alcaldía hicieron acompañamiento en los sectores afectados para atender las dificultades de movilidad y evitar alteraciones del orden público. La Secretaría de Movilidad coordinó desvíos y apoyó a los actores viales para disminuir el impacto sobre los ciudadanos que se desplazaban por la capital vallecaucana.“Ya la vía se encuentra despejada gracias a una negociación que se viene realizando en las mesas de diálogo con los transportadores aquí en el terreno. Nos hemos reunido con ellos, escuchado sus solicitudes para llevarlas a la mesa y tratar de buscar la mejor solución para todas las partes. Ellos han sido receptivos y se retiraron de la vía convenientemente para poder iniciar las negociaciones”, dijo Luis Fernando Escobar, secretario (e) de Movilidad.Las protestas ocasionaron afectaciones en la operación del sistema masivo MIO, obligando a cancelar varias rutas y perjudicando la movilidad de cerca de 170.000 usuarios, por lo que el servicio fue gratuito para facilitar la movilidad. En materia educativa, solo en el corregimiento de Montebello fue suspendida la jornada académica debido a las dificultades de movilidad que impidieron la llegada de algunos docentes.
El gremio de transportadores de carga en Colombia advierte un panorama crítico por cuenta de la situación de orden público en varias regiones del país. Hasta el momento, se han registrado cerca de 31 ataques terroristas en varios municipios del suroccidente, a manos de grupos armados.Así lo aseguró Anderson Quiceno Sierra, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga, quien señaló que, aunque no se ha convocado a un paro, muchos conductores están optando por no trabajar hacia zonas consideradas de alto riesgo.Según la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), muchos camioneros estarían optando por no movilizarse hacia zonas consideradas de alto riesgo ante el incremento de hechos violentos en los últimos días.Así lo aseguró Anderson Quiceno Sierra, CEO del gremio, quien explicó que, aunque no se contempla un paro formal, las condiciones de seguridad están llevando a los conductores a “parquear” sus vehículos y evitar trabajar en determinados corredores.En muchos casos, según indicó Quiceno, cuando ocurre un ataque, nadie responde por las pérdidas, lo que deja a los conductores y propietarios enfrentando graves afectaciones económicas y psicológicas, incluso durante años.“Cuando queman un camión, cuando incineran una tractomula, cuando vandalizan un carro de estos, cuando lo roban, los asaltan, en fin, ocurren todos los vejámenes con los camioneros, nadie responde. Y es ese propietario de ese camión y ese conductor los directos afectados, y les toca recuperar su patrimonio y recuperarse de una situación psicológica bastante aterradora”, señaló.Entre las zonas que estarían siendo evitadas por los camioneros se encuentran regiones del suroccidente del país como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Tolima. A esto se suman otras áreas como el Catatumbo, Arauca y el piedemonte llanero, donde también se han registrado problemas de seguridad desde hace varios años.Esta situación ha generado incluso el desplazamiento de transportadores hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Armenia, en busca de rutas más seguras para trabajar.“Los mismos camioneros de las zonas están migrando hacia otros lados para poder encontrar soluciones a sus dificultades económicas, cuando eso no debiera ser así. Debiera ser que todos los camioneros del resto del país pudieran ir a cualquier lado tranquilos y poder generar competitividad de nación y poder generar los recursos que ellos necesitan precisamente para el sustento de ellos mismos y de sus propias familias”, agregó.En términos económicos, el gremio calcula pérdidas cercanas a los 7,2 billones de pesos anuales desde 2021, asociadas principalmente a bloqueos, inseguridad y sobrecostos operativos que deben asumir directamente los conductores y dueños de los vehículos.Frente a este panorama, Quiceno aseguró que han sostenido diálogos con el Gobierno, pero advierte que las autoridades reconocen limitaciones para dar soluciones de fondo.Además, confirmó que ya han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo contra varias entidades del Estado por la falta de acción frente a esta problemática.“Son instituciones que están denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la falta de acción y de reacción frente a toda una circunstancia que tiene al país básicamente atareado”, dijo el presidente de la asociación.Finalmente, desde la ATC hicieron un llamado a los candidatos presidenciales para que prioricen la seguridad del sector y eviten que los transportadores sigan siendo afectados por la violencia y la inestabilidad en distintas regiones del país.“Nosotros lo que le pedimos a quienes son los candidatos presidenciales y a quien vaya a ser el próximo presidente de esta nación, sea de izquierda o de derecha, es que sean coherentes con el país. No pueden coger a los camioneros como víctimas de conflictos políticos de esta nación. De que, porque yo soy de un color, yo soy de otro. Nosotros no tenemos velas en ese entierro”, concluyó Quiceno.
En medio de la creciente tensión por los bloqueos viales que ya completan seis días en el departamento de Santander, el gobernador Juvenal Díaz hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se revoque la resolución 2057 del IGAC, señalada como el origen del incremento en los avalúos catastrales que desató las protestas campesinas.La declaración se produce luego de que el mandatario nacional ordenara la intervención de la Fuerza Pública para desbloquear las vías, afectadas por manifestaciones que mantienen cerrados puntos estratégicos como el peaje de Lebrija y la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro.El gobernador explicó que la resolución 2057 ha generado aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, citando casos en los que predios pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos. Según indicó, esto convierte a los campesinos en “ricos de papel”, obligándolos a asumir cargas tributarias como el impuesto al patrimonio sin contar con la capacidad económica real.Además, advirtió que el impacto va más allá del predial, afectando procesos como la venta de tierras, debido al incremento en los costos notariales, y generando efectos en cadena a través de resoluciones regionales del IGAC.“El problema de fondo es la resolución 2057. Su suspensión es una decisión que solo le corresponde al Gobierno Nacional”, afirmó el mandatario departamental, quien también invitó al presidente a participar en una mesa de diálogo en la región para conocer de primera mano la situación de los campesinos.Mientras tanto, las protestas continúan y los manifestantes insisten en mantener los bloqueos hasta que se derogue la normativa, lo que mantiene en vilo la movilidad, la economía y el abastecimiento en Santander.
La prolongación de los bloqueos viales en el departamento de Santander continúa generando un fuerte impacto económico y social, con pérdidas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, según advirtió la Alianza por Santander.La situación, que ya completa varios días, ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios esenciales. Los gremios aseguran que la crisis ha escalado a un nivel crítico, comprometiendo la competitividad del departamento y el funcionamiento normal de distintos sectores productivos.De acuerdo con el pronunciamiento, los bloqueos han paralizado corredores estratégicos, dificultando la movilidad entre municipios clave y generando desabastecimiento en diferentes zonas de Santander. Además, advierten sobre el impacto en el empleo y el riesgo de suspensión de operaciones en empresas debido a la falta de insumos.Este panorama se da en medio del paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el aumento del impuesto predial, situación que mantiene múltiples vías cerradas en el departamento.Frente a este escenario, desde la Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reiteró la preocupación del sector empresarial: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”, afirmó.Los gremios insisten en que Santander no puede continuar detenido, mientras crece la presión para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la movilidad y mitigar las millonarias pérdidas que deja la crisis.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Los bloqueos registrados durante los últimos dos días en la vía a Buenaventura, Valle del Cauca, por parte del gremio de transportadores de carga, dejaron pérdidas millonarias para el comercio local y el turismo del distrito durante el fin de semana.Según los gremios, solo el comercio local habría sufrido afectaciones superiores a los 1.200 millones de pesos por cada dia de bloqueo, impactando principalmente a pequeños comerciantes, tenderos y restaurantes, principales generadores de empleo en la ciudad.“Las pérdidas son incalculables para los comerciantes, que son el mayor empleador de Buenaventura. Los productos no lle garon, los restaurantes también resultaron afectados por la falta de gas y lo más delicado es que ocurrió en fin de semana, cuando llegan muchos turistas a las playas. Los bloqueos son un problema grave”, dijo Javier Ocampo Quintero, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Comerciantes del Distrito.El sector portuario también registró serias afectaciones en la entrada y salida de mercancías de importación y exportación. El dirigente gremial advirtió que los retrasos en la carga y descarga de contenedores obligan a los transportadores a permanecer hasta tres días en espera, asumiendo gastos de alojamiento y alimentación.“Lo peor está en el puerto, donde entre 2.000 y 2.500 tractomulas dejan de entrar y salir con productos de exportación e importación. La demora en la entrega de los contenedores es el problema y ese es el justo reclamo de los camioneros”, explicó Quintero.Asimismo, los comerciantes señalaron que el sector de El Gallinero es uno de los puntos más críticos en materia de movilidad, donde el flujo de vehículos pesados colapsa por la falta de infraestructura adecuada, como un puente o una vía alterna.
Desde el mediodía de este viernes, el gremio del transporte de carga inició una protesta en la vía al mar, con un bloqueo en el sector conocido como La Caucana, lo que ha provocado que cientos de vehículos permanezcan represados en este importante corredor vial.Según los manifestantes, la falta de organización en los turnos de cargue y descargue de contenedores está afectando gravemente su labor, generándoles pérdidas económicas significativas.“Nosotros vamos a entregar un contenedor vacío, por decir algo, a un patio de contenedores porque así lo direccionan. La naviera es la única autorizada para decidir si ese contenedor va a patio o va a puerto. Anteriormente existían los operadores portuarios, que cumplían esa función. Nosotros, como transportistas, solo debemos entregar el contenedor en el patio”, explicó Juan Carlos Ramírez, director regional de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Buenaventura.Ante esta situación, los manifestantes exigen soluciones inmediatas a las empresas del sector portuario y denuncian, además, que el gremio enfrenta serias dificultades por el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC), tras la implementación de una nueva normativa que exige el uso de GPS y geocercas para el registro de los tiempos logísticos.“La plataforma no tiene la capacidad tecnológica para manejar el volumen de datos, lo que ha provocado caídas del sistema, retrasos en los despachos y afectaciones a la competitividad, al comercio exterior y al abastecimiento interno, incluso de alimentos”, señaló Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.A pesar de que se han realizado múltiples mesas de diálogo, no se han logrado soluciones concretas. Por ello, el gremio solicita la intervención de la Superintendencia de Transporte. Entre tanto, las autoridades locales decidieron instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender el bloqueo, que también está impactando al transporte público y a diversas cadenas productivas de la región.
El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.¿A qué hora juega Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:Ser mayores de edad.Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.Capturas en Tibú, Norte de SantanderSegún el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.Enfrentamiento en Uribia, La GuajiraEn Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.Operación humanitaria en Suárez, CaucaEn Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.El mensaje del presidente“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.
Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.
En medio de las recientes denuncias de presunta corrupción que han generado controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que este martes 10 de noviembre presentará ante la plenaria del Senado una proposición para solicitar que se revoque el permiso de salida del país otorgado al exmandatario.Según el congresista, el Senado debe revisar la decisión adoptada el pasado 12 de agosto de 2026, teniendo en cuenta los señalamientos conocidos.“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y sexo contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, dijo el senador.Carta a la Secretaría General del SenadoComo parte de esta iniciativa, el senador Germán Rodríguez envió una comunicación al secretario general del Senado, Diego González, solicitando información y antecedentes documentales relacionados con la autorización concedida al expresidente.En la carta, el congresista pidió copia de la solicitud que presentó Petro para obtener el permiso, así como del texto definitivo de la proposición aprobada por la plenaria el 12 de agosto.También solicitó el acta de la sesión y las condiciones establecidas por el Senado para autorizar los desplazamientos internacionales del exmandatario.Adicionalmente, Rodríguez pidió que se informe si, desde el otorgamiento del permiso, Petro ha remitido comunicaciones a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva del Senado para reportar viajes al exterior. En caso afirmativo, solicitó conocer las fechas de radicación, los destinos y los periodos informados.El congresista también pidió establecer si anteriormente se han presentado solicitudes para revisar, modificar o revocar esa autorización y, de ser así, conocer el estado de dichos trámites.Finalmente, Rodríguez solicitó que durante la plenaria de este martes 10 de noviembre la Secretaría General presente ante los senadores los antecedentes de la autorización, las condiciones bajo las cuales fue aprobada y las comunicaciones recibidas, para que sean tenidos en cuenta durante la discusión y eventual votación de su proposición.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.