Un tenso incidente tuvo lugar durante un foro de juventudes donde candidatos a la Alcaldía de Cali debatían sobre temas cruciales para la ciudad. En medio de la discusión acerca de la posible utilización del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en caso de un nuevo estallido social, un individuo intentó agredir al candidato Wilson Ruiz.Así lo contó el mismo candidato y exministro Justicia, quien a través de un video contó su versión de lo sucedido. "No es cierto que un escolta de mi equipo de campaña, haya atentado contra el equipo de campaña de Dani Rentería. Por el contrario ellos protegieron mi integridad ante la amenaza de agresión", aseguró Ruiz. Contó además que el altercado comenzó justo cuando el evento se iba a terminar y, "3 jóvenes se acercaron a mi escolta y trataron de quitarle el arma de dotación. Uno de los asistentes sacó una navaja y los escoltas reaccionaron. Un integrante de mi esquema salió herido en rostro y cuerpo", contó. En medio de la trifulca participantes del foro y los demás candidatos que hacían presencia en el edificio lo evacuaron rápidamente. Así quedó registrado en varios videos que compartió el exministro. Además, hay otro video que muestra lo que habría sido el inicio del altercado. Las imágenes muestras a un grupo de personas que se preparaban para tomar un foto cuando un joven con una cachucha intenta ponerla encima del candidato Ruiz. En ese momento es cuando interviene el escolta del candidato rapándole la cachucha al joven. Este es el video en mención: Pero así como el exministro contó lo que habría pasado, también lo hizo el joven del Pacto Histórico que estuvo involucrado, asegurando que fue a él a quien el escolta del ministro agredió. Así lo contó en este video: Los candidatos se pronuncianA través de un comunicado, seis candidatos a la Alcaldía de Cali y el Concejo Distrital de Juventudes rechazaron la violencia, aclararon que no hubo candidatos heridos y que tampoco habían encapuchados. Esto después del altercado durante el foro de este sábado.En el texto afirman:Rechazamos rotundamente cualquier tipo de violencia en estos espacios democráticos.Aclaramos que ninguno de los candidatos que asistió al evento resultó herido.Respetamos las diferencias de pensamiento y de respeto a la diversidad.Hacemos un llamado a no especular, no habían encapuchados dentro del evento, y que sean las autoridades competentes las que investiguen lo ocurrido.Hacemos un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad, en espacios democráticos para todos los candidatos que hacen parte de esta contienda y puedan expresar sus opiniones.Y agrega: "Caleños, hoy nos salvamos de una tragedia, por eso, queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que se respeten las diferencias y se permita la construcción de distintas formas de pensamiento en la ciudad".Le puede interesar:
En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia Está al Aire, Wilson Ruiz, exministro de Justicia y quien aspira a la Alcaldía de Cali, entregó detalles sobre sus propuestas en la sección ‘Patos al Agua’.Ruiz, quien se inscribirá a través de la recolección de firmas de cara a las próximas elecciones regionales, aseguró que la percepción de inseguridad en la ciudad es muy alta y es uno de los factores por lo que quiere entrar a trabajar por la ciudad.El exministro de Justicia, criticó que en la ciudad no hay autoridad y esto es un factor que está recrudeciendo la violencia y la inseguridad en la capital del Valle, “aquí hay un desgobierno total, no hay autoridad y todo el mundo hace lo que le da la gana”.Por otro lado, destacó que le apuesta a brindar oportunidades a través del trabajo social, “hay que hacer un trabajo social fuerte, de mayor generación de oportunidades y de estudio aquí en Cali”.Además, criticó el manejo de los recursos en la ciudad y habló de desviación de estos, “es grave la desviación de recursos que, en mi criterio, deberían ser invertidos en el mejoramiento de la crítica situación de la ciudad”.La entrevista aquí:
La Sección de Audiencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, enviar la información sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional para lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales que estaban afectando la seguridad de los excombatientes de las Farc.Días después la JEP anunció que, aunque fue solicitada la información en dos ocasiones, Ruiz no la envió, por lo que decidieron abrirle un incidente de desacato. Esto con el fin de verificar cuál era la razón por la que presuntamente se incumplió una orden judicial.Ruiz aseguró que sí había cumplido la orden y que era una equivocación de la JEP, pues él allegó la información solicitada. Ahora, la Sección decidió archivar el incidente de desacato y verificó que efectivamente Ruiz envió los documentos: solo que lo hizo al correo del magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección y no al correo oficial de la JEP.“Se ha verificado a partir de la respuesta dada por el señor ministro al desacato, que sí se remitieron los correos por él indicados a correos de los magistrados, pero nunca llegaron al expediente, razón por la cual la Secretaría Judicial certificó la falta de respuesta, a partir de lo cual se abrió el desacato”, se leyó en la decisión.Le puede interesar:Ante esto, la JEP procedió a cerrar el incidente de desacato en contra del ministro de Justicia, pero además aseguró que no se investigara una posible filtración de la información solicitada por el ministro, debido a que la sección advirtió que esta decisión, con la cual se le abrió el incidente, no es reservada.“Frente a la solicitud de abrir investigaciones por una presunta filtración de la decisión que dio apertura al incidente de desacato no se accederá a la misma, en tanto la decisión no reviste el carácter de reservado y como se consignó en el apartado 8 de esta decisión, fue comunicada a sujetos procesales, intervinientes y Ministerio Público, sin restricción alguna sobre su publicidad”, finalizó el documento.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo el presidente Duque defiende a capa y espada los resultados de sus cuatro años de gobierno:
La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP tomó la decisión de abrir un incidente de desacato al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, porque de manera injustificada no entregó una información que le solicitó esta jurisdicción para conocer las acciones que se han desarrollado desde el Ministerio con el fin de desmantelar las bandas criminales y lograr el sometimiento ante la justicia de los miembros de dichos grupos. Lo anterior ya que están amenazando la seguridad de los comparecientes forzosos ante la JEP, es decir, de los excombatientes de las Farc y los miembros de la fuerza pública.Esto se da después de que la JEP iniciara un trámite de medidas de protección para quienes están compareciendo ante la jurisdicción con el fin de garantizar su seguridad, en este proceso fue que se le solicitó al Ministerio que respondiera puntualmente a las acciones que se han tomado en este sentido, sin embargo, la sección considera que de manera injustificada el ministro Ruiz no ha respondido a la solicitud que se le hizo."Sin que existiera ningún tipo de justificación a su incumplimiento, no había remitido informe de respuesta, según lo verificó la secretaría judicial de la sección. La activación de las medidas cautelares de protección colectiva tiene como propósito salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad personal de quienes enfrentan situaciones de riesgo grave y urgente, que deben ser superadas por medio de los mecanismos que las entidades estatales están obligadas a implementar para garantizarles sus derechos", explicó la JEP.Esta jurisdicción le volvió a solicitar a Ruiz que enviara la información solicitada después de que se cumpliera el término que le dieron para responder, sin embargo, el documento nunca llegó, por lo que se decidió abrir el incidente de desacato con el fin de determinar las razones por las que, presuntamente, estaría incumpliendo una orden judicial."Ante el incumplimiento reiterado por parte del ministro de Justicia y del derecho a las órdenes impartidas, el desconocimiento de la advertencia sobre la sanción que ameritaría dicha conducta, la SAR decidirá abrirle el incidente de desacato avisado, con el propósito fundamental de lograr el cumplimiento efectivo de la orden pendiente", puntualizó la JEP.En este sentido le dieron a Ruiz un plazo de cinco días para que ejerza su derecho a la defensa y explique por qué se presentó esta situación y presente las pruebas que sustenten las razones por las que aún no ha respondido a la JEP. Asimismo, la justicia especial le compulsó copias a la Procuraduría para que investigue la conducta del ministro con el fin de determinar si incurrió en una falta disciplinaria.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
En las últimas horas se presentó un rifirrafe entre el Wilson Ruiz, ministro de Justicia, y Jorge Ivan Ospina, alcalde de Cali, por la situación carcelaria en esta ciudad. Tras la tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá, que dejó 53 muertos y mas de 20 heridos, Ospina señaló que sucesos de este tipo hacen que una reforma del sistema carcelario sea inminente y por ende convocó a un consejo de seguridad extraordinario para analizar la critica situación de hacinamiento en estaciones y cárceles de la ciudad donde hizo una petición al gobierno nacional"Le insistimos al gobierno nacional que decrete la emergencia carcelaria, hay unos problemas muy graves de hacinamiento, de comportamientos faltos a la legalidad y de realidades dolorosas" dijo Ospina.Por su parte el encargado de la cartera de Justicia le respondió y fue enfático."El alcalde siempre esta fuera de base, la ley Jorge Iván Ospina debe leer la ley 65 del 93 y el Plan de Desarrollo que obliga a alcaldes y gobernadores a solucionar la problemática de hacinamiento de sindicados, mientras tanto la Nación lo debe de hacer con los condenados", mencionó.Ruiz dijo que el alcalde de los caleños, debe tomar ejemplo de su homólogo de Barranquilla que está construyendo centros carcelarios para atender los sindicados y señaló que el Valle del Cauca es uno de los departamentos mas hacinados del pais. Pero aquí no acaba todo, el alcalde Ospina salió al paso y a través de Twitter le respondió.“Ahora resulta que el Ministro le quiere trasladar a los alcaldes la horripilante situación vivida en el sistema carcelario que tiene como reciente hecho la muerte de 53 internos en Tuluá . No Ministro, existe una crisis nacional carcelaria y debe asumirla el que esta fuera de base es usted”, agregó Ospina.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se pronunció acerca del incendio que se presentó en horas de la madrugada en la cárcel de Tuluá que dejó 51 muertos y 24 heridos, entre ellos dos guardianes del Inpec. 49 fallecieron en el momento de la tragedia y dos en el hospital. También hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que construyan más cárceles en el país.“Primero que todo lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, estos hechos fueron ocasionados por una riña entre privados de la libertad, uno de los internos prendió fuego en una colchoneta, lo que provocó el incendio”, señaló el ministro.Ruiz señaló que ha mantenido contacto con el general Castellanos, director del Inpec y habló del reporte que se tiene, hasta ahora, de la emergencia.“De las 24 personas heridas, seis están en cuidados intensivos y dos fueron trasladados a centros de salud de la ciudad de Cali …Se iniciaron las investigaciones para determinar los detalles de lo ocurrido, quiero también informarles que el grupo psicosocial del Inpec está atendiendo a los familiares de las víctimas”, agregó el funcionario.También dijo que, aunque el personal de guardia intentó controlar el fuego, tuvo que intervenir el personal de bomberos. Ruiz indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, cómo se inició la conflagración y la reacción de las autoridades.“Desde el momento que se conoció el hecho, desde la dirección del Inpec, en cabeza del general Tito Castellanos se han adoptado todas las medidas para la atención y el traslado para las personas heridas… Voy camino a Tuluá para darle claridad al país de lo qué pasó”, indicó el encargado de la cartera de Justicia.Respecto al hacinamiento en el país el ministro le hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para crear más centros de reclusión transitorios. “Lo ideal sería que en el país no hubiera hacinamiento, por eso hacemos un llamado a alcaldes y gobernadores para que empiecen a construir centros de reclusión transitorios”, indicó.Señaló que el hacinamiento en este centro carcelario es del 17% y mencionó lo que se dejó en el tema carcelario para los próximos años.“En la administración de Duque, hemos entregado más de 3.000 cupos y están en construcción tres centros de reclusión. Se aprobó un Conpes para un cupo de 9. 000 personas en los próximos tres años”, finalizó Ruiz.
El debate final de la ley que busca que la virtualidad en la justicia pueda continuar pasó sin mayores obstáculos y, de ahora en adelante, los jueces serán quienes definan qué procesos se llevan a cabo presencialmente, pero la regla general en los trámites será virtual.Así quedó establecido en la aprobación del proyecto de ley que concluye su tránsito en el Senado y pasa a sanción presidencial de los trámites virtuales en la justicia.El artículo 7 de la ley fue reformado con una disposición que señala textualmente: “Para el caso de la jurisdicción penal, de manera oficiosa el juez de conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario, y deberá disponerlo así cuando alguna de las partes se lo solicite, sin que las mismas deban motivar tal petición. Excepcionalmente, la prueba podrá practicarse en forma virtual ante la imposibilidad comprobada para garantizar la comparecencia presencial de un testigo, experto o perito al despacho judicial”A última hora fue aprobada la presencialidad obligatoria en casos de que se requieran pruebas como interrogatorios a los inculpados o testigos dentro de un juicio, cuya importancia fue destacada por los senadores Luis Fernando Velasco y Myriam Paredes, quienes estuvieron incursos en procesos penales y relataron la relevancia de que los testigos sean confrontados presencialmente en juicios penales, pues así demostraron su inocencia por señalamientos que hicieron paramilitares en su contra.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo, celebró esta aprobación que fortalece el uso de las tecnologías en actuaciones judiciales y agiliza el trámite de procesos.Le puede interesar: escuche el podcast Historias detrás de la historia
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, excomandante del Clan del Golfo, decidió responder a todas las preguntas que tenía la JEP en la última diligencia de este martes, que se prolongó por más de 8 horas. La audiencia empezó con la lectura de una carta que fue enviada por las víctimas acreditadas en este caso, en la que le hablaron sobre la importancia que tenía su testimonio para conocer sobre los hechos y actores que tuvieron alguna relación con el conflicto armado en el Urabá.Alias ‘Otoniel’ manifestó que se acogía a su derecho a guardar silencio durante la diligencia del lunes, pues no quería autoincriminarse y no tenía conocimiento sobre el funcionamiento de la JEP. Después de que le explicaron que era un testimonio como testigo y no para incriminarlo, él accedió a responder a todas las preguntas, pero, además, dijo que estaba dispuesto a presentarse ante la JEP cuando lo requieran antes de su extradición hacia Estados Unidos.Justamente, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó en las últimas horas que ya se están adelantando los trámites para su proceso de extradición.“Los delincuentes pueden utilizar cualquier tipo de argumento o triquiñuelas para evitar la acción de la justicia colombiana, pero nuestro deber es hacer que respondan por sus delitos. En este caso estamos adelantando todos los trámites para su extradición hacia los Estados Unidos”, aseguró Ruiz.Algunas de las víctimas acreditadas en el proceso reiteraron, ante la voluntad de alias ‘Otoniel’ de contar la verdad ante la JEP, su llamado para que no sea extraditado hasta que el excomandante del Clan del Golfo termine su testimonio completo.Se está a la espera de que se fije la próxima fecha para que ‘Otoniel’ continue con su relato.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
Rechazo y críticas generó la decisión de un juez en Bogotá por dar casa por cárcel a un hombre acusado de bañar en thinner y quemar a su novia porque no atendió a sus órdenes de lavar los platos a las 3:00 de la mañana.Esto llevo a que, a través de una carta, miembros de la Asociación Nacional de funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) salieran en defensa del juez y condenaran las críticas, pues, argumentan, la decisión sobre este supuesto agresor se dio en un marco legal y de garantías.“Expresamos nuestra solidaridad con el señor juez 31 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías y rechazamos los golpes a la autonomía e independencia judicial que pobre favor hace para el mantenimiento de la democracia y la justicia”, dice la misiva.Además, arremete contra los medios de comunicación y contra el mismo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, por cuestionar el actuar del juez.“Las decisiones judiciales no se adoptan para conformidad de las mayorías o el beneplácito del público, de los medios de comunicación, sectores del poder ejecutivo o para ser políticamente correctas; sino con estricto apego a la ley y a la jurisprudencia y en un marco elemental de derechos y garantías de las cuales todos, absolutamente todos, somos titulares”, se lee en la carta.Según los autores de esta carta, las críticas del ministro Ruiz son solo para “satisfacer clamores populistas: “Rechazamos los señalamientos y calificativos que dentro de algunos medios de comunicación se hacen de las decisiones judiciales en un marco amarillista y totalmente descontextualizado, de las desafortunadas declaraciones efectuadas por el señor ministro de Justicia, quien debe ser referente del respeto a la legalidad y de la amenaza constante de investigaciones y sanciones tan solo por satisfacer clamores populistas, no populares”.Finalmente, el texto envía un mensaje a la “sociedad en general que suele sacrificar a sus jueces cuando aplican en otros las garantías constitucionales y legales” que esta pide para sí y “los suyos cuando está del otro lado del estrado”.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El Ministerio de Justicia reveló el balance de los operativos, que desde muy temprano comenzaron en 47 centros penitenciarios del país, donde fueron incautados 756 teléfonos celulares, casi 10 millones de pesos en efectivo, 3 kilos de cocaína y 2 de marihuana y un televisor, entre otros artículos prohibidos.El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el director del Inpec, general Mariano Botero, aseguraron que con estos operativos se busca reducir los delitos como las extorsiones que desde esas cárceles están haciendo quienes se encuentran privados de la libertad y que aun así insisten en seguir delinquiendo.En los operativos participaron 1.468 guardias del Inpec, que llegaron a 47 de los 133 centros penitenciarios, en donde incautaron además 2.011 accesorios para celular, 792 armas blancas y 392 litros de licor.Las operaciones sorpresa continuarán en todo el país para asegurar el orden dentro de los penales y evitar la práctica habitual de extorsiones desde las prisiones, así como el ingreso de elementos suntuosos prohibidos por la ley.Así fue la redada: Escuche otras noticias de Colombia y el mundo:
Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes una región del sudeste asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.El temblor ocurrió en el sur de Filipinas a las 7:42 p. m. (11:42 GMT), a una profundidad de 65,7 kilómetros y a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.
El reciente terremoto registrado en Venezuela volvió a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un eventual movimiento sísmico de gran magnitud. En Santander, uno de los departamentos con mayor actividad sísmica del país, las autoridades aseguran que existen planes de contingencia y protocolos de respuesta para atender este tipo de emergencias.El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que el departamento mantiene una coordinación permanente con las entidades técnicas, organismos operativos y de socorro para monitorear los diferentes fenómenos naturales que pueden presentarse en el territorio."Tenemos canales de comunicación muy importantes con todas las entidades técnicas y de socorro. Hemos analizado cada uno de los eventos naturales a los que somos vulnerables y para cada uno contamos con planes de contingencia y estrategias de respuesta", indicó el funcionario.Sánchez señaló que una de las principales tareas ha sido fortalecer la preparación de las comunidades mediante acciones preventivas como la identificación de rutas de evacuación, la revisión del estado de las viviendas y la promoción de medidas para reducir riesgos dentro de los hogares.Entre las recomendaciones, destacó la importancia de asegurar objetos que puedan desprenderse durante un sismo, conocer los lugares más seguros dentro de las viviendas y mantener un plan familiar de emergencia para saber cómo actuar en caso de un movimiento telúrico.El director recordó además que cada año se realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que permite capacitar a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de reacción de las instituciones frente a este tipo de eventos."El simulacro nos permite trabajar directamente con las comunidades para que conozcan cómo actuar cuando ocurre una emergencia y tengan presentes las medidas de autoprotección", afirmó.Uno de los aspectos que, según las autoridades, brinda mayor tranquilidad es el cumplimiento de las normas de sismorresistencia en las construcciones más recientes, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.Sánchez explicó que la frecuente actividad sísmica registrada en el sector de la Mesa de Los Santos ha permitido fortalecer la cultura de la prevención y el cumplimiento de los estándares técnicos en las edificaciones."Afortunadamente, los procesos constructivos cumplen hoy con la normatividad de sismorresistencia. En Santander, especialmente en la Mesa de Los Santos, los movimientos sísmicos son frecuentes, pero no hemos tenido afectaciones significativas. Esto demuestra la responsabilidad que ha existido en la construcción de edificios y viviendas bajo los requisitos técnicos establecidos", manifestó.El funcionario concluyó que, aunque el departamento mantiene un buen nivel de preparación, especialmente en el área metropolitana, la reducción del riesgo también depende de que la ciudadanía conozca los protocolos de evacuación, participe en los simulacros y adopte medidas preventivas dentro de sus hogares, debido a que Santander continúa siendo una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.
Justo el día en el que Abelardo de la Espriella recibía su credencial como presidente electo de Colombia, las disidencias de alias 'Calarcá' enviaron su primer mensaje al mandatario que tan solo minutos antes les había dado un ultimátum para someterse a la justicia colombiana."A todos los ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables", insistió el mandatario electo.En la Troncal de Occidente el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' instaló varios artefactos explosivos en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, ocasionando el cierre por más de 12 horas de este importante tramo a nivel nacional.Tras la llegada de la Fuerza Pública al sector La Paulina del municipio de Valdivia y cuando las autoridades hacían la detonación controlada de uno de los elementos, comenzó el hostigamiento a los expertos que buscaban habilitar el corredor vial.Una vez acabó el ataque armado y los uniformados pudieron seguir con sus labores, la Troncal de Occidente fue habilitada ante la presencia masiva del Ejército Nacional que sigue alerta ante cualquier novedad en la vía."Fueron desactivados dos cilindros, los cuales habían sido colocados en la vía. Asimismo, se desactivaron dos artefactos explosivos más, los cuales estaban ubicados como trampas, donde podían haber caído la población civil y el personal que en este momento se encontraba desarrollando el procedimiento", manifestó el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División.Sin embargo, una vez con la situación normalizada en el Norte antioqueño llamó la atención un mensaje pintada en el suelo con pintura roja, “no comemos de Tigre ni de paramilitares”, en un mensaje directo al presidente electo, Abelardo De La Espriella.Ante la expectativa por la respuesta del mandatario electo, que ha promulgado su lucha frontal contra los grupos ilegales, la zozobra y el temor se apoderan nuevamente de Valdivia y sus alrededores en donde se ha vuelto repetitivo los ataques armados en este importante sector para la movilidad de la región.
Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúan dejando un saldo cada vez más devastador. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó este viernes que la cifra de fallecidos ascendió a 589 personas, mientras que 2.980 personas resultaron heridas. La mandataria también destacó que los organismos de socorro han logrado rescatar con vida a decenas de sobrevivientes atrapados entre los escombros."Debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos", declaró Rodríguez durante un balance oficial. Asimismo, indicó que desde los sismos se han registrado 214 réplicas, evidencia de que la actividad sísmica continúa en el territorio venezolano. "Este proceso de liberación de fuerzas sísmicas se está dando en las últimas horas", agregó.Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional ha intensificado su apoyo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) anunció que equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se encuentran movilizándose hacia Venezuela para colaborar en la localización de sobrevivientes y la atención de la emergencia."La prioridad absoluta es llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar", afirmó en Ginebra el portavoz de OCHA, Jens Laerke. El funcionario calificó los terremotos como "una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país" y destacó la rapidez con la que ha reaccionado el sistema humanitario internacional. "Lo que estamos viendo ahora es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", aseguró.Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles, provocaron el colapso de decenas de edificaciones, especialmente en La Guaira, ciudad costera cercana a Caracas, donde se concentra gran parte de los daños. Las autoridades continúan evaluando la magnitud de la destrucción mientras avanzan las labores de remoción de escombros y búsqueda de personas desaparecidas.Hasta el momento se han desplegado 25 equipos especializados, entre ellos 17 unidades nacionales de búsqueda y rescate urbano y varios equipos de respuesta médica de emergencia, que en conjunto suman alrededor de 1.000 rescatistas.De acuerdo con la ONU, ya se encuentran operando en Venezuela equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos, mientras que brigadas de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España también se dirigen al país para reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
El estado costero de La Guaira, puerta de entrada a Venezuela, enfrenta una de sus horas más oscuras tras un sismo que ha dejado imágenes desoladoras de edificios prácticamente destruidos que "se cayeron como castillos de Naipes".En medio de esta tragedia, las autoridades han declarado el estado de emergencia en las parroquias de Caraballeda y Catia La Mar, las zonas que requieren mayor atención inmediata.Operaciones de rescate y esperanzaAndrés Goncalvez, secretario de seguridad de La Guaira, informó que las labores de búsqueda no se han detenido y que la prioridad absoluta es localizar a personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas. Según Goncalvez, el esfuerzo ha dado frutos: "Ayer... más de cinco personas ahí, gracias a Dios, rescatadas con vida".Pese a los testimonios desgarradores de familias que escuchan gritos bajo las toneladas de concreto, el funcionario enfatizó que "son lo último que se pierde, la esperanza". Respuesta gubernamental y apoyo internacionalDesde la noche del domingo, el gobierno nacional ordenó la instalación de puestos de comando y el despliegue de cuerpos de bomberos y paramédicos de diversos estados del país. La fase de recuperación ha comenzado con la llegada de más de 150 máquinas amarillas destinadas al despeje de vialidad y remoción de escombros. La tragedia también ha convocado la solidaridad extranjera. "Ayer entramos en la fase de recuperación, ya llegaron los primeros apoyos internacionales de la República Dominicana, varios rescatistas", señaló el secretario de seguridad, añadiendo que otros países se están sumando a la labor de colaboración. Restablecimiento de servicios y logísticaEl impacto en la infraestructura ha sido severo, afectando incluso al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Durante la noche, una comitiva de altos funcionarios supervisó las "obras nocturnas reparando la pista del aeropuerto" para garantizar su operatividad. Paralelamente, se trabaja en el restablecimiento de la energía eléctrica en zonas como Macuto y en la distribución de suministros básicos. "Hoy también estamos recibiendo por Ministerio de Alimentación, camiones de alimentación, comida para brindarle todo el apoyo a nuestro estado", confirmó Goncalvez, quien destacó la resiliencia y solidaridad típica de la cultura venezolana ante la magnitud de la catástrofe. Aunque todavía no existe un balance definitivo de víctimas, se estima que la cifra de personas afectadas podría superar las 70,000 en toda la región.Escuche aquí la entrevista:
