Un tenso incidente tuvo lugar durante un foro de juventudes donde candidatos a la Alcaldía de Cali debatían sobre temas cruciales para la ciudad. En medio de la discusión acerca de la posible utilización del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en caso de un nuevo estallido social, un individuo intentó agredir al candidato Wilson Ruiz.Así lo contó el mismo candidato y exministro Justicia, quien a través de un video contó su versión de lo sucedido. "No es cierto que un escolta de mi equipo de campaña, haya atentado contra el equipo de campaña de Dani Rentería. Por el contrario ellos protegieron mi integridad ante la amenaza de agresión", aseguró Ruiz. Contó además que el altercado comenzó justo cuando el evento se iba a terminar y, "3 jóvenes se acercaron a mi escolta y trataron de quitarle el arma de dotación. Uno de los asistentes sacó una navaja y los escoltas reaccionaron. Un integrante de mi esquema salió herido en rostro y cuerpo", contó. En medio de la trifulca participantes del foro y los demás candidatos que hacían presencia en el edificio lo evacuaron rápidamente. Así quedó registrado en varios videos que compartió el exministro. Además, hay otro video que muestra lo que habría sido el inicio del altercado. Las imágenes muestras a un grupo de personas que se preparaban para tomar un foto cuando un joven con una cachucha intenta ponerla encima del candidato Ruiz. En ese momento es cuando interviene el escolta del candidato rapándole la cachucha al joven. Este es el video en mención: Pero así como el exministro contó lo que habría pasado, también lo hizo el joven del Pacto Histórico que estuvo involucrado, asegurando que fue a él a quien el escolta del ministro agredió. Así lo contó en este video: Los candidatos se pronuncianA través de un comunicado, seis candidatos a la Alcaldía de Cali y el Concejo Distrital de Juventudes rechazaron la violencia, aclararon que no hubo candidatos heridos y que tampoco habían encapuchados. Esto después del altercado durante el foro de este sábado.En el texto afirman:Rechazamos rotundamente cualquier tipo de violencia en estos espacios democráticos.Aclaramos que ninguno de los candidatos que asistió al evento resultó herido.Respetamos las diferencias de pensamiento y de respeto a la diversidad.Hacemos un llamado a no especular, no habían encapuchados dentro del evento, y que sean las autoridades competentes las que investiguen lo ocurrido.Hacemos un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad, en espacios democráticos para todos los candidatos que hacen parte de esta contienda y puedan expresar sus opiniones.Y agrega: "Caleños, hoy nos salvamos de una tragedia, por eso, queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que se respeten las diferencias y se permita la construcción de distintas formas de pensamiento en la ciudad".Le puede interesar:
En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia Está al Aire, Wilson Ruiz, exministro de Justicia y quien aspira a la Alcaldía de Cali, entregó detalles sobre sus propuestas en la sección ‘Patos al Agua’.Ruiz, quien se inscribirá a través de la recolección de firmas de cara a las próximas elecciones regionales, aseguró que la percepción de inseguridad en la ciudad es muy alta y es uno de los factores por lo que quiere entrar a trabajar por la ciudad.El exministro de Justicia, criticó que en la ciudad no hay autoridad y esto es un factor que está recrudeciendo la violencia y la inseguridad en la capital del Valle, “aquí hay un desgobierno total, no hay autoridad y todo el mundo hace lo que le da la gana”.Por otro lado, destacó que le apuesta a brindar oportunidades a través del trabajo social, “hay que hacer un trabajo social fuerte, de mayor generación de oportunidades y de estudio aquí en Cali”.Además, criticó el manejo de los recursos en la ciudad y habló de desviación de estos, “es grave la desviación de recursos que, en mi criterio, deberían ser invertidos en el mejoramiento de la crítica situación de la ciudad”.La entrevista aquí:
La Sección de Audiencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, enviar la información sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional para lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales que estaban afectando la seguridad de los excombatientes de las Farc.Días después la JEP anunció que, aunque fue solicitada la información en dos ocasiones, Ruiz no la envió, por lo que decidieron abrirle un incidente de desacato. Esto con el fin de verificar cuál era la razón por la que presuntamente se incumplió una orden judicial.Ruiz aseguró que sí había cumplido la orden y que era una equivocación de la JEP, pues él allegó la información solicitada. Ahora, la Sección decidió archivar el incidente de desacato y verificó que efectivamente Ruiz envió los documentos: solo que lo hizo al correo del magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección y no al correo oficial de la JEP.“Se ha verificado a partir de la respuesta dada por el señor ministro al desacato, que sí se remitieron los correos por él indicados a correos de los magistrados, pero nunca llegaron al expediente, razón por la cual la Secretaría Judicial certificó la falta de respuesta, a partir de lo cual se abrió el desacato”, se leyó en la decisión.Le puede interesar:Ante esto, la JEP procedió a cerrar el incidente de desacato en contra del ministro de Justicia, pero además aseguró que no se investigara una posible filtración de la información solicitada por el ministro, debido a que la sección advirtió que esta decisión, con la cual se le abrió el incidente, no es reservada.“Frente a la solicitud de abrir investigaciones por una presunta filtración de la decisión que dio apertura al incidente de desacato no se accederá a la misma, en tanto la decisión no reviste el carácter de reservado y como se consignó en el apartado 8 de esta decisión, fue comunicada a sujetos procesales, intervinientes y Ministerio Público, sin restricción alguna sobre su publicidad”, finalizó el documento.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo el presidente Duque defiende a capa y espada los resultados de sus cuatro años de gobierno:
La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP tomó la decisión de abrir un incidente de desacato al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, porque de manera injustificada no entregó una información que le solicitó esta jurisdicción para conocer las acciones que se han desarrollado desde el Ministerio con el fin de desmantelar las bandas criminales y lograr el sometimiento ante la justicia de los miembros de dichos grupos. Lo anterior ya que están amenazando la seguridad de los comparecientes forzosos ante la JEP, es decir, de los excombatientes de las Farc y los miembros de la fuerza pública.Esto se da después de que la JEP iniciara un trámite de medidas de protección para quienes están compareciendo ante la jurisdicción con el fin de garantizar su seguridad, en este proceso fue que se le solicitó al Ministerio que respondiera puntualmente a las acciones que se han tomado en este sentido, sin embargo, la sección considera que de manera injustificada el ministro Ruiz no ha respondido a la solicitud que se le hizo."Sin que existiera ningún tipo de justificación a su incumplimiento, no había remitido informe de respuesta, según lo verificó la secretaría judicial de la sección. La activación de las medidas cautelares de protección colectiva tiene como propósito salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad personal de quienes enfrentan situaciones de riesgo grave y urgente, que deben ser superadas por medio de los mecanismos que las entidades estatales están obligadas a implementar para garantizarles sus derechos", explicó la JEP.Esta jurisdicción le volvió a solicitar a Ruiz que enviara la información solicitada después de que se cumpliera el término que le dieron para responder, sin embargo, el documento nunca llegó, por lo que se decidió abrir el incidente de desacato con el fin de determinar las razones por las que, presuntamente, estaría incumpliendo una orden judicial."Ante el incumplimiento reiterado por parte del ministro de Justicia y del derecho a las órdenes impartidas, el desconocimiento de la advertencia sobre la sanción que ameritaría dicha conducta, la SAR decidirá abrirle el incidente de desacato avisado, con el propósito fundamental de lograr el cumplimiento efectivo de la orden pendiente", puntualizó la JEP.En este sentido le dieron a Ruiz un plazo de cinco días para que ejerza su derecho a la defensa y explique por qué se presentó esta situación y presente las pruebas que sustenten las razones por las que aún no ha respondido a la JEP. Asimismo, la justicia especial le compulsó copias a la Procuraduría para que investigue la conducta del ministro con el fin de determinar si incurrió en una falta disciplinaria.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
En las últimas horas se presentó un rifirrafe entre el Wilson Ruiz, ministro de Justicia, y Jorge Ivan Ospina, alcalde de Cali, por la situación carcelaria en esta ciudad. Tras la tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá, que dejó 53 muertos y mas de 20 heridos, Ospina señaló que sucesos de este tipo hacen que una reforma del sistema carcelario sea inminente y por ende convocó a un consejo de seguridad extraordinario para analizar la critica situación de hacinamiento en estaciones y cárceles de la ciudad donde hizo una petición al gobierno nacional"Le insistimos al gobierno nacional que decrete la emergencia carcelaria, hay unos problemas muy graves de hacinamiento, de comportamientos faltos a la legalidad y de realidades dolorosas" dijo Ospina.Por su parte el encargado de la cartera de Justicia le respondió y fue enfático."El alcalde siempre esta fuera de base, la ley Jorge Iván Ospina debe leer la ley 65 del 93 y el Plan de Desarrollo que obliga a alcaldes y gobernadores a solucionar la problemática de hacinamiento de sindicados, mientras tanto la Nación lo debe de hacer con los condenados", mencionó.Ruiz dijo que el alcalde de los caleños, debe tomar ejemplo de su homólogo de Barranquilla que está construyendo centros carcelarios para atender los sindicados y señaló que el Valle del Cauca es uno de los departamentos mas hacinados del pais. Pero aquí no acaba todo, el alcalde Ospina salió al paso y a través de Twitter le respondió.“Ahora resulta que el Ministro le quiere trasladar a los alcaldes la horripilante situación vivida en el sistema carcelario que tiene como reciente hecho la muerte de 53 internos en Tuluá . No Ministro, existe una crisis nacional carcelaria y debe asumirla el que esta fuera de base es usted”, agregó Ospina.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se pronunció acerca del incendio que se presentó en horas de la madrugada en la cárcel de Tuluá que dejó 51 muertos y 24 heridos, entre ellos dos guardianes del Inpec. 49 fallecieron en el momento de la tragedia y dos en el hospital. También hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que construyan más cárceles en el país.“Primero que todo lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, estos hechos fueron ocasionados por una riña entre privados de la libertad, uno de los internos prendió fuego en una colchoneta, lo que provocó el incendio”, señaló el ministro.Ruiz señaló que ha mantenido contacto con el general Castellanos, director del Inpec y habló del reporte que se tiene, hasta ahora, de la emergencia.“De las 24 personas heridas, seis están en cuidados intensivos y dos fueron trasladados a centros de salud de la ciudad de Cali …Se iniciaron las investigaciones para determinar los detalles de lo ocurrido, quiero también informarles que el grupo psicosocial del Inpec está atendiendo a los familiares de las víctimas”, agregó el funcionario.También dijo que, aunque el personal de guardia intentó controlar el fuego, tuvo que intervenir el personal de bomberos. Ruiz indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, cómo se inició la conflagración y la reacción de las autoridades.“Desde el momento que se conoció el hecho, desde la dirección del Inpec, en cabeza del general Tito Castellanos se han adoptado todas las medidas para la atención y el traslado para las personas heridas… Voy camino a Tuluá para darle claridad al país de lo qué pasó”, indicó el encargado de la cartera de Justicia.Respecto al hacinamiento en el país el ministro le hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para crear más centros de reclusión transitorios. “Lo ideal sería que en el país no hubiera hacinamiento, por eso hacemos un llamado a alcaldes y gobernadores para que empiecen a construir centros de reclusión transitorios”, indicó.Señaló que el hacinamiento en este centro carcelario es del 17% y mencionó lo que se dejó en el tema carcelario para los próximos años.“En la administración de Duque, hemos entregado más de 3.000 cupos y están en construcción tres centros de reclusión. Se aprobó un Conpes para un cupo de 9. 000 personas en los próximos tres años”, finalizó Ruiz.
El debate final de la ley que busca que la virtualidad en la justicia pueda continuar pasó sin mayores obstáculos y, de ahora en adelante, los jueces serán quienes definan qué procesos se llevan a cabo presencialmente, pero la regla general en los trámites será virtual.Así quedó establecido en la aprobación del proyecto de ley que concluye su tránsito en el Senado y pasa a sanción presidencial de los trámites virtuales en la justicia.El artículo 7 de la ley fue reformado con una disposición que señala textualmente: “Para el caso de la jurisdicción penal, de manera oficiosa el juez de conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario, y deberá disponerlo así cuando alguna de las partes se lo solicite, sin que las mismas deban motivar tal petición. Excepcionalmente, la prueba podrá practicarse en forma virtual ante la imposibilidad comprobada para garantizar la comparecencia presencial de un testigo, experto o perito al despacho judicial”A última hora fue aprobada la presencialidad obligatoria en casos de que se requieran pruebas como interrogatorios a los inculpados o testigos dentro de un juicio, cuya importancia fue destacada por los senadores Luis Fernando Velasco y Myriam Paredes, quienes estuvieron incursos en procesos penales y relataron la relevancia de que los testigos sean confrontados presencialmente en juicios penales, pues así demostraron su inocencia por señalamientos que hicieron paramilitares en su contra.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo, celebró esta aprobación que fortalece el uso de las tecnologías en actuaciones judiciales y agiliza el trámite de procesos.Le puede interesar: escuche el podcast Historias detrás de la historia
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, excomandante del Clan del Golfo, decidió responder a todas las preguntas que tenía la JEP en la última diligencia de este martes, que se prolongó por más de 8 horas. La audiencia empezó con la lectura de una carta que fue enviada por las víctimas acreditadas en este caso, en la que le hablaron sobre la importancia que tenía su testimonio para conocer sobre los hechos y actores que tuvieron alguna relación con el conflicto armado en el Urabá.Alias ‘Otoniel’ manifestó que se acogía a su derecho a guardar silencio durante la diligencia del lunes, pues no quería autoincriminarse y no tenía conocimiento sobre el funcionamiento de la JEP. Después de que le explicaron que era un testimonio como testigo y no para incriminarlo, él accedió a responder a todas las preguntas, pero, además, dijo que estaba dispuesto a presentarse ante la JEP cuando lo requieran antes de su extradición hacia Estados Unidos.Justamente, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó en las últimas horas que ya se están adelantando los trámites para su proceso de extradición.“Los delincuentes pueden utilizar cualquier tipo de argumento o triquiñuelas para evitar la acción de la justicia colombiana, pero nuestro deber es hacer que respondan por sus delitos. En este caso estamos adelantando todos los trámites para su extradición hacia los Estados Unidos”, aseguró Ruiz.Algunas de las víctimas acreditadas en el proceso reiteraron, ante la voluntad de alias ‘Otoniel’ de contar la verdad ante la JEP, su llamado para que no sea extraditado hasta que el excomandante del Clan del Golfo termine su testimonio completo.Se está a la espera de que se fije la próxima fecha para que ‘Otoniel’ continue con su relato.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
Rechazo y críticas generó la decisión de un juez en Bogotá por dar casa por cárcel a un hombre acusado de bañar en thinner y quemar a su novia porque no atendió a sus órdenes de lavar los platos a las 3:00 de la mañana.Esto llevo a que, a través de una carta, miembros de la Asociación Nacional de funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) salieran en defensa del juez y condenaran las críticas, pues, argumentan, la decisión sobre este supuesto agresor se dio en un marco legal y de garantías.“Expresamos nuestra solidaridad con el señor juez 31 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías y rechazamos los golpes a la autonomía e independencia judicial que pobre favor hace para el mantenimiento de la democracia y la justicia”, dice la misiva.Además, arremete contra los medios de comunicación y contra el mismo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, por cuestionar el actuar del juez.“Las decisiones judiciales no se adoptan para conformidad de las mayorías o el beneplácito del público, de los medios de comunicación, sectores del poder ejecutivo o para ser políticamente correctas; sino con estricto apego a la ley y a la jurisprudencia y en un marco elemental de derechos y garantías de las cuales todos, absolutamente todos, somos titulares”, se lee en la carta.Según los autores de esta carta, las críticas del ministro Ruiz son solo para “satisfacer clamores populistas: “Rechazamos los señalamientos y calificativos que dentro de algunos medios de comunicación se hacen de las decisiones judiciales en un marco amarillista y totalmente descontextualizado, de las desafortunadas declaraciones efectuadas por el señor ministro de Justicia, quien debe ser referente del respeto a la legalidad y de la amenaza constante de investigaciones y sanciones tan solo por satisfacer clamores populistas, no populares”.Finalmente, el texto envía un mensaje a la “sociedad en general que suele sacrificar a sus jueces cuando aplican en otros las garantías constitucionales y legales” que esta pide para sí y “los suyos cuando está del otro lado del estrado”.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El Ministerio de Justicia reveló el balance de los operativos, que desde muy temprano comenzaron en 47 centros penitenciarios del país, donde fueron incautados 756 teléfonos celulares, casi 10 millones de pesos en efectivo, 3 kilos de cocaína y 2 de marihuana y un televisor, entre otros artículos prohibidos.El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el director del Inpec, general Mariano Botero, aseguraron que con estos operativos se busca reducir los delitos como las extorsiones que desde esas cárceles están haciendo quienes se encuentran privados de la libertad y que aun así insisten en seguir delinquiendo.En los operativos participaron 1.468 guardias del Inpec, que llegaron a 47 de los 133 centros penitenciarios, en donde incautaron además 2.011 accesorios para celular, 792 armas blancas y 392 litros de licor.Las operaciones sorpresa continuarán en todo el país para asegurar el orden dentro de los penales y evitar la práctica habitual de extorsiones desde las prisiones, así como el ingreso de elementos suntuosos prohibidos por la ley.Así fue la redada: Escuche otras noticias de Colombia y el mundo:
Un nuevo hecho de violencia se registró este martes, aproximadamente a las 12:40 del mediodía, en el sector de Quebrada Seca con carrera 22, en el barrio San Francisco de Bucaramanga.Según la información preliminar de las autoridades, el presunto responsable sería Brayan Alexis Garcés, de 23 años, quien habría utilizado un revólver calibre 38 para cometer el ataque.De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima fue identificada como Jorge Luis Cristancho Serrano, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y murió en el lugar.Tras el homicidio, varias personas de la comunidad, en medio de la indignación, alcanzaron al señalado agresor y lo golpearon hasta dejarlo acorralado en el piso. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas golpes en la cabeza, un hematoma en el ojo derecho y heridas no penetrantes en el cuello, la espalda y el abdomen.Al llegar al lugar, los uniformados realizaron la captura del presunto responsable e incautaron el arma de fuego que, según el reporte oficial, habría sido utilizada en el homicidio. Al detenido le fueron leídos sus derechos y, posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente.El capturado deberá responder inicialmente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación y, mediante las cámaras de vigilancia instaladas en el sector, realizan el seguimiento al recorrido que habría hecho la víctima antes del ataque. Con este material buscan establecer qué ocurrió antes del homicidio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen, o si se trata de un ajuste de cuentas.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional."Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal."Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal.Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal."La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. El tribunal sostiene, sin embargo, que puede ejercerla sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio."El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína", señaló la ITIA.La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión y asumió "total responsabilidad" en una publicación de Instagram."Cometí un enorme error", escribió. "Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí"."Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen", señaló el australiano, de un talento innegable pero a menudo opacado por su temperamento y lesiones."Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", incidió.Dotado de un buen servicio y de potentes golpes, Kyrgios ha ganado a lo largo de su carrera siete títulos individuales ATP, y alcanzó el número 13 del ránking en 2016.Su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam fue sobre la hierba de Wimbledon en 2022, donde alcanzó la final, perdida en cuatro sets contra el serbio Novak Djokovic.En enero admitió que quizás nunca volverá a su mejor versión como jugador, siendo uno de los escasos tenistas en haber sumado victorias oficiales contra el "Big Four" formado por Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.Pero una serie de lesiones en el codo, muñeca, cadera, rodillas, hombros y clavícula le han ido lastrando, hasta el número 919 del ránking ATP.Se ha sometido a numerosas operaciones, siendo la más importante una reconstrucción completa de su muñeca derecha en 2024.El miércoles dijo que las lesiones le habían supuesto "un duro peaje físico y mental"."Nada de eso justifica lo que hice", declaró al respecto de su test. "La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención"."Lo siento, trabajaré y volveré mejor", añadió.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 3.8 en la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026. El temblor ocurrió a las 05:07 hora local y tuvo como epicentro las aguas del Océano Pacífico, en las cercanías de la costa del departamento del Chocó.Según el informe técnico del organismo de monitoreo, el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, clasificada como menor a 30 kilómetros.Epicentro cercano a Bahía SolanoEl reporte oficial señala que el epicentro del sismo estuvo localizado a 43 kilómetros del municipio de Bahía Solano, en la subregión de la Costa Pacífica chocoana. Debido a la baja profundidad del evento y a la cercanía con el litoral, la vibración pudo sentirse con intensidad leve en zonas costeras y municipios adyacentes como Juradó y Nuquí, así como en áreas de la capital departamental, Quibdó.La región del Pacífico colombiano es una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. Esta dinámica se debe a la interacción tectónica constante entre la placa de Nazca y la placa Suramericana, proceso de subducción que genera eventos sísmicos de diversas magnitudes a lo largo del litoral y en el cinturón de fuego del Pacífico.El Servicio Geológico Colombiano recordó que el país cuenta con una red de estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente que monitorean las 24 horas del día la actividad del subsuelo. La entidad precisó además que los datos entregados en los primeros boletines están sujetos a revisiones técnicas y actualizaciones a medida que se procesa mayor información de las estaciones de registro.
Un homicidio, dos personas heridas y una captura se registraron durante hechos violentos ocurridos en Bucaramanga y Piedecuesta. Las autoridades investigan las circunstancias de los ataques.El caso más grave ocurrió en el sector de Quebrada Seca con carrera 22, en el barrio San Francisco de Bucaramanga, donde fue asesinado Jorge Luis Cristancho Serrano. Según el reporte preliminar de la Policía, la víctima recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.Por este hecho fue capturado un joven sicario de 23 años, identificado como Brayan Alexis Garcés, señalado de haber atentado contra la vida de Cristancho. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38.El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder, inicialmente, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.Otro hecho violento fue reportado en la carrera 8 con calle 2, en el barrio La Castellana de Piedecuesta, donde dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego.De acuerdo con la información entregada a la línea 123, una de las víctimas presentó heridas en la cabeza y el codo, mientras que la segunda sufrió una lesión en una de sus piernas. Ambas fueron trasladadas al Hospital de Piedecuesta para recibir atención médica.La Policía desplegó un plan candado en el área metropolitana de Bucaramanga para tratar de ubicar a los responsables. La información preliminar señala que los presuntos agresores serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color rojo y vestían prendas negras.En otro procedimiento atendido por unidades de la Policía en el barrio Girardot de Bucaramanga, una mujer de 44 años resultó lesionada durante un caso de violencia intrafamiliar.El hecho ocurrió hacia las 7:40 de la noche, en inmediaciones de la calle 25 con carrera 5. La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 50 años, señalado de agredir a su pareja sentimental con un arma cortopunzante.La víctima presentó múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue atendida por personal médico. El capturado quedó a disposición de las autoridades para responder por el delito de violencia intrafamiliar.En Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija se contabilizaron 176 homicidios entre enero y el 4 de agosto de 2026, frente a los 137 registrados durante el mismo periodo del año pasado. La diferencia representa 38 muertes violentas adicionales en apenas ocho meses, según reveló la Fiscalía en un informe.Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias de cada uno de estos hechos y determinar las responsabilidades penales. Los ataques sicariales estarían relacionados con temas del microtráfico.
