Los gobernadores de al menos 17 departamentos del país evalúan los caminos jurídicos para no iniciar el recaudo de los impuestos creados por el Gobierno nacional en los últimos días, al amparo de la declaratoria de emergencia económica, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Dentro de la baraja de opciones que tienen en su mano los gobernadores están la posibilidad de acudir a una tutela, pedirle a la Corte que tumbe la Emergencia y la herramienta más controvertida que evalúan los gobernadores está en aplicar la figura de la denominada excepción de inconstitucionalidad.
Esa figura contempla la posibilidad de que un servidor público decida no cumplir un decreto o una ley, por considerar que viola expresamente la Constitución, en este caso, los gobernadores ubican dentro de esa categoría varios decretos mediante los cuales el gobierno creó nuevos impuestos que ellos consideran perjudiciales para los departamentos, porque dijeron que pone en riesgo su sostenibilidad financiera.
La mayor preocupación de los gobernadores está en el aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5 al 19% a los licores, pues consideran que estos tributos van a ocasionar la disminución en el consumo, lo cual podría poner en riesgo la atención de necesidades básicas como salud y educación.
En ese choque de trenes, estaría en riesgo el recaudo de entre 3 y 5 billones de pesos por parte del gobierno nacional desde los departamentos, específicamente frente al impoconsumo y el aumento del IVA a los licores, sumado a que algunos gobernadores como Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca, lamentan que esta medida pueda disparar el contrabando, disminuye los ingresos departamentales y el recaudo a nivel central.
Por supuesto, el Gobierno salió al paso del anuncio de los gobernadores, criticándolos severamente, anunciando desde ya denuncias penales por prevaricato en su contra. El ministro del Interior Armando Benedetti dice que los gobernadores dan mal ejemplo invitando a no acatar la ley, olvidando que el mal ejemplo provino del mismo Ejecutivo, cuando en junio del año pasado intentó pasar por encima del No del Senado a la Consulta Popular, apelando a una supuesta excepción de inconstitucionalidad, que es la misma figura que hoy le aplican los gobernadores en esta rebelión.
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