El desafío al Estado por parte del Clan del Golfo será uno de los temas más complejos que tendrá que afrontar el presidente Gustavo Petro durante su gobierno, teniendo en cuenta su gran capacidad delincuencial y el empantanado camino hacia su eventual desmovilización.
Lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño y en el departamento de Córdoba es una muestra del poderío criminal que ha alcanzado ese grupo de narcotraficantes, que es producto de las fallas en la desmovilización de los grupos paramilitares en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Hoy el Clan del Golfo por medio de sus redes criminales, está instrumentalizando a varias personas de Caucasia, Tarazá, Cáceres y otros municipios en una región que hoy afronta un paro de mineros artesanales que casi cumple dos semanas.
El paro minero ha estado marcado por violaciones al Derecho Internacional Humanitario: bloqueo de vías ocasionando la escasez de productos básicos de la canasta familiar, quema de ambulancias, quema de peajes, incendiaron el peaje de Tarazá, impidieron que mujeres embarazadas pudieran recibir atención médica.
No es la primera vez que se producen desafíos de esta índole por parte del Clan del Golfo: en marzo del 2022, ese grupo de narcotraficantes paralizó varios departamentos de Colombia en un prolongado y complejo paro armado que sometió al Estado durante varios días, luego de la extradición a Estados Unidos de alias 'Otoniel'.
Una vez conocida la poderosa capacidad de hacer daño del Clan del Golfo, el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá la responsabilidad de definir si sigue tendiendo la mano a ese grupo ofreciéndoles los beneficios de la llamada Ley de Sometimiento, entre otras cosas con penas máximas de 8 años de cárcel y un porcentaje de sus bienes protegidos, o si decide enfrentarlos con toda la fuerza del Estado.
Escuche la opinión de Ricardo Ospina:
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