Se siguen escuchando los ecos de la conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, en particular de las voces de quienes proponen analizar la conveniencia de una eventual revisión de la amnistía y del indulto concedidos a los guerrilleros del M-19, a la luz de las normas que rigen actualmente la justicia internacional, que prohíben la impunidad para los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La propuesta inicial fue hecha por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez en el discurso que leyó el viernes pasado en el acto central de homenaje a las víctimas del Holocausto, al señalar que “el pacto del silencio en unos casos y el silencio resultante de las leyes que autorizaron para otros indultos o regularon las cesaciones de procedimiento, han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo”.
Ibañez recordó en su discurso que el derecho internacional advierte que no pueden amnistiarse ni indultarse delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, citando entre otros, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Quiénes, cómo, por qué y para qué se diseñó la toma? Quienes la financiaron? Cómo fue su preparación y como ocurrieron los fallidos intentos de su perpetración en agosto y octubre de 1985 hasta que se logró su consumación el 6 de noviembre de 1985? Por qué se levantó la seguridad del palacio de justicia y la protección de los magistrados y funcionarios? Qué pasó minuto a minuto en las operaciones de toma, recuperación y retoma? Qué pasó con la suerte de cada uno de los magistrados y funcionarios judiciales? Quién los ejecutó o en qué circunstancias fueron cegadas sus vidas? Cómo se produjo el incendio del Palacio? Como se manejaron las pruebas y qué pasó con la cadena de custodia? Que sucedió con la disposición respetuosa de los restos mortales de las víctimas?, son entre otras las preguntas que plantea Ibañez en su discurso.
Este discurso se conoció casi de manera simultánea con una sentencia del Consejo de Estado que condenó a la Nación por el asesinato del magistrado Jorge Alberto Echeverry durante el Holocausto del Palacio de Justicia en la que determina que el homicidio de Echeverry tuvo como causas compartidas la barbarie del M-19 y el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército, señala con claridad que la toma del Palacio no fue ninguna hazaña sino la más grave amenaza contra la institucionalidad y exhorta al ministerio de Defensa a que demande al M-19 para que aporte recursos para el pago de la indemnización a la familia del magistrado Echeverry.
Anoche, el presidente Gustavo Petro tímidamente reconoció que el holocausto del Palacio ocurrió por culpa del M-19, por creer que podían ganar militarmente la guerra, aunque a renglón seguido responsabilizó a la que él llama la “oligarquía” de haber arrasado el Palacio de Justicia, porque según él, no querían distribuir su riqueza.
Quienes integraron la guerrilla del M-19 han honrado su compromiso tras la firma del acuerdo de paz, no volvieron a utilizar las armas y han jugado dentro de las normas de la democracia, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de discutir una eventual revisión del indulto concedido a sus integrantes. Sin embargo, hay una lección muy importante frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, sobre los cuales siempre se debe exigir a los responsables que digan la verdad y pidan perdón, para intentar cerrar las heridas tanto de las víctimas como las de la sociedad en general.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.