Los abogados del expresidente Álvaro Uribe radicaron ante el Tribunal Superior de Bogotá, la apelación con la que buscan que se revoque la condena a 12 años de cárcel proferida en primera instancia por la juez 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia contra el exprimer mandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal.
En un documento de 904 páginas, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, sustentan la solicitud para que el expresidente Uribe sea absuelto, con base en la solicitud para que sean excluidas como prueba, las interceptaciones hechas al teléfono del exmandatario, por considerar que fueron hechas de manera irregular.
Adicionalmente señala el escrito que no hay prueba de que se le haya pedido mentir a Juan Guillermo Monsalve, quien fue considerado el testigo estrella dentro del caso. Dicen los abogados del expresidente Uribe que en su concepto, la evidencia demostraba lo contrario, a través de grabaciones e interceptaciones.
Adicionalmente, la apelación cuestiona las grabaciones hechas por Juan Guillermo Monsalve con el famoso reloj espía, de las reuniones con el abogado Diego Cadena. Sobre Cadena, dice el documento que el expresidente Uribe no lo contrató para realizar trabajos de alta técnica jurídica, sino para hacer tareas de verificación, debido a sus constantes visitas a cárceles estadounidenses, en las que habría recibido información importante sobre el exjefe de Estado.
Los abogados del expresidente aseguran que la juez Sandra Heredia mutiló una conversación entre Diego Cadena y el detenido Enrique Pardo Hasche, dice que es un método ilegal porque solamente toma algunos apartes que le eran convenientes para dictar sentencia, al asegurar que esto “le permitió ocultar deliberadamente que, en forma constante y sin salirse de esa tónica, las instrucciones de Álvaro Uribe Vélez fueron siempre precisas: hablar con la verdad”.
Finalmente, los abogados Granados y Lombana consideran que las manifestaciones de la juez al comienzo de la audiencia del 28 de julio, no corresponden a manifestaciones comunes en un proceso penal y según ellos, “dan cuenta de la connotación política, subjetiva, sesgada e imparcial con la que se tramitó la etapa procesal”.
Esta apelación se suma a la solicitud en el mismo sentido de la Procuraduría. El tiempo corre porque los términos para la segunda instancia vencen antes de la segunda semana de octubre.
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