Nuevos magistrados en la JEP y más generales piden pista: opinión de Ricardo Ospina

Todos los días la Justicia Especial de Paz da de qué hablar: ayer en la tarde, como desarrollo de la histórica foto de la reunión en el Capitolio de Álvaro Uribe, congresistas de las Farc, congresistas del Centro Democrático, Iván Cepeda, Gustavo Petro y otros, se alcanzó un acuerdo para mantener viva la idea de modificar la JEP en el sentido de otorgar mayores garantías a los militares que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad o que decida someterse a esa jurisdicción, aún siendo inocentes o considerándose como tal. El acuerdo que solamente fue objetado por las Farc y por el Polo Democrático no da paso a una nueva sala especial de investigación y juzgamiento para los militares, como la pedía el Centro Democrático, sino que amplía el número de magistrados en la JEP, 14 en total, que tendrán características particularmente escrupulosas en materia de imparcialidad y además tendrán conocimiento de los manuales operacionales de las Fuerzas Militares. Los nuevos magistrados serían elegidos por un comité independiente, integrado por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura, dos delegados de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y un delegado del Procurador.Vea también: Aumentaron las amenazas contra excombatientes de las Farc: ONU Gustavo Petro dijo que este paso es fundamental, señaló que espera que el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático cumplan su palabra en el sentido de reconocer y apoyar la creación de la Jurisdicción Especial de Paz e incluso fue más allá: dijo que este es un gran consenso nacional logrado alrededor de la JEP. Mientras esto se aprobaba en el Congreso, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Kirkpatrick Stewart prepara para hoy una dura advertencia en un evento en la Cámara de Comercio de Bogotá en la que dice textualmente, citando a Fatou Bensouda: "sería motivo de grave preocupación si las disposiciones legislativas que regulan los procedimientos diseñados para abordar conductas que constituyen crímenes ante la CPI pudiesen resultar en: retrasos en la rendición de cuentas de los responsables, restricciones en el alcance y la minuciosidad de las investigaciones de los crímenes complejos y poner en duda la autenticidad de los procesos, más allá del control de la JEP". De otro lado, la Jurisdicción Especial de Paz revelaba un nuevo listado de cinco generales, que están procesados por crímenes de guerra o de lesa humanidad que han pedido ser aceptados en esa jurisdicción. Se trata del excomandante del Batallón Charry Solano del Ejército, general (r) Iván Ramírez Quintero, actualmente a la espera de la apelación de su absolución en primera instancia, por desapariciones forzadas durante el holocausto del Palacio de Justicia y en indagatoria por torturas durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. El general Miguel David Bastidas está investigado por ser presuntamente "coautor por omisión" de 32 asesinatos en Antioquia dentro del caso de los llamados "falsos positivos" entre 2003 y 2004. El general José Joaquín Cortés fue comandante de la Segunda División del Ejército y está siendo investigado por el caso de los "falsos positivos" de Soacha, en homicidios cometidos en Norte de Santander entre 2004 y 2007. El general Luis Roberto Pico fue comandante de la Séptima División del Ejército y se investiga si por petición del general Mario Montoya, excomandante de la misma entidad, presionó a sus subalternos para que hubiera resultados medibles en número de bajas. El general Hernando Pérez Molina fue comandante de la Tercera División del Ejército y está siendo investigado con base en las declaraciones del coronel Robinson González del Río.