La inevitable agudización del choque entre el presidente Gustavo Petro y el saliente fiscal general Francisco Barbosa, tiene como “telón de fondo” el proceso que se adelanta en la Fiscalía contra Nicolás Petro por delitos que podrían tener relación con la financiación de la campaña presidencial de su padre en el 2022.
Si miramos el trasfondo hoy de las recientes declaraciones del presidente contra la cúpula de la Fiscalía, coinciden con la posibilidad que cada vez está más cerca de que la Corte Suprema se demore en la elección de la próxima fiscal general de la Nación y quede como fiscal general encargada, la actual vicefiscal Martha Mancera a partir del próximo 14 de febrero, una vez termine su periodo Francisco Barbosa.
Aunque el presidente Petro ha dicho en público que su preocupación ante la posible llegada de Mancera como fiscal encargada tiene que ver con algunas denuncias que se han hecho en su contra por presuntos favorecimientos a personas vinculadas con el narcotráfico en el Valle del Cauca, la causa real de esa animadversión tiene que ver con la investigación penal que ya va en etapa de juicio contra su hijo Nicolás por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que el jefe de Estado atribuye a la segunda al mando de la Fiscalía.
Más allá del caso Nicolás Petro, lo que en realidad tiene inquieto al presidente Petro es el avance de las investigaciones sobre presunto ingreso irregular de dinero a la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2022, en particular en lo relacionado con la posibilidad del ingreso de 500 millones de pesos de Fecode que no habrían sido reportados de manera adecuada y que llevarían a que la Fiscalía esté a punto de tomar decisiones contra Ricardo Roa, quien fuera el gerente de campaña y hoy es ni más ni menos que el presidente de Ecopetrol.
En este como en todos los casos, es fundamental que haya respeto a la separación de poderes, que los líderes de las diferentes ramas del poder público trabajen de manera armónica como lo ordena la Constitución y, en el caso particular de la investigación que hoy genera inquietud en la Casa de Nariño, confiar en la institucionalidad que maneja la rama judicial que le contará al país lo que realmente sucedió.
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