Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, explicó que durante este año se registraron avances importantes en los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, así como en los ajustes regulatorios necesarios para habilitar nuevas subastas y contratos de energías renovables.Sin embargo, Hernández advirtió que el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.“Es importante tener en cuenta que el consumo de energía eléctrica de los colombianos está creciendo dos veces más rápido de lo que está dándose el desarrollo de la oferta, y si no integramos nueva energía, Colombia va a entrar en un déficit de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno hacia el 2028, por eso necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en renovables y consolidar las regulaciones o los cambios normativos que siguen pendientes, y eso implica que va a ser necesario para poder acelerar la entrada de los proyectos”.En cuanto a resultados, Hernández destacó que las energías renovables ya representan el 13% de la capacidad total de generación eléctrica, frente al 2,5% registrado hace dos años. También señaló que el país duplicó su capacidad en autogeneración y proyectos pequeños, con la expectativa de cerrar 2025 con más de 1.200 megavatios en operación, además de avanzar en medidas regulatorias prioritarias para fortalecer el sector.A esto se suma la entrada en operación, comercial o en pruebas, de 27 proyectos solares y eólicos durante este año, que totalizan 925 megavatios de nueva capacidad, con mayor presencia en Cundinamarca, Tolima y Atlántico.La expansión del sector también ha generado un impacto económico equivalente a 2.900 millones de dólares en inversión privada en los últimos dos años y más de 27.000 empleos directos durante la construcción de proyectos en 19 departamentos.
Un grave accidente en la vía La Calera–Sopó, en Cundinamarca, dejó un motociclista muerto luego de que un Ferrari amarillo perdiera el control y arrollara a varios usuarios de la vía, entre ellos motociclistas y, al parecer, ciclistas que transitaban por la zona.El siniestro ocurrió este jueves en horas de la mañana, en el tramo La Calera–El Salitre (Sopó). Según información preliminar, el vehículo deportivo de alta gama invadió el carril contrario y chocó de frente contra una motocicleta. El impacto fue tan fuerte que el motociclista falleció en el lugar, quedando a un costado de la vía mientras los organismos de socorro atendían la emergencia en medio de un amplio trancón.Las autoridades confirmaron que el accidente involucra a un Ferrari amarillo, similar a un modelo Ferrari 488 GTB, de los más potentes y costosos comercializados en el país. En junio de 2025, un vehículo de ese mismo tipo fue ofrecido en venta en Bogotá por $1.500 millones, cifra que da una idea del valor del auto accidentado.Ese modelo, lanzado en 2015, incorpora un motor V8 biturbo de 3.9 litros con 670 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos y alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Tiene tracción trasera, transmisión automática de siete velocidades, suspensión adaptativa y tecnologías de control como el Side Slip Control 2. Su interior, característico de la marca italiana, combina materiales de lujo y un diseño centrado en la conducción deportiva.La Policía de Tránsito mantiene cerrados parcialmente los carriles mientras realiza el levantamiento del cuerpo y avanza en la recolección de evidencias para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales está un posible exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo, aunque las autoridades insisten en que la investigación está en curso.
La Universidad de Antioquia sigue en una crisis financiera, por lo que hay preocupación de directivas y docentes confirmaron que el presupuesto del 2026 tendrá un recorte de más de 65.000 millones de pesos. Ante esto, los docentes piden con urgencia una ayuda del Gobierno nacional y departamental. Se ha conocido que la Udea necesita más de 130.000 millones de pesos, un hueco presupuestal que abre interrogantes sobre su sostenibilidad.“Desafortunadamente es una situación muy compleja. Lo que se va a hacer para cerrar el año es escalonar los pagos, aplazar para enero lo que no se alcance a pagar este año, proveedores y alguna parte de los salarios”, dijo María Isabel Duque, representante de docentes en consejo superior universitario de la universidad.El desfinanciamiento estructural acumulado supera los 400.000 millones de pesos. Según directivos y docentes, esto pone en riesgo el funcionamiento de sus sedes y programas para el próximo año.“Vender propiedades, gastarnos los ahorros que teníamos, hacer préstamos que han sido costosos de la universidad. Para el próximo año hay una reducción en costos de más de 65.000 millones que implica que hay actividades que no las vamos a poder hacer, que se tendrán que contratar menos profesores, abrir menos cursos, sacrificar asuntos misionales que son muy duros para la universidad”, agregó la docente Duque.El panorama ha empeorado tras el escándalo de Wilmar Mejía, representante del Gobierno nacional y miembro del dni ante el consejo superior universitario de la Universidad de Antioquia.“El consejo superior se levantó ayer por falta de quórum, porque varios se retiraron. Esto ha enrarecido el ambiente. El consejero Wilmar Mejía sigue como delegado del presidente y dice que no tiene ningún impedimento para estar en el consejo, pero ha enrarecido el ambiente indiscutiblemente”, agregó.Ante esto, el gobernador de Antioquia publicó en su cuenta de X que Wilmer Mejía se niega a irse, vinculándolo con varios casos de violencia en la universidad, por lo que pide a la Procuraduría tomar acciones al respecto.El funcionario del gobierno respondió inmediatamente y aseguró que Andrés Julián rendón es calumniador y lo quiere sacar porque, entre otras cosas, tiene minoría en votación en el consejo superior universitario.Los docentes están a la espera del último debate en cámara de representantes para la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 que mejore la financiación del estado a las universidades.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, confirmó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 lo que para muchos colombianos ya dejó de ser un temor para convertirse en una realidad palpable: el país está entrando en una etapa crítica en materia de abastecimiento y precios del gas natural. Las filas para comprar estufas eléctricas en el Eje Cafetero, tras la reciente interrupción del servicio, fueron apenas un síntoma de un problema que se viene gestando por años.Murgas comenzó resaltando el profundo impacto social que el gas natural ha tenido en Colombia. “36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural en sus hogares”, recordó, agregando que este energético también ha sido clave para la movilidad y la industria. Actualmente, 87.000 taxistas optan por gas vehicular para reducir costos frente a la gasolina, mientras que ciudades como Bogotá, Cartagena y Valledupar dependen masivamente de buses que funcionan con este combustible. “El gas natural ha hecho una verdadera transformación social”, enfatizó.Sin embargo, el panorama cambió drásticamente desde diciembre de 2024, cuando Colombia se vio obligada por primera vez en cinco décadas a importar gas ante la insuficiencia del suministro nacional. ¿La razón? La caída en la actividad exploratoria y la disminución de reservas. “El gas nacional ya no alcanzó para cubrir toda la demanda… nos tocó sumar gas importado para garantizar la confiabilidad del servicio”, explicó.Esta importación llega con un costo elevado debido a la licuefacción, transporte y regasificación del gas. El efecto se siente directamente en las tarifas. Aunque Murgas dio un parte de tranquilidad para la mayoría de regiones —donde los incrementos se mantendrán cerca del IPC— fue clara al advertir que Antioquia y el Eje Cafetero verán aumentos entre 20 % y 25 % en el sector residencial por la expiración de contratos previos y la necesidad de nuevas compras a precios más altos.Pero el reto no es solo tarifario. La presidenta de Naturgas alertó que Colombia está operando al límite, sin margen de maniobra ante contingencias. “El déficit de gas dejó de ser coyuntural y se ha convertido en algo estructural”, afirmó. La proyección para 2026 indica que entre 20 % y 25 % de la demanda podría depender de gas importado.¿Qué hacer entonces? Murgas fue contundente: el país sí tiene gas, pero los proyectos no avanzan al ritmo necesario. “El problema de Colombia no es de recursos, el problema es que se demora mucho la ejecución de los proyectos”, dijo, señalando trabas como demoras en consultas previas y licenciamientos.La industria ha priorizado 10 proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo de Sirius, clave para abastecer hasta el 45% de la demanda a partir de 2030. Pero advirtió que no será suficiente: se requerirá más infraestructura para importar gas y reforzar las redes de transporte.Mientras tanto, los colombianos deberán prepararse para un escenario donde convivirán nuevos proyectos, tarifas variables según región y un país que, al menos por ahora, enfrenta una transición energética marcada por la urgencia y la escasez.