La reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en un limbo jurídico y legislativo, según señaló la representante a la Cámara Lina María Garrido. Lo único que, de momento, sigue en vigencia de esta controvertida iniciativa es la posibilidad de cambiar de fondos privados a Colpensiones.
El resto del proyecto, sin embargo, está plagado de vicios de trámite y acusaciones de irresponsabilidad y corrupción, según las declaraciones que dio la congresista en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.
Y es que la reforma volvió al debate cuando la Corte Constitucional, tras identificar vicios en el proceso, decidió no archivar la reforma de plano, sino darle un “tanque de oxígeno” y devolverla a la Cámara de Representantes para subsanar los errores.
La representante Garrido denunció que, en un “afán” y con “irresponsabilidad” del Gobierno nacional y del presidente de la Cámara, se convocaron sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio, en pleno receso legislativo. Esta convocatoria se basó en un comunicado de prensa de la Corte, que, según la ley, no es vinculante.
Además, los congresistas no recibieron la anticipación necesaria para asistir y, lo más grave, según dijo, el auto completo y firmado por todos los magistrados no llegó sino hasta el 14 de agosto, haciendo que las sesiones extraordinarias fueran "totalmente irregulares".
Garrido enfatizó que se cometieron los mismos vicios de trámite y se añadieron otros, como la falta de garantías en la convocatoria y la discusión del proyecto sin siquiera tener el cuórum deliberatorio requerido. Ella misma, como vicepresidenta de la Cámara, se negó a firmar la orden del día y la convocatoria a sesiones extraordinarias, consciente de su ilegalidad.
La congresista expresó “vergüenza con los colombianos” por esta situación, calificando la actuación de la Cámara como “descarada y cínica” al complacer al Gobierno. Mientras que la Corte, al solicitar actas que no pudieron ser aprobadas por falta de cuórum, no tiene cómo confirmar si lo hecho en la Cámara se ajusta a la ley.
Exigencia de archivo y críticas a la irresponsabilidad
Para la representante Garrido, por respeto al país y a los millones de ahorradores que hoy viven con “incertidumbre”, la Corte Constitucional “debería tumbar la reforma pensional” y declararla inconstitucional para que inicie su trámite de nuevo.
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En ese sentido, destacó que esta reforma busca cambiar los derechos de millones de ahorradores, y su justificación en el bono pensional para adultos mayores no hace que sus “vicios” sean aceptables.
Además, no descartó la teoría de que el “afán” del Gobierno en el trámite de la reforma pensional pudo ser una estrategia deliberada. Sostuvo que “caben” las interpretaciones.
“(…) El Gobierno siempre necesita que las cosas fallen para decir que no lo dejan gobernar y que las iniciativas y aquí hay un bloqueo institucional”, puntualizó.
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Según Garrido, esta es la “excusa perfecta de la cortina de humo” que el Gobierno ha utilizado durante tres años para justificar su inacción y “lavarse las manos” de su propia participación en los fallos.
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