La práctica de algunos usuarios de redes sociales de bloquear a sus contradictores se ha vuelto cada vez más común en la política. El expresidente Álvaro Uribe, muy activo en Twitter y quien tiene cerca de cinco millones de seguidores, es, tal vez, quien más tuiteros ha bloqueado.
Periodistas, activistas políticos y otros ciudadanos han ingresado a esa lista de bloqueados en medio de la aguda polarización que vive el país.
Lo que llama la atención hoy es que el presidente de la República, Iván Duque, esté acudiendo a esta misma estrategia de restringir a otros usuarios para que no puedan acceder a sus publicaciones.
Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos y quien se ha convertido en un activo crítico del actual Gobierno, reveló este jueves que fue bloqueado por el jefe de Estado.
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Santos ha cuestionado en varias oportunidades al primer mandatario. Recientemente afirmó que “el presidente Duque y su partido apoyaron el NO, quieren despedazar la JEP y demoran la implementación con objeciones, pero, cuando hay dinero de por medio, ahí si están firmes”, haciendo referencia a la entrega de US$100 millones que hizo Estados Unidos para la implementación de lo pactado con las Farc.
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Pdte Duque y su partido apoyaron el NO, quieren despedazar la JEP, demoran implementacion con objeciones pero cuando hay dinero de por medio ahí si están firmes? pic.twitter.com/Rb9iF7uGVf
Twitter se ha convertido en una plataforma de información en la que los gobiernos comunican desde sus actividades públicas, hasta decisiones trascendentales para el país. Por esa razón ha generado controversia que Duque y otros presidentes del mundo bloqueen a otros usuarios.
En mayo de 2018 una jueza federal determinó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría violando la Constitución con esa práctica.
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“La cuenta @realDonaldTrump, el ‘espacio interactivo’ donde los usuarios de Twitter pueden interactuar directamente con el contenido de los tuits del presidente, se analiza adecuadamente bajo las doctrinas de ‘foro público’ establecidas por la Corte Suprema. Dicho espacio es un foro público designado, y el bloqueo de los demandantes, basado en un discurso político, constituye una discriminación que viola la Primera Enmienda”, señaló el fallo.
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