En un caso que generó indignación en el departamento de Antioquia, dos hombres habrían asesinado a un habitante en situación de calle que estaba durmiendo debajo del viaducto del Metro de Medellín. El reporte de las autoridades indica que la víctima recibió una herida en su corazón.
Tras conocerse el hecho, ocurrido el 8 de noviembre, las autoridades dieron con la captura de Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, ciudadanos venezolanos que fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.
La información recolectada por la Fiscalía General de la Nación permitió dejar en evidencia que ambos extranjeros llegaron hasta el barrio Prado Centro y atacaron sin mediar palabra a la víctima de 61 años que murió de manera inmediata debido a la gravedad de la herida.
Por su parte, las autoridades indicaron que Odosgoite y Contreras huyeron del lugar caminando y minutos después fueron capturados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuando se movilizaban en un taxi por el barrio Manrique.
Al momento de la captura de los extranjeros se les incautó un cuchillo y una navaja, al parecer, impregnada de lo que sería sangre. Tras las audiencias ninguno de los hombres se allanó a los cargos imputados por el delito de homicidio agravado.
Esta población, foco de las autoridades
Más allá del hecho violento, las autoridades en Medellín han puesto sus ojos en la población de habitantes de calle, teniendo en cuenta el crecimiento que han tenido en número en los últimos años.
Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la atención a la población habitante de calle “es una tarea permanente” y que la ciudad enfrenta “una situación muy compleja” por el consumo de drogas y los problemas de salud mental que afectan a muchas de estas personas. Explicó que, aunque el Distrito realiza esfuerzos diarios y dispone de oferta social, “la mayoría no quiere acceder a ella” y la legislación vigente “los protege”, lo que impide trasladarlos por la fuerza a otros espacios.
Gutiérrez advirtió que esta realidad genera riesgos para la ciudadanía y constituye “un grave problema de orden público”, que también se presenta en otras ciudades del país. Añadió que las decisiones judiciales limitan la intervención institucional y pidió buscar “soluciones conjuntas”. “Si yo los retiro a la fuerza de las calles, dejaría de ser alcalde antes de que ellos dejen de ser habitantes de calle”, afirmó.