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Casi un año después de haberse conocido públicamente un aberrante caso de presunta violencia sexual contra una reclusa al interior de la cárcel El Pedregal en la ciudad de Medellín, autoridades judiciales han tomado nuevas medidas en el caso.
Por eso, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Diego Stiven Castaño Sánchez, un guarda del Inpec, señalado de abusar sexualmente y dejar en embarazo a Andrea Valdés, una reclusa de 30 años, condenada por homicidio agravado y que permanecía en la celda 15 de la Unidad de Tratamiento Especial donde habrían ocurrido los hechos.
Durante las diligencias judiciales, la fiscal del caso reveló que la mujer víctima no solo intentó ser silenciada para denunciar la situación, sino que además le habrían suministrado una sustancia para que abortara.
"Le tomaron la prueba de embarazo donde efectivamente le sale positiva y ella indica que probablemente le dieron una ingesta que le produjo una amenaza de aborto", precisó la delegada del ente acusador.
La agresión sexual no solamente ocurrió con Castaño Sánchez, sino con otro guarda identificado como Christian Camilo Alvarado Torres a quien también le imputaron los delitos acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, pero quedó en libertad aunque vinculado a la investigación.
Ambos funcionarios del Inpec fueron capturados durante diligencias llevadas a cabo por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia).
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