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Antioquia anunció que no aplicará los impuestos creados vía emergencia económica hasta que la Corte Constitucional decida de fondo. El departamento invocó excepción de inconstitucionalidad al considerar que el decreto “amenaza la autonomía fiscal de las regiones” y genera una afectación desproporcionada a sus finanzas. Sostiene, además, que la “urgencia” del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para modificar el sistema tributario y que la Constitución es la norma de normas.
Días atrás, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su rechazo y preocupación frente al decreto de emergencia económica y social emitido por el Gobierno nacional, calificándolo como un exceso del Estado y un reflejo del centralismo que, advirtió, podría afectar la estabilidad fiscal del país.
Rendón señaló que las justificaciones presentadas para la expedición del decreto no son suficientes y que, por ello, no era necesario recurrir a las facultades extraordinarias del Ejecutivo. En su opinión, el fracaso de la ley de financiamiento forma parte del normal funcionamiento democrático.
“Esta emergencia económica constituye un nuevo abuso de poder y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que nos tiene acostumbrados este Gobierno. En vez de recortar la burocracia excesiva y el empleo militante, el nivel central mantiene el derroche”, indicó el mandatario.
El mandatario enfatizó que el decreto incluye cambios en impuestos con destinación territorial, como el gravamen al consumo de licores y cigarrillos, lo que, advirtió, tendría un efecto negativo sobre los ingresos de los departamentos.
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