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La Contraloría de Antioquia instaló la primera actuación de fiscalización en la Sociedad Hidroituango para determinar posibles detrimentos en el proceso de cambio de contratista para la construcción de la central. La Contraloría de Medellín también anunció que llevará a cabo un proceso similar.
Tras recibir una denuncia ciudadana, iniciaron las primeras acciones de entes de control para determinar posibles irregularidades en el proceso de cambio de contratistas entre 2022 y 2023 para la culminación de obras en la central Hidroituango.
Así lo evidenció la Contraloría General de Antioquia tras la instalación formal de la primera actuación especial de fiscalización en la Sociedad Hidroituango, propietaria de la megaobra y que, a través del contrato BOOMT, delegó la construcción, operación y mantenimiento por 50 años a Empresas Públicas de Medellín.
Juan Carlos Herrera, contralor de Antioquia, indicó que el objetivo de estas acciones es verificar posibles afectaciones que hasta ahora no están probadas y por ello iniciarán con la revisión contractual de este proceso en el que dejó las obras el Consorcio CCC Ituango para que ingresara el Consorcio CYS, conformado por Yellow River CO y Schrader Camargo S.A.S.
Los cuestionamientos al cambio de contratista en Hidroituango, durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, se han centrado en la falta de claridad sobre los criterios técnicos y financieros que sustentaron la decisión, pero también si la modificación contractual respondió a razones objetivas o a presiones externas, en una obra que ya arrastraba antecedentes de contingencias como la de 2018.
“Que auscultáremos con mucho cuidado posibles detrimentos patrimoniales y algunas posibles irregularidades que obviamente no están probadas y que nosotros vamos a determinar en lo que ocurrió”, dijo.
Como entidad departamental el interés de la Contraloría departamental está también en verificar posibles detrimentos en estas acciones para la Gobernación de Antioquia y otras entidades de su conglomerado implicadas en el proyecto como el IDEA.
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Una actuación similar frente al megaproyecto también anunció la Contraloría de Medellín en defensa principalmente de los intereses de EPM como parte de la conglomerado público de la ciudad.
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