Por tercera ocasión, y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.
La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde, de estos, hoy se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.
Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos, por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era, entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.
Esta vez, y en medio del último recurso para enviar a la cárcel al exdirector Juan David Palacio Cardona, el fiscal 40 para delitos contra la administración pública fue insistente en la división de roles que hubo al interior de la entidad, mencionando a un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle.
De esto, este lo llamó “coordinador” de todo lo que sucedió con este caso en la entidad.
"El ciudadano Miguel Quintero, al parecer, operaba como coordinador externo impartidor de instrucciones y presuntos beneficiarios. Esta sofisticación de los mecanismos de comisión demuestra el dolo de los delitos imputados, donde hubo planificación y capacidad organizativa", dijo el delegado de la Fiscalía.
Recordemos que en otra diligencia de finales de enero, en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Palacio, y las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones.
De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.
La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero.
Por su parte, el procurador José Luis Ochoa Escobar se sumó a las menciones al hermano del exalcalde.
"En la parte relativa a la contratación, quienes ponen el candidato para agilizar y así se escuchó en los audios para agilizar el aspecto contractual es justamente el hermano del señor alcalde de la ciudad del área metropolitana, que es quien postuló a Juan David para el cargo, que es quien postula también a las personas que van a ejercer la actividad de firmar los contratos, justificar la contratación, firmar los contratos y auditar los contratos", argumentó Ochoa.
Además, reveló el fiscal que, durante el tiempo de administración de Palacio Cardona, se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en que por el mismo rol de Miguel Quintero es que el director debe ser enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
"Claro que fue el que nombró a esa persona, pero por instrucción de terceros, el hermano del exalcalde que fue el que ordenó que pusieran a la persona para el tema de direccionamiento de contrato, las pruebas están, son demasiado claras y como lo dijo la directora del Área, el juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro", declaró el alcalde.
Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.
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