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La Sociedad Hidroituango aclaró que son víctimas del proceso de fiscalización que adelanta la Contraloría por el cambio de contratistas en el megaproyecto. Aseguran que habían hecho las alertas pertinentes a Empresas Públicas de Medellín.
Luego de que se conociera que la Contraloría General de Antioquia abrió una actuación especial de fiscalización por un posible detrimento patrimonial derivado del cambio de contratistas para las ejecución de las obras de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 de Hidroituango, la Sociedad propietaria del proyecto hidroeléctrico salió a aclarar la situación.
Hidroituango S. A. indicó en un comunicado que había que recordar que en el 2011 se firmó un contrato con Empresas Públicas de Medellín en la que se los obligó a construir, operar y mantener la central hidroeléctrica hasta 2061, cuando será transferida nuevamente a la Sociedad.
Aunque manifestaron que el contrato le da autonomía total a EPM para tomar decisiones para la construcción y operación del megaproyecto, insistieron que, en 2023, cuando tuvieron conocimiento de los cambios de contratista, se emitió una alerta sobre las preocupaciones de la decisión que, entre otras, podría generar retrasos en las obras.
Hay que destacar que Hidroituango S. A. recalcó que el cambio de contratistas se dio durante la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle y que fue en ese momento que EPM tomó la decisión de manera autónoma de no continuar con los contratistas que estaban al mando de las obras desde el 2011.
Es por esta situación que la Contraloría General de Antioquia busca establecer si las decisiones tomadas en aquel entonces generaron impactos fiscales, pues indican que los recursos comprometidos aumentaron y dejó en evidencia, “una variación proporcional del alcance técnico de las obras”.
Finalmente, afirmó la Sociedad que todas las advertencias y comunicaciones hechas a EPM constituyen un insumo para la investigación y en ellas se logra ver cómo se dio el cambio y las consecuencias que generó a Hidroituango la decisión tomada durante la administración de Daniel Quintero Calle.
Que en el año 2011 celebró con Empresas Públicas de Medellín – EPM un contrato bajo la modalidad BOOMT, mediante el cual dicha empresa se obligó a construir, operar, poseer y mantener la central hidroeléctrica y, al término del contrato en 2061, transferirla nuevamente a la Sociedad.
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El contrato establece que EPM, en su calidad de contratista, cuenta con plena autonomía para adoptar bajo su propio riesgo las decisiones de contratación que considere necesarias para la construcción y operación del proyecto.
Durante la administración del alcalde Quintero, quien además ejercía la Presidencia de la Junta Directiva de EPM, en 2023 esa empresa decidió de manera autónoma y en atención a sus procedimientos internos de selección, no continuar con los contratistas iniciales que desarrollaban la etapa constructiva desde 2011, y los cambió.
Una vez la empresa HIDROITUANGO S.A. tuvo conocimiento, en 2023, de la intención de EPM de reemplazar los contratistas del proyecto, emitió oportunamente las alertas y manifestó de forma expresa y documentada, mediante comunicaciones formales dirigidas a la empresa contratista, sus preocupaciones por esa decisión, entre otras, por los retrasos que podría generar en la obra.
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Las comunicaciones remitidas por HIDROITUANGO S.A. a EPM sobre este asunto constituyen un insumo relevante para la investigación anunciada por la Contraloría General de Antioquia, sobre cómo se dio el proceso en el cambio de contratista y las consecuencias que le generó al proyecto, producto de una decisión de EPM en la administración del exalcalde Quintero.
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