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Crítica situación en Antioquia: van 10 homicidios y cerca de 100 agresiones contra líderes sociales en el departamento. Un informe de la Fundación Sumapaz señala que las subregiones de mayor violencia son el Nordeste, Valle de Aburrá y Urabá, por lo que piden acciones urgentes a la Unidad Nacional de Protección.
Durante el primer semestre de este año no fue para nada alentador. Los hallazgos de un reciente informe de la Fundación Sumapaz revela que el Estado no tiene la capacidad para garantizar su protección, mientras que escalan las agresiones sistemáticas por parte de grupos armados ilegales con injerencia en la región como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y La oficina, a la par que también crecen sus economías ilícitas: narcotráfico, minería ilegal.
Y es que, durante este periodo de seis meses, se registraron 97 agresiones en las nueve subregiones de Antioquia, siendo el Valle de Aburrá con 51 casos), Suroeste con 17 y Nordeste (11 casos) las subregiones más afectadas.
Las víctimas incluyen 13 líderes/as sociales, 12 defensores, un líder ambiental, once periodistas, igual número de sindicalistas, cinco indígenas y 21 mujeres que han tenido que enfrentar amenazas (27 casos), homicidios (10), desplazamientos forzados (9), desapariciones (7) y secuestros (7), entre otros flagelos.
César Nicolás Mendoza, coordinador y analista de la Fundación Sumapaz, se refirió a los casos que más revuelo han generado en la región como el de Jaime Gallego 'Mongo', reconocido líder minero ambiental de Anorí.
“Zonas del nordeste, zona Urabá y zona del Valle Aburrá, como el caso del del docente que asesinaron en Caldas, de los docentes que han asesinado que asesinaron en Chigorodó y otro que asesinaron en Santo Domingo. El caso más significativo, caso del asesinato de del líder minero Jaime Gallego conocido como Mongo”, reveló.
De acuerdo con esta ONG, las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) son insuficientes, teniendo en cuenta que de 90 solicitudes en Medellín, 40 no fueron atendidas de manera efectiva, 20 están en trámite, y cinco casos, incluyendo a integrantes de las Corporación Corpades y el defensor de los derechos humanos Carlos Alberto Arcila Valencia (Secretario de Paz y DD.HH de la Alcaldía de Medellín), sufrieron desmontes de sus medidas de protección.
Ante ello, Mendoza fue enfático en que las demoras ponen en riesgo a los líderes, pues los análisis de riesgo pueden tardar hasta 4 meses.
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“Que la UNP sea ágil, ágil en el tema de la revisión de las ordenes de trabajo y el análisis del riesgo. Porque qué sucede con la Unidad Nacional de Protección. A los que tienen esquema se la han ido desmontando y a los que están solicitando se les niega porque no están en situación de riesgo, según los criterios de UNP”, agregó.
Pero el panorama no para ahí. Este año van 48 casos con victimarios no identificados, además de que las agresiones tienen un impacto desproporcionado en mujeres (21 casos) y comunidades indígenas (cinco), según este informe titulado “el Arte de Contar Muertos y La Cuenta Triste de Líderes y Lideresas Sociales Asesinados en la Antioquia Profunda, Urbana y Rural”.
Finalmente, la Fundación llamó la atención por el caso de los 11 campesinos que están en proceso de judicialización en el Suroeste antioqueño, señalados de secuestro y otros delitos:
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“La persecución de líderes/as en Jericó evidencian la urgencia de proteger a quienes resisten intereses corporativos y armados”, reza el informe.
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