Día clave en el caso de escándalo del lote de Aguas Vivas: iniciará este viernes audiencia de acusación, etapa preparatoria de juicio oral, contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y otras doce personas por el presunto negocio irregular que se hizo con el gigantesco lote ubicado en un exclusivo sector de Medellín.
La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder cerca de 4.000 pruebas documentales contra los implicados.
Esta tarde arrancará la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras doce personas involucradas en el presunto caso de corrupción relacionado con el lote Aguas Vivas en el sector El Poblado de Medellín.
El proceso inicia su fase de juicio, luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación el pasado 16 de septiembre en donde se señalaba al exmandatario como una de las personas que modificó de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial para restituir a un tercero el megalote de más de 140.000 metros cuadrados.
Hay que recordar que en este polémico caso también están involucrados nueve exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, entre ellos, la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid González, la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Pedroza, el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Montoya, o la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Delgado.
Además, dentro de las personas que ya fueron imputadas figuran el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio López, la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Jiménez, la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Arango; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez, y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Trujillo.
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su momento que destacaba como avanzaba el proceso en donde particulares se habrían beneficiado reclamando el lote de más de 40.000 millones de pesos al Distrito, a pesar que Aguas Vivas ya era un bien público.
“Y vuelvo y le digo, créanme, a Medellín se lo robaron y yo veo con buenos ojos como alcalde y como ciudadano, y el municipio y el Distrito que ha sido reconocido como víctima en este proceso. Como viene avanzando justamente un proceso como este ya con escrito de acusación y entra en fase de juicio. Estas personas tienen que ir a la cárcel”, aseguró el mandatario local.
Por su parte, hay que mencionar que a Quintero, sus nueve exfuncionarios y tres particulares se les imputó cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, porque según la Fiscalía General de la Nación se habría logrado beneficiar a privados con el lote Aguas Vivas.
Asimismo, destacar que los elementos probatorios dan cuenta de que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa.
La abogada Gloria Jaramillo aseguró que el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación cuenta con 144 páginas en donde el ente acusador tiene testimonios y pruebas en los que quedarían evidenciadas las presuntas irregularidades en el lote Aguas Vivas.
“Se detalla más de 40 testimonios de personas dentro del proceso. Se detallan cientos y cientos de pruebas documentales, de pruebas periciales. En este caso estamos hablando que solo en el caso de Quintero puede haber más de 500 pruebas”, aseguró la abogada Jaramillo.
Por último, y a la espera de que pase en la audiencia de esta tarde, hay que mencionar que el ente acusador ha mencionado que el meollo del asunto tiene un punto de partida cuando, al parecer, el exalcalde de Medellín y su exsecretario General expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
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