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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia contundente frente a las cancelaciones intempestivas de reservas turísticas en Medellín, registradas en los días previos al concierto de Bad Bunny, una situación que ha generado múltiples denuncias de consumidores afectados por incrementos desmedidos en los precios y la pérdida de alojamientos reservados con anticipación.
De acuerdo con la autoridad, estas prácticas se habrían presentado en medio de la alta afluencia de visitantes a la capital antioqueña, lo que encendió las alertas sobre posibles incumplimientos a la Ley General del Turismo y vulneraciones a los derechos de los consumidores.
La superintendente delegada para la Protección del Consumidor, María Carolina Ramírez, explicó en entrevista con Recap Blu que la entidad tuvo conocimiento de los casos a través de redes sociales y medios de comunicación. “Hemos conocido de las denuncias de los consumidores frente a cancelaciones que han hecho los prestadores de servicios turísticos, cancelaciones de manera intempestiva por la alta afluencia de visitantes en la ciudad de Medellín ante el concierto de Bad Bunny”, señaló.
Ramírez recordó que los prestadores están obligados a respetar las condiciones pactadas. “Todo prestador de servicios turísticos tiene la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los consumidores”, afirmó, al tiempo que indicó que, ante una cancelación, el prestador debe ofrecer “la prestación de otro servicio de la misma calidad o reembolsar o compensar el precio pactado”.
La funcionaria advirtió que las investigaciones podrían derivar en multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Además, se contemplan sanciones como “la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por cinco años, la suspensión hasta por 30 días o incluso la prohibición de ejercer la actividad turística durante cinco años”.
No obstante, aclaró que cualquier sanción requiere un proceso administrativo. “Cualquier sanción amerita adelantar un procedimiento administrativo, con tiempos y el respeto al derecho de defensa”, explicó.
Desde el ámbito local, el concejal de Medellín Andrés Tobón aseguró que el impacto para los afectados ha sido grave. “La afectación es gigantesca. No fue solamente cancelarles, sino dejarlos tirados en Medellín en un momento en el que tenemos un 90 % de ocupación hotelera”, afirmó.
El cabildante señaló que ha recibido más de 30 denuncias directas, muchas de ellas con excusas como fugas de gas, daños por invierno o supuestas remodelaciones. “Decían que había una fuga de gas, que estaban en remodelación o que el invierno había afectado el inmueble, pero luego lo volvían a publicar”, explicó, agregando que en algunos casos los precios pasaron de valores cercanos a $250.000 por persona a cifras de $1,7 millones por noche, e incluso reportes de apartamentos ofertados por hasta 160 millones de pesos.
Tobón indicó que estas denuncias están siendo canalizadas hacia la SIC y que, por instrucción del alcalde, se adelantan gestiones con Airbnb para identificar los inmuebles involucrados. “Esto no puede quedar en la impunidad. Vamos a hacer seguimiento caso por caso para que haya sanciones efectivas”, sostuvo.
Sobre los precios excesivos, Ramírez precisó que la SIC no regula tarifas de forma directa, pero sí puede actuar desde la óptica de la competencia. “La Superintendencia como autoridad de competencia tiene la facultad de revisar el comportamiento de los precios y si esto obedece a prácticas anticompetitivas”, indicó.
Finalmente, la superintendente confirmó que “está cursando un proyecto de decreto que busca establecer obligaciones más reforzadas para las plataformas que operan el servicio de vivienda turística”, actualmente en fase de comentarios.
Escuche la entrevista completa acá:
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