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En medio del complejo panorama financiero que afronta la Universidad de Antioquia, preparan la propuesta de un refrendo distrital para que la ciudadanía se pronuncie frente a la transferencia de recursos de EPM a la alma mater. El mecanismo de participación ciudadana requeriría inicialmente de un comité promotor y unas 360.000 firmas válidas.
La dificultades de la Universidad de Antioquia para su cierre de caja en 2025, pero además las recientes polémicas al interior de sus Consejo Superior, han llevado a que diversos sectores sociales y políticos de Medellín trabajen en propuestas para lograr solventar el hueco financiero histórico en la institución que ronda los 400.000 millones de pesos.
Una de las más recientes alternativas fue planteada por parte del concejal José Luis Marín, quien reveló que avanzan en el estudio y construcción de un referendo distrital para que sea la ciudadanía quien en las urnas se pronuncie frente a la posibilidad que transferencias que año a año realiza EPM a la capital antioqueña vayan directamente a la institución.
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El corporado por el Pacto Histórico explicó que se trata de una partida no mayor al 2% y que si se tomara en cuenta el monto transferido por la empresa de servicios públicos en 2025 que fue unos 2.6 billones de pesos, la Universidad de Antioquia estaría recibiendo unos 52.000 millones.
“No estamos buscando unos aportes mayores que vayan a generar, digamos, alguna problemática financiera para EPM ni para el Distrito, sino que esos aportes que llegan a la ciudad, pues vayan directamente a la universidad”, aseguró el concejal Marín.
Para llevar a cabo el mecanismo inicialmente se requiere la firma de unas 360.000 personas, y luego, a las urnas debe asistir al menos el 25% del censo electoral de la capital antioqueña, alrededor de 450.000 personas, de las cuales la mitad más uno debería votar afirmativa a la pregunta planteada.
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“Sí, nosotros esperamos finales de este año, inicios del año entrante, presentarle a la ciudad la propuesta con la pregunta construida. Como le digo, estamos siendo muy rigurosos y muy quisquillosos a nivel jurídico porque la pregunta que saquemos debe luego pasar por revisión de constitucionalidad”, aseveró.
Los promotores iniciales del referendo esperan que sea un proceso plural y masivo en defensa y rescate de la educación pública, pero que, además, se complemente con la pronta reforma a la ley 30 en el Congreso que actualizaría la manera en la que se destinan recursos a las universidades públicas del país.
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