Luego de que se conociera la captura de tres personas por presuntas irregularidades relacionadas con la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle y el presunto direccionamiento de seis contratos de manera irregular, se legalizó la captura y se imputó a María Yaneth Rúa García, quien fungió como supervisora de dichos contratos, así como el representante legal principal y suplente de dicho Cuerpo de Bomberos: Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa.
En primera instancia y luego de que la defensa de los implicado no se opusiera a la legalización de captura de las tres personas, la jueza del caso indicó que, "así las cosas, entonces este despacho imparte control de legalidad a la captura de los ciudadanos María Rúa, Elkin de Jesús González y Misael Cadavid, e igualmente ordena la cancelación de las órdenes de captura".
Una vez realizado este trámite y luego de que también se aprobara la recolección de los teléfonos celulares de los capturados para apoyar la investigación, el delegado de la Fiscalía General de la Nación procedió a imputar por peculado por apropiación e interés indebido de contratos a María Rúa y peculado por apropiación a Misael Cadavid y Elkin González.
El ente acusador explicó que los seis contratos fueron celebrados entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023 para, entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias.
"Todos estos seis contratos, su señoría, corresponden, entonces, a un valor de diecisiete mil seiscientos cincuenta y seis millones setecientos cuarenta mil cero ochenta y seis pesos, contratos que, según el proceso investigativo, se ha podido establecer que se iniciaron de manera, que se hicieron de manera directa sin el lleno de los requisitos legales", detallaron.
Durante la audiencia también se explicó que los contratos tenían un fin para beneficiar a los capturados con la apropiación de cerca de 2.500 millones de pesos a través de sobrecostos y servicios no entregado. El delegado indicó que las investigaciones han permitido determinar que los seis contratos se entregaron de manera directa y sin hacer los trámites ante la ley que permitiera escoger a un actor pertinente para llevar a cabo las labores.
"La Fiscalía General de la Nación afirma que existió en los seis casos un interés económico, entregando el recurso a un tercero sin verificar que fuera la manera más eficiente de utilizar los recursos del Estado", indicó.
Una vez conocidos los elementos entregados por el ente acusador, los tres implicados fueron imputados y aunque no aceptaron los cargos podrían pagar: Rúa por peculado por apropiación hasta 405 meses en prisión y por interés indebido hasta 216 meses recluida; Cadavid hasta 405 meses de cárcel; y González hasta 270 meses en un centro penitenciario.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el exdirector de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, “fue quien firmó dicho contrato por el que hoy están capturadas estas personas. Debe confesar todo, buscar rápido un principio de oportunidad con la Fiscalía o lo más probable es que también sea capturado”.
Mañana a las 7:30 de la mañana se reanudará la audiencia de medida de aseguramiento en donde se determinará si los capturados deberán afrontar lo que resta de proceso en prisión, en casa por cárcel o en libertad.
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