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Tal y como se esperaba, el Ministerio de Hacienda impugnó la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín, que recientemente le ordenó disponer los recursos necesarios para realizar la consulta popular que busca definir la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, en el Oriente del departamento.
La decisión le concedió el amparo constitucional a los alcaldes de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, El Santuario y San Vicente Ferrer, además del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes consideraron vulnerado el derecho a la participación ciudadana.
Ante la situación, esta cartera del Gobierno nacional no giró los 6.858 millones de pesos que se requieren a la Registraduría, sino que interpuso este recurso que deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Medellín, que tiene 20 días hábiles para resolver en segunda instancia.
"Esperemos que los abogados que son quienes han llevado con mucho juicio este tema puedan defender de la mejor manera el instrumento que nosotros hemos utilizado. Para nosotros hubo un claro desacato de una orden emanada de un juez de la República que culminó al Ministerio de Hacienda poner los recursos y vamos a estar muy atentos a seguir haciendo la defensa de este mecanismo de participación ciudadana", asegruó el gobernador de Antioquia.
Vale la pena recordar que este mecanismo ciudadano se iba a ejecutar este domingo 9 de noviembre, pero la Registraduría emitió una resolución confirmando que debía posponerse, ante lo cual el ente departamental envió una nueva solicitud que se sumó a la tutela que ya había interpuesto y que originó la primera decisión.
Desde el ente departamental han insistido en que este proceso es un ejercicio democrático tan igual de importante como la consulta popular del Pacto Histórico que se realizó recientemente y que este no puede ser frenado por decisiones administrativas del Gobierno central, pues por ejemplo el fallo de primera instancia ordenaba al Ministerio utilizar los recursos ya aprobados dentro del Presupuesto General de la Nación 2025 para este fin.
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