La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Alberto Ángel Castro, quien se desempeñó como auxiliar en el Juzgado Promiscuo de Familia de Urrao, por su presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2020 y el 3 de mayo de 2022.
La investigación de las autoridades detalla que Castro fue designado como partidor en un proceso de liquidación de sociedad conyugal, proceso en el que tenía un plazo de diez 10 días para presentar el respectivo proyecto de partición, contados desde la notificación de su nombramiento.
Sin embargo, después de haber transcurrido más de dos años, el funcionario no cumplió con dicha obligación y no presentó una justificación válida que explicara la dilación.
Según la Procuraduría, se alegó que el retraso se debía a una supuesta caída del internet, sin embargo, esta determinó que esta excusa carecía de sustento probatorio. Además, comprobó que la falta de acción durante dos años evidenciaba un incumplimiento grave de sus funciones.
Para la Procuraduría hubo una aparente negligencia de parte del funcionario que podría constituir en una falta disciplinaria gravísima, por lo que se dio inicio a la actuación disciplinaria para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del auxiliar judicial.