Procuraduría pone la lupa al cumplimiento del fallo de tutela de la Corte Constitucional que ordenó la protección de tres comunidades indígenas en siete municipios del Chocó. El Ministerio Público anunció que desplegó una comisión especial en Quibdó para hacerle seguimiento a esta orden judicial
La Procuraduría General de la Nación instaló en Quibdó una comisión especial encargada de hacer seguimiento a los acuerdos que surjan de las mesas de trabajo creadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-080 de 2018 de la Corte Constitucional. Esto teniendo en cuenta que esta decisión judicial tuteló los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vida en condiciones dignas y la especial protección debida a las niñas y niños indígenas del departamento del Chocó.
Durante el segundo día de trabajo, en el que se abordaron asuntos relacionados con el sector salud, la Procuraduría Auxiliar Constitucional exhortó a las entidades nacionales y territoriales a definir un plan de acción con términos de cumplimiento claros en el corto, mediano y largo plazo.
El órgano de control insistió en que no se debe prolongar más la ejecución de la orden impartida por la Corte, que busca garantizar condiciones adecuadas para las comunidades afectadas.
Asimismo, la Procuraduría le pidió a las comunidades indígenas que faciliten y contribuyan al cumplimiento de los compromisos establecidos en estas mesas de trabajo, cuyo avance depende de la participación y articulación de todas las partes involucradas.
El Ministerio Público recordó que el seguimiento al plan de acción estará a cargo de varias delegadas, entre ellas las de Asuntos Civiles; Trabajo y Seguridad Social; Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer; Asuntos Étnicos; Gestión y Gobernanza Territorial y la Regional de Instrucción de Chocó. Según la entidad, se realizará una vigilancia especial para garantizar el estricto cumplimiento de los plazos acordados durante el proceso.
La Sentencia T-080 de 2018 tiene alcance sobre las comunidades indígenas Emberá (Katío, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule, así como sobre varios municipios del Chocó: Lloró, Bajo Baudó, Alto Baudó y su cabecera municipal Pie de Pató, Riosucio, Bagadó, Pizarro y Bojayá. Estas zonas, junto con sus comunidades, son el foco central del seguimiento adelantado por la Procuraduría.
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