Aunque con la revelación del valor de la participación de EPM en la compañía de telecomunicaciones, Tigo-Une, el proceso de enajenación de sus acciones parece tomar forma, decisiones judiciales aún podrían frenarlo.
Y es que luego de que hace pocos días un juzgado de Medellín negara en primera instancia la acción popular que pretendía tumbar esta iniciativa al asegurar que los concejales de Medellín no conocían el valor de las acciones al momento de votar el proyecto de acuerdo, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia fue radicada la apelación.
Según el accionante, el abogado Esteban Manco, el fallo en primera instancia desconoció elementos del artículo 8 de la ley 226 de 1995 sobre la participación en estas decisiones del Congreso o sus equivalentes locales a la hora de abordar transacciones que impliquen a empresas industriales y comerciales del Estado.
"El Consejo de Estado ha hablado de esa equivalencia, significa cómo debe interpretarse a nivel territorial del Distrito de Medellín donde no hay obviamente no hay un Congreso de la República sino que su equivalente es el Concejo Distrital", explicó.
Ante el avance de estos recursos que podrían frenar el proceso de enajenación ya autorizado por la Junta Directiva de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez, sostuvo que hasta ahora todas las decisiones judiciales han dado la razón al distrito frente a la transparencia y la necesidad de vender esta participación, avaluada ya en 2.1 billones de pesos, como la posibilidad de proteger el patrimonio público.
"Nosotros siempre que la justicia requiere algún procedimiento se entrega la información y con base en eso es que han fallado siempre a favor del proceso de EPM y a favor de la decisión que tomó el Concejo en su mayoría y que el tiempo está dando la razón que fue la mejor decisión", advirtió el mandatario.
Mientras se espera la decisión de segunda instancia, EPM ya anunció posterior a la aprobación del Programa de Enajenación por parte de la Junta Directiva y la fijación del precio de venta de las acciones, continuarán con la inscripción temporal de las acciones en venta en el Registro Nacional de Emisores y Valores.
Se espera que para el último trimestre de 2025 ya estas acciones puedan ser adquiridas por quienes tienen la primera opción: trabajadores activos y pensionados de EPM, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas.