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La inseguridad en Bogotá no da tregua, y los hurtos en la capital son pan de cada día. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por frenar los delitos, los ciudadanos siguen sintiéndose inseguros tanto al salir a la calle como al quedarse en casa.
Sin embargo, el Distrito, en compañía de la Policía Metropolitana de Bogotá, continúa trabajando para reducir los robos en la ciudad. Prueba de ello es la condena de tres hombres que se hacían pasar por policías para cometer hurtos en viviendas.
Según la Fiscalía General de la Nación, se demostró la responsabilidad de Diego Alexander Castillo Estremor, Samuel Rodríguez Ariza y Jeison Acevedo en varios robos a viviendas en Bogotá. Los sujetos usaban uniformes similares a los de la Policía Nacional para ingresar a los hogares y ejecutar los hurtos.
Por estos hechos, las autoridades los condenaron por tentativa de hurto calificado y agravado, uso indebido de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado. También fueron hallados culpables de porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con un fiscal de la Unidad de Juicios de la Seccional Bogotá, los implicados usaban chaquetas y gorras parecidas a las de la Policía Nacional y portaban armas de fuego para intimidar a los residentes y cometer los robos con mayor facilidad.
Los tres hombres fueron detenidos en flagrancia el 9 de octubre de 2021, cuando intentaban ingresar de forma irregular a una casa utilizando una escalera en el barrio Prado Veraniego, localidad de Suba.
Durante el operativo se les incautaron tres armas de fuego, un supresor de sonido, un inhibidor de señal y tres chaquetas con el logo de la Policía Nacional.
Tras las pruebas presentadas, un juez condenó a Diego Alexander Castillo Estremor y a Samuel Rodríguez Ariza a 30 años de prisión, mientras que Jeison Acevedo deberá cumplir una condena de 22 años. Los tres también deberán pagar una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Teniendo en cuenta que el salario mínimo en 2025 es de $1.423.500, la multa total impuesta asciende a $94.890.510. Esta sanción económica se suma a las penas de cárcel que deberán cumplir por suplantar a la autoridad y afectar la seguridad ciudadana.
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