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La justicia penal para adolescentes en Bogotá dictó una sentencia de siete años y cinco meses de aprehensión contra el menor de edad que disparó y causó la muerte de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, durante un robo ocurrido el pasado 3 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital.
De acuerdo con la reconstrucción judicial de los hechos, Bossard fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta cuando transitaba por la avenida 19 con calle 108. En medio del asalto se produjo un forcejeo entre la víctima y uno de los agresores, momento en el que el atacante sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho.
La reacción de las autoridades fue inmediata. En el lugar, uno de los presuntos delincuentes fue neutralizado por la Policía, mientras que el otro, un adolescente de 16 años, señalado de haber accionado el arma, fue aprehendido minutos después. Bossard fue trasladado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de la herida perdió la vida.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía informó que el menor aceptó tres de los cargos imputados, con excepción del delito de falsedad marcaria. Con base en esa aceptación y en el acervo probatorio recaudado, el juez lo halló responsable de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones y tentativa de hurto calificado, todos en modalidad agravada.
Como resultado, la autoridad judicial impuso una medida de aprehensión de siete años y cinco meses, que deberá cumplirse en un centro especializado para menores, conforme a lo establecido en la legislación colombiana. Debido a la edad del condenado al momento de los hechos, la ley limita la severidad de la sanción y establece que las medidas deben tener un carácter pedagógico, restaurativo y de resocialización, sin posibilidad de ser recluido en cárceles para adultos.
Desde el momento del fallecimiento de Jean Claude Bossard, su familia, originaria de Barranquilla, exigió justicia y la aplicación estricta de la ley. El joven, administrador de empresas, residía y trabajaba en Bogotá, y su muerte generó conmoción y rechazo en la ciudadanía.
La sentencia marca un avance en el proceso judicial por este crimen, pero también reabre el debate sobre la capacidad del sistema penal juvenil para responder frente a delitos de extrema gravedad. El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por los hurtos violentos y la inseguridad urbana, especialmente en zonas residenciales de la capital.
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